La presente tesis de investigación desarrolla una evaluación de la política pública de ordenamiento de la actividad minera en Madre de Dios, donde esa actividad se ha expandido de manera desordenada, cobrando un protagonismo preponderante en la vida política, social y económica de la región. (MINAM, 2016; Valencia Arroyo, 2014) La investigación busca identificar los factores facilitadores y/o restrictores de dicha política estatal, que tiene en cuenta las diferentes acciones del Estado en materia del proceso de formalización de la actividad, del control de insumos químicos e interdicción de la minería ilegal; dado que dichas acciones estatales no han sido exitosas para la región de Madre de Dios, donde se practica la minería aurífera-aluvial y donde el número de mineros formalizados aun no es significativo. Este estudio de caso plantea algunas variables para analizar las hipótesis frente a la no consecución de los objetivos planteados: un diseño que favorece la acción del Estado sobre las consecuencias sin abordar las causas del problema público. Se evidencia también la ausencia de una concepción estratégica de la acción del Estado en la gestión del territorio, y con ello, la falta de una articulación estatal intersectorial y multinivel. Otro factor es la actuación obstructiva de actores con intereses subalternos, lo que evidencia situaciones corrupción y la incursión de fuerzas exógenas disruptivas ligadas al crimen organizado, en varios niveles: regional, nacional e internacional. Todo ello conllevó a que el gobierno nacional mostrara una postura ambivalente frente a la problemática planteada por la actividad minera en Madre de Dios. Dentro de los factores facilitadores, se evidencia un cambio en la gestión de la política que ha logrado la interactuación constante con la población a la que pretende beneficiar, con lo que la acción del Estado se hace más permeable a las reales necesidades y demandas de la población, lo que genera una dinámica de continua evaluación, y por tanto, de mejora de los procesos; otro factor facilitador está asociado al esfuerzo por un manejo intersectorial más eficiente. Lo referido refuerza la necesidad de estandarizar los procesos en la formulación e implementación de las políticas públicas, en el marco del planeamiento estratégico. Lo que supone generar un conocimiento más integral de la realidad teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de la población, así como la evaluación continua de la acción estatal para la mejora continua de los procesos.

La presente tesis presenta como título “Evaluación Diagnóstica de la línea de acción Educadores de Calle durante los años 2009 al 2013 y propuesta de mejora de la gestión del Programa Nacional Yachay.” ya que en el plano nacional y mundial el trabajo infantil está siendo abordado por los gobiernos, la Iglesia, las instituciones privadas, la sociedad civil y otras instituciones involucradas, generando opciones que buscan dar sostenibilidad y desarrollo de los niños y niñas. De acuerdo con la propuesta de Propuesta general LLachay (2012); refiere que el estado Peruano consciente de esta problemática en el año 1993 junto con el Banco Internacional de Desarrollo y UNICEF, implementa el Programa de Educadores de Calle, que a pesar de incesantes recortes presupuestales, se mantuvo vigente y actualmente forma parte de la política de Estado, que ha creado el Programa Nacional Yachay, para abordar la problemática del trabajo de los niñas, niños y adolescentes en el Marco de la Política de Erradicación del trabajo infantil y de protección al adolescente trabajador. (Propuesta General LLachay: 2012); En ese sentido, se plantea el siguiente objetivo general: Identificar los factores positivos y negativos de la línea de acción educadores de calle (hoy Yachay), durante el periodo 2009 al 2013, y los objetivos específicos son Conocer las características de la Política y Programa de Educadores de Calle (hoy Yachay), Conocer las características de implementación y gestión del programa educadores de calle, Conocer el proceso y los mecanismos de incidencia para incorporación del programa en la agenda pública y, finalmente Formular una propuesta de gestión para la mejora de la línea de acción Educadores de Calle (Hoy Yachay). Por tanto los hallazgos encontrados en la presente tesis se fundamentan en la recolección de información documentaria, entrevistas al personal del Equipo Técnico y finalmente encuestas a NNAT´s pertenecientes al Programa, Educadores de Calle y personal del Equipo Técnico. En tal sentido nuestro análisis y propuesta, tomado como base el círculo de la política, demuestra que existieron factores positivos y negativos que intervinieron para la creación del Programa Yachay y que estos factores influirán para el sostenimiento del Programa a través del tiempo.

