Para calificar una práctica como un supuesto de discriminación en el consumo, no solo es necesario verificar que el supuesto aplicado implique un trato discriminatorio, es decir, identificar que el trato desigual se sustente en un factor prohibido que implique un menoscabo al derecho de igualdad y dignidad reconocidos en nuestra Constitución Política de 1993; sino que adicionalmente, será necesario analizar que este comportamiento no se encuentre fundamentado en razones objetivas y razonables que justifiquen su aplicación, pues cómo ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, no todo trato desigual per se es un trato discriminatorio y no todo trato discriminatorio esta siempre prohibido (Tribunal Constitucional:2005). En este sentido, mediante la presente investigación, hemos identificado los pasos y criterios que se deben aplicar para identificar si una conducta califica como un supuesto de discriminación en el consumo, analizando la negativa que tuvieron las empresas del sector financiero de contratar tarjetas de crédito con personas que presentaban una condición de discapacidad visual, diferenciando esta conducta de los supuestos de trato diferenciado y evaluando la objetividad y razonabilidad de los motivos que fundamentaron su aplicación. En este sentido, para calificar una conducta como un supuesto de discriminación en el consumo pasible de ser sancionada, se debe realizar el siguiente análisis, dividido en dos etapas. En la primera se verificará: (i) si la conducta analizada se encuentra enmarcada dentro de un ámbito de consumo; (ii) si ésta califica como un trato desigual, y; (iii) si éste trato desigual se fundamenta en la pertenencia a un grupo social determinado, y en la segunda, se analizará (i) si el trato desigual tiene una justificación objetiva, y; (ii) si esta justificación objetiva supera el test de razonabilidad. / Tesis

José de Saramago, escritor luso, Premio Nobel de Literatura, en su célebre novela “Ensayo sobre la ceguera” (1995), nos narra la historia de una fulminante epidemia, que surge de manera inopinada en una ciudad sin nombre, describiéndola como una blancura resplandeciente en el campo visual del infectado, sin dolores ni antes ni después, dejando a sus víctimas completamente ciegas. El agente mórbido desconocido, no es producto de una lesión en el nervio óptico, ni en la esclerótica, ni en el cristalino; con ausencia total de señales previas de incubación o latencia. Siendo distinta a la agnosia visual, ni tampoco siendo amaurosis. Simplemente la describe como una “ceguera blanca” que es diferente, pues aunque no es mortal es cierto, hará que los que la padezcan deseen estarlo, porque nunca más podrán “ver” la sociedad como la miraban. / Tesis

El presente informe parte del debate mantenido en el CCXXVII Pleno del Tribunal Registral, teniendo como propósito realizar un análisis comparativo entre la normativa nacional vigente y la previa al año 2018 respecto de las personas con discapacidad neurológica severa diagnosticada al nacer; y de otro lado, un análisis sobre los requerimientos que les son aplicables para la disposición y afectación de bienes en el Perú en el ámbito patrimonial. El objetivo es demostrar cómo la figura actual de apoyos y salvaguardias, incluso cuando quien es designado como apoyo a nivel judicial pueda contar con facultades de representación, es insuficiente para proteger ciertos derechos de este grupo de personas, como lo son estos derechos patrimoniales, y por ello surge la necesidad urgente de poder otorgar representación legal a los apoyos y de establecer facilidades procesales que permitan que una persona con discapacidad neurológica severa diagnosticada al nacer cuente con la posibilidad y asistencia necesaria para disponer y/o afectar sus bienes con el fin de salvaguardar su bienestar y necesidades específicas. Finalmente, también se evaluará la razón de ser de la modificación antes mencionada, que deriva del modelo social de discapacidad, apoyándose de la doctrina nacional e internacional que resulte pertinente para luego establecer las formalidades para disponer y afectar bienes en el Perú y las consecuencias y dificultades para este grupo de personas y su entorno al momento de salvaguardar sus derechos y su bienestar integral / This paper refers to the debate held in the CCXXVII Plenary of the Registry Court, with the purpose of carrying out a comparative analysis between the current national regulations and those prior to the year 2018 regarding people with severe neurological disabilities diagnosed at birth; and on the other hand, an analysis of the requirements that are applicable to them for the disposition and affectation of assets in Peru in the patrimonial field. The objective is to demonstrate how the current figure of supports and safeguards, even when whoever is designated as support from a judge may have powers of representation, is insufficient to protect certain rights of this group of people, such as these patrimonial rights. For this reason, there is an urgent need to grant legal representation to the supports and to establish procedural facilities that allow a person with a severe neurological disability diagnosed at birth to have the possibility and necessary assistance to dispose of and/or affect their assets in order to safeguard their well-being and specific needs. Finally, the reason for the aforementioned modification, which derives from the social model of disability, will also be evaluated, relying on the national and international relevant doctrine, to later establish the formalities to dispose of and affect assets in Peru and the difficulties and consequences for this group of people and their environment when it comes to safeguarding their rights and their integral well-being

