La acción popular ha sido el instrumento de control constitucional pionero en nuestro constitucionalismo y reviste singularidad en el derecho comparado, pues otros Estados han optado por confiar el control jurídico sobre los reglamentos al proceso contencioso administrativo o al proceso de inconstitucionalidad, sin desarrollar un proceso jurídico específico para reglamentos. Pese a las innovaciones incorporadas por el Código Procesal Constitucional su desarrollo y difusión aún no alcanzan el propósito deseado de controlar eficientemente las arbitrariedades reglamentarias.