Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La pena de muerte ha sido, y sigue siendo, una de las sanciones más controvertidas a través de la historia del Derecho. Sus orígenes se remontan a las más primitivas etapas del desarrollo temporal del ser humano. Desde entonces, se han formulado un sinnúmero de argumentos a favor y en contra de su aplicación en diversos ámbitos, con los más variados fundamentos. Pero la cuestión relativa a la legitimidad de una sanción consistente en privar de la vida a un ser humano, no agota toda la problemática de la pena capital, pudiendo ser tal pena objeto de interés de diversas disciplinas, asumiendo distintas perspectivas y persiguiendo distintos objetivos. Aclaremos, desde ya, que los autores de la presente investigación sostenemos una opinión contraria a la vigencia de la pena de muerte, por diversas razones, pero, principalmente, porque consideramos que el respeto y promoción del derecho a la vida resulta de tal importancia para la estabilidad y desarrollo de la sociedad contemporánea, que, asumiendo la incompatibilidad entre ambas instituciones (la cual también ha sido rebatida) la balanza se inclina claramente en contra de la pena máxima, incluso admitiendo todas sus reales o supuestas virtudes. Creemos que, en una sociedad en la cual la vida sea concebida como un valor absolutamente inviolable y tal inviolabilidad sea ampliamente difundida por sus autoridades, las relaciones entre sus miembros, en todo orden, deberían mejorar ostensiblemente. Pero ese no es el punto central de nuestro estudio, ni mucho menos el único, intentaremos exponer someramente la historia de la pena de muerte y los principales argumentos planteados para defenderla o impugnarla, además de un análisis de la pena de muerte desde distintos enfoques, centrándonos definitivamente en uno, el cual constituye la médula de nuestro trabajo: la pena de muerte como institución jurídica.

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En estos tiempos de comienzos de siglo, donde la moda es repreguntarse el propio mundo, asistimos a una sociedad dividida respecto al tema, pero poco dispuesta a repreguntarse el propio fundamento de su postura. Y si consideramos que también asistimos ya al cambio de milenio, deberíamos aceptar que las grandes instituciones que han forjado el mundo occidental y que han formado nuestra base valórica, han pasado por etapas en las que, sólo a modo de ejemplo, se han prendido hogueras arrogándose el nombre de Dios, o se han guillotinado cabezas arrogándose el nombre del Pueblo. En fin, en el presente estudio se invita a un recorrido, en lo posible didáctico, por el desarrollo mental del problema. Comenzaremos por un breve repaso de la historia de la Pena de Muerte a través del tiempo, con preeminencia del mundo occidental, con el objeto de conocer cuál era el sentido que se le asignaba en cada época. En esta parte se incluirá un esbozo sobre la situación mundial de la Pena de Muerte, respecto a qué países la contemplan en sus legislaciones, o la han abolido y en qué circunstancias. Luego, se intentará hacer un recorrido por los grandes sistemas y pensadores que han imperado en la filosofía jurídica, en busca de descubrir su posición respecto de la pena de muerte y de su fundamentación filosófica. Para concluir se realizará un análisis de lo que ha sido y representado la Pena de Muerte en Chile, a través de los distintos períodos hasta el actual. En esta parte se incluirá un acápite sobre diversas fundamentaciones jurisprudenciales de las sentencias condenatorias y absolutorias en su caso, que tengan relación con la pena capital. El derecho presupone al hombre, y dependiendo de qué piense ese hombre sobre sí mismo, encontraremos el fundamento del derecho. A medida que ha cambiado la percepción del hombre sobre sí y el mundo, ha cambiado el derecho. Por ello es importante reflexionar sobre qué ha pensado el hombre en cada época y de qué modo influyó o influirá en el futuro esa cosmovisión en la sociedad misma y en su regulación

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia.

