Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No cabe duda de que Chile fue uno de los países latinoamericanos pioneros en la generación de los contratos de concesión entre el Estado y los privados, con el fin de lograr no sólo un mayor nivel de comunicación y transporte entre los ciudadanos, sino también para perfilarse como una de las mejores maneras de fortalecer los lazos económicos con otros países tras el retorno a la democracia. Desde este punto de vista el contrato de concesión de obra pública, vino a ser una especie de salvavidas para crear confiabilidad y estabilidad en el ámbito internacional, dando lugar a la credibilidad de las instituciones en Chile y fortaleciendo a la vez la percepción- país que hasta ese entonces se tenía en el extranjero. En la presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se busca explicar, o dar algunas pautas sobre el tipo de vínculo que existe entre el concesionario y el usuario del servicio; por ende, se tratará de encontrar fundamentos que ayuden a calificar dicha relación, en primer término, como un vínculo emanado de un contrato, como se podría sostener que ocurre en el caso del TAG. En segundo lugar, se analizará si al pagar un peaje o transitar por un pórtico, lo que se produce es el pago por la utilización de un servicio, y que por lo mismo está amparado por la Ley del Consumidor. En tercer término, podría tratarse del mismo modo de una relación extracontractual, como ha sido también discutido y afirmado por la doctrina y parte de la jurisprudencia de nuestro país. De esa forma la finalidad de esta Memoria es analizar los principales temas sobre los cuales se sustenta el contrato de concesión, dividiéndola en cinco capítulos; el primero de los cuales está destinado a explicar las bases de una relación de Derecho Público o Privado y las implicancias que ello tiene, ahondando en las relaciones de Derecho Público cuando se vinculan a la ejecución de actividades de Servicio Público, así como el rol y responsabilidades de quienes las ejercen. Asimismo, se pretende encuadrar esta clase de relación jurídica en alguno de los tipos de relaciones jurídicas que existen, tratando de tomar para ello las principales características que emergen de esta analogía, recogiendo también parte de las posturas que han adoptado los Tribunales de Justicia, que la han declarado como una relación de consumo, como una relación de Derecho Público o como una relación específicamente tributaria, en la medida en que lo pagaría el usuario por hacer uso de la concesión, sería una tasa. Finalmente se pretende realizar un análisis de la actividad concesionaria del Estado en países como Colombia y España para obtener respuestas y pautas de acción que nos otorguen diversas visiones y propuestas para el desarrollo de la actividad concesionaria de nuestro país, que tenga características óptimas, que nos permitan seguir siendo uno de los países pioneros en este tipo de contratos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La “comuna” desde el punto de vista socio-político es una estructura que presenta características que le son muy particulares, generadas, a grandes rasgos por su número de habitantes (30% de las 345 municipalidades cuentan con una población inferior a 10.000 habitantes ), y por la horizontalidad entre los particulares y su municipio. Lo anterior nos abre una amplia gama de oportunidades de participación e inclusión en la toma de decisiones, posibilidad más próxima para la resolución de problemas, y en general, desarrollo de las políticas generales de la municipalidad. Sin embargo, quizás por desgano o por desconocimiento no nos servimos o utilizamos erróneamente las herramientas de participación y defensa de derechos que el orden jurídico nos otorga. Una de estas herramientas son los Recursos de Protección, Reclamo de Ilegalidad Municipal y Recurso de Amparo Económico. Así, motivado por lo dicho anteriormente, en el presente trabajo, recurriremos a las sentencias de nuestros tribunales que se refieran a temas de importancia para el derecho municipal, en específico a las clausuras y concesiones municipales. Nuestro objetivo, una vez analizadas todas las sentencias que contienen dichas materias, será definir una tendencia de nuestros tribunales en cada tema, con el fin de que este trabajo se transforme en una guía medianamente útil tanto para que los particulares sepan en que ocasiones el municipio ha vulnerado sus derechos y que recursos pueden ser efectivos para su defensa; como también una herramienta para que los funcionarios municipales puedan aplicar correctamente el derecho a los casos concretos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo expondremos las características que presenta la actividad laboral de los reclusos en uno de los recintos penitenciarios concesionados de nuestro país, tomando como punto central la investigación por nosotros realizada en el Complejo Penitenciario de Rancagua. Para lograr esta finalidad, destinamos el tercer capítulo de investigación al marco legal del trabajo penitenciario en los recintos concesionados y el cuarto y quinto al análisis teórico y práctico del trabajo de los reclusos en el Complejo Penitenciario de Rancagua, incluyendo aquí las entrevistas