Ante la pregunta “¿Existe hoy un movimiento peruano de personas con discapacidad?”, las respuestas iniciales no son alentadoras. Sin embargo, si evaluamos los movimientos sociales como procesos dinámicos, con momentos generadores de agencia colectiva, las respuestas pueden ser más optimistas. A nivel internacional, el proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implicó estrategias de cabildeo lideradas por las propias personas con discapacidad y la activación mundial de sus organizaciones. Una vez entrada en vigor la Convención, la armonización de normas nacionales ameritaba la presencia de un colectivo fuerte, sólido y unificado, capaz de demandar su implementación. Pero, ¿contábamos con ese colectivo? Para tal fin, analizamos el proceso de creación, aprobación y reglamentación de la Ley General de la Persona con Discapacidad a la luz de las teorías clásicas de los movimientos sociales y las teorías de los nuevos movimientos sociales. En este análisis, identificamos la existencia de niveles interconectados con consideraciones mínimas para la activación de la agencia colectiva de un movimiento social, como son: a) a nivel micro social, los cuadros de liderazgo que forman las organizaciones de personas con discapacidad y las representaciones de la discapacidad que se comparten/reproducen internamente; b) a nivel meso social, la estructura política de oportunidades para el cambio de paradigmas en los instrumentos normativos; y c) a nivel macro social, en el plano internacional y supranacional, el papel de la cooperación internacional en la agendación de tópicos para la incidencia política. Conceptos como identidad colectiva son puestos en cuestión al analizar un colectivo tan heterogéneo (no sólo orgánico-funcionalmente, sino por sobre todo, diverso en su demanda y representación). 3 Entendiendo entonces el carácter dinámico de los nuevos movimientos sociales, la marcha aparentemente exitosa hacia la promulgación de la Ley no debiera concluir en el proceso hacia su reglamentación, sino más bien, como la oportunidad para construir nuevos momentos que activen la agencia colectiva, una vez más, del “nada acerca de las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad” / Tesis

Las personas con discapacidad son una de las poblaciones más vulnerables del país ya que muchas de ellas no encuentran las oportunidades para insertarse en el mercado de trabajo por lo que se sienten desalentadas existiendo una brecha de participación laboral amplia en contra de este colectivo. Esta decisión de participar o no en el mercado puede verse influenciada por distintos factores. El objetivo principal del presente trabajo consiste en identificar cuáles son los factores determinantes en la participación laboral de las personas con discapacidad, mirando a las personas con discapacidad desde una perspectiva diferente, desde el terreno de las diferencias. De esta manera, utilizando la Primera Encuesta Especializada en Personas con Discapacidad del año 2012, y la única hasta el momento, encontramos que existe una serie de variables que estarían influyendo en las decisiones de participación, como es el caso de la salud, encontramos que existen más probabilidades de insertarse en el mercado laboral para las personas con limitaciones auditivas, mientras que para las personas con discapacidad motora sufren un mayor impacto negativo en la participación. Por otro lado, se reafirma lo encontrado por Dávila y Malo (2016) para el caso español, las mujeres con discapacidad padecen doble discriminación, una por ser mujer y la segunda, por ser una persona con discapacidad. Mientras que estar casado o conviviente, así como ser jefe de familia aumentarían las probabilidades de participación. Por último, en el ámbito de comportamiento social y familiar, se ha encontrado que existe un gran efecto negativo en la percepción de un trato diferenciado por parte de la sociedad; y de la familia, en forma de sobreprotección generando barreras para su desarrollo e inclusión. Por este motivo, es importante tomar consciencia del rol que cumple la sociedad para este colectivo, aunque es un camino largo, se puede empezar con la implementación de políticas que no solo concienticen a la sociedad, sino también en una educación enfocada en las familias en las cuales habita una persona con discapacidad, siendo este un primer gran paso para el cambio.