En el 2013 cuando la política pública del servicio civil alcanzó su hito normativo más importante mediante la aprobación de la Ley del Servicio Civil. Esa ley crea un régimen laboral único para el sector público, hacia el cual deberán ir convergiendo progresivamente los diferentes regímenes laborales y modalidades contractuales que coexisten en el desordenado escenario actual de los recursos humanos del Estado peruano. Precisamente, esa transición les demanda a las entidades públicas la aplicación de una serie de herramientas definidas por SERVIR antes de proceder con la organización y realización de los concursos públicos para el inicio del paso de servidores al régimen del servicio civil. Es en torno a ese proceso que gira la presente investigación, concentrándose en la experiencia de más de dos años de los ministerios del Estado peruano. Los diecinueve ministerios se encuentran inmersos en el tránsito, pero cada uno ha venido avanzando a un ritmo distinto, posicionándose a la fecha en diferentes hitos del proceso. Dicha dispersión motivó el análisis de los factores que podrían estar afectando el grado de avance de los ministerios en su proceso de tránsito, identificando hasta doce variables explicativas, que posteriormente fueron agrupadas en tres dimensiones: características organizacionales de los ministerios, características de la normativa y de las herramientas del proceso de tránsito, y liderazgo en el proceso de tránsito de los ministerios.

Al observar los estadísticos de las personas con el beneficio de protección personal a cargo de las diferentes dependencias policiales tales como la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), y la Dirección de Tránsito (DIRINTRAT). Como podemos advertir en la ciudad de Huancayo, funciona el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI), en específico el Área de protección personal viene protegiendo a Veintiún (21) que están inmerso en diferentes delitos y a la fecha no han podido mejorar su servicio; motivo por el cual, se planteó realizar un estudio de innovación en la localidad de Huancayo, Junín. De igual manera, se ha podido identificar el problema a nivel de productos como ineficacia en las medidas de protección de agraviados, peritos, testigos y personas que colaboran con la justicia en la Región Junín. Del mismo modo, se ha determinado como la principal intervención pública la aplicación de medidas de protección personal a cargo de la Policía Nacional, logrando visualizar cuatro productos; primero: Personal policial poco capacitado en protección. Segundo: Deficiente diseño del programa presupuestal y logístico. Tercero: Ineficiente protocolo de actuación conjunta y desfasada directiva y el Cuarto: Déficit de RR.HH. para la protección personal. El primer producto tiene como principal actividad la capacitación policial del personal PNP asignado en la DEPINCRI-Huancayo. Para lograr el segundo producto es necesario una provisión presupuestal para la protección física; en tanto, el tercer producto es el relacionado al protocolo de actuación conjunta para que la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público (MP), y Poder Judicial (PJ), puedan realizar su labor en forma coordinada. Finalmente, el cuarto producto está referido a la deficiente cobertura física a los protegidos por el déficit de RR.HH., para la protección personal. Como se puede observar, los productos y actividades planteadas son bastantes generales y específicas con relación al tema de interés planteado, el cual es de importancia para nuestra investigación.

El presente artículo busca desarrollar la “caducidad del procedimiento administrativo sancionador” aplicada en la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD, a propósito del último precedente de observancia obligatoria contenida en el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2018, cuyo uno de los criterios comprende la no aplicación de la caducidad en los denominados procedimientos trilaterales sancionadores seguidos ante la entidad. En mérito a ello, se efectúa una descripción jurídica sobre la potestad sancionadora, los procedimientos administrativos sancionadores y, el marco jurídico de la caducidad recaída en tales procedimientos. En ese orden de ideas, el presente trabajo se justifica en el pronunciamiento emitido por la SUSALUD, cuyos criterios ocasionaron un tratamiento jurídico diferenciado a ser aplicado en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el acotado ente público, repercutiendo de ese modo, en la invariabilidad para la aplicación de la caducidad que logró seguirse, pese a las sucesivas modificaciones de la Ley N° 27444

implementadas, más allá de ser netamente producto de su contenido y orientación, estas se ven moldeadas por la política que transcurre en cada una de sus instancias que albergan una multiplicidad de actores de diversas características e intereses y se encuentran dentro de entornos institucionales diversos. En esa línea, siguiendo la literatura acerca de la caracterización del estado peruano, la toma de decisiones en el país se vería moldeada por la baja capacidad estatal, la captura por intereses privados y la coexistencia de una clase política precaria e inestable con tecnócratas altamente calificados. Es así que, por estas condiciones la crisis sanitaria producida por la covid-19 representa un gran reto para el Perú, al cual se suma la disputa internacional entre la cooperación internacional y el nacionalismo sanitario que pondrá a prueba su desenvolvimiento en la lucha contra la pandemia. Hasta el momento, la literatura indica que las políticas implementadas dentro del territorio nacional chocaron con varios baches como el poco conocimiento de la población en términos de estadística, un sistema de salud precario y la corrupción enraizada en nuestro sistema. / The way in which public policies end up being formulated and implemented, beyond being purely a product of their content and orientation, is shaped by the politics that take place in each of their instances, which harbor a multiplicity of actors with diverse characteristics and interests and are found within diverse institutional environments. Along these lines, following the literature on the characterization of the Peruvian state, decision-making in the country would be shaped by low state capacity, capture by private interests, and the coexistence of a precarious and unstable political class with highly qualified technocrats. Thus, due to these conditions, the health crisis produced by COVID-19 represents a great challenge for Peru, to which is added the international dispute between international cooperation and health nationalism that will test its performance in the fight against the pandemic. So far, the literature indicates that the policies implemented within the national territory have run into several potholes, such as the lack of knowledge of the population in terms of statistics, a precarious health system, and the corruption rooted in our system.

