El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Demuestra la importancia que tiene el aplicar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de admitir una medida cautelar fuera del proceso. Asimismo los magistrados deben ser responsables y actuar con cautela al calificar y admitir una medida cautelar, porque una calificación insuficiente podría causar daños a las partes y se vulneraria el debido proceso. Para su realización se ha llevado a cabo un estudio en los procesos comerciales por el periodo 2011 y 2012, se ha tenido que revisar diversas resoluciones cautelares, las cuales admiten a trámite medidas cautelares fuera del proceso. También se ha examinado sentencias del Tribunal Constitucional en la cual se aplican los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la importancia que tienen aquellos principios en la labor jurisdiccional del día a día, el aplicarlos y utilizarlos al momento de admitir una medida cautelar por parte de los magistrados al administrar justicia. / Tesis

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente los peligros de la aplicación del principio de proporcionalidad que existen actualmente, los cuales – al parecer – no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional peruano al momento de utilizarlo en los diferentes casos que llegan a dicha institución. La primera parte aborda la teoría, la estructura y los subprincipios que integran al principio de proporcionalidad. En la parte final, se desarrollan los peligros y/o críticas existentes en contra de la aplicación de dicho principio; y, asimismo, un caso específico que llegó al Tribunal Constitucional peruano, que quizás no fue resuelto de la manera más racional y objetiva posible, que desde su publicación hasta el día de hoy genera comentarios negativos. Se concluye que si bien el principio de proporcionalidad es – hoy en día - el principal instrumento con el que cuenta el operador jurídico para determinar si la actuación no es arbitraria o irracional, se advierte que los jueces constitucionales no se encuentran en la capacidad para aplicar de manera eficiente el principio de proporcionalidad, pues ajustan los criterios exigidos por éste principio a la subjetividad de cada uno, con lo cual, podemos decir, que no se basan en argumentos jurídicos ni objetivo o racionales, sino en lo que ellos consideran como aceptable. / Trabajo académico

En el presente trabajo se propone realizar el estudio y análisis de algunas normas o políticas de la regulación de la actividad de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en el Perú, a través del Test de la proporcionalidad (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), lo cual conlleva la revisión de los fines que se pretenden alcanzar con las mismas. El estudio abarca distintos tópicos tales como la libertad de empresa, el análisis o ponderación de las políticas regulatorias, constitución económica, y recoge las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en dicha materia. Cabe indicar que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se desarrolla en nuestro país bajo algunos costos, y al ser una actividad que el Estado permite de manera excepcional, incluso desincentiva, dichos costos suelen ser muy altos, siendo asumidos no sólo por los empresarios que deseen ingresar en dicho negocio (libre iniciativa privada), sino también por la sociedad y sus usuarios de dichos establecimientos. Dichos costos se sustentan o deberían sustentarse en los fines y objetivos de la regulación. En este sentido, a través del Test de la proporcionalidad se pretende analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son idóneos para alcanzar los fines y objetivos que se han propuesto. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aporta algunas ideas importantes sobre el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional (TC) en los últimos años, respecto del uso de aquel instrumento argumentativo que se denomina ponderación. En primer lugar, se demuestra que la utilización práctica de la ponderación que realiza el TC para determinados casos polémicos muestra tensiones respecto de la reflexión teórica acerca de dicho instrumento. Para esto, se señalan tres fallos en los que el Tribunal Constitucional, dos de ellos resuelve controversias sobre conflictos de derechos fundamentales observándose dicha tensión. En la tercera, por el contrario, se identifica una mayor correspondencia teórico-práctica. Luego, se analiza comparativamente cómo se evidencia la tensión señalada haciendo una revisión rápida de cómo ha concebido el TC peruano al principio de proporcionalidad y a la ponderación. Con esto, se obtiene algunas ideas importantes acerca del modelo de ponderación que asume el TC. / Tesis

