El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal. / Trabajo académico

En el presente trabajo se analizarán los Informes de Supervisión elaborados por las ODES de Tumbes, Arequipa, Huancavelica y Loreto, teniendo como objetivo general, verificar el desempeño de las funciones de fiscalización ambiental al Gobierno Regional de Tumbes, Arequipa, Huancavelica y Loreto, desarrolladas a través de la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Energía y Minas , Dirección Regional de Salud , Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Y ello se logrará cumpliendo el objetivo específico que es verificar la ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Planefa) del año 2021 y 2022 de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Arequipa, Loreto y Huancavelica. Para de esta manera determinar cuales son los avances y desafíos a nivel de los Gobiernos Regionales. / This paper will analyze the Supervision Reports prepared by the ODES of Arequipa, Huancavelica, Loreto and Tumbes, with the general objective of verifying the performance of the environmental control functions of the Regional Government of Tumbes, Arequipa, Loreto and Huancavelica, developed through the Regional Directorate of Production, Regional Directorate of Energy and Mines, Regional Directorate of Health, Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism. This will be achieved by fulfilling the specific objective of verifying the execution of the Annual Plan for Environmental Evaluation and Auditing (hereinafter, Planefa) for the years 2022 and 2021 of the Regional Governments of Tumbes, Arequipa, Loreto and Huancavelica. In order to determine the progress and challenges at the Regional Government level.

El objeto del presente artículo académico es determinar si entre los años 2011 a 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ha realizado sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera idónea ante la ocurrencia de derrames ocasionados por las actividades de hidrocarburos en el mar y; por tanto, ha cumplido efectivamente con prevenir la producción de daños al ambiente y/o buscar su remediación. Para tales efectos, se analiza la normativa ambiental vigente que determina las competencias del OEFA para fiscalizar un derrame de hidrocarburos en el mar y las medidas de mitigación y control que pueden ser debidamente exigidas por esta entidad a los titulares de actividades de hidrocarburos ante este supuesto. Asimismo, se evalúan los posibles incumplimientos imputados a los administrados en caso se identificara la generación de un impacto ambiental negativo o un daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos, realizando a su vez una distinción entre estos conceptos. La evaluación de la aplicación de dicha normativa se desarrolla en base a dos (2) casos concretos de procedimientos administrativos sancionadores a los que se ha tenido acceso y que fueron seguidos por el OEFA debido a derrames de hidrocarburos producidos en el mar durante el período de tiempo previamente señalado. En ese contexto, de la evaluación realizada en este artículo ha sido posible identificar una serie de vulneraciones a principios administrativos que deberían regir la actuación del OEFA durante la fiscalización ambiental. Siendo este el caso, se concluye que entre los años 2011 y 2015 esta entidad no ha cumplido con ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera efectiva ante derrames de hidrocarburos en el mar. Por ello, resulta necesario que se implementen mejoras desde la etapa de supervisión para garantizar que sus funciones en materia ambiental sean ejecutadas en observancia del marco regulatorio vigente y permitan lograr el fin de proteger el medio ambiente. / Trabajo académico

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos identificados en el Expediente No. 032-2017-OEFA/DFSAI/PAS, que versa sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) contra ORAZUL por exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP) del parámetro Sólidos Suspendidos Totales (SST) para efluentes líquidos de la actividad eléctrica. Básicamente, el presente informe se centra en dos áreas distintas del derecho: Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, sobre los cuales se presenta una posición fundamentada respecto de cada uno de los problemas detectados en ambas áreas. Dentro del ámbito ambiental, se analiza los conceptos de aguas turbinadas y efluentes líquidos que fueron empleados por ORAZUL y OEFA en el marco del procedimiento administrativo sancionador. Esto último se contrasta con los nuevos cambios regulados en el marco normativo ambiental aplicable a las actividades eléctricas (dentro de las cuales se encuentra la generación). Por otro lado, dentro del ámbito administrativo, se examina si existió o no vulneración de los principios del procedimiento administrativo sancionador (como el principio de causalidad). Además, se desarrolla la aplicación del principio de retroactividad benigna debido al cambio normativo contemplado en el Nuevo Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.