por nosotros realizadas a internos trabajadores del complejo y a personal de Gendarmería de Chile. Si bien, como se ha indicado, el objeto de análisis de este estudio es la actividad laboral de los reclusos en los recintos penales concesionados a privados que operan en nuestro país y, específicamente en el Complejo Penitenciario de Rancagua, para proporcionar una visión más completa, hemos considerado útil destinar el primer capítulo de nuestro trabajo al proceso de concesiones de cárceles, incluyendo aquí el caso de Chile, y el segundo al programa laboral existente en cárceles no concesionadas. Para finalizar, el último capítulo contiene la conclusión de nuestra investigación. Como fuentes de trabajo se utilizaron preferentemente los diversos medios escritos, las entrevistas efectuadas por nosotros a internos del Complejo Penitenciario de Rancagua y a personal de Gendarmería de Chile que labora en dicho recinto y la propia observación que pudimos realizar en nuestras visitas al mencionado Complejo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Ahora bien, entre el citado trabajo y la elaboración de la presente memoria se modificó la ley de concesiones de obras públicas mediante la reforma introducida por la ley 20.410 en enero de 2010, la que introdujo, entre otros tópicos, importantes cambios en el sistema de resolución de conflictos, que era una de los temas que nos atrajo y nos llevó a cursar el taller de memoria. Así las cosas, en este trabajo decidimos abocarnos al estudio comparativo entre el antiguo sistema y el nuevo sistema de resolución de controversias; donde se pretende abarcar un estudio pormenorizado a nivel orgánico, funcional y estadístico, y la proposición de mejoras al sistema. En especial se pretende analizar en detalle la nueva institucionalidad creada, el Panel Técnico, y cuáles son los resultados obtenidos en el año y medio que lleva la ley desde su entrada en vigencia. Además, se presentará un estudio comparativo entre el sistema vigente en Chile y el escogido por algunas de las legislaciones de 6 Latinoamérica y en particular la de España, teniendo en consideración el nivel de desarrollo de esas naciones en la materia. El objetivo principal de la presente memoria es llegar a determinar con propiedad si es que el nuevo sistema creado –modificado- cumple con los argumentos esgrimidos como fundamento de la reforma de la ley, es decir, si efectivamente es un sistema que, además de ser más rápido y menos costoso para las partes del contrato de concesión, logra colocar en un real pie de igualdad a las partes del mismo; y si correlativamente, con la introducción del Panel Técnico y la reformulación de la Comisión Arbitral se da un paso adelante en materia de seguridad jurídica. La realidad, a un año y medio de la entrada en vigencia de la ley, nos llevará a plantearnos importantes cuestionamientos en torno a la efectividad del sistema. De esta manera, se abarcará este punto desde la óptica de las expectativas existentes dentro de los actores del sistema acerca de cómo funcionará éste. Se utilizará como metodología de análisis, por una parte, la investigación comparada de la legislación chilena en materia Concesiones de Obras Públicas, tanto antigua como nueva, además de recurrir bibliográficamente a las obras de autores nacionales e internacionales en sus distintos formatos; libros, papers, materiales de estudio, ponencias, etc. Además se recurrirá a la opinión experta de distintos actores del sistema a través de entrevistas personales y también por intercambio de correspondencia electrónica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Actualmente cerca de un treinta y dos por ciento de la superficie de Chile continental es considerada del Estado. Es decir, alrededor de doscientos cuarenta y nueve mil kilómetros cuadrados corresponden a Bienes Fiscales. El Catastro Nacional de Bienes del Estado inscritos cuya formación inicio en los últimos años el Ministerio de Bienes Nacionales con el objetivo de reconocer, identificar y valorar el patrimonio territorial fiscal que como organismo público pertinente esta llamado a administrar y proteger, permitió también determinar con mayor rigurosidad la destinación y usos que dichos territorios tienen en la actualidad. Así fue posible establecer que cerca de un cincuenta y siete por ciento de los bienes fiscales se encuentran afectados como áreas silvestres protegidas, de acuerdo a la normativa establecida por la Ley número 18.362 que regula el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), constituyendo parques nacionales o reservas forestales; un seis coma cinco por cierto de los bienes del Estado están destinados a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas; un siete coma cinco por cierto se destinan al funcionamiento de otras instituciones del Estado; un diez coma cinco por ciento se entregan por la vía de arriendos o concesiones, a personas o instituciones privadas con y sin fines de lucro; y finalmente un dieciocho coma cuatro por cierto está disponible para proyectos de desarrollo de distinta índole.