Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A través de este trabajo estudiaremos la historia de la institución de la flagrancia, así como su tratamiento en el derecho comparado. Seguiremos con el análisis de su contenido en nuestro ordenamiento positivo, y posteriormente a través de su práctica, ahondaremos en el concepto que estriba en nuestros tribunales nacionales comparándolo, en lo concerniente a su definición, al CIDH y al caso español. Terminaremos planteando algunas consideraciones que nos merece su contenido, y principalmente su modificación legal. Finalmente, a través de un estudio de campo, consignaremos los resultados de una entrevista realizada a un grupo de jueces de garantía de 7 Santiago. Su fin es exponer, a través de quienes trabajan a diario el concepto de flagrancia, los alcances prácticos de esta institución procesal y su incidencia luego de la reforma del año 2008

La utilización de la figura conocida como “prisión preventiva” en los actuales ordenamientos procesales resulta ciertamente controversial, ello se debe a que en el modelo que se conoce como Estado Constitucional, se asume que la privación de libertad de una persona sobre quien recae la imputación de un determinado delito reviste un carácter excepcional, de tal manera que se afirma que la regla general es el procesamiento de un individuo en situación de libertad, postura que se ve reforzada con el fenómeno de la constitucionalización del derecho en general y procesal penal en particular. Independientemente de los clásicos presupuestos materiales que se requieren para imposición de la prisión preventiva, la presente investigación se centrará en determinar si los plazos de duración que se han previsto en la legislación peruana para la aplicación de esta figura, guardan correspondencia con el contenido de la garantía del plazo razonable, con especial énfasis cuando el afectado con dicha medida es una persona que pertenece al grupo etario de los adultos mayores, quienes sufrirán las consecuencias propias del régimen carcelario de nuestro país. Estando a lo expuesto, la hipótesis que ensayamos estriba en afirmar la existencia de una contradicción entre los plazos de duración de la prisión preventiva regulados en la ley peruana, cuando ello es confrontado con principios de rango constitucional tales como la presunción de inocencia, necesidad, excepcionalidad, razonabilidad, etc. En ese orden de ideas, realizaremos un análisis a partir de la dogmática procesal penal, así como de las sentencias de Tribunales nacionales y supranacionales en relación al tratamiento del plazo razonable, además de abordar el tópico de la realidad carcelaria y de los adultos mayores en nuestro país, para finalmente terminar concluyendo que debe haber una reducción de los plazos de duración de prisión preventiva por atentar contra la dignidad humana

El caso versa sobre la vulneración del derecho a la libertad personal de Juan José Guillén en el marco de un proceso constitucional de habeas corpus. Juan José Guillén es una persona con discapacidad intelectual interdicta, cuya curadora es su madre. Esta colocó dos rejas cerradas y tapió la ventana de la habitación de su hijo a fin de que este permanezca encerrado durante el tiempo en que ella no está en casa a fin de resguardar su seguridad y la de terceros. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Luego de apelada la sentencia el caso fue visto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que revocó la apelada declarándola infundada. Por último, mediante un recurso de agravio constitucional, el caso llegó al Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda por la vulneración del derecho a la libertad individual. Frente a ello se discute en el presente informe si el encierro temporal de Juan José Guillén constituyó una privación arbitraria de libertad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si existían circunstancias válidas en el marco de la curatela que justificaban el encierro de Juan José Guillén; si fue adecuada la respuesta de los operadores de justicia frente a la actuación de los familiares de Juan José Guillén; y si constituye el hábeas corpus la vía idónea frente al petitorio de la demanda.

Actualmente, el incumplimiento de una prestación alimentaria señalada mediante resolución judicial atribuye la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sin embargo, la persecución penal de la mencionada conducta ha resultado ser ineficaz, pues la excesiva carga procesal y fiscal, la demora del proceso y el incumplimiento de la pensión alimenticia en la vía penal ha generado la desprotección del bien jurídico del alimentista, por ello, la necesidad de optar por la implementación del apremio corporal, una medida de solución donde se retiene a la persona deudora alimentaria por un período de tiempo hasta el cumplimiento de la pensión de alimentos sin tener que recurrir a la vía penal, pues el Juez de Familia o de Paz Letrado, se encargará de emitir la orden de apremio.

La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el plazo de 24 horas para la detención policial por flagrante delito; es a partir de la Constitución de 1979 que se fijó un plazo excepcional de 15 días únicamente para tres delitos -tráfico de drogas, terrorismo y espionaje-. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos, aproximadamente 84 delitos. La norma materia de estudio es producto de la tensión existente ente la libertad y la seguridad, dialéctica que aqueja a nuestra sociedad. La seguridad viene ganando hegemonía producto del sentimiento de miedo que padecemos frente a fenómenos delictivos como el crimen organizado, este contexto empuja al legislador, con base en el populismo penal, a adoptar medidas procesales que restringen los derechos constitucionales. El problema frente al cual nos encontramos es determinar la validez constitucional de la Ley 30558. Para abordar dicha problemática se desarrolla el presente trabajo desde un enfoque procesal constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad de la acotada Ley que, lejos de ser una medida eficaz para luchar contra el crimen organizado, representa una amenaza inminente contra el derecho fundamental a la libertad personal. Un aspecto central de análisis es desarrollar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para concluir finalmente en la invalidez constitucional de la norma. La presente investigación se justificada teóricamente dada la necesidad de contribuir en el desarrollo doctrinario del derecho penal constitucional.

La conflictiva relación entre el derecho a la libertad individual de la persona y el encierro preventivo no cesa en la actualidad. Desde la vista de la doctrina y jurisprudencia nacional, se ha expuesto que la prisión preventiva es una medida sumamente excepcional que solo se invoca con el objeto de garantizar el desarrollo adecuado del proceso ante la verificación de un peligro procesal (fuga u obstaculización de la investigación). No obstante, esta medida no es la única para neutralizar el peligro procesal. El Código Procesal Penal (NCPP) regula varias medidas de coerción personal y, conforme al artículo 235° numeral 3, éstas son utilizadas en un marco de necesidad, sin embargo, no todas generan la misma consecuencia jurídica y neutralizan el mismo nivel de peligro procesal. En ese contexto, el peligro procesal es el presupuesto más importante dentro de las medidas de coerción personal y es la razón por la que se dicta. Asimismo, este presupuesto varía de acuerdo a la medida de coerción personal, es decir, el peligro procesal que neutraliza la prisión preventiva no es el mismo peligro que puede neutralizar las demás medidas de coerción personal. Por tanto, el peligro procesal de la prisión preventiva tiene un carácter desbordante que dista de las demás medidas de coerción personal, no obstante, ¿Qué circunstancia lleva a ese nivel de peligro procesal? El objetivo de esta investigación es probar que la circunstancia determinante que intensifica el peligro procesal y hace necesaria la utilización de la prisión preventiva, es la actitud del imputado frente al proceso penal. Este criterio incapacita a las demás medidas de coerción personal y hace necesaria la utilización de la prisión preventiva, consecuentemente, el peligro procesal de la prisión preventiva se debe estructurar sobre la base de este criterio.

La presente investigación cuestiona los criterios que deben seguirse para determinar la existencia de peligrosismo procesal por la pertenencia de un investigado a una organización criminal. Luego del análisis de quince autos de prisión preventiva, advertimos la existencia de criterios jurisprudenciales deficientes y la ausencia de una valoración judicial rigurosa y racional sobre los presupuestos de la prisión preventiva en el extremo de la pertenencia a una organización criminal. Frente a ello, la tesis propone tres criterios de valoración judicial consecutivos que permitirán crear una metodología de análisis acorde con el respeto de los principios y garantías procesales propios de un Estado de derecho. El primer criterio se concentra en el presupuesto de análisis, el segundo en los presupuestos de la prisión preventiva, y el tercero en la validación del análisis de los dos criterios previos. / This paper questions the criteria that should be followed by judges to determinate detention due to the existence of a criminal organization. After the analysis of fifteen pretrial detention orders, we noticed the existence of deficient jurisprudential criteria and the absence of a rigorous and rational judicial assessment in pretrial detention cases of criminal organization. Faced with this, this dissertation proposes three consecutive judicial criteria that should work as a methodology of judicial analysis in accordance with the principles and procedural guarantees of the rule of law. The first criterion focuses on the requirements of analysis, the second on the elements of pretrial detention, and the third on the validation of the analysis of the two previous criteria.

La presente investigación tiene como propósito brindar algunos criterios dogmáticos de orden procesal para identificar el estándar de corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces, a fin de adoptar una decisión de prisión preventiva en el marco de un proceso penal -democrático. Bajo esa línea de pensamiento, se pretende explicar la evolución histórica legislativa de la colaboración eficaz, además, se definen los conceptos y reglas de tratamiento de este proceso penal especial; así como también se plantea los alcances del deber de motivación de las resoluciones judiciales por parte de los órganos jurisdiccionales en el marco del dictado de la medida cautelar como es la prisión preventiva. En seguida, se explica algunos alcances de la prisión preventiva, sus métodos y sistemas de valoración de la prueba, para luego aterrizar en el análisis de la valoración de la declaración del aspirante a colaborador eficaz, con el propósito de verificar su fundabilidad o no de la prisión preventiva como medida más intensa, sin perder de vista su aplicación excepcional. Finalmente, se afirma que para emplear la declaración del aspirante a colaborador eficaz como un elemento que justifique la adopción de la prisión preventiva se plantea un estándar de corroboración conforme a los parámetros razonables, objetivos, mínimos y periféricos, sobre la base de los criterios de persistencia, coherencia, homogeneidad y verosimilitud, analizados dentro del mismo proceso de colaboración eficaz en el interior de un Estado Derecho Democrático. / The purpose of this investigation is to provide some dogmatic criteria of a procedural order to identify the standard of corroboration of the statements of effective collaborators, in order to adopt a decision of preventive detention in the framework of a criminal-democratic process. Under this line of thought, it is intended to explain the historical legislative evolution of effective collaboration, in addition, the concepts and rules of treatment of this special criminal process are defined; as well as the scope of the duty of motivation of judicial decisions by the jurisdictional bodies within the framework of the issuance of the precautionary measure such as preventive detention. Next, some scope of pretrial detention, its methods and systems for evaluating the evidence are explained, to then land on the analysis of the evaluation of the declaration of the applicant for effective collaborator, with the purpose of verifying its foundability or not of preventive detention as the most intense measure, without losing sight of its exceptional application. Finally, it is affirmed that in order to use the statement of the aspiring effective collaborator as an element that justifies the preventive detention measure, it must have a standard of corroboration according to reasonable, minimum and peripheral parameters, and based on the criteria of persistence, coherence, homogeneity and plausibility, analyzed within the same process of effective collaboration.

Durante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de 2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un requerimiento de prisión preventiva contra Yoshiyama Tanaka. Este fue declarado fundado por el Juzgado de Investigación Preparatoria y confirmado por la Sala Penal de Apelaciones Nacional. Al encontrarse privado de libertad, Yoshiyama interpuso una demanda de hábeas corpus que fue declarada improcedente, hecho que llevó a que la defensa de Yoshiyama presente un Recurso de Agravio Constitucional por considerar que persistía la vulneración a diversos derechos. Finalmente, el Tribunal Constitucional, declaró fundado en parte dicho recurso al estimar que se vulneró el derecho a probar y la debida motivación. En el presente informe se analiza en qué medida el fallo del Tribunal Constitucional fue adecuado a la luz del razonamiento probatorio y procesal penal.

En el presente trabajo, se plantea la problemática respecto a la aplicación de la prisión preventiva en casos de relevancia nacional como los de la trama Odebrecht (Keiko Fujimori Higuchi, Luis Castañeda Lossio y el caso árbitros), emitidos tras la publicación del Acuerdo Plenario 01-19, pues éste último realiza un desarrollo pormenorizado de los requisitos legales para la imposición de la prisión preventiva, intentando solucionar el cuestionable uso excesivo y erróneo de esta medida excepcional. Para realizar el análisis, estos estándares se utilizan como indicadores de cumplimiento, denominados de la siguiente manera: sospecha fuerte, gravedad del delito, peligrosismo procesal, juicio de imputación, uso de declaraciones de postulantes y colaboradores eficaces, plazo de la prisión preventiva, examen de proporcionalidad, motivación y audiencia de prisión preventiva. Se encuentra que solo un auto realiza de forma suficiente el juicio de imputación: el de Keiko Fujimori. Solo este último logra sustentar con sospecha grave la participación de la imputada, realiza el examen de gravedad del delito, fundamenta el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, cumple con motivar adecuadamente y realiza la corroboración externa de las declaraciones de postulantes y colaboradores eficaces. Además, se encuentra que, a diferencia de los demás autos analizados, el de Castañeda no fundamenta la razonabilidad del plazo de prisión preventiva. Se evidencia también que existe un problema respecto del análisis de proporcionalidad pues ningún auto desarrolla de forma satisfactoria este examen. Por último, el único indicador que se cumple de forma satisfactoria por los 3 autos es el de las formalidades y requisitos de la audiencia de prisión preventiva. En suma, la aplicación de la prisión preventiva en los casos analizados demuestra falencias en su uso por la inobservancia de los estándares esgrimidos en el Acuerdo Plenario y la intromisión de motivos extrapenales que justifican la imposición de la medida. / In this work, the problem regarding the application of preventive detention in cases of national relevance such as those of the Odebrecht plot (Keiko Fujimori Higuchi, Luis Castañeda Lossio and the arbitrators' case), published after the emission of the Plenary Agreement 01 -19, this one makes a detailed development of the legal requirements for the imposition of preventive detention, trying to solve the questionable excessive and erroneous use of this exceptional measure. To carry out the analysis, these standards are used as indicators of compliance, named as follows: strong suspicion, the seriousness of the crime, procedural dangerousness, impeachment trial, use of statements by effective applicants and collaborators, the term of preventive detention, the examination of proportionality, motivation and pretrial detention hearing. Only one case sufficiently carries out the imputation trial: that of Keiko Fujimori, this is the only one that achieved sustain with serious suspicion the participation of the accused, performs the serious examination of the crime, bases the danger of obstruction and the danger of runaway complies with the required motivation and performs external corroboration of the statements of effective applicants and collaborators. Furthermore, it is found that, unlike the other cases analyzed, Castañeda's case does not substantiate the reasonableness of the period of preventive detention. It is also evident that there is a problem concerning the proportionality analysis, as non case accomplish satisfactorily this test. Finally, the only indicator that is satisfactorily accomplished by the 3 cases is that of the formalities and requirements of the pretrial detention hearing. In sum, the application of preventive detention in the cases analyzed shows flaws in its use due to the non-observance of the standards used in the AP and the intrusion of extra-criminal reasons that justify the imposition of the measure.