La presente tesis tiene como propósito fundamentar la aplicación del principio de proporcionalidad en el proceso de determinación judicial de la pena del extraneus, específicamente en los delitos de infracción del deber, esto debido a la modificación del artículo 25 del Código Penal, estableciendo que la sanción a imponer al autor también le será aplicada al partícipe que intervino en el delito cualificado, aun cuando en él no concurran los elementos que fundamentan la punibilidad del autor. Esto refleja la inexistencia de una adecuada interpretación y aplicación de la norma, conllevando a la transgresión de principios generales del ordenamiento jurídico que constituyen garantías constitucionales dentro de un Estado de Derecho como el somos. Por tanto, ante la relevancia penal de esta situación, resulta imprescindible fundamentar la trascendencia jurídica de la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo un principio constitucional, nacido en virtud del Estado Social, Democrático y de Derecho, el cual deberá ser empleado de manera inexorable en el proceso judicial al momento de determinar el quantum de la pena que le corresponde al extraneus que participó en un delito de infraccion del deber, puesto que éste no reúne las condiciones especiales que posee el intraneus, y, si bien es cierto, ambos sujetos se encuentran ligados bajo la unidad delictual del hecho, cada uno deberá responder por su propio injusto cometido, implicando que a cada uno le corresponda un marco punitivo proporcional a su injusto cometido

Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento. / Currently, it is being observed that, in the field of criminal law, the procedural institution of preventive detention, it is being used and used irrationally, illustrating that they were glaring at the hearings, requesting preventive detention, a scenario of political reproach, inciting different social groups, in order to generate pressure on judicial decisions, damaging the presumption of innocence of the accused, to such a degree that these social and media repercussions end up influencing the decisions of those in charge of administering justice, concretized in the granting of prisons preventive, often separated from motivation. The present article is approached starting from the interference in the personal freedom of an individual that is supposed to maintain the quality of innocent, while his criminal responsibility has not been declared; Its study and analysis is within the scope of the criminal sciences and criminal procedure and Constitutional law, which constitute the raison d'être of its approach. The requirement of preventive detention, through the rogatory principle, that the Public Ministry makes to the Judge of guarantees, all of them mostly have irrational nuances, and the granting of preventive detention with apparent motivations, leads to the violation of the presumption of innocence, which is corroborated with the ruling of the Constitutional Court in Exp. No. 02534-2019-HC / TC, and the ruling of the First Permanent National Criminal Court of Appeals Specialized in Crimes of Corruption of Officials, in Exp. 00029- 2017-33-5005-JR-PE-03. The grants of preventive detention by the administrators of justice, show features of irrationality without due motivation, and the proportionality that justifies its granting.

El 23 de julio del 2020, se emitió la sentencia 468/2020 por el Tribunal Constitucional del Perú, la cual desconoció las competencias de las Rondas Campesinas Autónomas toda vez que se consideró que la Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas no tenía competencia para sancionar a uno de sus miembros de su Comunidad. Posterior a esta sentencia, se emitió la sentencia 154/2021 por el Tribunal Constitucional del Perú, mediante la cual se reconoció competencias de las Rondas Campesinas Autónomas a raíz del Acuerdo Plenario 1-2009/CJ116, de fecha 13 de noviembre de 2009; sin embargo, todavía no queda precisa la forma de determinar las competencias de las Rondas Campesinas. Al respecto, el objetivo general del presente trabajo académico es determinar las competencias de las Rondas Campesinas en aplicación del Test de proporcionalidad conforme el Acuerdo Plenario, para lo cual es importante el análisis de la normativa internacional y nacional. Asimismo, los principales instrumentos empleados son las sentencias del Tribunal Constitucional en atención a los conflictos en las Rondas Campesinas en el año 2020 y 2021, como el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema. Por lo tanto, se concluye que, para la determinación de las competencias de las Rondas Campesinas Autónomas, es importante la aplicación del Test de proporcionalidad para evitar la criminalización de las Rondas Campesinas en relación a las competencias que tienen dentro de su ámbito social. / On July 23, 2020, the Peruvian Constitutional Court issued ruling 468/2020, which disregarded the competencies of the Rondas Campesinas Autónomas since it considered that the Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas did not have the competence to sanction one of its community members. Subsequent to this judgment, the Constitutional Tribunal of Peru issued ruling 154/2021, which recognized the competencies of the Rondas Campesinas Autónomas as a result of Acuerdo Plenario 1-2009/CJ116, dated November 13, 2009; however, it is still not clear how to determine the competencies of the Rondas Campesinas. In this respect, the general objective of this academic work is to determine the competencies of the Rondas Campesinas in application of the Proportionality Test in accordance with the Acuerdo Plenario, for which the analysis of international and national regulations is important. Likewise, the main instruments used are the rulings of the Constitutional Court regarding the conflicts in the Rondas Campesinas in 2020 and 2021, as well as the Plenary Agreement of the Supreme Court. Therefore, it is concluded that, for the determination of the competences of the Rondas Campesinas Autónomas, it is important to apply the proportionality test to avoid the criminalization of the Rondas Campesinas in relation to the competences they have within their social sphere.

