Al no contar con una vía exclusiva los corredores en muchas ciudades, causan a menudo conflictos con los vehículos particulares. Para aliviar este problema, se muestra una forma viable de reducir la congestión del tráfico en las principales vías de una ciudad con gran demanda de viaje. Esto a través de una propuesta de implementación de un carril exclusivo con paradas en la parte derecha de la vía a diferencia de un Bus Rapid Transit (BRT). De esta manera se aprovecha el espacio vial que se encuentra orientado al transporte público y a los peatones. Mediante el software VISSIM 9.0 se obtuvo mejoras en el incremento de velocidad en promedio 140% y frecuencias del transporte público en 3.24 veces de la situación actual. Finalmente, los niveles de servicio de la situación general del tramo de estudio pasan de E a D. / Since there are no exclusive routes, runners in many cities often cause conflicts with private vehicles. To alleviate this problem, a viable way to reduce traffic congestion on the main roads of a city with high travel demand is shown. This through a proposal to implement an exclusive lane with stops on the right side of the road unlike a Rapid Transit Bus (BRT). In this way, the road space that is oriented to public transport and pedestrians is used. Through VISSIM 9.0 software, improvements were obtained in the speed increase on average 140% and frequencies of public transport in 3.24 times of the current situation. Finally, the service levels of the general situation of the study section go from E to D. / Trabajo de investigación

El trabajo que el lector tiene ante si pretende estudiar la evolución de un sector específico de servicios públicos como es del transporte urbano colectivo de viajeros en autobús en España, en un periodo de 16 años (2000-2015). Los Ayuntamientos, en España, tienen la competencia legal para decidir si la explotación del servicio de transporte urbano se hace mediante gestión directa (empresas públicas u otros organismos municipales) o mediante gestión directa (empresas privadas). El hecho de que el transporte urbano sea considerado como un servicio público condiciona su regulación, lo que implica que las tarifas -precios que pagan los ciudadanos por el uso del servicio- dependan de la Administración competente, que en este caso son los Ayuntamientos. Cuando la recaudación directa, derivada de las tarifas de transporte urbano, resulta insuficiente para cubrir los gastos, que se generan en la explotación de este tipo de servicios, es la propia Administración la que debe encargarse de cubrir los déficits producidos, mediante subvenciones y/o aportaciones de capital a las operadoras de los servicios. Como base para nuestro estudio, hemos recurrido fundamentalmente a la información facilitada por las Cuentas Anuales de las empresas operadoras de los servicios en el periodo 2000-2015 y, del análisis documental de las mismas, hemos obtenido la evidencia de que el sector se ha hecho crónicamente deficitario, en parte por la escasez de ingresos derivada de la política tarifaria aplicada, razón por la que nos hemos detenido a evaluar el comportamiento de ésta. También es evidente que parte del aumento de los déficits tiene su origen en el incremento de las partidas de gastos, por lo que hemos efectuado un análisis desglosado de los mismos -por tipo de gasto y por tipo de gestión- que nos ha conducido a la conclusión de la importancia de los Gastos de Personal en la estructura de los Gastos de Explotación de las empresas operadoras. Asimismo, de los propios Gastos de Personal se ha obtenido un indicador derivado, los Costes Laborales, que nos ha ayudado a explicar la evolución económica del sector. Dado el carácter deficitario de los servicios, existe un punto de preocupación en el sector en cuanto al sistema de financiación, en dos aspectos diferentes, ya que: a) Los Ayuntamientos soportan la mayor parte de la financiación del transporte urbano de viajeros, con criterios cortoplacistas, dependiente de sus presupuestos anuales. b) La dependencia de las Aportaciones de la Administración ha complicado en muchos casos la posición de tesorería de los operadores, por retrasos en los cumplimientos de los compromisos de pago por parte de ésta. Como consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos, se han planteado una serie de peticiones históricas de los Municipios y/o de sus operadores, dirigidas al Estado -Central- para que éste se implique de manera más significativa y estable en la financiación del sector. Hemos tratado de establecer la relación entre los Gastos de Personal, y su incidencia en los Gastos de Explotación. Asimismo, hemos analizado la evolución los Ingresos Directos, para determinar el comportamiento de los niveles de cobertura tanto de las operadoras públicas como de las operadoras privadas. Las conclusiones fundamentales, que se han obtenido, tienen que ver con los resultados de la política tarifaria, especialmente en el periodo más profundo de la reciente -actual- crisis económica, en el que las operadoras públicas han mejorado sus Ingresos Directos mediante el incremento de las tarifas reales. Asimismo, durante la crisis, las empresas operadoras, especialmente las de gestión directa, han recurrido a la reducción de inversiones para aminorar los Gastos de Explotación. Los Costes Laborales, tanto en las operadoras públicas como privadas, se presentan muy elevados frente a los de otras actividades similares. Esta evidencia, nos lleva a que una alternativa de mejora de financiación, también podría asentarse sobre ajustes salariales en el sector. De hecho, está comprobado, que en los momentos más profundos de la crisis, las operadoras públicas han demostrado su capacidad de congelar o reducir sus Costes Laborales. En consecuencia se demuestra que existen alternativas a los problemas de financiación del transporte público urbano de viajeros, que se fundamentan en la reducción de los Costes Laborales y los Costes de Personal, así como en la revisión de los sistemas tarifarios vigentes.