Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El panorama actual normativo en Chile es la desprotección del ciudadano chileno frente a intervenciones estatales ablativas lícitas que provoquen un detrimento de entidad en la propiedad del regulado. La pregunta en relación a la aplicabilidad de la doctrina de las regulatory takings para salvar dicho vacío, se hace entonces necesaria. Veremos en el presente trabajo las posturas para integrar dicho vacío, la aceptación o rechazo de la doctrina de las expropiaciones regulatorias, no sin antes conceptualizar las limitaciones y privaciones como medidas clásicas de intervención estatal en la propiedad, para luego conceptualizar y explicar el desarrollo de las regulatory takings en el derecho comparado, su carácter limítrofe entre limitación y privación, para luego dar cuenta de la problemática planteada, así como de la solución que proponemos

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de esta investigación es el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre los decretos supremos del Presidente de la República. En un régimen presidencialista como el nuestro, los contrapesos institucionales que se generen para contrarrestar el poder del Presidente cobran muchísima importancia. En este escenario el Tribunal Constitucional ha jugado un papel preponderante, modelando –poco a poco y por la vía jurisprudencial– su potestad normativa de la manera que mejor garantice la supremacía de la Constitución. Es así que el control de los decretos presidenciales se ha ido construyendo sobre la marcha, a partir de los casos prácticos que el mismo Tribunal ha debido enfrentar. Justamente la reforma constitucional del año 2005, en lo relativo a esta atribución, tuvo por objeto consagrar en la Constitución algunos de los criterios que el Tribunal Constitucional ya había fijado en sus fallos. En consecuencia, abordaremos una materia variable que ha sufrido cambios substanciales en los últimos años

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis muestra un camino posible para la configuración del Poder Constituyente Originario en el contexto democrático del Chile actual. Para lo cual, se recurre a las Actas de las sesiones de La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, en donde quedaría plasmada la visión de constituir a la nueva institución del presidente de la República como el conductor de la vida nacional en diversos plano, uno de ellos, el plano social. Para lograr aquel objetivo, se establecería la ampliación de la potestad presidencial por intermedio del Reglamento Autónomo, el cual pasaría a comprender todas aquellas materias que no son propias del dominio legal. Es esa nueva configuración de la autoridad presidencial y la concepción doctrinaria del Poder Constituyente, lo que permitiría crear un nexo entre ambas figuras. Y donde las concepciones doctrinarias mismas del Poder Constituyente desde su vertiente democrática, permiten configurar una serie de criterios para un uso no arbitrario de una atribución que bien podría de desembocar en autoritarismos, como bien lo enseña nuestra historia nacional. Junto a aquel análisis doctrinario, se efectúa una serie de referencia a análisis político de la actual situación democrática que viviría el país, y un análisis de las reales posibilidades de materialización de la tesis aquí propuesta

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar la procedencia del recurso de protección como mecanismo de control de las potestades con elementos discrecionales de los órganos ambientales, en particular, en lo que se refiere a las potestades discrecionales técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental, a partir de lo resuelto por la Corte Suprema en los casos de Puerto y Central Castilla y Central Hidroeléctrica Aysén. Para ello, se analizan diversos aspectos del problema, partiendo de la procedencia del control judicial de las potestades discrecionales, en especial, las potestades con elementos discrecionales técnicos; posteriormente se analiza las potestades del Servicio de Evaluación Ambiental y la posibilidad de control de sus facultades, examinando los argumentos presentados en los casos de Central y Puerto Castilla e Hidroaysén; finalmente, se analizará las diferentes características del recurso de protección, cuando el derecho vulnerado es el medio ambiente libre de contaminación y si es una vía idónea para revisar el ejercicio de la potestad discrecional. El trabajo sostiene como conclusión que el recurso de protección es procedente para el control judicial de las potestades discrecionales, puesto que en esta acción se permite analizar los elementos entregados por las normas jurídicas. Sin embargo, en lo que se refiere a revisión de las potestades discrecionales técnicas, el recurso de protección no sería apropiado, puesto que el procedimiento no permite un análisis mayor de los elementos técnicos del SEA. / 24/04/2019

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