Analizar y describir la evolución temporal y la autocorrelación espacial de los incendios forestales en los departamentos del Perú durante el periodo del 2002 al 2012. Métodos: Investigación tipo aplicada, alcance exploratorio y descriptivo, diseño longitudinal. Para la obtención de datos se utilizó información satelital y cartográfica. Resultados: Se realizó un análisis de distribución espacial, observándose autocorrelación espacial, de aglomeración acentuada en las áreas boscosas, así como un incremento a nivel Nacional, llegando a 3738 incendios en el 2012; cerca al doble de lo estimado en promedio, lo que conlleva a aumentar los impactos ambientales, económicos, sociales y de salud. Los meses de junio a setiembre, son los meses de mayor incidencia de incendios, que coinciden con la estación de estiaje. / Tesis

El Estado ha implementado diferentes leyes forestales a lo largo de la historia. Sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados ya que este fenómeno ha logrado hacer frente a todo intento de formalización y fiscalización. Siguiendo esa línea, una serie de investigaciones discuten sobre las dificultades de implementación de las políticas, sobre todo en espacios territoriales más alejados, como es la Amazonía en nuestro país. Autores como Grindle (2009), señalan que existe una brecha de implementación en todas las políticas, pero que estas se incrementan en contextos sociales y económicos donde algunos actores se resisten. En consecuencia, la implementación dependerá de qué tan permisivos pueden ser los actores o cuánto la dificulten. El propósito de esta investigación es precisamente señalar cómo el Estado ha respondido ante este fenómeno y qué es lo que está dificultando esta respuesta. Por lo cual, se analizará la implementación de la Ley Forestal 27308 en Ucayali –segunda región con mayor tasa de tala ilegal- en el periodo 2011-2014 en el cual se registró el mayor incremento de denuncias por delitos contra los bosques y hacia funcionarios del Gobierno Regional. Para ello, se realizó un una investigación cualitativa en la cual se realizó la revisión de reportes estatales sobre la problemática. Asimismo, se utilizó bibliografía secundaria y posteriormente se procedió a la recolección de información primaria con 20 entrevistas semiestructuradas y diferenciadas según los actores del sector forestal que se llevaron a cabo en el trabajo de campo realizado entre los meses de Agosto y Noviembre del 2015. / Tesis

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En la presente investigación se logra identificar que la participación ciudadana es una alternativa para el diseño de políticas adecuadas, a identificar las necesidades reales de los ciudadanos, a fortalecer los procesos democráticos, a prevenir la depredación de los recursos naturales y puede proveer legitimidad a la toma de decisiones públicas, lo que es importante en temas de sostenibilidad y protección del medio ambiente como el manejo y gestión de bosques. Bajo este criterio, el gobierno regional y los gobiernos locales de Ucayali, pueden llegar a constituirse en promotores del desarrollo, fomentando la inclusión de la población, el fortalecimiento de capacidades y el incremento de sus responsabilidades, orientada al manejo y gestión de los bosques. Impulsar el desarrollo del sector forestal, mediante políticas y estrategias que fortalezcan la participación ciudadana en la protección y gestión de bosques. Se ha realizado un estudio exploratorio de cómo se viene desarrollando la participación ciudadana y su incidencia para el desarrollo del sector forestal en la Región Ucayali. La estructura de la investigación es en base al estudio sobre la problemática forestal, el marco jurídico de la participación ciudadana y la intervención de los gobiernos regionales como entes promotores de la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones para protección y gestión de bosques; en bases a políticas establecidas por el gobierno nacional, regional y locales. Finalmente, se realiza un análisis y propuesta de mejoras en base a la experiencia más próxima de participación ciudadana que existe actualmente en la Región Ucayali. De una parte, se encuentran los Comités de Gestión de Bosques –CGB, enfocadas como una alternativa para lograr el eficiente manejo de los bosques y una medida para la prevención de la tala ilegal; y por otra parte, se expone sobre la dinámica en la que se viene “Propuesta de Políticas y Estrategias para Promover la Participación Ciudadana Ambiental en el Sector Forestal, desde los Gobiernos Subnacionales de la Región Ucayali” desarrollando la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal de Ucayali y la importancia de su participación en la toma de decisiones.