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo es abordar el Contrato de Concesión de Obra Pública desde el punto de vista del Derecho Administrativo, con detalle de su regulación positiva, tanto en la actual Ley de Concesiones como en el Reglamento particular, y analizando sus fundamentos últimos, que consideramos vinculados estrechamente al principio constitucional de la Servicialidad del Estado y a las finalidades de promoción del Bien Común y satisfacción eficiente del interés público existente en el servicio prestado por las obras dadas en concesión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una nueva realidad vial en nuestro país se ha generado en virtud del otorgamiento de concesiones de autopistas a inversionistas privados para su explotación. Se ha implementado para esta nueva realidad un marco legal específico, la Ley de Concesiones, la que sin embargo no regula de manera expresa el tipo de responsabilidad aplicable en caso de daños a particulares. Por ello, surge la interrogante sobre ¿cuál es el tipo de responsabilidad civil que debe ser aplicada en caso de producirse daños o perjuicios a los usuarios o terceros en estas vías de circulación? De ahí la importancia del tema en estudio, pues la falta de una normativa clara, sumada a la poca uniformidad de criterios, dejan muchas veces a las víctimas de accidentes en vías concesionadas, en una nebulosa en cuanto al cómoy contra quien perseguir la indemnización por los daños provocados en su persona y/o bienes. Este trabajo persigue responder esta interrogante, llevando a cabo un análisis, recogiendo opiniones de doctrina y jurisprudencia. De esta forma, en primer lugar se introduce en el tema del contrato de concesión en nuestro país, estudiando su marco regulatorio, su funcionamiento y el sistema de solución de controversias entre la concesionaria y el Estado. Luego, se realiza un estudio acerca de la responsabilidad por daños como institución jurídica, las normas aplicables en la materia, a lo que seguirá un planteamiento de nuestra postura respecto al tema.Esta, comprende el análisis de un conjunto de sentencias dictadas por nuestros tribunales de justicia en relación a los accidentes de mayor ocurrencia en estas vías. Finalmente, llegamos a conclusiones no solo en cuanto a las características que presenta la responsabilidad en estos tipos de casos, sino que también en relación a quienes serían los sujetos pasivos de las acciones a emprender.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el presente trabajo se realiza una descripción y análisis de los Contratos Especiales de Operación de hidrocarburos, haciendo referencia a su marco jurídico, proceso de gestación, características, naturaleza jurídica y comparación con otros países de América Latina; con el fin de comprobar la hipótesis que el Contrato Especial de Operación constituye un mecanismo adecuado para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es el análisis de las múltiples dimensiones del control como principio del Derecho Administrativo, aplicado al contrato de concesión de obras públicas. Se comienza con una somera exposición del control como principio aplicable a las organizaciones, desde el marco teórico de la gestión basada en la calidad. Luego se aplica esta idea al Estado, determinando sus fines a partir de la forma constitucional de gobierno, para, posteriormente, extraer de la Constitución principios rectores que guiarán la gestión del Estado y el ejercicio de las funciones de control. En tercer lugar, se categoriza el principio de control en el Estado, destacando la existencia de una clasificación básica según la materia sobre la que se ejerce control, compuesta de cuatro categorías: control de juridicidad, control democrático, control interno y control de gestión; correspondiendo dos de ellas a la caracterización jurídica del principio de control administrativo y dos a los elementos de la teoría de la gestión basada en la calidad. Posteriormente, se definen los mecanismos de asociación público-privada y se enuncian los procedimientos de contratación administrativa, junto con lo cual, aplicándoles los principios de control ya reseñados, se intenta definir la estructura marco del control del contrato de concesión de obras públicas y las actuaciones jurídico-administrativas previas al comienzo del contrato. El trabajo continúa con la enunciación de los actos de control que realiza el inspector fiscal como encargado de la imposición del principio de control en el contrato de concesión, así como de los controles a los que él está sujeto y de las normas jurídicas que rigen el ejercicio de sus potestades de control. Finalmente, se procede a argumentar en contra del modelo de control existente, centrando la crítica en la falta de superposición de controles sobre la labor del inspector fiscal, su poca independencia, y la debilidad de los mecanismos de control de gestión de la orgánica concesionadora en relación al Estado. En la argumentación se emplean casos índice, que muestran diversas fallas en el ejercicio de potestades contraloras por el Estado. El trabajo termina con el análisis de las propuestas de mejora del sistema y la confección de una propuesta propia, que combina una agencia reguladora independiente con un delegado del gobierno, que sucedería y superaría al actual inspector fiscal, y añade a eso reformas adicionales a la normativa vigente.