En este trabajo se evaluaran las relaciones entre el consumo de tabaco y otros factores socioculturales presentes en jóvenes internados en centros de diagnóstico y rehabilitación. Los datos cualitativos recolectados en el censo del año 2016, a través de series de preguntas relacionadas al consumo y estilo de vida, serán cuantificados comparados a través de diferentes metodologías. Factores como: sexo, edad, abuso físico en la niñez, episodios de ansiedad, consumo de otras drogas, historia familiar de consumo de tabaco, etc. serán analizados. Como se describirá próximamente, según la OMS, el consumo de Tabaco es considerado como una enfermedad crónica, y se asocia a múltiples problemas de salud no solo en el consumidor, sino también en los fumadores pasivos. El componente mas importante es la nicotina, ya que es la que genera adicción y por lo tanto dependencia de los cigarrillos. La nicotina es un alcaloide encontrado en la planta del tabaco. Es difícil encontrar algún país en el cual disminuir el consumo no sea una prioridad, por lo que sorprende seguir viendo cifras tan altas de consumo a pesar de la gran cantidad de leyes, impuestos y propaganda que pretenden luchar en contra de este habito nocivo. En este estudio transversal, se evalúa como el ambiente sociocultural afecta los valores de consumo en estos jóvenes. Para el propósito de este ensayo, el ambiente sociocultural considera factores como: la familia, el nivel de educación, ambiente físico, cultura y las instituciones con las cuales el individuo interactúa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis trata sobre el concepto de desaparición forzada de personas, su ocurrencia como fenómeno político, su tratamiento en el derecho supranacional, nacional y comparado. Asimismo, se analiza su compatibilidad con los fundamentos del Derecho penal, en particular, con el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra si mismo.

El presente trabajo tiene como tema principal investigar la implementación de los procedimientos policiales por parte de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (DIVREQ PNP) para prevenir las detenciones arbitrarias por mandato de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, durante el periodo 2010 al 2014, en defensa de los derechos de la libertad personal y la identidad de todo los ciudadanos peruanos y extranjeros. / Tesis

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El presente trabajo de investigación es elaborado por un interés especial por descubrir las causas de la afectación del derecho constitucional a la libertad y seguridad personal, por exceso de “poder policial”, especialmente en la modalidad de la detención arbitraria. Esa inclinación selectiva por descubrir la realidad ha motivado al autor intensa y preferentemente por haber prestado servicios en diferentes unidades operativas como oficial superior en la Policía de Investigaciones del Perú. El presente trabajo materia de investigación aborda un tema de mucho interés correspondiente al derecho penal y procesal penal; se trata de una investigación seria, exhaustiva e inédita que se relaciona con un enfoque doctrinario, jurisprudencial y crítico de nuestro sistema Procesal Penal. Tiene como marco de iniciación el estudio metodológico del diseño, el problema de investigación, los objetivos generales y específicos; la formulación de las hipótesis y las variables de naturaleza funcional; se han señalado los métodos y las técnicas de investigación, así como también se formula el marco teórico y doctrinario de la detención como limitación de la libertad personal, derecho reconocido constitucionalmente; comprende también el desarrollo del marco teórico y su evolución histórica, el reconocimiento de la libertad personal como un derecho fundamental, la prohibición de la detención arbitraria, tanto en el ámbito internacional como nacional. Asimismo se ocupa de la Policía Nacional y su función, prevista en la Constitución, su Ley Orgánica y Código Procesal Penal. Desarrolla el concepto de “poder de policía” en la legislación comparada y el concepto de detención regulado por la Constitución Política del Estado, en el Art. 2°, inciso 24, literal “f”, y sub siguientes. Con claridad se determina, que las detenciones arbitrarias, como manifestación del exceso de poder policial, afectan el derecho constitucional a la libertad personal; es así, de conformidad con los datos teóricos obtenidos y apreciados de las entrevistas, se encuentra que están relacionadas a: la falta de preparación normativa, prepotencia, venganza, favoritismo y corrupción, y otras variables como: incompetencia, disposición jerárquica, desviación de poder, detención sin mandato, detención sin flagrancia, que se excede la autoridad en la función que la constitución y las leyes le atribuyen. Los funcionarios judiciales y la fuerza pública en ejercicio de su función, deben garantizar y proteger los derechos fundamentales, lo cual es un mandato internacional e interno; sin embargo son ellos quienes en muchas oportunidades violan el derecho fundamental de la libertad, ante la impotencia de la sociedad que no posee las herramientas jurídicas y económicas para defender su derecho o prevenir su vulneración. Conforme los datos teóricos aportados en las entrevistas, se establece, que las detenciones irregulares como manifestación del exceso del poder policial, están afectando el fundamento constitucional de la prohibición de las detenciones arbitrarias y las expectativas sociales de protección y seguridad jurídica. Es necesario que a nivel de la institución policial, la implementación de cursos y talleres, que desarrolle de manera técnica los presupuestos para legitimar una detención, porque existe un factor originador de este problema que es: la falta de preparación normativa. Asimismo debería procederse a la tipificación de un delito específico de la “detenciones arbitrarias” a fin de promover una adecuada política criminal, protectora y prevencionista. El trabajo se fundamenta principalmente en la necesidad de orientar el conocimiento doctrinario del problema de afectación de la libertad personal como consecuencia del abuso denominado “poder de policía” en el ámbito de las detenciones ilegales, para reconducir la labor docente, legislativa y la interpretación judicial y doctrinaria, propiciando un mejor conocimiento de los alumnos, profesores y operadores de justicia. / Tesis