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El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978. Entre las diversas obligaciones a las que quedó sometida el Estado peruano, destaca la prohibición de aumento de causales para implementar la pena de muerte para delitos no contemplados al momento de la ratificación. Pese a su adopción, esta disposición ha seguido generando diversas opiniones sobre la posibilidad de un aumento a causales, planteándose su implementación a través de un retiro parcial y la denuncia sobre el Pacto de San José. Ante las constantes propuestas de ampliación de causales previstas en nuestra legislación para la pena de muerte, evaluaremos la posibilidad de hacerlo en el marco la legislación vigente y la o las medidas que habría que adoptar de quererse implementar efectivamente. / Peru ratified the American Convention on Human Rights on July 12, 1978. Among the various obligations to which the Peruvian State was subjected, it highlights the prohibition of increased grounds to implement the death penalty for crimes not contemplated at the time of ratification. Despite its adoption, this provision has continued to generate various views on the possibility of a causal increase, with its implementation raised through a partial withdrawal and denunciation of the San José Pact. Faced with the constant proposals for the extension of causes provided for in our legislation for the death penalty, we will assess the possibility of doing so within the framework of the legislation in force and the measures to be taken if it were to be implemented effectively.

En años recientes los medios de comunicación se han encargado de difundir masivamente casos graves de delincuencia sexual en el país creando un sentimiento de rechazo e impotencia en la población peruana. Así, los ciudadanos han manifestado su deseo de aplicar la sanción máxima: la pena de muerte. No obstante, la CADH es el instrumento internacional que regula la materia, por lo que previo a cualquier acción, es indispensable la denuncia del tratado. Surge entonces la propuesta guía del presente trabajo por la cual se pretende plantear la aplicación extensiva del principio de progresividad y no regresión el cual impediría ampliar los alcances del artículo 140 de la Constitución Política de 1993, incluso tras la salida de las convenciones internacionales; esto basándose en la premisa de que los derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, están protegidos por normas jurídicas internacionales consuetudinarias y/o de jus cogens amparadas por dicho principio. En este sentido, se concluirá que la ampliación de causales de la pena de muerte resultaría una imposibilidad jurídica al encontrarse tutelada por un principio rector del Derecho Internacional

Muerte y justicia constituyeron dos temas que ocuparon un lugar central en las preocupaciones de las sociedades de Antiguo Régimen. En las ejecuciones confluían ambos; no les podían resultar indiferentes, por lo que no llama la atención que la población participara activamente en ellas. La presente investigación aborda el tema en el Perú del siglo XVIII. Siglo signado por transformaciones a todo nivel y reformas que están en el origen de múltiples revueltas y rebeliones, a las ejecuciones de delincuentes "comunes" y a la de la última persona relajada al brazo secular por la inquisición, se suman las de los sediciosos. El corpus resulta por lo tanto, abultado. El trabajo sostiene la necesidad de destacar la función de "memoria de la muerte" que la ejecución cumplió, junto a las de vindicta, escarmiento, retribución y espectáculo de poder. Considera que esto contribuyó a que la ejecución fuera un momento de gran tensión en el que la población se encontraba presta a leer los signos que indicarían si la persona salvaba o no su alma. Busca demostrar cómo la política borbónica intentó invadir paulatinamente ámbitos que competían a lo espiritual, y que cuando las rebeliones adquirieron mayor peligrosidad para el régimen, este dio sentencias de muerte que pretendían manipular los resortes religiosos para que la represión y el escarmiento fueran radicales. Con ello de alguna manera hacía extensible el castigo a los cuerpos, al de las almas. / Tesis

Muerte y justicia constituyeron dos temas que ocuparon un lugar central en las preocupaciones de las sociedades de Antiguo Régimen. En las ejecuciones confluían ambos; no les podían resultar indiferentes, por lo que no llama la atención que la población participara activamente en ellas. La presente investigación aborda el tema en el Perú del siglo XVIII. Siglo signado por transformaciones a todo nivel y reformas que están en el origen de múltiples revueltas y rebeliones, a las ejecuciones de delincuentes "comunes" y a la de la última persona relajada al brazo secular por la inquisición, se suman las de los sediciosos. El corpus resulta por lo tanto, abultado. El trabajo sostiene la necesidad de destacar la función de "memoria de la muerte" que la ejecución cumplió, junto a las de vindicta, escarmiento, retribución y espectáculo de poder. Considera que esto contribuyó a que la ejecución fuera un momento de gran tensión en el que la población se encontraba presta a leer los signos que indicarían si la persona salvaba o no su alma. Busca demostrar cómo la política borbónica intentó invadir paulatinamente ámbitos que competían a lo espiritual, y que cuando las rebeliones adquirieron mayor peligrosidad para el régimen, este dio sentencias de muerte que pretendían manipular los resortes religiosos para que la represión y el escarmiento fueran radicales. Con ello de alguna manera hacía extensible el castigo a los cuerpos, al de las almas. / Tesis