La situación actual en relación a la accidentalidad vial muestra un preocupante aumento de la mortalidad, morbilidad y discapacidad en países en vías de desarrollo como el nuestro. En el Perú, la falta de normas claras, sanciones ejemplares y modelos de seguridad vial conllevan a una falta de consciencia por parte de los conductores y transeúntes. Es de considerar, también, que el incremento de la tasa de mortalidad, morbilidad y discapacidad conlleva a un problema de salud pública y, por otro lado, económico ya que las pérdidas económicas derivadas de accidentes de tránsito se estiman en US$ 518 000 millones, o equivalentemente al 1% y 3% del PBI de los países (Chía y Huamaní, 2010).

Uno de los factores para el desarrollo sostenible de un país es la provisión de servicios públicos a sus ciudadanos. La carencia de la infraestructura necesaria imposibilita el desenvolvimiento normal de un país. Incluso, la provisión de servicios públicos combate directamente los niveles de pobreza de sus poblaciones. Sin embargo, una de las prestaciones de servicios de las que adolece nuestra población es la del suministro eléctrico. Tal es así que en los Censos Nacionales del 2007, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registra que sólo un 74,1% de la población peruana tiene cobertura del suministro eléctrico. Es decir, de una población total de 27’057,199 de personas que residen en Perú, 6’464,886 no cuentan con el suministro eléctrico. Esta realidad es una de las grandes limitantes que no permite un desarrollo sostenible de nuestro país.

El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.

La presente tesis aborda la implementación del proyecto de inversión pública “Construcción del Centro de Atención al Vecino de Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Callao” por parte de la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el contexto de la Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano y en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. El objetivo del trabajo fue identificar y analizar los factores de éxito en la implementación de la estrategia de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) por parte de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a partir del análisis de los procedimientos requeridos, el análisis de su implementación y la evaluación de los resultados del servicio al ciudadano, ello con la finalidad de proponer estrategias de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos. Esta investigación es un estudio de caso en la cual se examina el proceso completo de la implementación de una política pública, desde su diseño, pasando por su ejecución y operación. El horizonte de análisis de la investigación comprende el ciclo del proyecto y está definido por tres etapas. La primera etapa está referida al diseño del proyecto, cuyo análisis se realizó a partir de la revisión documentaria relacionada a la preinversión. Esta fase comprende la elaboración y aprobación del estudio de preinversión del proyecto. La segunda etapa está referida a la ejecución o implementación propiamente del proyecto. En esta etapa se elaboró el expediente técnico del proyecto. Además, se ejecutaron las obras de infraestructura y demás componentes del proyecto ejecutándose el presupuesto destinado al mismo. La primera y segunda etapa cubren el periodo entre los años 2010 al 2013. La etapa de implementación también se analizó a partir de revisión documentaria. Finalmente, se analiza la fase de operaciones o de funcionamiento que va desde el año 2014 hasta la actualidad. Se analiza la entrega de servicios públicos a la población beneficiaria, así como la satisfacción de los usuarios con el mismo. Esta última fase se analizó a partir de la aplicación de una encuesta y mediante observación directa. La investigación permitió encontrar aspectos de la gestión que resultaron en aciertos y los cuales pueden ser considerados para la aplicación en otros proyectos similares. Algunos aspectos resaltantes que contribuyeron de manera positiva fueron la incorporación de parte de la municipalidad de un enfoque basado en la atención al ciudadano y el establecimiento de alianzas con actores clave para brindar servicios públicos. También se encontró dificultades en la gestión que se superó en mayor o menor medida, pero que sirven de lección para la mejora y para la aplicación práctica de estrategias más eficaces. En la actualidad, el servicio goza de gran acogida de parte de la población, que en su gran mayoría está satisfecha con el mismo.