El trabajo que se presenta constituye un análisis de los tipos delictivos relativos a las deslealtades profesionales de abogados y procuradores -artículos 465, 466 y 467 del Código Penal Español-. La Administración de Justicia ha sido objeto de importantes análisis doctrinales, sobre todo por el interés que suscita la protección de la Administración de Justicia como función estatal clave en un Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, la función de administrar justicia constituye una actividad compleja, en la que no sólo se encuentran implicados los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, sino que también resultan imprescindibles otros profesionales, como los abogados y procuradores, pese a no ejercer dicha función en términos estrictos.El punto de partida no podía ser otro que el bien jurídico genéricamente protegido en el Titulo donde se inscriben estos comportamientos. Al respecto, la tesis asume la interpretación de que aquí se protege la función jurisdiccional destinada a la búsqueda de la verdad y a la resolución de conflictos sociales. Estos conflictos se originan entre partes o entre el ciudadano y el Estado, y las partes para hacer valer sus pretensiones deben acudir a sujetos cualificados a fin de que las representen y defiendan, como el procurador y el abogado. En consecuencia, la intervención de estos profesionales incide en el correcto desarrollo de la actividad jurisdiccional.Ahora bien, en la actuación de estos profesionales confluyen varios intereses: por un lado, mantienen una relación de carácter privado con sus clientes y, por otro, son colaboradores de la Administración de Justicia, lo que configura su vertiente pública. Sin embargo, ambas vertientes, pública y privada, se concentran en el proceso en el que intervienen estos profesionales. De este modo, las conductas desleales de abogado y procurador suponen un atentado al derecho a un proceso con todas las garantías, esto es, al derecho a un proceso debido, en concreto, se atentará al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa garantizados por el art. 24 de la Constitución Española. / The essay presented is an analysis of the criminal types related to lawyers and solicitors' professional disloyalties -articles 465,466 and 467 of the Spanish Penal Code. The Law Administration has been under important doctrinal analysis, mainly due to the interest caused by the protection of the Law Administration as key state function in a Social and Democratic State of Law. However, the task to administrate law becomes a complex activity in which are implied, not only Judges and Magistrates in the Judicial Power, but in which other professionals, such as lawyers and solicitors, are required as well, even if they don't play that role in strict terms.The starting point couldn't be any but the juridical good generally protected in the Title where such behaviours are listed. Regarding this point, the thesis asumes the interpretation based on the local protection of the district function devoted to the search of the truth and the solving of social conflicts. These conflicts are originated between sides or between the citizen and the State, and in order to make their pretensions prevail, the sides must address to qualified subjects, such as the solicitor and the attorney, so that they represent and defend them. Consequently, the intervention of such professionals falls upon the correct development of the district activity.Furthermore, many interests are gathered in these professionals' acting: on one hand, they keep a relationship of private nature with their clients and, on the other hand, they cooperate with the Law Administration, which builds up their public side. However, both public and private sides are concentrated on the process in which these professionals take part. In this way, the lawyer and the solicitor's disloyal behaviours become an offence to the right to a fully guaranteed process, that is to say, the right to a proper process, specifically the right to the effective judicial guardianship and the right to defense guaranteed by the 24th article in the Spanish Constitution will be outraged.

Se realiza una visión doctrinal y jurisprudencial de los actos de comunicación y de las actuaciones judiciales en algunos procesos especiales (desahucio, monitorio, ejecución...), con visión también práctica y crítica de la regulación existente y sus modificaciones, con una apuesta decidida por las comunicaciones telemáticas, como camino de futuro.

En el presente informe se expondrán los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de otorgamiento de escritura pública interpuesta el demandante, señor Julio Oshiro Oshiro, así como también el detalle de los actos procesales correspondientes a la vía procedimental del proceso sumarísimo en el cual se encuentra inmerso, se desarrollarán también las decisiones tomadas por los jueces de primera, segunda instancia y en el recursos de casación. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de doctrina, jurisprudencia y plenos casatorios avocada a compraventa de bien ajeno, control de eficacia en los negocios jurídicos y la invalidez e ineficacia en los contratos de compra venta de bien inmueble. / Trabajo de suficiencia profesional