El presente caso enmarca una controversia entre la Municipalidad Distrital de San Borja y la empresa Andean Telecom Partners S.R.L, debido a la prohibición para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y la imposición de condiciones adicionales para el despliegue, las cuales se establecieron mediante el Oficio No. 301-2019 y Acta de Paralización No. 062-2019. En tanto ello cabe cuestionarnos si la municipalidad ha condicionado la instalación del poste de la empresa denunciante desde una correcta interpretación de la autonomía municipal o, por el contrario, no ha considerado los límites establecidos tanto a la ley como la jurisprudencia. En este último caso, los actos administrativos configurarían barreras burocráticas ilegales en la medida en que implicarían un cuestionamiento a la Ley No. 29022 - Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su reglamento. Esto último resalta un tema esencial en el análisis efectuado por la CEB y es el régimen de aprobación de autorización para el despliegue de infraestructura, enmarcado en la Ley No. 29022 y reglamento. Este establece un procedimiento de aprobación automática, el mismo que tiene como finalidad satisfacer el incremento de la demanda actual del servicio de telecomunicaciones. En tanto ello, en el Perú, el régimen de eliminación de barreras burocráticas resulta relevante para para la promoción de la infraestructura de telecomunicación, de modo que en casos como el denunciado por Andean Telecom Partners, observamos una actuación municipal que contraviene lo dispuesto por la Ley No. 29022. / This case frames a controversy between the District Municipality of San Borja and the company Andean Telecom Partners S.R.L, due to the prohibition on the installation of telecommunications infrastructure and the imposition of additional conditions for the deployment, which are established by Official Letter No. 301- 2019 and Stoppage Act No. 062-2019. Therefore, we must question whether the Municipality has conditioned the installation of the complainant company's pole based on a correct interpretation of municipal autonomy or, on the contrary, has not considered the limits established by both law and jurisprudence. In the latter case, the administrative acts would configure illegal bureaucratic barriers to the extent that they would imply a questioning of Law No. 29022 - Law for the Expansion of Telecommunications Infrastructure and its regulations. The latter highlights an essential issue in the analysis carried out by the CEB and that is the authorization approval regime for the deployment of infrastructure, framed in Law No. 29022 and its regulations. This establishes an automatic approval procedure, which aims to satisfy the increase in current demand for telecommunications service. Meanwhile, in Peru, the regime for eliminating bureaucratic barriers is relevant for the promotion of telecommunications infrastructure, so that in cases such as the one reported by Andean Telecom Partners, we observe a municipal action that contravenes the provisions of the Law. No. 29022.

El presente informe jurídico analiza el Expediente N° 000282-2013/CEB-INDECOPI, correspondiente a una denuncia de parte seguido por Aba Singer & CIA S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con el objetivo de profundizar lo desarrollado por los operadores resolutivos, el trabajo aborda las problemáticas identificadas, en primer lugar, desde la visión de las restricciones como manifestación del poder de policía administrativa; en segundo lugar, desde la metodología establecida por el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el Decreto Legislativo N° 1256; y, en tercer lugar, desde la jurisprudencia administrativa del Indecopi, a través del tiempo. De esta manera, el lector al finalizar la revisión del presente documento podrá identificar lo siguiente: (i) problemas jurídicos del expediente analizado, (ii) las diferencias y similitudes entre la normativa vigente al momento de la denuncia y la actual, (iii) la metodología aplicable al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, (iv) la aplicación de la norma en casos concretos, (v) conceptos claves respecto del análisis de razonabilidad. / This paper analyzes the File N° 000282-2013/CEB-INDECOPI, related to the procedure initiated by Aba Singer & CIA S.A.C. against the Metropolitan Municipality of Lima. With the aim of deepening what has been developed in this file, the work addresses the problems identified. Firstly, from the perspective of the restrictions as a manifestation of the power of the administrative police; secondly, from the methodology established by the article 26°BIS of Decree Law N° 25868 and the Legislative Decree N° 1256; and, thirdly, from the administrative jurisprudence of Indecopi, within over the time. In this way, the reader at the end of this document will be able to identify the following concepts: (i) legal problems of this file, (ii) the differences and similarities between the past regulation and the current one, (iii) the methodology applicable to the elimination of bureaucratic barriers procedure, (iv) the application of the rule in specific cases, (v) key concepts regarding the analysis of reasonableness.

