La presente investigación busca determinar el impacto de los servicios públicos sobre la pobreza monetaria de las familias a nivel regional para el caso peruano. Para cuantificar dicho impacto, se plantea un modelo de regresión logística con variable dependiente dicotómica que toma el valor de 1 cuando el individuo es pobre y 0 en otro caso. Además, se emplean los efectos marginales para identificar el efecto que genera el tener acceso a determinados servicios públicos sobre la probabilidad de ser o no pobre. Por otro lado, un elemento importante dentro del presente análisis es el empleo de interacciones de los servicios públicos en las estimaciones, pues la aplicación de este tipo de análisis permite observar la fortaleza de tener acceso a los servicios públicos de forma conjunta y, de esa manera, poder plantear políticas públicas que vinculen diversos sectores claves. Con lo expuesto, el impacto de los servicios públicos varía entre regiones y entre las áreas urbana y rural. En ese sentido, con la aplicación de la metodología se encuentra que, para la región de Cajamarca, la probabilidad de salir de la pobreza es mucho menor respecto a la situación de acceder a estos servicios públicos por separado; asimismo, en comparación con otras regiones (tomando en cuenta el análisis para las áreas y urbano y rural) el acceso a los servicios públicos en conjunto es mucho mayor.

La Trata de Personas es considerada la esclavitud del siglo XXI y para afrontarla, desde el año 2000, 167 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas han suscrito el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños”, o también conocido como “Protocolo de Palermo”. Este documento establece diversas obligaciones a sus estados parte para combatir la Trata de Personas.

En el Perú se encuentran registrados un total de 87,849 artesanos, de los cuales 14,830 artesanos realizan sus actividades en el Cusco, en el que se desarrollan las 17 líneas de producción artesanal. La actividad artesanal se ha enfrentado al desempeño de una implementación deficiente de la política pública de artesanía y turismo por parte del MINCETUR, lo que no permite disminuir la brecha de competitividad (99.2%) de artesanos a nivel nacional. Conforme se describe en el Programa Presupuestal 0087: “Incremento de la competitividad del sector artesanía 2020”, los artesanos no competitivos son aquellos que corresponden al Nivel II - medianamente competitivos (12,7%), pues se encuentran en continuo proceso de formalización y ejercen la artesanía de forma complementaria a otra actividad, cuentan con algunos canales de comercialización, desarrollan pocos nuevos productos y cuentan con estándares mínimos de calidad, y al Nivel III – competitividad en proceso formativo (86,5%) no son formales, se dedican a la artesanía como actividad secundaria, no tienen acceso a canales de comercialización, su oferta es baja y de poca calidad. Esta brecha de competitividad se explica debido a que este grupo de artesanos no logra acceder a los servicios de desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos para la mejora de la calidad de sus productos, al fortalecimiento de capacidades que les permita desarrollar su oferta y lograr una adecuada articulación comercial o acceder a los servicios de innovación tecnológica brindados por los Centros de Innovación Tecnológica - CITE. Del análisis causal efectuado, es necesario abordar la baja capacidad del MINCETUR en establecer mecanismos de articulación para la provisión de servicios de innovación tecnológica, que tiene un alto impacto en el artesano. La cadena de implementación de las políticas públicas en artesanía y turismo comienza y termina en el MINCETUR; y tiene una alta posibilidad de modificación porque los órganos 3 técnicos se encuentran en el MINCETUR y, en el ámbito normativo, el MINCETUR ejerce la rectoría de las políticas públicas en artesanía y turismo. En este sentido, se plantea incrementar la capacidad del MINCETUR en articular la implementación de las políticas públicas de artesanía y turismo a fin de mejorar la cobertura del servicio de innovación tecnológica a través de la implementación de un modelo de gobernanza de tres pisos: 1) El MINCETUR, garantiza el funcionamiento de las CITE; 2) La “Mesa Ejecutiva para el desarrollo del mercado artesanal del Cusco” que se crea con el objeto de constituir una instancia de coordinación; y, 3) La red CITE (CITEAR y UT) en el ámbito del departamento del Cusco a ser implementadas en las provincias que cuenten con un mayor número de líneas artesanales y artesanos, acercando los servicios de innovación a través de estrategias de articulación para promover el desarrollo de una oferta artesanal competitiva.

La presente tesis desarrolla las características de la participación de las Regidoras en la gestión de políticas públicas municipales. El objetivo general es conocer las características de la gestión de Políticas Públicas Municipales, desarrollada por las Regidoras de los municipios rurales de Piura en el período de gobierno (2007-2010), a fin de formular una propuesta de desarrollo de capacidades, que facilite a la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPE) el fortalecimiento del desarrollo municipal y las capacidades de otras mujeres políticas. La investigación realizada es cualitativa de tipo diagnóstica y tiene como unidad de análisis a las Regidoras que forman parte de la Red de Regidoras Rurales de Piura. Nos interesa conocer de las Regidoras mencionadas, si su noción de gestión, sus habilidades conceptuales, humanas y técnicas fueron suficientes para la gestión de políticas públicas; cuáles son las características de sus propuestas; el nivel de formulación e implementación de dichas propuestas, y cómo las relaciones interinstitucionales y el establecimiento de redes favorecieron dicha gestión. / Tesis

El propósito del presente estudio es investigar desde el punto de vista de la Ciencia Política cómo las redes de políticas públicas han intervenido en el proceso de implementación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como política de control aplicada por el Estado para la lucha contra la violencia hacia la mujer. / Tesis

