Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento / El presente trabajo tiene por objetivo hacer un análisis comparativo acerca de los centros de detención para adolescentes, entre los países de Chile, Argentina y Paraguay y si éstos cumplen con garantizar los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (en adelante Convención o CIDN), mientras los jóvenes se encuentran privados de libertad. En el primer capítulo, analizamos el contexto histórico en que se encuentran las legislaciones chilena, argentina y paraguaya, previo a la suscripción de la Convención, lo que ésta consagra en cuanto a derechos y deberes para los adolescentes y los factores que influyeron para que los Estados se hayan suscrito a ella. En un segundo capítulo, indagamos respecto a los programas existentes en Chile, Argentina y Paraguay respecto al cumplimiento de las distintas penas, en especial la de privación de libertad, y a los objetivos que se toman en cuenta para ello. Finalmente, en el tercer capítulo, evaluamos la forma en que se garantizan los derechos y deberes dentro de los programas y en los métodos de resguardo que utiliza cada país, estudiando sus fortalezas y debilidades

El presente trabajo de investigación se enfoca en explicar porque deberá normarse la prórroga de prisión preventiva aplicada en la práctica por los operadores del derecho resultando más favorable al preso preventivo. Por lo que en el primer capítulo abordaremos la prisión preventiva como medida de coerción personal, así como los presupuestos y principios en la doctrina y nuestra legislación. En el segundo capítulo, analizaremos la prolongación de la prisión preventiva y sus diversas modificatorias, el cual permite dejar en conocimiento que dicha figura es autónoma y pues ser requerida únicamente en atención a sus presupuestos establecidos cuando concurra especial dificultad. Por ultimo en el tercer capítulo afianzaremos todo lo desarrollado en la investigación bajo una nueva figura - prórroga, la cual se propone adoptar una posición en la doctrina nacional, teniendo en cuenta lo más favorable para el imputado y para el proceso.

El internamiento preventivo es una medida coercitiva de ultima ratio, que busca prevenir que el menor eluda la justicia u obstaculice la misma, sin embargo en la actualidad ha sido desnaturalizada y utilizada masivamente por parte de los operadores del derecho quienes aplicando sus criterios de interpretación adecuan la solicitud del fiscal y proceden a internar a los menores aun cuando los supuestos no calzan dentro de los parámetros que la norma nos establece, por ello a través de los tres capítulos de la presente investigación abordaremos como se ha ido desarrollando la aplicación del internamiento preventivo, teniendo como referencia el análisis de las resoluciones remitidas por los juzgados de familia de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y determinar si se configura una lesión al derecho de libertad procesal de un imputado, cuando se exceda el plazo razonable de la detención judicial durante un proceso penal, a la luz de lo decidido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de expediente N° 3771-2004-HC/TC. Para ello, se ha establecido un primer capítulo que indica de manera general las cuestiones fácticas acontecidas en la sentencia mencionada. Asimismo, el capítulo dos incluye el despliegue conceptual de todas las instituciones jurídicas vinculadas con el objetivo de análisis y finalmente el capítulo tres desarrolla de manera concreta el análisis crítico fruto de lo expuesto en los dos epígrafes anteriores. Para esta investigación, se ha empleado jurisprudencia nacional así como doctrina y legislación nacional e internacional, medios que han sido indispensables para postular una propuesta de mejora en relación a la aplicación de medidas coercitivas en pro del respeto del plazo razonable, los derechos de un imputado y la ejecución constitucional del proceso penal peruano.

Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado en las propuestas legislativas que se presentan cada tiempo al respecto de la disminución de edad para la imputabilidad penal, pero también puede reflejarse en que, sostenidamente, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido apostar por la medida más gravosa para la resolución de estos casos: el internamiento. Debido a este abordaje de la problemática que rodea a los y las adolescentes infractores/as, se plantea la pregunta principal: “¿Se emplea la privación de libertad como medida de último recurso en el sistema de justicia penal juvenil peruano en concordancia con los fines de la justicia penal juvenil y un sistema integral de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales establecidos en la materia?”. Tras la revisión teórica y el examen de su aplicación práctica en nuestro sistema de justicia penal juvenil, finalmente se llegarán a cuatro conclusiones puntuales que abordarán los fundamentos del uso de las medidas privativas de libertad como recursos de ultima ratio, su correlato en la práctica peruana, y la tres posibles causas de la disonancia entre la teoría y a la práctica a partir de un caso. / With the increase in insecurity and the participation of adolescents in acts contrary to the law, the state response in its role as guarantor of citizen security also increases in severity. This can be seen reflected in the legislative proposals that are presented every time regarding the reduction of the age for criminal liability, but it can also be reflected in the fact that, consistently, the response of the judicial authorities has been to opt for the most burdensome measure for the resolution of these cases: internment. Due to this approach to the problem surrounding adolescent offenders, the main question is raised: "Is deprivation of liberty used as a measure of last resort in the Peruvian juvenile criminal justice system in accordance with the purposes of juvenile criminal justice and a comprehensive juvenile justice system within the framework of the international standards established on the matter?”. After the theoretical review and the examination of its practical application in our juvenile criminal justice system, four specific conclusions will finally be reached that will address the foundations of the use of custodial measures as ultima ratio resources, their correlation in Peruvian practice, and the three possible causes of the dissonance between theory and practice based on a case. / Trabajo académico

Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento. / Currently, it is being observed that, in the field of criminal law, the procedural institution of preventive detention, it is being used and used irrationally, illustrating that they were glaring at the hearings, requesting preventive detention, a scenario of political reproach, inciting different social groups, in order to generate pressure on judicial decisions, damaging the presumption of innocence of the accused, to such a degree that these social and media repercussions end up influencing the decisions of those in charge of administering justice, concretized in the granting of prisons preventive, often separated from motivation. The present article is approached starting from the interference in the personal freedom of an individual that is supposed to maintain the quality of innocent, while his criminal responsibility has not been declared; Its study and analysis is within the scope of the criminal sciences and criminal procedure and Constitutional law, which constitute the raison d'être of its approach. The requirement of preventive detention, through the rogatory principle, that the Public Ministry makes to the Judge of guarantees, all of them mostly have irrational nuances, and the granting of preventive detention with apparent motivations, leads to the violation of the presumption of innocence, which is corroborated with the ruling of the Constitutional Court in Exp. No. 02534-2019-HC / TC, and the ruling of the First Permanent National Criminal Court of Appeals Specialized in Crimes of Corruption of Officials, in Exp. 00029- 2017-33-5005-JR-PE-03. The grants of preventive detention by the administrators of justice, show features of irrationality without due motivation, and the proportionality that justifies its granting.

El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso: otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que, frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela. En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica, evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems, forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection. In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.

El autor tiene como objetivo proporcionar criterios que deberían seguir tanto el legislador como el juez para regular y aplicar, respectivamente, la prisión civil de forma garantista y racional. Para dicho propósito, el autor, valiéndose de un análisis dogmático del derecho positivo tanto nacional como extranjero, y de la doctrina procesal que ha escrito sobre el tema, elabora una serie de criterios que tienen la finalidad de restringir el poder discrecional del juez al momento de decretar esta medida coercitiva (dentro de la propuesta destaca la exigencia de que la prisión civil se sujete al principio de tipicidad). / The author aims to provide criteria that should be followed by both the legislator and the judge to regulate and apply, respectively, imprisonment in a guaranteeing and rational manner. For this purpose, the author, making use of a dogmatic analysis of both national and foreign positive law, and of the procedural doctrine that he has written on the subject, elaborates a series of criteria that have the purpose of restricting the discretionary power of the Judge when that coercive measure is imposed (within the proposal, the requirement that civil prison be subject to the principle of typicity).