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente los peligros de la aplicación del principio de proporcionalidad que existen actualmente, los cuales – al parecer – no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional peruano al momento de utilizarlo en los diferentes casos que llegan a dicha institución. La primera parte aborda la teoría, la estructura y los subprincipios que integran al principio de proporcionalidad. En la parte final, se desarrollan los peligros y/o críticas existentes en contra de la aplicación de dicho principio; y, asimismo, un caso específico que llegó al Tribunal Constitucional peruano, que quizás no fue resuelto de la manera más racional y objetiva posible, que desde su publicación hasta el día de hoy genera comentarios negativos. Se concluye que si bien el principio de proporcionalidad es – hoy en día - el principal instrumento con el que cuenta el operador jurídico para determinar si la actuación no es arbitraria o irracional, se advierte que los jueces constitucionales no se encuentran en la capacidad para aplicar de manera eficiente el principio de proporcionalidad, pues ajustan los criterios exigidos por éste principio a la subjetividad de cada uno, con lo cual, podemos decir, que no se basan en argumentos jurídicos ni objetivo o racionales, sino en lo que ellos consideran como aceptable.

En el presente trabajo se propone realizar el estudio y análisis de algunas normas o políticas de la regulación de la actividad de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en el Perú, a través del Test de la proporcionalidad (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), lo cual conlleva la revisión de los fines que se pretenden alcanzar con las mismas. El estudio abarca distintos tópicos tales como la libertad de empresa, el análisis o ponderación de las políticas regulatorias, constitución económica, y recoge las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en dicha materia. Cabe indicar que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se desarrolla en nuestro país bajo algunos costos, y al ser una actividad que el Estado permite de manera excepcional, incluso desincentiva, dichos costos suelen ser muy altos, siendo asumidos no sólo por los empresarios que deseen ingresar en dicho negocio (libre iniciativa privada), sino también por la sociedad y sus usuarios de dichos establecimientos. Dichos costos se sustentan o deberían sustentarse en los fines y objetivos de la regulación. En este sentido, a través del Test de la proporcionalidad se pretende analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son idóneos para alcanzar los fines y objetivos que se han propuesto.

Este artículo tiene como objetivo analizar los límites del control judicial sobre los acuerdos arribados por las partes dentro de la conclusión anticipada, específicamente, en el supuesto en que el juez rechaza la pena consensuada para establecer una superior, para ello, en base a una metodología dogmática, se ha hecho una revisión de la doctrina, legislación y jurisprudencia vinculada con dicha institución procesal. En esa línea, este trabajo académico se divide en tres partes. En primer lugar, se analizará la figura de la conclusión anticipada para entender sus principales características dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que ahondaremos en su naturaleza jurídica, tipología, regulación y diferencias y similitudes que tengan con otras figuras procesales. En segundo lugar, se hace una revisión del control judicial que se ejercer sobre los acuerdos generados en este contexto, centrándonos en el control del quatum de la pena consensuada. Finalmente, a partir de la facultad que tiene el juez de imponer una pena superior a la acordada por las partes, se analiza los límites de dicha potestad que se vinculan con los principios de legalidad, de proporcionalidad, acusatorio y de congruencia. Esto con el fin de que el juez no emplea dicha facultad de forma arbitraria. / The purpose of this article is to analyze the limits of judicial control over the agreements reached by the parties within the plea barganing, specifically, in the case in which the judge rejects the agreed penalty in order to establish a higher one. To this end, based on a dogmatic method law, a review of the doctrine, legislation and jurisprudence related to this procedural institution. In this line, this academic work is divided into three parts. First, the figure of the plea barganing will be analyzed in order to understand its main characteristics within our legal system, so we will delve into its legal nature, typology, regulation and differences and similarities with other procedural figures. Secondly, we analyze the judicial control that is exercised over the agreements generated in this context, focusing on the control of the quatum of the consensual sentence. Finally, based on the power of the judge to impose a sentence higher than that agreed by the parties, the limits of this power are analyzed, which are linked to the principles of legality, proportionality, accusatory and congruence. The object is to ensure that the judge does not use this power in an arbitrary manner.