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El trabajo que se presenta constituye un análisis de los tipos delictivos relativos a las deslealtades profesionales de abogados y procuradores -artículos 465, 466 y 467 del Código Penal Español-. La Administración de Justicia ha sido objeto de importantes análisis doctrinales, sobre todo por el interés que suscita la protección de la Administración de Justicia como función estatal clave en un Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, la función de administrar justicia constituye una actividad compleja, en la que no sólo se encuentran implicados los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, sino que también resultan imprescindibles otros profesionales, como los abogados y procuradores, pese a no ejercer dicha función en términos estrictos.El punto de partida no podía ser otro que el bien jurídico genéricamente protegido en el Titulo donde se inscriben estos comportamientos. Al respecto, la tesis asume la interpretación de que aquí se protege la función jurisdiccional destinada a la búsqueda de la verdad y a la resolución de conflictos sociales. Estos conflictos se originan entre partes o entre el ciudadano y el Estado, y las partes para hacer valer sus pretensiones deben acudir a sujetos cualificados a fin de que las representen y defiendan, como el procurador y el abogado. En consecuencia, la intervención de estos profesionales incide en el correcto desarrollo de la actividad jurisdiccional.Ahora bien, en la actuación de estos profesionales confluyen varios intereses: por un lado, mantienen una relación de carácter privado con sus clientes y, por otro, son colaboradores de la Administración de Justicia, lo que configura su vertiente pública. Sin embargo, ambas vertientes, pública y privada, se concentran en el proceso en el que intervienen estos profesionales. De este modo, las conductas desleales de abogado y procurador suponen un atentado al derecho a un proceso con todas las garantías, esto es, al derecho a un proceso debido, en concreto, se atentará al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa garantizados por el art. 24 de la Constitución Española. / The essay presented is an analysis of the criminal types related to lawyers and solicitors' professional disloyalties -articles 465,466 and 467 of the Spanish Penal Code. The Law Administration has been under important doctrinal analysis, mainly due to the interest caused by the protection of the Law Administration as key state function in a Social and Democratic State of Law. However, the task to administrate law becomes a complex activity in which are implied, not only Judges and Magistrates in the Judicial Power, but in which other professionals, such as lawyers and solicitors, are required as well, even if they don't play that role in strict terms.The starting point couldn't be any but the juridical good generally protected in the Title where such behaviours are listed. Regarding this point, the thesis asumes the interpretation based on the local protection of the district function devoted to the search of the truth and the solving of social conflicts. These conflicts are originated between sides or between the citizen and the State, and in order to make their pretensions prevail, the sides must address to qualified subjects, such as the solicitor and the attorney, so that they represent and defend them. Consequently, the intervention of such professionals falls upon the correct development of the district activity.Furthermore, many interests are gathered in these professionals' acting: on one hand, they keep a relationship of private nature with their clients and, on the other hand, they cooperate with the Law Administration, which builds up their public side. However, both public and private sides are concentrated on the process in which these professionals take part. In this way, the lawyer and the solicitor's disloyal behaviours become an offence to the right to a fully guaranteed process, that is to say, the right to a proper process, specifically the right to the effective judicial guardianship and the right to defense guaranteed by the 24th article in the Spanish Constitution will be outraged.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El secreto profesional del abogado se vincula con los derechos fundamentales de defensa e intimidad. Desde esta perspectiva el secreto profesional del abogado, no sólo constituye un deber a que queda sujeto este último. Particularmente, tratándose del abogado que ejerce labores de defensa penal el secreto constituye una garantía del cliente imputado que permite hacer efectiva el derecho a defensa. Nuestro derecho no cuenta con una regulación legal que delimite los contornos o el alcance del secreto profesional, especialmente en lo dice relación con el tipo de información que queda protegida. Frente a esta carencia en la regulación legal, tradicionalmente se ha tendido a interpretar en términos bastante amplios el alcance de la obligación. Este trabajo pretende destacar la importancia del secreto profesional del abogado en razón de su vinculación con los derechos fundamentales de intimidad y defensa, como asimismo, la importancia de contar una regulación legal que en último término permita hacer efectiva la protección que brinda el secreto profesional. Resulta también necesaria una regulación en la materia que confiera mayor certeza, puesto que, pese al interés público en su protección, el secreto no puede ni debe ser concebido en términos absolutos.

