Eloy Vaquero Cantillo (Montalbán de Córdoba, 28 de junio de 1888 - Nueva York, 14 de septiembre de 1960) maestro, político, periodista, poeta y abogado hace suyas las dos propuestas de Domingo Barnés; estas propuestas se materializan el día uno de mayo de 1923 con la inauguración de la “Escuela al Aire Libre” (en adelante E.A.L.) de Córdoba. El propio E.V.C. explicita estas propuestas “conjuntadas” cuando define esta realización pedagógica de la siguiente manera: “La Escuela al Aire Libre es un bello cuerpo, cuya alma propia, especial, inconfundible es el método activo, y el procedimiento intuitivo, aspiración a “urbanizar el campo y rusticar la urbe”, fomentar el amor a la Naturaleza y al Arte, disciplina de la actividad y de la libertad, religiosidad profunda empapada de amor al prójimo, sin odio, sin abcecación, sin fanatismo fratricida.” (VAQUERO CANTILLO, Eloy. Las Escuelas al Aire Libre. Atmósfera pura, luz, flores para los niños, pág. 88. “Minerva”. Artes Gráficas. Córdoba-1926.) Como es presumible el estudio de la Escuela al Aire Libre de Córdoba, como realización pedagógica, habrá de hacerse desde las claves históricas y pedagógicas, las del creador y las de su criatura. La Escuela al Aire Libre de Córdoba fue, en su día, una propuesta, una oferta educativa formulada desde una concepción antropológica de “armonía” institucionista y una acción “ad extra” de la masonería cordobesa. La admiración-atracción de Eloy Vaquero hacia la naturaleza desde niño, las experiencias personales en un ambiente de crisis política, regional-andaluza, colonial, social, agraria y religiosa, como experiencia previa, lo llevan a una concepción de hombre, de escuela y de sociedad compatible con una armonía superadora de los dualismos que desgarraban España, la España de la Restauración y la España de la República.

En el presente trabajo se analizará el impacto negativo que generó la entrada en vigor de la Ley 30230 en las funciones de fiscalización y en la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), debido que, la aplicación del artículo 19 de la norma en mención instauró un enfoque preventivo y correctivo de la fiscalización, donde la regla general fue la aplicación de medidas correctivas y, solo de manera excepcional la aplicación de sanciones. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, con el desarrollo de este trabajo se demostrará que este nuevo carácter residual de la aplicación de sanciones, hizo que se pierda el efecto disuasivo de la potestad sancionadora del OEFA, situación que generó que el índice de incumplimientos ambientales por parte de los administrados incremente sustancialmente en todos los sectores que se encontraban bajo competencia del OEFA, lo cual, a su vez, significó el debilitamiento institucional de dicha entidad y, por consecuencia, implico también un menoscabo a la potestad sancionadora que esta entidad ostenta. Al finalizar el desarrollo del presente trabajo se podrá concluir y evidenciar el efecto negativo que la aplicación del articulo 19 de la Ley 30230 generó en las competencias de fiscalización ambiental del OEFA.

Todos los peruanos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (numeral 22 del artículo 2° de la Constitución). Este precepto constitucional está ligado a garantizar el bienestar de las personas dentro del ambiente donde se desarrollan. No obstante, la ejecución de actividades productivas puede generar un daño ambiental que involucre la salud de personas; es decir, que se afecte su bienestar. A fin de evitar esta situación, los titulares de dichas actividades tienen obligaciones que cumplir, siendo que el Estado peruano vela por el cumplimiento de las mismas y aplica, en caso corresponda, medidas para corregir esta situación. Considerando ello, este trabajo analiza dos pronunciamientos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA que versan sobre derrames de hidrocarburos ocurridos en nuestra Amazonía en los últimos 4 años, mediante los cuales se determinó la responsabilidad administrativa por ocasionar un daño a la salud de las personas, así como la imposición de medidas administrativas contra la empresa responsable. De la revisión de dichos pronunciamientos, advertimos que sus análisis sobre el daño a la salud por influjo ambiental han sido divergentes. Si bien es factible que los pronunciamientos puedan diferenciarse, ello será correcto siempre y cuando los actos administrativos estén debidamente motivados y cumplan con los principios de la normativa administrativa. No obstante, en nuestra opinión, el OEFA no ha motivado sus pronunciamientos, al no explicar por qué no consideró la opinión de la autoridad de salud para determinar la afectación de la salud de las personas, considerando que se trata de un tema transectorial; así como, determinó la responsabilidad administrativa de la empresa valorando medios indiciarios que no tienen un sustento técnico. En este contexto, consideramos necesario: establecer lineamientos para definir el daño a la salud por influjo ambiental, así como su probanza en vía administrativa; establecer la obligatoriedad que la autoridad de fiscalización ambiental solicite un informe técnico antes de emitir su decisión final a la autoridad de salud, bajo responsabilidad administrativa; así como diseñar una política ambiental en temas de salud ambiental. Por último, el accionar de la vía administrativa como un mecanismo de comando y control tiene como fin asegurar el bienestar integral de las personas, lo cual no puede desconocer los derechos que asisten a los administrados inmersos en un procedimiento sancionador.

