Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio denominado "Marco de relaciones entre la policía y el Ministerio Público durante la implementación de la Reforma Procesal" dará cuenta de los resultados de nuestra investigación sobre esta materia, incluyendo un análisis teórico, normativo y empírico del objeto de nuestro estudio. Para estos fines utilizamos un enfoque estructurado fundamentalmente desde la perspectiva empírica, que nos resulta la más adecuada, para lograr una aproximación al problema que nos ocupa, el cual no es otro que el funcionamiento práctico del subsistema formado por la policía y el Ministerio Público, en la implementación de la reforma procesal penal en las dos regiones pilotos.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El desarrollo de este trabajo ha permitido detenerse en una institución a la cual se recurre habitualmente en los Tribunales de Garantía – la praxis judicial - y que forma parte de un nuevo concepto que adoptó el legislador e incorporó a nuestro recién instalado modelo de enjuiciamiento criminal, con la finalidad de descomprimir el gran volumen de causas y particularmente de denuncias por diversos hechos constitutivos de delitos, que ha impedido históricamente llevar a efecto una justicia penal de manera exitosa. Por ende las salidas alternativas y particularmente los acuerdos reparatorios, constituye esencialmente un reconocimiento de esa realidad en concurrencia con la consagración legislativa de forma novedosa de resolución de conflictos judiciales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde sus inicios nuestro sistema procesal penal fue concebido de corte inquisitivo, caracterizado por la investigación secreta, juicios eternos, poca transparencia, delegación habitual por parte de los jueces de sus funciones en empleados de los tribunales, la obligación del juez de investigar todo hecho que revistiera caracteres de delito sin importar el monto ni los antecedentes que al respecto se manejaran, y con esto en muchos casos se ponía en movimiento todo el aparato judicial sin llegar a ningún resultado, ocasionando un gran costo en recursos humanos y económicos En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la noción de reparación. En palabras de Roxin es tratada como la “tercera vía”. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo desde los fines y funciones de la pena. Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito mas justa, humanitaria y eficiente, que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que por un método más pacífico, creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen

Tesis (magíster en derecho penal) / El objeto del presente estudio es efectuar un análisis de la figura que en la práctica judicial se denominada reformalización de la investigación que, en ausencia de reglamentación legal, merece ser considerada desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial para decidir categóricamente acerca de su procedencia en el sistema procesal penal y de los efectos que produce, principalmente, considerando el marco legal de actuación fiscal y los derechos del imputado. En la discusión del tema entran el juego varios asuntos: garantía del derecho de defensa del imputado, congruencia procesal, estructura orgánica del Código Procesal Penal, objeto de la reformalización, libertad y eficacia de la investigación por el Ministerio Público, entre otros. Lo que se busca es, junto con conocer el estado actual de la cuestión, aportar fundamentos para una mejor claridad y comprensión del tema

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El análisis sobre la Responsabilidad del Estado-Juez estará basado en el estudio de la normativa vigente, jurisprudencia y doctrina tanto nacional como internacional. Para ello dividiré la exposición en dos partes. La Primera Parte estará destinada a exponer la regulación existente durante la vigencia de la CPR de 1925 y CPR de 1980. El estudio del Derecho Comparado, la constitucionalización del Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos nos resulta de consideración obligatoria. Durante el siglo pasado comenzó a gestarse una nueva forma de concebir al ser humano y al Estado, por la cual éste último se encuentra al servicio del primero. Por estas razones, la Segunda Parte estará destinada a exponer el fundamento por el cual la postura amplia sobre responsabilidad estatal por actividad judicial tiene cabida en el ordenamiento jurídico nacional. Me refiero tanto a las normas constitucionales como a los Tratados Internacionales y a la interpretación que debe dárseles a la luz del Constitucionalismo Humanista. Abordaré, como visión general, los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad del Estado por la actividad judicial para clarificar un caso particular, excluido aparentemente de la actual normativa, por considerarlo de gran interés. Esto es, la infracción del derecho a un juicio dentro de un plazo razonable como título atributivo de dicha responsabilidad, cuestión que ya ha sido ampliamente debatida en Europa. Según pretendo dejar establecido en esta Memoria, es