El presente trabajo de investigación partió de la premisa: ¿Existe relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo?, lo que ha establecido como objetivo general el “Determinar la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo”, derivando así la hipótesis general consistente en que “Sí existe una relación significativa entre la tutela jurisdiccional efectiva en su componente eficacia y el patrocinio defectuoso del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo de Juzgado Paz Letrado de El Tambo”. / Tesis

Tesis para optar al grado de magíster en derecho de familia(s) y derecho de la infancia y de la adolescencia. / La presente obra tiene por objeto demostrar la necesidad de incorporar la figura del abogado del niño en el ordenamiento jurídico chileno, para garantizar a los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) el derecho a la defensa técnica y permitirles una participación efectiva y eficaz en los procedimientos judiciales de familia que los afectan. Para lograr el objetivo propuesto, se analiza la situación actual en materia de representación de NNA en los procedimientos judiciales de familia en Chile a la luz de la normativa internacional en materia de derechos humanos, en particular de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN). También se tendrá en consideración la experiencia comparada de Argentina y Estados Unidos en lo relativo a sus modelos de representación judicial para NNA en los procedimientos de familia. El estudio concluye que la regulación actual en materia de representación judicial de NNA en los procedimientos de familia en Chile no se ajusta a los principios que inspiran la CDN y no garantiza el derecho a la defensa técnica de NNA. En consecuencia, se considera necesario construir un sistema de representación judicial que, inspirado en el modelo de la protección integral de los derechos, incluya la figura del abogado del niño, permitiendo la participación real y efectiva de NNA en los procedimientos de familia que los afectan.

Tomando como base obras literarias de reconocido prestigio, así como la formación académica y vivencias personales de sus autores, es posible establecer una relación real y plenamente útil entre Derecho y Literatura, de manera que se constate que el primero es capaz de influenciar una obra literaria más allá de la mera ficción. Estas obras, a las que llamaríamos defensas literarias serían capaces de alcanzar plenos efectos en el mundo real, afectando directamente a la vida de sus creadores, cumpliendo de ese modo la intención con la que fueron escritas. Se trataría de una vertiente más del conocido movimiento Derecho y Literatura, ya que se produce una doble interacción entre ambas disciplinas. Por un lado, el Derecho, a través de la presencia de elementos y estructuras jurídicas, es capaz de condicionar el sentido de una obra literaria mientras se beneficia de una serie de instrumentos que le permiten alejarse de la rigidez del lenguaje jurídico; a su vez, al tratarse de obras de naturaleza literaria, puede extender la Literatura su ámbito de actuación a otras esferas distintas de la ficción, tradicionalmente influenciadas por otras disciplinas. Se trataría pues, de un subgénero en el que la inserción total del Derecho en la Literatura origina una obra literaria en fondo y forma, que a su vez es capaz de desplegar efectos asimilables a los de un documento de naturaleza jurídica y procesal como es el escrito de defensa.

El expediente en cuestión, materia del presente informe jurídico, trata sobre un procedimiento que infringe las normas de protección al consumidor a raíz de una denuncia formulada por la consumidora contra un abogado quien la patrocinó en un proceso judicial de demanda de divorcio que, contra ella (la consumidora), formuló su esposo. Por versión de la denunciante, el abogado denunciado (supuesto proveedor) no brindó un servicio idóneo. Una vez admitida la denuncia e imputados los cargos contra el abogado, este formuló sus descargos aseverando fundamentalmente que no existía una relación de consumo con la denunciante ya que se trataba de un servicio adicional en forma de apoyo. Durante el trámite del procedimiento administrativo, se incorporó de oficio al estudio de abogado donde laboraba el denunciado, al advertirse que durante la prestación del servicio este último utilizó algunos recursos del estudio los cuales pudieron haber generado en la consumidora denunciante, la expectativa de haber sido patrocinada por el denunciado como abogado de dicho estudio. Independientemente del análisis de idoneidad sobre el servicio brindado por el abogado denunciado, en el presente informe, se analiza la principal controversia, la cual radica en determinar si existió una relación de consumo, considerando que, en todo momento, el abogado denunciado y el estudio afirmaron que se trataba de un servicio de favor; además de que la denunciante no presentó medio probatorio que acreditase el pago realizado al denunciado por sus servicios de patrocinio en el proceso judicial de divorcio.