Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo normativo en nuestra legislación, es aquel que dice relación con la creación de tribunales especializados en el conocimiento y solución de controversias entre particulares y la Administración, mediante la implementación de una jurisdicción contencioso-administrativa. Esta aspiración, postergada durante años, se ha concretado parcialmente, a propósito de ciertas materias, tal como acontece con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, que crea el Tribunal de Contratación Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tratará la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Se mencionará la evolución de los mecanismos de impugnación que han tenido los intervinientes en licitaciones públicas en Chile para la protección de sus derechos, analizando desde el periodo previo a la creación del TCP, hasta su actualidad, reparando en su competencia y desarrollo jurisprudencial; para lo cual será indispensable determinar que comprende la licitación pública y la relevancia de la adjudicación. Junto con ello, se señalarán vías alternativas para proteger los derechos de los intervinientes cuando los sucesos a impugnar no caben dentro de la esfera de competencia del TCP. Finalmente, se concluye con una mirada crítica a la actual competencia del TCP y se sugieren modificaciones legales que pueden realizarse a la Ley N°19.886 para un mayor resguardo de quienes intervienen en licitaciones públicas y una labor más efectiva en el actuar del TCP.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito abordar tanto los aspectos positivos como los negativos de la implementación del sistema de compras públicas vigente en Chile. Establecido por la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento, el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, el actual sistema general de compras públicas ha introducido tres aspectos novedosos respecto del sistema antiguo y que resultan los pilares operacionales del régimen de compras vigente en Chile, a saber: el establecimiento del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público, marketplace en el cual se adjudican los contratos y se concretan las adquisiciones de bienes y servicios del sector público; la unificación de la normativa para la contratación pública y el establecimiento de los convenios marco como herramienta para la adquisición cotidiana de bienes y servicios por parte de los órganos de la Administración; así las cosas, es posible afirmar que transforman el carácter del sistema, convirtiéndolo en un sistema que tiende hacia la centralización de las labores de adjudicación a la vez de ser fuertemente automatizado, lo cual presenta beneficios operacionales y económicos a la vez que costos y aspectos problemáticos. A partir de las herramientas que otorgan el análisis funcional y el análisis económico del derecho, se presentará una revisión de la literatura existente sobre los aspectos teórico-prácticos presente en un sistema de compras públicas como el establecido por la LBCA y su Reglamento, con el propósito de identificar las principales ventajas y desventajas, costos y riesgos asociados a la implementación del sistema, para finalmente presentarlos como una inecuación matemática. PALABRAS CLAVE: Relación calidad-precio, Dirección de Compras y Contratación Pública, uniformidad, centralización, e-procurement, costos de transacción, especialización, convenio marco, economías de escala, procesos de licitación, subasta, concentración, bid rigging, sobreprecio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La creación del Tribunal de Contratación Pública, junto con la normativa instaurada mediante la Ley N°19.886 en relación con los procedimientos de contratación de bienes corporales muebles y servicios celebrados por los distintos servicios públicos afectos a dicha ley, constituye un importante avance en la modernización del Estado en el ámbito de las compras públicas. El objetivo del presente trabajo es examinar el procedimiento de la acción de impugnación, de la cual conoce el Tribunal de Contratación Pública, junto con evaluar su labor para dirimir de las distintas controversias suscitadas en las licitaciones públicas puestas bajo su conocimiento Al respecto, podemos adelantar que existen materias dentro del ámbito procedimental que no quedaron suficientemente tratadas o derechamente fueron omitidas por el legislador, lo que deriva en distintos inconvenientes tanto para las partes como para el tribunal, ya sea en cuanto a criterios, ámbitos de acción y eficacia del mismo. Consideramos que, con la actual regulación del tribunal, en la práctica, se diluye el objetivo por el cual fue creado el tribunal, cual es, solucionar los distintos conflictos en materia de licitaciones públicas, pues en bastantes casos, las sentencias definitivas del tribunal se traducen en meras declaraciones de ilegalidad sin efectos concretos en el proceso licitatorio en cuestión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Qué entender por contratación pública como marco de desarrollo de la actividad del Estado. Definición de acto administrativo para arribar a un concepto de contrato administrativo y desarrollo de todos aquellos aspectos considerados fundamentales, como son sus elementos; sus bases positivas; y eficacia. El actual sistema de contratación y compras públicas a partir de la dictación de la Ley N°19886, del año 2003, y su D.S. N°250 del Ministerio de Hacienda del año 2004. Revisión de antecedentes relevantes que explican la introducción de esta modificación legal dentro del contexto político administrativo y la incorporación de los conceptos de publicidad, transparencia y probidad en el ejercicio de sus funciones. Análisis de la norma propiamente tal, determinando su ámbito de aplicación, sus exclusiones, los contratos administrativos regidos por ésta, como asimismo de los distintos procedimientos administrativos que preparan la contratación, cuales son, el convenio marco, la licitación pública, licitación privada y contratación directa. Análisis de la aplicación que reciben los principios informantes de las normas aplicables al sistema de contratación y compras públicas vigente; desde la revisión de aquellos principios que encontramos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tienen aplicación universal a todo órgano de la Administración, como aquellos principios que rigen la contratación administrativa en particular, pero de modo general, ya que resultan aplicables a todos los contratos administrativos; para finalmente abordar los principios que regulan en específico los contratos de suministro y prestación de servicios, enunciados en el Mensaje Presidencial del que da cuenta la historia de la ley como principios formativos del proyecto de ley sobre contratación y compras públicas, y posteriormente recogidos por la propia Ley N°19.886 y su Reglamento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se determinó el nivel de resguardo de la competencia y su suficiencia en el sistema público chileno basado en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento. Para ello, hicimos una descripción del sistema de contrataciones público chileno y los diversos tipos de mecanismos de adquisiciones que éste contempla. Analizamos la relación de interdependencia entre competencia y contratación pública; y los efectos de corto y largo plazo que un diseño ineficiente podría causar en el mercado y la competencia. Sugerimos tres directrices o criterios competitivos que toda legislación debería incluir en sus disposiciones para resguardar un entorno competitivo en las adquisiciones del Estado. Identificamos tres problemas principales en el sistema de contrataciones público; tales como, problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras que establecen barreras de entrada a los competidores; necesidad de fomento de un Sistema de Contratación Pública estratégica y problema en el Sistema de Pagos. Expusimos tres propuestas de soluciones a los problemas ya expuestos; en base a la experiencia del Derecho Comparado. Finalmente, podemos adelantar que el sistema de compras público chileno es capaz de resguardar la competencia; no obstante dicho resguardo no es suficiente debido a la mayoría de problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras y su Reglamento