Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestra reflexión se centra en el texto legal, lo que no quiere decir que no reconozcamos que para desentrañar sentidos y alcances de las normas se debe utilizar criterios ajenos al texto legal, pero lo reconocemos en la medida que sea el propio texto el que así lo permita. En fin, el objeto de análisis del presente trabajo es la ley escrita, y persigue reflexionar sobre la contratación administrativa, la nueva ley 19.886 y sus efectos en la doctrina y en el ámbito práctico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No cabe duda de que Chile fue uno de los países latinoamericanos pioneros en la generación de los contratos de concesión entre el Estado y los privados, con el fin de lograr no sólo un mayor nivel de comunicación y transporte entre los ciudadanos, sino también para perfilarse como una de las mejores maneras de fortalecer los lazos económicos con otros países tras el retorno a la democracia. Desde este punto de vista el contrato de concesión de obra pública, vino a ser una especie de salvavidas para crear confiabilidad y estabilidad en el ámbito internacional, dando lugar a la credibilidad de las instituciones en Chile y fortaleciendo a la vez la percepción- país que hasta ese entonces se tenía en el extranjero. En la presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se busca explicar, o dar algunas pautas sobre el tipo de vínculo que existe entre el concesionario y el usuario del servicio; por ende, se tratará de encontrar fundamentos que ayuden a calificar dicha relación, en primer término, como un vínculo emanado de un contrato, como se podría sostener que ocurre en el caso del TAG. En segundo lugar, se analizará si al pagar un peaje o transitar por un pórtico, lo que se produce es el pago por la utilización de un servicio, y que por lo mismo está amparado por la Ley del Consumidor. En tercer término, podría tratarse del mismo modo de una relación extracontractual, como ha sido también discutido y afirmado por la doctrina y parte de la jurisprudencia de nuestro país. De esa forma la finalidad de esta Memoria es analizar los principales temas sobre los cuales se sustenta el contrato de concesión, dividiéndola en cinco capítulos; el primero de los cuales está destinado a explicar las bases de una relación de Derecho Público o Privado y las implicancias que ello tiene, ahondando en las relaciones de Derecho Público cuando se vinculan a la ejecución de actividades de Servicio Público, así como el rol y responsabilidades de quienes las ejercen. Asimismo, se pretende encuadrar esta clase de relación jurídica en alguno de los tipos de relaciones jurídicas que existen, tratando de tomar para ello las principales características que emergen de esta analogía, recogiendo también parte de las posturas que han adoptado los Tribunales de Justicia, que la han declarado como una relación de consumo, como una relación de Derecho Público o como una relación específicamente tributaria, en la medida en que lo pagaría el usuario por hacer uso de la concesión, sería una tasa. Finalmente se pretende realizar un análisis de la actividad concesionaria del Estado en países como Colombia y España para obtener respuestas y pautas de acción que nos otorguen diversas visiones y propuestas para el desarrollo de la actividad concesionaria de nuestro país, que tenga características óptimas, que nos permitan seguir siendo uno de los países pioneros en este tipo de contratos

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El desarrollo de la minería en nuestro país se debe en buena parte a una legislación minera que otorga a los titulares de las concesiones mineras una amplia protección de sus derechos e intereses, esta protección, junto con impulsar el desarrollo de esta industria, ha producido algunos efectos no deseados por el legislador minero nacional, entre estos encontramos una muy alta concentración de la propiedad minera. En busca de reducir la concentración minera manteniendo el equilibrio con la protección de los derechos de los titulares de concesiones mineras realizamos un análisis tanto de la actual legislación minera nacional como de la normativa sobre contratación administrativa para, finalmente revisar cómo las instituciones administrativas pueden ayudar a morigerar los vicios derivados de las falencias de la legislación minera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente tesis es enseñar el contrato administrativo como un instrumento jurídico que ha acompañado a la Administración del Estado, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, para que ésta pueda materializar su función administrativa. Transformándose ésta -la función administrativa- en el elemento configurador de la sustantividad de aquel, y a la luz del ordenamiento jurídico vigente, le entrega un contenido que hace al contrato administrativo sinónimo de las expresiones ‘contrato público’ o ‘contrato de la Administración’, e incluye a los llamados ‘contratos civiles de la Administración’. Para ello iniciaré con los antecedentes históricos de la contratación pública en general, que nos permitan dimensionar cómo llegaron a complementarse en equilibrio jurídico dos instituciones de orígenes completamente opuestos y desiguales: contrato, del ámbito privado, versus Estado, del ámbito público. Continuaré con el estudio de la relación que existe entre el contrato celebrado por la Administración, sea contrato administrativo u otro, y la función administrativa, describiendo el rol que el primero ha jugado al alero de la función administrativa nacional del Estado Liberal, primero; y del Estado Social, después. Para terminar con su análisis a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual, descubriendo los planteamientos que nos conducirán a la redefinición del contrato administrativo y, por ende, de la contratación pública nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo normativo en nuestra legislación, es aquel que dice relación con la creación de tribunales especializados en el conocimiento y solución de controversias entre particulares y la Administración, mediante la implementación de una jurisdicción contencioso-administrativa. Esta aspiración, postergada durante años, se ha concretado parcialmente, a propósito de ciertas materias, tal como acontece con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, que crea el Tribunal de Contratación Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

El desarrollo de infraestructura siempre ha sido considerado una piedra angular en el desarrollo y crecimiento económico de un país. Chile para suplir una enorme carencia de infraestructura que experimentaba a comienzos de los años noventa, la cual podría haberse constituido en una barrera para el crecimiento económico, adoptó la decisión de incorporar capitales privados a la provisión, financiación y operación de infraestructura. Para el cumplimiento de tal fin, se dictó la Ley de Concesiones de Obras Públicas cuyo texto original estaba contenido en el DFL 164, la cual ha cumplido dos grandes funciones, por un lado establece la regulación de un sector naturalmente monopólico y por la otra establece expresamente o permite implícitamente la celebración de una serie de transacciones y garantías que han hecho posible la materialización de estas inversiones. Así transcurrida más de una década de vigencia de la Ley de Concesiones, ésta se ha transformado en un interesante cuerpo legal que ha permitido la materialización de grandes inversiones en esta materia, no obstante su aplicación reciente y futura en otros sectores de la economía u otras áreas de la infraestructura.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el desarrollo de este trabajo, se ha manifestado de una manera reiterada la falta de un criterio uniforme en relación ha si los contratos que celebra la administración, constituyen una figura contractual que se rige por normas de derecho público o por la ley común privada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta situación obedece a que los contratos administrativos no han logrado posesionarse como una institución jurídica clara con principios irrefutables y concretos . En otras legislaciones y ordenamientos jurídicos, se reconoce la existencia de estos contratos, acordes con su legislación, doctrina y jurisprudencia, situación que no es tan manifiesta en nuestro país. A pesar de no tener una aceptación unánime entre los tratadistas nacionales, no cabe duda alguna que estos contratos tienen plena aplicación en las relaciones del Estado con los particulares, ya sea que respondan a principios propios o adaptados cumplen actualmente un importante papel en las políticas nacionales, ligadas sobre todo a las materias de infraestructura e inversiones públicas.