El caso versa sobre la vulneración del derecho a la seguridad social y el principio de no discriminación de Ricardo Galván en el marco de un proceso constitucional de amparo. Ricardo Galván es una persona con discapacidad física que se afilió en 1996 al Sistema Privado de Pensiones con una lesión medular producto de meningitis tuberculosa. En 2013 a partir de una lesión en el hombro producto de periartritis escápulo humeral solicitó una pensión de invalidez permanente. El COMAFP y el COMEC denegaron otorgar la pensión de invalidez permanente al determinar que la lesión medular de 1990 generó la condición de invalidez permanente y no la lesión en el hombro de 2013. Las lesiones fueron porcentualizadas en 70% y 4% respectivamente. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima que declaró fundada la demanda de amparo por acreditarse la vulneración del derecho a la pensión e igualdad. Frente a ello se discute en el presente Informe si la denegación de la pensión de invalidez permanente a Ricardo Galván por el COMAFP y el COMEC constituyó una vulneración del derecho a la pensión y el principio de igualdad y no discriminación a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / The case deals with the violation of Ricardo Galván's right to social security and the principle of non-discrimination in the context of a constitutional amparo proceeding. Ricardo Galván is a physically disabled person who joined the Private Pension System in 1996 with a spinal cord injury resulting from tuberculous meningitis. In 2013 as a result of a shoulder injury resulting in the condition of scapulohumeral periarthritis, he requested a permanent disability pension. The COMAFP and the COMEC denied granting the permanent disability pension, determining that the spinal cord injury of 1990 generated the permanent disability condition and not the shoulder injury of 2013. The injuries were rated at 70 % and 4 % respectively. The case was heard by the Third Court Specialized in Constitutional Matters of the Court of Justice of Lima, which declared the amparo claim to be well-founded due to the violation of the right to a pension and equality was accredited. In light of this, the present Report discusses whether the denial of the permanent disability pension to Ricardo Galván by the COMAFP and the COMEC constituted a violation of the right to a pension and the principle of equality and non-discrimination in light of International Human Rights Law.

Este informe presenta un análisis a la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 476/2020 que admite la hospitalización involuntaria de una persona con discapacidad psicosocial. A partir de un análisis a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, hemos revisado la concordancia de los argumentos del Tribunal con la Convención y concluimos que existen múltiples violaciones a los derechos reconocidos en esta Convención. Estas violaciones, no solo significan la falta de reconocimiento de un derecho, sino que dado que estamos ante un colectivo de personas que se encuentra en una situación de discriminación histórica, esta violación de derechos evidencia el paradigma que aún persiste en el ordenamiento jurídico peruano y sus operadores, respecto de su reconocimiento como iguales en la sociedad. Consideramos importante este informe dado que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad es una lucha aún vigente que requiere no solo de avances legales sino también sociales. / This essay presents an analysis of the judgment of the Plenary Session of the Constitutional Court 476/2020 of Peru that admits the involuntary hospitalization of a person with psychosocial disability. Based on analysis in light of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities, we have reviewed the consistency of the court’s argument with the Convention and we conclude that there are multiple violations of the rights recognized here. These violations mean not only the lack of recognition of a right, but given that we are in face of a group that has suffered from historical discrimination, this violation of rights reveal the paradigm that still persists in the peruvian legal system and its operators, regarding their recognition as equals in society. We consider this report important given that the fight for the recognition of the rights of people with disabilities in equality is a still ongoing fight that requires not only legal but also social advances.

Para calificar una práctica como un supuesto de discriminación en el consumo, no solo es necesario verificar que el supuesto aplicado implique un trato discriminatorio, es decir, identificar que el trato desigual se sustente en un factor prohibido que implique un menoscabo al derecho de igualdad y dignidad reconocidos en nuestra Constitución Política de 1993; sino que adicionalmente, será necesario analizar que este comportamiento no se encuentre fundamentado en razones objetivas y razonables que justifiquen su aplicación, pues cómo ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, no todo trato desigual per se es un trato discriminatorio y no todo trato discriminatorio esta siempre prohibido (Tribunal Constitucional:2005). En este sentido, mediante la presente investigación, hemos identificado los pasos y criterios que se deben aplicar para identificar si una conducta califica como un supuesto de discriminación en el consumo, analizando la negativa que tuvieron las empresas del sector financiero de contratar tarjetas de crédito con personas que presentaban una condición de discapacidad visual, diferenciando esta conducta de los supuestos de trato diferenciado y evaluando la objetividad y razonabilidad de los motivos que fundamentaron su aplicación. En este sentido, para calificar una conducta como un supuesto de discriminación en el consumo pasible de ser sancionada, se debe realizar el siguiente análisis, dividido en dos etapas. En la primera se verificará: (i) si la conducta analizada se encuentra enmarcada dentro de un ámbito de consumo; (ii) si ésta califica como un trato desigual, y; (iii) si éste trato desigual se fundamenta en la pertenencia a un grupo social determinado, y en la segunda, se analizará (i) si el trato desigual tiene una justificación objetiva, y; (ii) si esta justificación objetiva supera el test de razonabilidad.