Lindblom plantea que en los sistemas políticos la interacción política en el “juego del poder” se encuentra regulada por normas y que además quienes participan (estos pueden ser los ciudadanos, grupos de interés, los legisladores, partidos políticos e incluso empresarios del sector privado) en este obedecen las normas por distintas razones; se dice que por ser legítimas, otras por la fuerza ante el acto de ser castigados al no cumplir la norma y finalmente la necesidad de conveniencia de cumplir con las normas. / Tesis

A pesar de los esfuerzos desarrollados y reflejados en la aprobación de nueva normativa y creación de instituciones (Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 aprobada en julio 2011, sus 04 Reglamentos publicados en septiembre de 2015, la inconclusa transferencia de funciones a gobiernos regionales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, entre otros), el sector forestal sigue padeciendo de serias denuncias de corrupción, falta de transparencia, gestión deficitaria, ausencia de una estrategia contra las actividades ilícitas, entre otros. Considerando el contexto poco prometedor de la institucionalidad sectorial, el trabajo desarrollado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR a partir de su reestructuración en el año 2008, merece una atención especial. En efecto, el desarrollo institucional del OSINFOR a partir del 2008, le ha permitido mostrar importantes avances a nivel institucional, los cuales incluso han sido motivo de reconocimientos públicos como: a). Conformar el selecto grupo de 20 instituciones acreditadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil para iniciar su tránsito a la nueva regulación del servicio civil (2015); b). Reconocimiento público al ganar premios como: “ConectaRSE para crecer de Telefónica” (2014), el premio a las buenas prácticas en gestión pública (2015); y, c). Proporcionar información resultante del cumplimiento de sus funciones para contrarrestar actividades ilícitas (OSINFOR 2015a, 2015b y 2016a). La presente investigación busca absolver la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los aspectos relacionados a capacidad estatal que han permitido que el OSINFOR tenga un desarrollo institucional destacado en comparación con otros procesos de reforma iniciados en el sector forestal y de fauna silvestre entre los años 2008 al 2016?. Con la finalidad de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, absolveremos previamente tres preguntas secundarias: a. ¿Cómo ha evolucionado la institucionalidad forestal en el período comprendido entre 2008 – 2016?; b. ¿Cuáles son los avances más destacados a nivel de gestión pública que ha logrado desarrollar OSINFOR entre 2008 al 2016?; y, c. ¿Cuáles son los aspectos a nivel de gestión pública del OSINFOR que han tenido un impacto en el desarrollo de su capacidad estatal?. Los hallazgos y resultados de la evaluación del desarrollo institucional del OSINFOR, nos muestran importantes avances como, los altos índices de profesionalización de su personal; la implementación de procesos participativos para la aprobación de normas técnicas y procedimentales; los altos índices de ejecución presupuestal; entre otros. Asimismo, muestra algunos aspectos pendientes de fortalecer, como la ejecutoriedad de sus sanciones, la coordinación intergubernamental y el alineamiento de las acciones de supervisión y fiscalización con la política nacional forestal y de fauna silvestre, en especial en lo referente a asegurar el aprovechamiento sostenible y la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

El Estado ha implementado diferentes leyes forestales a lo largo de la historia. Sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados ya que este fenómeno ha logrado hacer frente a todo intento de formalización y fiscalización. Siguiendo esa línea, una serie de investigaciones discuten sobre las dificultades de implementación de las políticas, sobre todo en espacios territoriales más alejados, como es la Amazonía en nuestro país. Autores como Grindle (2009), señalan que existe una brecha de implementación en todas las políticas, pero que estas se incrementan en contextos sociales y económicos donde algunos actores se resisten. En consecuencia, la implementación dependerá de qué tan permisivos pueden ser los actores o cuánto la dificulten. El propósito de esta investigación es precisamente señalar cómo el Estado ha respondido ante este fenómeno y qué es lo que está dificultando esta respuesta. Por lo cual, se analizará la implementación de la Ley Forestal 27308 en Ucayali –segunda región con mayor tasa de tala ilegal- en el periodo 2011-2014 en el cual se registró el mayor incremento de denuncias por delitos contra los bosques y hacia funcionarios del Gobierno Regional. Para ello, se realizó un una investigación cualitativa en la cual se realizó la revisión de reportes estatales sobre la problemática. Asimismo, se utilizó bibliografía secundaria y posteriormente se procedió a la recolección de información primaria con 20 entrevistas semiestructuradas y diferenciadas según los actores del sector forestal que se llevaron a cabo en el trabajo de campo realizado entre los meses de Agosto y Noviembre del 2015.

En el marco de la nueva Ley Forestal, el Estado ha emprendido esfuerzos para la ormalización de la tenencia de la tierra en suelos de clasificación forestal, al igual que la formalización del aprovechamiento de los recursos forestales. Las cesiones en uso para sistemas agroforestales son los títulos habilitantes diseñados para tal fin. Estos títulos implican un cambio en la situación de la tenencia de la tierra pero también un compromiso de cambio de estrategias productivas de los actores pues los compromete a conservar la cobertura de bosques en sus predios o incrementarla a través de actividades de reforestación, de modo que la ampliación de la frontera agrícola o pecuaria queda restringida. La primera experiencia piloto de otorgamiento de cesiones en uso fue realizada en la provincia de Lamas y develó que entre los potenciales suscriptores de las cesiones persistían resistencias a la formalización de la tierra e insuficientes incentivos para la adopción de sistemas agroforestales y plantaciones. Es decir, los cambios productivos que implica la formalización aun no parecen ser significativos para los medios de vida de los productores a los que va dirigido el título habilitante. Respondiendo a esa necesidad, el objetivo del presente proyecto de innovación es mejorar la experiencia del proceso de obtención de cesiones en uso para los usuarios potenciales y ofrecer incentivos para consolidar la actividad agroforestal en sus fincas. Con ello, se contribuye a incrementar la participación en estos contratos y desincentivar prácticas de cambio de uso del suelo forestal. El prototipo de innovación consiste en el mejoramiento del proceso de socialización y suscripción de los contratos y la creación de un Directorio de Compradores y Productores de Productos Forestales que permita articular la demanda y oferta de productos forestales. El prototipo fue testeado con productores agropecuarios de la provincia de Lamas, los implementadores del gobierno regional y gestores de proyectos forestales con incidencia en el territorio.

