Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Me referiré a la evolución histórico constitucional del estado empresario, así como a su nueva dimensión dentro del orden público económico que asienta nuestra carta fundamental. Analizaremos los principios e ideas fuerzas sobre los cuales descansa la actividad empresarial del estado, y el porqué resulta imperioso que se la límite al máximo. Junto con ello expondremos cómo organiza el estado dicha actividad, y cuáles son las nuevas tendencias en materia de privatizaciones; cuáles son las empresas que el estado debe privatizar y cuáles son aquellas cuya privatización merecen un análisis más de fondo. Para finalizar señalaremos los mecanismos jurisdiccionales, de rango constitucional y simplemente leal, de que dota nuestro ordenamiento jurídico, a los particulares, para cautelar sus libertades económicas frente a una acción empresarial del estado sobrepasada o abusiva.

Tesis (magíster en derecho, con mención en derecho económico) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / No existe una noción o conceptualización positiva, ni doctrinaria ni jurisprudencial directa de lo que debe entenderse por este derecho fundamental. Pese a tal orfandad dogmático-positiva, debe destacarse el fenómeno jurídico de que en nuestra Constitución se encuentran claramente recogidas y estructuradas de manera concreta ciertas garantías e instrumentos jurídicos que protegen de manera robusta el ejercicio de este derecho fundamental. Esta omisión a nivel jurisprudencial, positiva y doctrinaria ha impedido a la fecha que exista tanto uniformidad respecto a qué debe entenderse por una actividad económica lícita, como asimismo la debida protección o tutela efectiva que debe entregársele al empresario - persona natural o jurídica, nacional o extranjera - que desee llevarla a cabo, principalmente debido a la injerencia que la administración ha tenido en este campo. Lo anterior ha generado una recurrente conculcación de este derecho por parte de la propia administración, ya sea directa o indirectamente, pese a que éste se encuentra claramente protegido por el Constituyente de 1980.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es por las consideraciones anteriores, y por el hecho de que en nuestro país la garantía del libre desenvolvimiento de actividades económicas ha sido más o menos sistemáticamente atropellada en años anteriores, como lo demuestra el abultado número de resguardos de que goza, es que me he decidido a emprender este trabajo. El objetivo del mismo es comprobar cómo en la realidad de los prácticos y operadores del Derecho se ha tutelado esta garantía, cómo ha sido comprendida y cuando se ha entendido que ella ha sido vulnerada. Para ello se ha dividido el trabajo en dos partes:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo es un análisis jurisprudencial sobre el derecho constitucional a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica, consagrado en el artículo 19 Nº 22 de la Carta Fundamental. Esta garantía es un principio que implica una concepción valorativa susceptible de múltiples argumentaciones racionales, por lo que su cabal comprensión trasciende el mero enunciado normativo, exigiendo también revisar la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre esta disposición. Junto con revisar el desarrollo del concepto en la doctrina, se examinan las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia chilenos sobre acciones de protección respecto de arbitrariedad económica de parte del Estado y los fallos del Tribunal Constitucional en ejercicio del control preventivo y represivo que realiza del precepto estudiado. Los hallazgos y conclusiones obtenidos cierran el desarrollo de este trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En Chile, recién hoy empezamos a ver cierta especialización del derecho hacia realidades deportivas, mediante la publicación de leyes especiales en los últimos años como el “Estatuto del Futbolista” (Ley N° 20.178), que reconoce los contratos de los deportistas profesionales como un tipo de contrato especial, que debe ser tratado de manera separada y la ley de sociedades anónimas deportivas (Ley 20.019) , una ley creada especialmente para permitir la profesionalización de los dirigentes del fútbol nacional y el ingreso de capitalistas a estas entidades, todo bajo el supuesto de que con un escenario manejado bajo reglas de mercado y con intervención de los organismos reguladores correspondientes se lograría mejorar las estructuras del fútbol nacional. Las dos leyes anteriormente citadas, son las únicas en Chile que tienen como denominadores comunes estar referidas al deporte y regular relaciones entre privados. Las demás leyes relativas al deporte tienen como principales objetivos regular las relaciones del Estado con el deporte, como entidad promotora de las prácticas deportivas en nuestro país. Pero además, hay un denominador común aún más interesante para estas dos leyes, que es el fútbol. A pesar de que ambas leyes no se refieran específicamente a él, fueron creadas a partir de las necesidades que este deporte, como industria, mostraba. Ambas incluso fueron negociadas y conversadas en su momento con los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Lo anterior encuentra una justificación que es evidente; hoy por hoy el fútbol es el único deporte realmente profesional que se practica en Chile. El fútbol además, es el deporte más popular, en Chile y en el mundo, lo que ha llevado a que en países más avanzados en la materia, haya hoy doctrina que habla del “derecho futbolístico”, mientras que en nuestro país aún ni siquiera se valida al derecho deportivo como rama del derecho.

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