El presente trabajo se enfoca en cómo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA ha resuelto ciertos procedimientos administrativos sancionadores analizando, en primer lugar, el real estrato minero de un minero o mineros que, en la práctica, pertenecían a la pequeña minería o minería artesanal, es decir, esta fiscalización en principio pertenece a los respectivos Gobiernos Regionales. La facultad que utilizó el OEFA se justifica en el Artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ley del SINEFA, el cual fue modificado el 26 de abril de 2013. Este artículo citado otorga al OEFA la posibilidad de aplicar la prueba indiciaria para determinar el verdadero estrato minero de aquellas actividades que supuestamente están dentro de la pequeña minería y minería artesanal, para que de esta manera, luego de verificar que en la práctica pertenecen a la mediana o gran minería, puedan fiscalizarlos, y posteriormente sancionarlos. El objetivo del presente trabajo es analizar si, en efecto, la facultad que se desprende del Artículo 17 de Ley del SINEFA no afecta las facultades ya otorgadas a los Gobiernos Regionales. Para ello, se estudiará el proceso de descentralización y las competencias en materia de minería, para que, finalmente, se desarrolle la posición que se adoptó en el desarrollo del trabajo.

El presente trabajo de investigación tiene como tema de interés la implementación de las funciones ambientales del sector Educación por parte del MINEDU, es decir tanto evaluación del impacto ambiental como fiscalización ambiental. El estudio de las funciones ambientales del sector Educación se encuentra a la fecha en una etapa de diseño, dado que a parte que la materia ambiental es relativamente reciente, la consideración de un sector como Educación en el ámbito ambiental es aún más nuevo; sin embargo, resulta ser una oportunidad de poder regular su implementación a partir de las innovaciones en materia normativa y de las experiencias de otros sectores en el proceso de ejecución de las funciones ambientales a su cargo. La presente investigación se ha realizado teniendo como principal fuente a la normativa ambiental general, que regula las funciones y alcance de las diversas entidades competentes para realizar la certificación y fiscalización ambiental. Se propone identificar el estado situacional de las funciones ambientales del sector Educación y a cargo de que entidades del Estado se encuentran asignadas, así como las condiciones de su atribución y las dificultades para su ejercicio efectivo e idóneo con la finalidad de fortalecer la protección del ambiente. Asimismo, se analiza el rol del MINEDU tanto como autoridad ambiental competente como entidad de fiscalización ambiental competente del sector Educación; así como los principales problemas que se ha enfrentado el alcance y la necesidad de arreglos institucionales por parte del MINEDU para el ejercicio idóneo de las funciones ambientales de certificación y fiscalización ambiental del sector Educación. Finalmente, se presentan propuestas de mejora regulatoria tanto respecto de su estructura organizacional para potenciar su funcionamiento como la implementación de arreglos institucionales para contar con un Sistema de Certificación y Fiscalización Ambiental que potencie el ejercicio de las funciones ambientales a cargo del MINEDU. / The subject of interest of this research work is the implementation of the environmental functions of the Education sector by MINEDU, that is, both environmental impact assessment and environmental enforcement. The study of the environmental functions of the Education sector is currently in a design stage, given that apart from the fact that the environmental matter is relatively recent, the consideration of a sector such as Education in the environmental field is even newer. However, it turns out to be an opportunity to regulate its implementation based on innovations in regulatory matters and the experiences of other sectors in the process of executing the environmental functions under their responsibility. This research has been carried out having as its main source the general environmental regulations, which regulate the functions and scope of the various competent entities to carry out environmental certification and inspection. It is proposed to identify the situational status of the environmental functions of the Education sector and in charge of which State entities are assigned, as well as the conditions of their attribution and the difficulties for their effective and suitable exercise in order to strengthen the protection of the environment. Likewise, the role of MINEDU is analyzed both as a competent environmental authority and as a competent environmental inspection entity of the Education sector; as well as the main problems the scope has faced and the need for institutional arrangements by MINEDU for the proper exercise of environmental certification and environmental control functions of the Education sector. Finally, proposals for regulatory improvement are presented, both regarding its organizational structure to enhance its operation and the implementation of institutional arrangements to have an Environmental Certification and Enforcement System that enhances the exercise of environmental functions in charge of MINEDU.

El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal.