claro que el ordenamiento jurídico chileno contiene las bases por las cuales un ciudadano puede exigir del Estado el resarcimiento de los perjuicios que éste le ha causado con su actividad judicial cualquiera que sea el ámbito en que se desenvuelve. Más aún la jurisprudencia internacional ha sido reiterada y contundente en orden a proteger el derecho de los ciudadanos a ser juzgados dentro de un plazo razonable. En este sentido, revisaré pronunciamientos emitidos por la COIDH y su Comisión en aras de obtener el respeto de los instrumentos internacionales suscritos por los países americanos, a favor de sus propios habitantes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A grandes rasgos, es posible definir la prueba pericial como aquella opinión emitida por un “perito”, en un juicio, relativa a un hecho del proceso que requiere de conocimientos especiales para ser comprendido a cabalidad y que es relevante a la hora de decidir por el tribunal. Se trata de una herramienta que ha adquirido en las últimas décadas amplia aplicación en el proceso judicial, donde frecuentemente es concebida como indispensable para la acreditación de hechos y la consecuente toma de decisiones. Muchas veces, incluso, ese fenómeno ha acontecido en desmedro de la aplicación de medios de prueba concebidos como “más tradicionales”, como son la documental o la testimonial, las que parecen ser insuficientes para la satisfacción de los estándares de prueba predeterminados. En términos de Alan Gold, “el conocimiento y expertizaje han crecido exponencialmente en nuestras sociedades y el incremento del consumo de los tribunales de prueba pericial refleja esta realidad en nuestro mundo moderno”.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio. Desde ya debemos señalar que en el nuevo sistema, aparece más apropiado llamar a los informes periciales prueba pericial, pues los informes no son prueba por regla general, aunque dicha terminología la usa el código procesal penal, en nuestra opinión de manera inapropiada. Esta materia, ha tenido una creciente aplicación en Chile y, en la medida que los juicios se vuelven más complejos, este tipo de prueba aparece cada vez más relevante y su importancia no deja de ser menor, pues un perito en alguna materia de alta complejidad puede llegar hacer decisivo en la resolución jurisdiccional y, por tanto, ello demanda a los intervinientes una preparación mas acuciosa y a los tribunales un conocimiento acabado sobre la procedencia de las pericias y su valoración y, por otro lado, un uso excesivo de pericias genera costos del juicio a veces innecesarios y dilaciones del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El nuevo Código de Procedimiento Penal recoge la experiencia en el derecho comparado y la doctrina, entregándonos nuevas medidas cautelares como el arresto domiciliario, sujeción a la vigilancia de la autoridad, obligación de presentarse ante la autoridad o el juez, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas, prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia y, en su caso la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel; dichas medidas cautelares, son una arma para el juez quien sopesando las circunstancias de cada caso, tendrá una mayor amplitud de alternativas, abriéndose un abanico de posibilidades, que redundará en una mayor y mejor protección de los derechos de todos los agentes participantes en el juicio y por consiguiente el fin último, la mejor aplicación de justicia.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Público) / Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, de dar respuesta a las interrogantes esbozadas y confirmar las hipótesis de trabajo referidas, la presente investigación se realizó tomando como campo de estudio y muestra la totalidad de las causas ingresadas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la Región Metropolitana -que corresponden al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°- durante el quinquenio comprendido entre el 16 de junio del año 2005 -fecha de inicio de la reforma procesal penal en Santiago- al 16 de junio del año 2010, abarcando las jurisdicciones territoriales de los referidos juzgados, que corresponden a la competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (CAPEL STGO) y de San Miguel (CAPEL SM). Se utilizó para ello, como fuentes de información, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) junto con las Cuentas Anuales (CA) de los TOP indicados, recabando los datos en base a una plantilla tipo, previamente diseñada, en la cual se agruparon los datos a partir de indicadores de base o medición, reuniendo la información por tribunal y por año calendario, para finalmente, proceder a la realización de tablas de datos estadísticos y cuadros comparativos de todos aquellos tópicos reseñados precedentemente, mediante la utilización del programa computacional Excel. Finalmente, se recurrió a una investigación de carácter documental, con fin de comprobar la efectividad de dicha información y complementar ciertos vacíos en los datos entregados previamente por el soporte informático respectivo.