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El Proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad

Burgos Mariños, Víctor January 2002 (has links)
En nuestro país rige en la actualidad, un nuevo orden institucional, con clara vocación democrática y de profundo respeto por lo constitucional. Y como quiera que el proceso penal es en la actualidad, el centro de atención de la sociedad peruana, e incluso de la comunidad internacional, por los numerosos juicios seguidos a la denominada “red de corrupción de Fujimori-Montesinos”, valdría la pena preguntarse, si las normas que regulan el proceso penal peruano vigente, son respetuosas a la Constitución y a los Tratados sobre Derechos Humanos que diseñan las llamadas garantías penales o reglas mínimas del proceso penal. Imaginemos, sin que con ello signifique tomar partido por la defensa de los implicados, sino con evidente y clara preocupación por el estado actual del proceso penal peruano, que luego de los procesos y las inminentes condenas, una vez agotada la jurisdicción interna, los condenados acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la inconstitucionalidad del proceso penal, y logren un fallo favorable, condenando al Estado peruano y obligando que sus procesos sean declarados nulos. Estaremos preparados para admitir tal fallo. Nuestra sociedad podrá comprender tal decisión?. Creemos que es tiempo de mirar nuestro proceso penal, a la luz de los nuevos vientos democráticos, y preguntarnos nosotros mismos, si el proceso penal diseñado para los delitos perseguibles públicamente, es respetuoso de la Constitución, y si no, hacer los cambios necesarios para garantizar a nuestra sociedad y a la comunidad internacional, el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a juicio penal.
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El Proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad

Burgos Mariños, Víctor January 2002 (has links)
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La aplicación de la reserva del fallo condenatorio en el distrito judicial de Lima, periodo 2002-2007

Zapata Villar, Robert Ramón January 2007 (has links)
Como indicó el Dr. Prado Saldarriaga, la Reserva del Fallo Condenatorio fue otra de las innovaciones que en el ámbito de las medidas alternativas introdujo en el derecho peruano, el Código Penal de 1991. Sin embargo, como se ha explicado en esta investigación, su tasa de aplicación en los últimos años ha sido baja; asimismo, en aquellos casos en que se ha invocado, no se ha realizado un seguimiento para verificar el cumplimiento de los fines u objetivos de la reserva del fallo, los cuales, descansan en la prevención especial. Frente a esta situación, el presente estudio gira en torno a analizar el por qué de este panorama y que alternativas de solución se pueden elaborar para corregirlo. Así, la tesis se divide en seis capítulos, complementados con las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos. En el primer capítulo, se desarrolla todo lo referente al marco metodológico, es decir, se plantea el problema de investigación, los objetivos, justificaciones, hipótesis, variables, indicadores, metodología empleada, así como, la descripción de las técnicas e instrumentos usados en el presente estudio. En el segundo capítulo se analiza lo referente al sistema de penas en el Perú, exponiendo lo relevante de la pena privativa de libertad, limitativas de derechos y la pena de multa, así como, se ha estudiado el contenido de la teoría de la determinación judicial de la pena, a través del análisis de los artículos 45 y 46 del Código Penal. Además, se ha hecho referencia a la crisis del sistema de penas en el Perú, sobre la base de carencia de infraestructuras, recursos logísticos, económicos y humanos; el fracaso de la resocialización; el incumplimiento del monto impuesto como pena de multa; la inaplicación de las penas limitativas de derechos, etc. En el tercer capítulo, y luego de haber analizado la actual situación crítica, de la pena en el Perú, se estudió la reserva del fallo condenatorio en el contexto de los mecanismos tanto alternativos como sustitutivos de la pena privativa de libertad; realizándose un estudio exegético y teleológico de esta figura en nuestro país. Además se analiza los diferentes modelos explicativos de esta figura, centrándonos en los modelos español, alemán e inglés, concluyendo su cercanía con el primero de los mencionados. En el cuarto capítulo, se explica lo referente a los requisitos de aplicación, en atención a la jurisprudencia vinculante dictada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú. En el quinto capítulo, se analizan las líneas jurisprudenciales que sobre la reserva del fallo condenatorio se han levantado; así tenemos los casos de Guevara Peña, Sally Bowen, entre otros. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en función a la contrastación y comprobación de la hipótesis de trabajo, planteados en la presente investigación.
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Deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas del actual proceso penal : estudio de las sentencias absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de Cusco durante el año 2011