El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal.

Este estudio propone una sugerencia de proyecto innovador en relación al proceso misional del SANIPES "Gestión de autorizaciones, registros y certificaciones sanitarias". El concepto apunta a fortalecer los incentivos de los administrados de SANIPES para la certificación sanitaria a través del sello Cevisano, que será un distintivo en los restaurantes de pescados y mariscos de Lima Metropolitana. Estos establecimientos venderán productos provenientes de embarcaciones pesqueras autorizadas, garantizando que los productos utilizados cumplan con las normas sanitarias vigentes y, en consecuencia, preserven la salud de la población. Un estudio de fuentes bibliográficas sobre la inocuidad alimentaria y las causas que generan los pocos incentivos a habilitarse por parte de los administrados, gestión institucional y marcos normativos sirvió de base a la técnica de investigación. Además, se realizaron entrevistas a profundidad a los principales actores del sector pesquero con distintos conocimientos de gestión. También, se identificaron cinco principales causas al problema y se documentaron experiencias vinculadas con la promoción de incentivos a los administrados en relación con las normas estatales. Es así que el prototipo de innovación surge como sugerencia de cambio creativo que elevaría gradualmente los incentivos para fomentar la habilitación sanitaria. Con la implementación de la propuesta en mención se podría aportar sustancialmente al logro de los objetivos misionales y funcionales de dos entidades públicas: SANIPES y PRODUCE, además de ofrecer productos pesqueros de calidad a la población y generar mayores ingresos para los pescadores artesanales que son en gran medida un sector desfavorecido en nuestro País. En ese sentido finalmente se presenta la viabilidad respecto a la implementación de la propuesta mencionada. / This study proposes an innovative project suggestion in relation to the SANIPES mission process "Management of authorizations, registrations and sanitary certifications". The concept aims to strengthen SANIPES managers' incentives for hygienic certification through the Cevisano seal, which will be a hallmark in fish and seafood restaurants in Metropolitan Lima. These establishments will sell products from authorized fishing vessels, guaranteeing that the products used comply with current sanitary standards and, consequently, preserve the health of the population. A study of bibliographic sources on food safety and the causes that generate the few incentives to qualify on the part of those administered, institutional management and regulatory frameworks served as the basis for the research technique. In addition, in-depth interviews were conducted with the main actors in the fishing sector with different management skills. Also, five main causes of the problem were identified and experiences related to the promotion of incentives to stakeholders in relation to state regulations were documented. Thus, the innovation prototype emerges as a suggestion for creative change that would gradually raise incentives to promote sanitary clearance. With the implementation of the mentioned proposal, it could substantially contribute to the achievement of the mission and functional objectives of two public institutions: SANIPES and PRODUCE, in addition to offering quality fishery products to the population and generating greater income for artisanal fishermen, who are to a great extent a disadvantaged sector in our country. In this sense, we finally present the review regarding the implementation of the aforementioned proposal.

