Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿Por qué hacer una reforma al sistema previsional? El sistema de pensiones creado por el D.L. 3.500 del año 1980, no ha experimentado cambios legales en su sustancia desde que se implementó. Es decir, el sistema contributivo de capitalización individual para la vejez no ha sido alterado. En general, existen distintas opiniones sobre la legitimidad y la eficacia del sistema, sobre el aporte que éste ha realizado al país y sobre la eficacia de éste al momento de su aplicación. Hay quienes señalan que por su origen político, creado, discutido y promulgado en el período del gobierno militar, significa que éste adolece de falta de legitimidad y que, por tanto, tiene un carácter autoritario que por sí mismo amerita una reforma sustancial. Hay otros, en cambio, que señalan que el sistema ha traído grandes beneficios para los cotizantes y para el país en general. Señalan que el sistema funciona de acuerdo a lo previsible, los trabajadores dependientes cotizan con regularidad, las administradoras de fondos de pensiones cumplen con sus obligaciones legales y los afiliados tienen propiedad sobre sus fondos para la vejez, los que son administrados con seguridad. De paso, señalan que el sistema también ha tenido efectos positivos en el sistema financiero y en el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales del país, los que redunda en un beneficio económico para todo el país. Sin embargo, a pesar de las distintas visiones, existe unanimidad respecto a la necesidad de introducir cambios al sistema previsional chileno, para así adecuarlo a los nuevos requerimientos a que es sometido en la actualidad y a los que será sometido en el futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo primordial de la investigación es medir, evaluar y analizar, en perspectiva crítica, desde el DL 3.500, pasando por las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (conocida como Comisión Marcel) y el Proyecto de Reforma Previsional que el Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso para su discusión parlamentaria, hasta la ley vigente Nº 20.255. De tal manera, se verá si estas propuestas y esta normativa significan realmente el camino para un nuevo contrato social, asegurando una vida digna en la vejez, tal como lo presentaba el Ejecutivo. La metodología de investigación es el estudio sistematizado de los principales elementos que la doctrina nacional se ha encargado de conceptualizar en el estudio de la Seguridad Social, tales como las instituciones que configuran esta rama de la Política Social y los Principios Fundamentales que se erigen en torno a ella. Además de la doctrina nacional, también se someten a estudio los trabajos y discusiones que han tenido lugar en el seno de distintas instituciones especialistas en Seguridad Social, de carácter público, privado o intergubernamental que, directa o indirectamente, se preocupan del tema. Los resultados, o conclusiones encontradas, plantean que las propuestas representan un avance significativo en materia de los beneficios que persigue esta rama de la Política Social, sin embargo, resultan ser insuficientes para configurar un nuevo contrato social y asegurar plenamente una vida digna en la vejez. Además se sugiere que los mayores beneficiados con las propuestas, más que los usuarios del sistema, son las Administradoras de Fondos de Pensiones; también se concluye que los principios formadores de la Ley 20.255 corresponden a los principios que dan origen al DL 3.500, pero a la vez, significan una profundización, mejoramiento y modernización de esos principios