Con el valioso aporte del asesor académico y metodológico asignado, se presenta a continuación un proyecto de innovación cuyo fin es identificar una solución para el problema público “Reducido alcance del control físico de los detenidos domiciliariamente por mandatos judiciales, desarrollado por la Policía Nacional del Perú en las Regiones Lima y Callao durante el año 2020”. Problemática identificada mediante la técnica Árbol del Problema, la misma que también sirvió para determinar las causas que loocasionan, de las cuales fue seleccionada la “Modalidad operativa de control de detenidos domiciliarios desfasada, basada en lo presencial y el control físico”, como aquella que genera mayor impacto en el problema antes mencionado y por lo tanto que debiera buscarse su respectiva alternativa de solución. Para la búsqueda de la solución innovadora, tras el análisis de rigor, se reformuló el problema de la siguiente manera: “Los integrantes del Departamento de Arresto Domiciliario de la División de Seguridad de Penales PNP-Lima, requieren mejorar la modalidad de vigilancia y control físico de procesados con mandatos de detención domiciliaria, porque actualmente se vienen produciendo quebrantamientos a la medida dispuesta por los órganos jurisdiccionales”; luego de lo cual a manera de interrogación y de manera lógica se obtuvo el siguiente desafío de innovación: ¿Cómo podemos mejorar la modalidad de vigilancia y control de procesados con mandato jurisdiccional de detención domiciliaria a cargo del Departamento de Arresto Domiciliario de la División de Seguridad de Penales PNP Lima, para elevar la eficacia y efectividad del servicio policial ejecutado, coadyuvando a disminuir los quebrantamientos que generan revictimización social y sensación de inseguridad ciudadana?. De lo anterior, se optó por una propuesta tecnológica como solución innovadora, de manera tal que la brecha establecida entre la cantidad de efectivos policiales destinados a la unidad policial encargada del control de procesados con mandato de detención domiciliaria, y el número de éstos últimos, sea acortada y se logre revestir de eficacia y por qué no decirlo, de eficiencia, esta labor policial que se desarrolla en cumplimiento de mandatos jurisdiccionales de obligatorio cumplimiento. / With the valuable contribution of the assigned academic and methodological advisor, an innovation project is presented below whose purpose is to identify a solution to the public problem "Reduced scope of physical control of house arrests by judicial mandates, developed by the National Police of Peru in the Lima and Callao Regions during the year 2020”. Problem identified through the Problem Tree technique, the same one that also served to determine the causes that cause it, of which the "Operative modality of control of home detainees outdated, based on face-to-face and physical control" was selected, as that that generates greater impact on the problem mentioned above and therefore its respective alternative solution should be sought. In order to find the innovative solution, after rigorous analysis, the problem was reformulated as follows: "The members of the House Arrest Department of the PNP-Lima Prison Security Division need to improve the surveillance and control modality of defendants with house arrest mandates, because currently violations are beingproduced to the extent ordered by the jurisdictional bodies”; after which, as a question and in a logical way, the following innovation challenge was obtained: How can we improve the modality of surveillance and control of defendants with a jurisdictional mandate of house arrest in charge of the Department of House Arrest of the Security Division? Penal Police PNP Lima, to increase the efficiency and effectiveness of the police service executed, helping to reduce the violations that generate social re-victimization and a sense of citizen insecurity? From the foregoing, a technological proposal was chosen as an innovative solution, so that the gap established between the number of police officers assigned to the police unit in charge of controlling defendants with a house arrest mandate, and the number of the latter, be shortened and achieve effectiveness and why not say it, efficiency, this police work that is carried out in compliance with jurisdictional mandates of mandatory compliance.

El Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia y como tal, le corresponde respetar los derechos fundamentales de la persona, además como operadores de justicia deben resolver los conflictos que son sometidos a su competencia en cada caso concreto, pero, en la actualidad nos formulamos esta interrogante: ¿podemos sostener qué los derechos fundamentales de los procesados penalmente son respetados por los encargados de administrar justicia?, la respuesta la obtenemos de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y corroboradas en parte por las del órgano Jurisdiccional al aceptar la existencia de un elevado porcentaje de procesados en todo el país se encuentra sufriendo detención preventiva judicial, al no haber sido juzgados ni sentenciados en primera instancia más allá del tiempo razonable, considerando que una gran mayoría se encuentra en esta situación porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Por ello, la presente investigación se realiza en los centros penitenciarios antes referidos, por albergar la mayor cantidad de internos del país en esa situación. a) La aplicación de la prisión preventiva y/o detención en el antiguo sistema procesal penal (procesos sumarios y ordinarios) vulnera los derechos y garantías de los procesados: plazo razonable, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad), pues no se contempla una audiencia para ejercitar el contradictorio y validar los elementos que sustentan el daño jurídico derivado del retraso del procedimiento.