Para este estudio se planteó como objetivo general: determinar cuáles son los mecanismos de coordinación entre los Comisarios y el Serenazgo del Distrito de Santiago de Surco para la implementación del arresto ciudadano establecido en el nuevo Código Procesal Penal en el periodo 2014. Para los cual es necesario identificar los procedimientos que desarrollan las Comisarias de Santiago de Surco en los casos de arresto ciudadano por delitos contra el patrimonio. Asimismo, establecer la forma en la que el personal de Senerazgo de Surco cumple los procedimientos en los casos de arrestos ciudadanos por delitos flagrantes y por último establecer las coordinaciones que realiza la policía y el Serenazgo en la incidencia de casos de arresto ciudadano por delitos flagrantes producidos durante el año 2014. / Tesis

El presente trabajo tiene como tema principal investigar la implementación de los procedimientos policiales por parte de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (DIVREQ PNP) para prevenir las detenciones arbitrarias por mandato de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, durante el periodo 2010 al 2014, en defensa de los derechos de la libertad personal y la identidad de todo los ciudadanos peruanos y extranjeros.

Para este estudio se planteó como objetivo general: determinar cuáles son los mecanismos de coordinación entre los Comisarios y el Serenazgo del Distrito de Santiago de Surco para la implementación del arresto ciudadano establecido en el nuevo Código Procesal Penal en el periodo 2014. Para los cual es necesario identificar los procedimientos que desarrollan las Comisarias de Santiago de Surco en los casos de arresto ciudadano por delitos contra el patrimonio. Asimismo, establecer la forma en la que el personal de Senerazgo de Surco cumple los procedimientos en los casos de arrestos ciudadanos por delitos flagrantes y por último establecer las coordinaciones que realiza la policía y el Serenazgo en la incidencia de casos de arresto ciudadano por delitos flagrantes producidos durante el año 2014.

Esta investigación cuestiona el proceso inmediato en caso de flagrancia, situándose en el marco del derecho a la defensa que tiene el procesado, siendo uno de los principales problemas el derecho al plazo razonable del procesado para el ejercicio de la defensa –material y técnica. Asimismo se analizan los alcances de la justificación del proceso inmediato en caso de flagrancia, vista desde la ratio legis y su aceptabilidad jurídica de dicha institución, en un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se analiza el proceso inmediato en caso de flagrancia y se busca determinar si se observa el debido cumplimiento del principio acusatorio con el objeto de garantizar el derecho a la defensa del procesado. También, se analiza si se cumple con la observancia del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado, en tal sentido, en el desarrollo de la investigación se ha aplicado las diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, con la finalidad de contrastar y analizar la información, en aplicación de un conglomerado de métodos. De lo cual se ha concluido que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto y no es razonable el plazo en la que se le sentencia, lo cual limita que el procesado prepare y ejerza una defensa adecuada. Asimismo se ha determinado que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene su justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, pero éste no justifica la vulneración de los derechos del procesado. Finalmente, se ha determinado que en este proceso no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal no cumple con todos los caracteres de una acusación, y no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa, con lo cual se afecta el ejercicio del derecho a la defensa del procesado. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado

En nuestro país, considerando la falta de objetividad y las dificultades existentes en la actualidad en torno a la evaluación del grado de peligrosidad y la presencia de rasgos psicopáticos en los reclusos, se consideró necesaria la adaptación de un instrumento que posibilitara unificar criterios para el diagnóstico de este tipo de personalidades. Frente a dicha problemática, el presente estudio estuvo orientado a adaptar la Escala de Calificación de la Psicopatía Revisada (PCL-R) creada por Robert D. Hare, la cual permite evaluar con alta confiabilidad diagnóstica y pronóstica la psicopatía. Para este propósito, se sometió la versión española del cuestionario del PCL-R al criterio de jueces expertos, de modo de obtener una versión chilena. Esta fue administrada, primero, en una Aplicación Piloto, para verificar que las modificaciones propuestas por los jueces fueran comprensibles para los sujetos en estudio, que previamente se habían separado en dos grupos –los que presentaban rasgos psicopáticos y los que no– en función de evaluaciones realizadas por los profesionales del Área Técnica del C.D.P. San Miguel. Posteriormente, se realizó la Aplicación Experimental, a partir de la cual se llevó a cabo un análisis estadístico de los hallazgos, que permitió obtener evidencias de validez y confiabilidad del instrumento. También, en la muestra estudiada fue posible establecer relaciones entre la psicopatía y la Reincidencia Legal, por un lado, y los Tipos de Delito, por el otro.