La gestión de la política forestal en los Bosques de Producción Permanente – BPP en nuestra Región, tiene como base legal primigenia la Resolución Ministerial Nº 026-2002-AG, del 7 de enero del 2002, que crea en el departamento de Ucayali los BPP con una superficie de 4 089 928 ha; dispositivo ejecutado por el Ministerio de Agricultura – MINAG 1 sin el trabajo de campo pertinente, legalizando la superposición de los BPP sobre de los centros poblados de la Región. Se toma como referencia para el presente estudio, los centros poblados mestizos de Vinuncuro y Puerto Putaya de la cuenca intermedia y alta del río Tamaya por el atraso socioeconómico en el campo de la producción, educación, salud y orden interno de estos pueblos. Los BPP en la región Ucayali luego de redimensionamientos efectuados tienen como superficie 3 461 469,93 ha; entregados a empresas madereras bajo la modalidad de concesiones forestales, y a las ONG como concesiones de conservación y ecoturismo. Del trabajo efectuado se presentan hallazgos, conclusiones y recomendaciones que generan la propuesta final del estudio. Se propone la formulación de un plan de acción para superar el problema de superposición de los BPP, previo al cual el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Ucayali – GORE Ucayali, conformará una comisión de trabajo presidida por el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI2 a través del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR; e integrada por: el GORE Ucayali, la secretaría técnica del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza - CONADIF, autoridades de los centros poblados, el MINAGRI a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios; quienes deberán elaborar y ejecutar las acciones necesarias para lograr el resarcimiento de los derechos de la población afectada. / Tesis

El presente proyecto ha identificado como problema público la alta incidencia de extracciones no autorizadas de volúmenes de madera, en el marco de títulos habilitantes, otorgados a comunidades nativas en la región Ucayali en los años 2016 al mes de setiembre de 2018. Se identificaron cuatro causas principales de dicho problema, escogiéndose como causa priorizada el hecho que el aprovechamiento forestal, en el caso de las comunidades nativas, es ejecutado por terceros, quienes no reciben suficiente control por parte del Estado. Es así que, habiéndose escogido como causa priorizada la número 3, se ha propuesto como innovación la creación de un Registro Nacional de Operadores Forestales para Comunidades (ROC), de carácter gratuito y voluntario, administrado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). De esta manera, se busca que las empresas mejoren su posición en el mercado al figurar en un registro nacional como operadores de títulos habilitantes, contribuyan a que las comunidades tomen mejores decisiones al poder consultar el Registro; asimismo, permitir al Estado identificar a este tipo de actores que no suelen ser visibles en la cadena productiva de la madera y, de esta manera, involucrarlos en el proceso de aprovechamiento forestal que actualmente está enfocado hacia la comunidad que es titular de título habilitante. Todo ello contribuirá a que el manejo forestal y cuidado del bosque en las tierras de las comunidades mejore y, por ende, se reduzca el alto índice de extracciones no autorizadas de madera que son causadas en los títulos habilitantes otorgados a comunidades. / This project has identified as a public problem the high incidence of unauthorized extraction of volumes of wood, within the framework of enabling titles, granted to native communities in the Ucayali region in the years 2016 to September 2018. Four main causes of this problem were identified, choosing as a priority cause the fact that forest use, in the case of native communities, is carried out by third parties, who do not receive sufficient control from the State. Thus, having chosen number 3 as a priority cause, the creation of a National Registry of Forest Operators for Communities (ROC), free and voluntary, managed by the national authority of forest resources (SERFOR) has been proposed as an innovation. In this way, it seeks that companies improve their position in the market by appearing in a national registry as operators of qualifying titles, helping communities make better decisions by being able to consult the Registry; Likewise, allow the State to identify these types of actors that are not usually visible in the wood production chain and, in this way, involve them in the forest harvesting process that is currently focused on the community that is the holder of the enabling title. All of this will contribute to improving forest management and forest care on community lands and, therefore, reducing the high rate of unauthorized timber extractions that are caused by the enabling titles granted to communities.