La investigación que realizo la policía especializada contraterrorista al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), se adaptó a las exigencias que la nueva morfología de la organización terrorista “Sendero Luminoso” exigía, permitiendo conocer sus vínculos y sus objetivos futuros. Era la primera vez en el Perú, que integrantes de organizaciones terroristas abandonaban sus formas violentas para adoptar los procedimientos de un movimiento que pretendía incursionar en la política peruana, contando para ello con los avances tecnológicos y el apoyo legal que les permitió evitar que se conozcan sus coordinaciones y que los documentos escritos lleguen a conocimiento público y de las autoridades. / Tesis

La actual crisis del Covid-19 ha dejado graves secuelas en la región de América Latina, especialmente ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, quienes son parte de la historia nacional y riqueza cultural de un país. En ese sentido, esta situación de incertidumbre y sin precedentes ha sorprendido a todos los países de mundo, en particular, a los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados, quienes no estaban preparados para afrontar un acontecimiento de grandes dimensiones con respuestas oportunas y eficaces. En efecto, en el Perú, esta crisissanitaria ha deslumbrado la estrecha desigualdad social y económica entre los diferentes sectores y grupos sociales a nivel nacional; también se ha evidenciado la escasez de recursos materiales y económicos; el deficiente sistema de salud y falta de capacidad institucional; así como la ausencia de políticas públicas de prevención que protejan a sus nacionales, especialmente a las poblaciones vulnerables. Se sabe que en el Perú, los pueblos indígenas constituyen entre un 12 y 18 % de nuestra población nacional, en base al último Censo Nacional de Población del año 2017, el cual señaló que aproximadamente 4’300,000 hablaban idiomas como el quechua, aymara o amazónico como lengua materna; y cerca de 6 millones de personas entrevistadas se autoidentificaron como miembros del colectivo indígena 1 . Esta misma pluralidad de cosmovisiones no fue entendida ni priorizada a lo largo de los años e implicó la existencia de situaciones de exclusión, discriminación, aislamiento y violación de sus derechos humanos, generándose de esta manera condición de doble vulnerabilidad en estos colectivos. Evidentemente, la crisis sanitaria por el Covid-19 ha generado un fuerte impacto a las comunidades indígenas por la ausencia de herramientas dialógicas que permitieran acciones rápidas y adecuadas para estos grupos. Asimismo, salud de estos pueblos se ha visto gravemente afectada debido a que la salud es el bien más valioso que ellos poseen y que es transversal a todas las esferas de sus vidas; de esta manera, esta pandemia no solo ha implicado un cambio en sus estilos de vida sino también la participación activa de estos colectivos para afrontar los actuales desafíos globales. En ese sentido, las diversas particularidades de las poblaciones indígenas en el contexto de Covid-19 conllevan a la necesidad de la elaboración de políticas públicas, multidimensionales, multisectoriales, e intergubernamentales que incluyan la protección de sus derechos humanos y que contengan un enfoque étnico. De esta manera, se cubrirán algunos requerimientos urgentes como el acceso a servicios básicos, especialmente, a los servicios de salud; la provisión de alimentos, medicinas y equipos tecnológicos, y se facilitará la participación política de estos en la toma de decisiones para sus políticas públicas. El presente artículo es un medio para contextualizar la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas como grupos vulnerables en el Perú; para entender su concepción sobre el derecho a la salud; y para esbozar el planteo de medidas públicas y soluciones integrales que vienen siendo aplicadas y que pueden mejorarse, considerando las particularidades de estos colectivos.

El proceso de formulación de políticas públicas (Agendación, diseño y formulación, implementación y evaluación) siempre ha sido visto desde una perspectiva del Ejecutivo como único actor participe dentro de dicho proceso. En la política pública de la calidad en la educación universitaria demostramos como uno de los poderes del Estado como el Congreso de la República, haciendo uso de sus funciones (representar, fiscalizar y legislar) participa en cada una de las etapas de formulación de dicha política pública. Teniendo en cuenta ello, nos realizamos la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido el rol del Congreso de la República a través de sus funciones en la elaboración de política pública de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, dentro de su periodo legislativo 2011 - 2016? Este trabajo muestra como las funciones del Parlamento siendo complejas ya que dependen unas de otras, se concluye que existe una mayor participación en la función de legislar que en las otras. Este caso en específico sirve como punto de partida para futuras políticas públicas, de esta forma no serán aisladas solo bajo la óptica del Ejecutivo sino también el Congreso de la República será participe dentro de todo el proceso.

El presente artículo busca desarrollar la “caducidad del procedimiento administrativo sancionador” aplicada en la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD, a propósito del último precedente de observancia obligatoria contenida en el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2018, cuyo uno de los criterios comprende la no aplicación de la caducidad en los denominados procedimientos trilaterales sancionadores seguidos ante la entidad. En mérito a ello, se efectúa una descripción jurídica sobre la potestad sancionadora, los procedimientos administrativos sancionadores y, el marco jurídico de la caducidad recaída en tales procedimientos. En ese orden de ideas, el presente trabajo se justifica en el pronunciamiento emitido por la SUSALUD, cuyos criterios ocasionaron un tratamiento jurídico diferenciado a ser aplicado en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el acotado ente público, repercutiendo de ese modo, en la invariabilidad para la aplicación de la caducidad que logró seguirse, pese a las sucesivas modificaciones de la Ley N° 27444

El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.