Esta investigación analiza la figura contenida en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 040- 2014-EM, una figura que, creada en el 2014, no ha sido utilizada todavía y genera muchas interrogantes. Contempla el escenario en que el titular de un proyecto minero con instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado (actividades de explotación y beneficio), transfiera u otorgue en cesión todas sus concesiones mineras, o bien (es decir, excluyentemente) la concesión de beneficio, habilitando al adquirente o cesionario a utilizar el mismo instrumento de gestión ambiental original, siempre que se haya obtenido la aprobación de un procedimiento de modificación sobre dicho IGA. Establece como requisitos el destino exclusivo de dichas concesiones, respectivamente, a actividades de explotación y de beneficio, así como el funcionamiento independiente de dichas actividades. En primer lugar, hemos verificado la viabilidad legal de la figura a la luz del principio de Indivisibilidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en el marco legal sectorial minero. En segundo lugar, verificamos su viabilidad pragmática a través de la existencia real de proyectos mineros que únicamente desarrollan actividad de explotación y de beneficio, respectivamente. Finalmente, a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los administrador que participen de esta figura y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental al momento de fiscalizar, hemos reflexionado sobre los cuidados que debe tener la autoridad ambiental que apruebe la modificación del IGA original, en base a un cuestionable caso práctico que -si bien no es aplicación de la figura materia de análisis- se acerca mucho porque incluyó a dos titulares dentro de la certificación ambiental de una unidad minera.

En la actualidad, las empresas buscan diferenciarse no sólo por el producto que ofrecen a sus clientes; sino también, por mantener una adecuada reputación de marca a través de la sostenibilidad. Ante esta necesidad, se ha identificado la oportunidad de negocio que tiene por finalidad ofrecer mecanismos integrales para reducción de huella de carbono de las empresas. Esta solución consistirá en un aplicativo para la concientización de sus colaboradores, los cuales, a través de sus acciones en beneficio del medio ambiente, aportarán a la reducción de la huella de carbono corporativa. Además, permitirá el sembrado de árboles con personas con discapacidad intelectual y entregará bonos de carbono que acrediten la captura de CO2 del medio ambiente. El objetivo en cinco años es: plantar más de 12,000 árboles en Lima; retirar más de 1,100 toneladas de CO2, contratar 61 personas con discapacidad intelectual al quinto año, generar alianzas estratégicas, y contribuir con parte de las ODS. El cumplimiento de estos objetivos permitirá alcanzar, en un período de cinco años, un VANE y VANF mayores a USD 1MM, y un VANS mayor a USD 0.7MM. En conclusión, este proyecto es viable y factible; además, contribuye con el medio ambiente, inclusión de personas con discapacidad intelectual, reducción de huella de carbono a concientización de las personas para el cuidado del medio ambiente. Asimismo, tiene un potencial de escalabilidad, ya que se puede vender las licencias al interior y exterior del país; asimismo, permitirá a las empresas enfocarse en el “core” de sus negocios, y al mismo tiempo contar con mecanismos que les facilite adoptar o mantener buenas prácticas de sostenibilidad. / Nowadays, companies seek to differentiate themselves not only by the product they offer to their customers, but also by maintaining an adequate brand reputation through sustainability. Given this need, a business opportunity has been identified to offer integral mechanisms to reduce the carbon footprint of companies. This solution will consist of an application for the awareness of its employees, who, through their actions for the benefit of the environment, will contribute to the reduction of the corporate carbon footprint; it will also allow the planting of trees with people with intellectual disabilities and will deliver carbon bonds that certify the capture of CO2 from the environment. The objective in five years is: to plant over 12,000 trees in Lima, remove over 1,100 tons of CO2, hire 61 people with intellectual disabilities by the fifth year, generate strategic alliances and contribute to part of the SDGs. Fulfillment of these objectives will allow the company to achieve an ENPV and a FNPV over than USD 1MM and a SNPV over than USD 0.7MM in a period of five years. In conclusion, this project is viable and feasible, it also contributes to the environment, inclusion of people with intellectual disabilities and reduction of carbon footprint and awareness of people to care for the environment. Also has a potential for scalability, since the licenses can be sold inside and outside the country, and it will allow companies to focus on the core of their business and at the same time have mechanisms that facilitate them to adopt or maintain good sustainability practices.