En el presente informe jurídico se analizará la resolución N.º 159-2024/SPCINDECOPI, sobre la denuncia presentada por el señor Leónidas Quicaño contra la CMAC Huancayo. La Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que exigir un poder de representación a una persona con discapacidad, sin haber proporcionado los ajustes razonables necesarios, constituye un acto de discriminación en el consumo. En ese sentido, el objetivo principal de este informe será determinar si es correcto que se haya declarado fundada la denuncia presentada por el consumidor. Por ello, se desarrollará el contenido del principio de igualdad y el principio de no discriminación, con el fin de precisar que la infracción administrativa debe analizarse en consonancia con estos principios. Asimismo, se analizará la prohibición de discriminación en el consumo para determinar cómo se configura esta infracción. Además, se examinarán los derechos de las personas con discapacidad para establecer el alcance de su capacidad jurídica. Posteriormente, se analizará el caso del señor Quicaño para determinar si la exigencia de poderes de representación constituye un acto de discriminación en el consumo Finalmente, se concluirá que es correcta la posición de la Sala, dado que este tipo de exigencia desconoce la regulación actual sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un acto de discriminación en el consumo, porque lo que motiva esta exigencia es el prejuicio de creer que esta persona no tiene capacidad jurídica para manifestar su voluntad. / This legal report will analyze resolution No. 159-2024/SPC-INDECOPI regarding the complaint filed by Mr. Leónidas Quicaño against CMAC Huancayo. The Specialized Consumer Protection Court concluded that requiring a power of attorney from a person with a disability, without providing necessary reasonable accommodations, constitutes an act of discrimination in consumer affairs. The primary objective of this report is to assess the validity of the consumer's complaint. Accordingly, it will explore the principles of equality and nondiscrimination, emphasizing that the administrative violation should be analyzed in line with these principles. Moreover, it will delve into the prohibition of discrimination in consumer affairs to delineate how this violation is defined. Additionally, it will scrutinize the rights of persons with disabilities to establish the extent of their legal capacity. Subsequently, it will examine Mr. Quicaño's case to determine whether the requirement for powers of attorney constitutes an act of discrimination in consumer affairs. In conclusion, it will be concluded that the position of the Chamber is correct, given that such a requirement disregards the regulations governing the rights of persons with disabilities. This constitutes an act of discrimination in consumer affairs, rooted in the prejudice that this individual lacks the legal capacity to express their will.

En este informe se pretende analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°01004-2021-PHC/TC LIMA, el cual expone el caso de Álvaro, una persona con discapacidad psicosocial que fue internado en una clínica en contra de su voluntad. Esto se da en un contexto donde no se considera su capacidad jurídica para tomar decisiones jurídicamente vinculantes como el consentimiento informado. Para analizar ello, se tomará en cuenta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código Civil, Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 30947 y la Ley de Salud Mental, las cuales se encontraba vigentes en los hechos del caso concreto. Así pues, del análisis expuesto se concluye que Álvaro tenía capacidad jurídica para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, por lo que su internamiento es contrario a lo expuesto en la Convención. Además, queda claro que podía brindar su consentimiento médico por tener plena capacidad para decidir y que no estaba en emergencia psiquiátrica, pues no se comprueba la falta de discernimiento, pues no existe una sentencia de interdicción y, finalmente, en la Convención no cabe la excepción de internamiento de ninguna forma. / This report aims to analyze the ruling of the Constitutional Court handed down in file N°01004-2021-PHC/TC LIMA, which exposes the case of Álvaro, a person with psychosocial disabilities who was admitted to a clinic against his will. This occurs in a context where his legal capacity to make legally binding decisions such as informed consent is not considered. To analyze it, the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Civil Code, the General Law of Persons with Disabilities, Law 30947 and the Mental Health Law, which were in force in the facts of the specific case. Thus, from the analysis presented, it is concluded that Álvaro had the legal capacity to make legally binding decisions, so his detention is contrary to what is stated in the Convention. Furthermore, it is clear that he could provide his medical consent because he had full capacity to decide and that he was not in a psychiatric emergency, since the lack of discernment is not proven, since there is no ruling of interdiction and, finally, the Convention does not allow internment exception in any way.