El presente informe jurídico analiza la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y América Móvil Perú S.A.C. a raíz de la solicitud formulada por esta empresa que tenía como finalidad la regularización de una infraestructura de telecomunicaciones instalada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Dicha solicitud fue denegada fácticamente por la municipalidad puesto que no se habrían cumplido con ciertos requisitos. Al respecto, América Móvil Perú S.A.C. consideró que dicha denegatoria fue ilegal debido a que la municipalidad no habría hecho efectiva la aplicación del Silencio Administrativo Positivo por lo que, tras presentar el recurso correspondiente, la controversia llegó a instancias judiciales. En ese sentido, postulamos como principal hipótesis que no correspondía aplicar el Silencio Administrativo Positivo toda vez que sí ha existido una actividad material por parte de la municipalidad, la cual a su vez desembocó en un acto administrativo. Dicho acto, pese a su ilegalidad manifiesta, produjo efectos jurídicos debido a la presunción de validez del acto administrativo. Dicho ello, al haber existido un pronunciamiento denegatorio por parte de la municipalidad correspondía la interposición de recursos impugnatorios. Para llegar a dicha conclusión, recurrimos, en primer lugar, a revisar el marco normativo del sector telecomunicaciones vigente durante el acaecimiento de los hechos, así como el ordenamiento jurídico relativo a las funciones y competencias de los gobiernos locales. Posteriormente, se analizó la naturaleza jurídica del acto administrativo con la finalidad de verificar la validez jurídica de los actos y declaraciones emitidas por la Municipalidad. Finalmente, analizamos la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo para poder conocer sus principales características y formular nuestra toma de posición respecto a la principal controversia tramitada en este expediente.

La política pública de fomento de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, materializada a través de lo dispuesto por la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, y sus modificaciones, obedece a una creciente demanda de la sociedad actual de recibir tales servicios por parte de los operadores de telefonía. No obstante, en la realidad puede observarse cómo las Municipalidades, amparándose en su autonomía conferida a nivel constitucional y legal, realizan determinadas actuaciones que obstaculizan la operatividad de dichas infraestructuras, sin sustento normativo que las justifiquen, contraviniendo así lo dispuesto por la Ley N° 29022, siendo esta última norma la única exigible en materia de acceso al mercado en este sector. En el caso en concreto, se aprecia que la Municipalidad Distrital de San Borja prohíbe la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como también impone una serie de condiciones para su puesta en funcionamiento a la empresa Torres Unidas SRL, a través del Oficio N° 301-2019 y Acta de Paralización N° 062-2019. Bajo tales premisas, el presente informe tiene como objetivo principal determinar que en tal supuesto en el que la Municipalidad impide y condiciona la instalación de un poste a la empresa, hay una indebida interpretación, de parte de la entidad, de lo que implica la autonomía, tomando en consideración de que esta es una potestad con límites demarcados tanto a nivel legal como jurisprudencial. Siendo, a su vez, estas conductas, materializadas a través de actos administrativos, constitutivas de barreras burocráticas ilegales. / The public policy of promoting the installation of telecommunications infrastructure, materialized through the provisions of Law No. 29022, Law for the Expansion of Telecommunications Infrastructure, and its modifications, obeys a growing demand from today's society to receive such services by telephone operators. However, in reality it can be observed how the Municipalities, relying on their autonomy conferred at the constitutional and legal level, carry out certain actions that hinder the operation of said infrastructures, without normative support that justifies them, thus contravening the provisions of Law No. 29022, this last standard being the only one required in terms of market access in this sector. In the specific case, it is appreciated that the District Municipality of San Borja prohibits the installation of telecommunications infrastructure, as well as imposes a series of conditions for its commissioning to the company Torres Unidas SRL, through Official Letter No. 301 -2019 and Stoppage Act No. 062-2019. Under such premises, the main objective of this report is to determine that in such a case in which the Municipality prevents and conditions the installation of a pole to the company, there is an improper interpretation, on the part of the entity, of what autonomy implies, taking into consideration that this is a power with demarcated limits both legally and jurisprudentially. Being, in turn, these behaviors, materialized through administrative acts, constituting illegal bureaucratic barriers.