Hablar de servicios públicos supone hablar de actividades consideradas esenciales para la sociedad. Dicha situación no es ajena a los servicios públicos de telecomunicaciones, siendo una clara evidencia de ello la experiencia actual durante el tiempo de pandemia, donde los servicios de telecomunicaciones ocupan el día a día de todos. Bajo ese contexto, es entendible que el regulador se preocupe por exigir a los operadores garantizar la “continuidad” en la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, ¿hasta donde llega dicha garantía? ¿podemos hablar de un servicio infalible? El propósito del presente trabajo es evidenciar que, aun cuando existe un interés a garantizar, es necesario no perder de vista los principios que componen el procedimiento administrativo sancionador, al punto de evaluar y/o replantear lo que se entiende por el deber de “continuidad” a cargo de los operadores de servicios de telecomunicaciones. En el presente trabajo abordaremos diversos conceptos (tipicidad, potestad de supervisión y deber de “continuidad”), concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista el alcance de cada uno de los conceptos analizados.

El presente Informe tiene como finalidad realizar un análisis critico de la Resolución Nº 041-2014-OEFA/TFA en el marco del caso Interoil Perú S.A. vs el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”). A través de la interpretación de la normativa peruana, el análisis nos permitirá conocer los lineamientos jurídicos sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las competencias atribuidas a diversos órganos del OEFA y la retroactividad benigna a favor del administrado, para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores. En base al análisis realizado podremos concluir que la Resolución Nº 041-2014- OEFA/TFA no fue debidamente emitida a favor de Interoil Perú S.A., puesto que en efecto, algunos de los considerandos establecidos en la Resolución carecen de fundamentos legales. Asimismo, se podrá conocer que no todos los lineamientos establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental constituyen compromisos ambientales, sin embargo, todas las actividades a ser realizadas por el administrado deberán tener en cuenta la protección y conservación del ambiente. Por otro lado, en el caso analizado, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA no era el órgano competente para analizar si la actividad efectuada por Interoil Perú S.A. se encontraba dentro de los alcances de la mejora manifiestamente evidente. Sin perjuicio de ello, el TFA sí era el órgano competente para determinar la retroactividad benigna a favor de Interoil Perú S.A.

Los organismos reguladores tienen funciones que modelan el comportamiento no deseado de los agentes económicos como, por ejemplo, el ejercicio de poder de mercado, las afectaciones a los derechos de los consumidores o a diversas especificaciones técnicas. Para ello, el regulador debe alinear los incentivos con los objetivos mediante el establecimiento de multas y otras medidas. Las normas que regulan el comportamiento de los agentes se enmarcan dentro del derecho administrativo peruano, uno de cuyos principios establece que incumplir las normas no debe resultar más beneficioso que cumplirlas. Por el lado de la economía, desde los trabajos de Ronald Coase y Gary Becker, entre otros, se ha desarrollado un marco teórico para analizar el comportamiento infractor desde el punto económico. El OSINERGMIN aplicó este cuerpo teórico al diseño de sus escalas de sanciones y, en 2017, se utilizó en la determinación del valor monetario de las infracciones llamadas coercitivas. Este trabajo desarrolla el análisis empleado para determinar el valor pecuniario de las infracciones a las medidas administrativas. Este Informe muestra una forma en la que el análisis económico del derecho puede contribuir a la legitimidad y eficiencia de la institucionalidad jurídica en el País.

El presente trabajo expone mi experiencia laboral como asistente de Planeamiento Institucional de la Coordinación de Oficinas Desconcentradas (CODE) en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en especifico sistematizando la información de los Planes Operativos Institucionales de las 29 Oficinas Desconcentradas y de Enlace para el Boletín OEFA EN CIFRAS. En general, la transparencia de las instituciones públicas se ve reflejada en los documentos y estadísticas que estas publican y para ello deben contar con sólidas bases de datos que sustenten sus cifras. De esta manera, en el marco de mi labor como asistente de Planeamiento Institucional de la CODE, busco exponer un caso de éxito de sistematización enfocado en Planes Operativos Institucionales para Oficinas Desconcentradas, para el cual se realizaron los siguientes pasos: creación de una base de datos única; consolidación en R studio en primera instancia; y, luego, en tiempo real a través de Google Sheets; limpieza y monitoreo constante de la base; y, finalmente, una de las partes más complicadas para lograr el resultado final deseado, que las bases sean llenadas continuamente de forma correcta por aquellos que manejan la información a ser ingresada.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada