En nuestro país rige en la actualidad, un nuevo orden institucional, con clara vocación democrática y de profundo respeto por lo constitucional. Y como quiera que el proceso penal es en la actualidad, el centro de atención de la sociedad peruana, e incluso de la comunidad internacional, por los numerosos juicios seguidos a la denominada “red de corrupción de Fujimori-Montesinos”, valdría la pena preguntarse, si las normas que regulan el proceso penal peruano vigente, son respetuosas a la Constitución y a los Tratados sobre Derechos Humanos que diseñan las llamadas garantías penales o reglas mínimas del proceso penal. Imaginemos, sin que con ello signifique tomar partido por la defensa de los implicados, sino con evidente y clara preocupación por el estado actual del proceso penal peruano, que luego de los procesos y las inminentes condenas, una vez agotada la jurisdicción interna, los condenados acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la inconstitucionalidad del proceso penal, y logren un fallo favorable, condenando al Estado peruano y obligando que sus procesos sean declarados nulos. Estaremos preparados para admitir tal fallo. Nuestra sociedad podrá comprender tal decisión?. Creemos que es tiempo de mirar nuestro proceso penal, a la luz de los nuevos vientos democráticos, y preguntarnos nosotros mismos, si el proceso penal diseñado para los delitos perseguibles públicamente, es respetuoso de la Constitución, y si no, hacer los cambios necesarios para garantizar a nuestra sociedad y a la comunidad internacional, el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a juicio penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Un completo y acabado estudio de todos los aspectos vinculados a la verdad escapa ampliamente al objeto de una memoria de pregrado, ya que su investigación a nivel de postgrado resultaría demasiado extensa y compleja. Estamos consciente de lo ambicioso que resultaría emprender una tarea de tal índole, pues examinar la verdad conlleva analizar cuestiones tan discutidas y poco resueltas como qué rol le compete al Derecho en la sociedad, qué es la justicia, cuál es el papel del proceso, cuáles son las finalidades de la pena, y un largo de otros temas que sin duda son muy relevantes en la materia, pero se encuentran fuera del alcance real de tratamiento de la presente tesis. Sin embargo, no debemos olvidar como se pronuncia Luigi Ferrajoli, en su conocida obra “Derecho y Razón”, que la cuestión de la verdad es seguramente el problema central y a la vez el más difícil de la teoría del proceso penal. Entonces, consciente de la importancia y a su vez de la complejidad que envuelve el estudio de la verdad, el presente trabajo se abocará a efectuar un análisis de la averiguación de la verdad, circunscribiéndola específicamente, al fin que juega en el proceso penal chileno.

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La declaración previa entendida como la expresión de la manifestación de voluntad del investigado frente al representante del Ministerio Público, obtenida en la investigación preliminar o preparatoria; trasgreden los principios de inmediación y contradicción e imposibilitan a la contraparte examinar al órgano de prueba. Todo lo que ocurre fuera del juicio oral, es estrictamente preparatorio; por tanto, los jueces para decidir se basaran en todo lo producido en la audiencia de juicio oral. En tal sentido, y desde una perspectiva del encuadramiento del proceso penal dentro del derecho constitucional, la oralización de las declaraciones previas vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, la oralización de las declaraciones previas no son suficientes para enerva la presunción de inocencia; vulnera la imparcialidad de la que está revestido el juez, en el sentido que produce que este se forme un criterio débil de la culpabilidad del sujeto activo. Además de ello, la oralización de tales declaraciones deviene en una forma tácita de obligar al imputado a declarar, constituyendo una máscara de la vulneración al principio constitucional de no incriminación. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde hace casi medio siglo resulta habitual en doctrina encontrar voces que afirman que el sistema jurídico-penal formal, en su conjunto, se encuentra en crisis , siendo una de sus manifestaciones la creciente expansión que el sistema punitivo tiene hacia sectores cada vez más amplios del acontecer social. Pareciera que ante cierto tipo de problemas, la única respuesta posible es un aumento de la criminalización, endureciendo un modelo que privilegia como medio para enfrentar a quienes cometen delitos, la pena de privación de libertad. Es un tema que se encuentra vigente en el debate actual. Ante este panorama, surgen voces que sostienen la necesidad de reducir el sistema represivo a sus justos límites, frenando las tendencias autoritarias mediante la búsqueda de mecanismos alternativos, no necesariamente punitivos, que cumplan los fines que el sistema penal formal no está satisfaciendo. Una de estas propuestas va dirigida hacia la reducción del sistema penal mediante la descriminalización de facto producida a través de formas alternativas de resolución de los conflictos generados por la actividad delictiva, que incluya directamente a las partes involucradas en él, centrándose más en la reparación del daño y la reconstrucción de los vínculos de convivencia pacífica, que en el castigo del infractor. Dentro de este marco es que se ha desarrollado la teoría y práctica de lo que se conoce como Justicia Restaurativa, entendiendo por ésta a una respuesta sistemática frente al delito en donde se habilita a la víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad, para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, con mecanismos legales adecuados a un sistema que apunta a la responsabilización del infractor, la reparación a la victima, y la total participación de esta, el infractor y la comunidad.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Nuestra jurisprudencia, para los casos de intervención plural en los delitos de robo con violencia o intimidación, está aplicando mayoritariamente la agravante del art. 456 bis N° 3 del Código Penal, de una manera numérica pero sin mayores precisiones técnicas o dogmáticas que lo justifiquen. En dicho análisis, la calidad de autor de que se trate –más allá del número- resulta relevante pues debe materializar un efectivo aumento del injusto penal, particularmente en los casos de autoría material o directa, relevando otras formas de participación. Apartándonos del punto de vista dominante en la doctrina y en la jurisprudencia nacional, concluimos que la mencionada circunstancia debería ser aplicada en muy pocos casos y, por el contrario, debiera exigirse además un aumento adicional del injusto penal materializado en un efectivo atentado al bien jurídico por la concurrencia plural que respete, por cierto, el ne bis in idem. Palabras claves: pluralidad de malhechores; prohibición de doble valoración; incremento del injusto penal; plus adicional; efectivo atentado al bien jurídico

Como indicó el Dr. Prado Saldarriaga, la Reserva del Fallo Condenatorio fue otra de las innovaciones que en el ámbito de las medidas alternativas introdujo en el derecho peruano, el Código Penal de 1991. Sin embargo, como se ha explicado en esta investigación, su tasa de aplicación en los últimos años ha sido baja; asimismo, en aquellos casos en que se ha invocado, no se ha realizado un seguimiento para verificar el cumplimiento de los fines u objetivos de la reserva del fallo, los cuales, descansan en la prevención especial. Frente a esta situación, el presente estudio gira en torno a analizar el por qué de este panorama y que alternativas de solución se pueden elaborar para corregirlo. Así, la tesis se divide en seis capítulos, complementados con las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos. En el primer capítulo, se desarrolla todo lo referente al marco metodológico, es decir, se plantea el problema de investigación, los objetivos, justificaciones, hipótesis, variables, indicadores, metodología empleada, así como, la descripción de las técnicas e instrumentos usados en el presente estudio. En el segundo capítulo se analiza lo referente al sistema de penas en el Perú, exponiendo lo relevante de la pena privativa de libertad, limitativas de derechos y la pena de multa, así como, se ha estudiado el contenido de la teoría de la determinación judicial de la pena, a través del análisis de los artículos 45 y 46 del Código Penal. Además, se ha hecho referencia a la crisis del sistema de penas en el Perú, sobre la base de carencia de infraestructuras, recursos logísticos, económicos y humanos; el fracaso de la resocialización; el incumplimiento del monto impuesto como pena de multa; la inaplicación de las penas limitativas de derechos, etc. En el tercer capítulo, y luego de haber analizado la actual situación crítica, de la pena en el Perú, se estudió la reserva del fallo condenatorio en el contexto de los mecanismos tanto alternativos como sustitutivos de la pena privativa de libertad; realizándose un estudio exegético y teleológico de esta figura en nuestro país. Además se analiza los diferentes modelos explicativos de esta figura, centrándonos en los modelos español, alemán e inglés, concluyendo su cercanía con el primero de los mencionados. En el cuarto capítulo, se explica lo referente a los requisitos de aplicación, en atención a la jurisprudencia vinculante dictada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú. En el quinto capítulo, se analizan las líneas jurisprudenciales que sobre la reserva del fallo condenatorio se han levantado; así tenemos los casos de Guevara Peña, Sally Bowen, entre otros. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en función a la contrastación y comprobación de la hipótesis de trabajo, planteados en la presente investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza la regulación vigente del control de identidad en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El estudio revisa las sucesivas reformas legales que han modificado los supuestos y atribuciones de los funcionarios autorizados a su realización, así como las consecuencias que importa la medida en cuanto afectación de derechos fundamentales. Asimismo se realiza un estudio de las medidas de constatación de identidad en Alemania, España y Estados Unidos. La investigación plantea la necesidad de efectuar una aplicación diferenciada de la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal, distinguiendo según la naturaleza preventiva o represiva de la medida, su finalidad e instrumentalidad respecto de una detención en situación de flagrancia, el supuesto de hecho que autoriza su realización y la calidad de sospecho o no sospechoso del sujeto controlado de identidad. En este sentido, el trabajo plantea la existencia de dos modelos distintos: el control de identidad como instrumento para la verificación o descarte de una situación de flagrancia y el control de identidad de fines exclusivamente identificativos. La investigación analiza las garantías que rigen respecto del sujeto controlado de identidad, las que no se restringen al artículo 86 del Código Procesal Penal, sino que dependen de la calidad que se asigne al sujeto afectado por la medida, Por último, el trabajo analiza las consecuencias que importa la realización de un control de identidad ilegal.

El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución. / Tesis

Tesis