Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere un asesor / Analiza y determina si las normas especiales que regulan los procesos de amparo en materia concursal, contenidas en los artículos 133 y 134 de la Ley General del Sistema Concursal, son inconstitucionales. / Tesis

Con docto acierto decía García Rada (en una definición que no pierde actualidad), que si el individuo quebranta la ley penal, el Estado tiene la obligación de sancionarlo debidamente (constituyendo ello una relación Estado-persona), siendo que el medio legal para la aplicación de la ley penal, está contenido en el Derecho Procesal Penal, que tiene como finalidad establecer la existencia del delito y la persona de su autor como el agente que realmente cometió el delito (1984, p. 9). Pero la realidad actual demuestra una creciente sensación de impunidad que ha penetrado hondamente la conducta social, y la violencia en gran medida es fruto de la impunidad y a ella se aúna y contribuye la inexistencia de un sistema judicial razonable. La crisis del sistema procesal penal en nuestro país no es un fenómeno nuevo, ni puede atribuirse exclusivamente a la crisis o a la inadecuación de un sistema procesal como el mixto. Esta crisis es mucho más compleja y el mantenimiento de un proceso penal obsoleto sólo ha contribuido a agravarlo. Es esta la realidad actual, en la que se enfrenta un proceso de reforma procesal penal, apreciada por algunos y duramente criticada por otros. De esta manera, las disfunciones que presenta el sistema procesal penal peruano, ha obligado al legislador a optar por otros mecanismos más expeditivos y viables, para amenguar la imposibilidad material de que todas las causas criminales que ingresan al sistema procesal, penal puedan ser objeto de aceptables y garantistas procesos comunes lineales. Surge así, en el contexto de una pretendida reforma procesal penal integral, la legitimación de ciertos “mecanismos procesales simplificadores”, orientados a la búsqueda de soluciones anticipadas de naturaleza consensuada. Al efecto, manifiesta Brousset Salas, sea que se trate de institutos procesales insertables o insertados en el proceso común (como la confesión sincera o la conformidad introducida por la Ley 28122, bajo la denominada “conclusión anticipada del juzgamiento”), o de procesos especiales alternativos a este (como el proceso de terminación anticipada, el proceso inmediato o el proceso por colaboración eficaz), las fórmulas de simplificación procesal, concebidas modernamente, no son otra cosa que mecanismos basados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, que propenden a la eficacia y celeridad del procesamiento penal, dentro del marco de un debido proceso, que sin vulnerar los derechos procesales del imputado, se orienta a la búsqueda de una solución consensuada, donde las partes legitimadas (entiéndase el fiscal, el procesado y su abogado defensor) convengan dentro de ciertos límites, no solo la extensión de la pena a imponerse, sino eventualmente también, los términos fácticos y jurídico penales de la condena (2009, p. 82). Pero el problema radica en que si esta forma de justicia transaccional y expeditiva, podría estar debilitando la seguridad jurídica y la legalidad del proceso penal, al casi obligarse al imputado, sujeto a medida de detención o en su caso formalizado contra él la investigación preparatoria conforme a los artículos 468 y 336 del C.P.P., a aceptar no sólo su culpabilidad sino la pena y la reparación civil, so pretexto de una “benignidad” en la pena a aplicarse. Al efecto, se ocupa del estudio de los fundamentos, legitimación y problemas, que pueda presentar en su inserción al sistema procesal penal peruano la terminación anticipada. / Tesis

Indica que la biprotrusión dentoalveolar se caracteriza por la proinclinación de los dientes anteriores, la incompetencia labial y el perfil convexo del paciente. Es comúnmente observada en las poblaciones afroamericanas y asiáticas, aunque se puede ver en casi todos los grupos étnicos. Ya que la protrusión dental y labial en la mayoría de las culturas es de percepción negativa, muchos pacientes con esta afección buscan tratamiento ortodóncico u ortopédico para disminuir la misma. El tratamiento ortodóncico de este tipo de maloclusión, está directamente relacionado con la severidad del caso, existiendo diferentes modalidades de tratamiento tales como la ortodoncia, la cirugía o una combinación de ambas; siendo la corrección quirúrgica generalmente limitada a casos extremadamente severos y raros. Un diagnóstico adecuado nos llevará al tratamiento específico para el paciente pudiendo ser la distalización o la extracción de los 4 primeros premolares superiores e inferiores, seguida de la retracción del segmento anterior con el objetivo de disminuir la biprotrusión dentoalveolar y mejorar así la estética facial del paciente. / Tesis

Explica la importancia teórica y técnica de los principios, categorías e instituciones que forman parte de la doctrina de la tutela procesal diferenciada en el marco del estado constitucional y el rol del juez. Inicia analizando el rol del Juez en el Estado constitucional y conforme al principio constitucional de tutela judicial efectiva y el grado de conocimiento de la comunidad jurídica sobre el tema subexamen, la jurisprudencia nacional y los plenos casatorios referidos sobre aquél. Luego explica el fenómeno de flexibilización o resquebrajamiento excepcional de los principios procesales clásicos en la doctrina de la tutela procesal diferenciada. Finalmente estudia la doctrina de la tutela procesal diferenciada como expresión de la tutela judicial efectiva / Tesis