Andía Torres, Gisel Vanesa 09 April 2014 (has links)
El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución. / Tesis
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Consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa cuando la autoridad dispone la medida de inmovilización de sus cuentas bancarias como resultado de la investigación de un delito

Rosado Samos, Víctor Hermilio 23 January 2013 (has links)
Tesis
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Convenciones en materia procesal

Quintana Raymundo, Gustavo Sebastian January 2017 (has links)
La búsqueda de la verdad por un órgano estatal (Ministerio Público) tiene relación con el principio de oficialidad, pues en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y con las instrucciones generales del Fiscal de la Nacional; puesto que, el Ministerio Publico como órgano autónomo constitucional, tiene el monopolio de la persecución penal, debiendo investigar con fines de averiguación de la verdad, de cuyos elementos de investigación (actos de investigación) podrán solicitar, entre otras cosas, medidas coercitivas para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En tal sentido, surge el problema de las convenciones, mejor llamadas “procesales”, pues conforme se puede advertir de los siguientes artículos: 156.3, 350.2 y 352.6, se pude extraer las siguientes estructuras: A. Las partes acuerdan que determinada circunstancia no necesita ser probada. B. Presentado la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer los hechos que aceptan. C. Presentada la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. De las cuales, las partes podrán convenir sobre hechos y pruebas, omitiendo que la actividad valorativa del juez resulta esencial en este engranaje de justicia penal cuya finalidad es la averiguación de la verdad de los hechos. Por tanto, en esta actividad valorativa tanto en las situaciones “A” y “B”, en el que se tiene como hecho notorio y hecho acreditado, invade la esfera privada del rol del juez y deslegitima su función dentro del proceso, tanto más, si dichos efectos bien puede realizar el juez considerando como hechos no controvertidos, que en materia civil se conocen como fijación de puntos controvertidos y no controvertidos; sin embargo, el legislador ha querido darles etiqueta de “convenciones probatorias”, cuando incluso estos no admiten solución por autocomposición, habida cuenta que, ello supondría que en la decisión de la resolución del conflicto no tendría mayor relevancia la participación de un tercero. Por tanto, la regulación actual de las “convenciones probatorias” en el proceso penal tienen mucho margen de discusión y debate, además de volverlo ineficaz, por cuanto acordar sobre hechos que pertenecen a la actividad valorativa del juez solo le convendría a priori al Ministerio Público quien se vería morigerado en la búsqueda de prueba de cargo y no convendría a los intereses del imputado, o en todo caso, solo sería una herramienta más para que el juez imparcial pueda evitar mayores pronunciamientos, en vista de la celeridad y en contra posición a la decisión en correspondencia a la realidad, al principio de contradicción y favorecer a la mayor posibilidad al error. / Trabajo académico
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Introducción de un sistema de imputación penal para las personas jurídicas en el Perú

Rodríguez Castro, Carolina Soledad 12 July 2016 (has links)
La potestad del Estado de sancionar a las personas jurídicas por la comisión de una infracción no es un tema ajeno a la realidad peruana, se encuentra plenamente aceptada y regulada por el derecho administrativo sancionador, a través del cual, los entes colectivos vienen siendo disueltos, clausurados y multados cuando se verifica que son responsables por la comisión de un ilícito administrativo. En la legislación penal, estas mismas sanciones se encuentran reguladas bajo la denominación de “consecuencias accesorias”, habiéndose discutido por largo tiempo en la doctrina peruana cuál es la naturaleza jurídica de las referidas medidas y si estas deben o no tener efectos penales En realidad, los cuestionamientos así formulados respondían a una interrogante de fondo: ¿debe responsabilizarse penalmente a las personas jurídicas por la comisión de un delito? Hace tan sólo cinco años atrás, casi la totalidad de la doctrina nacional se decantaba por afirmar que resultaba imposible introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, debiendo aplicarse esta rama del derecho únicamente a los individuos. Sin embargo, en los últimos años han surgido en nuestra sociedad, nuevos fundamentos normativos y político-criminales que hacen necesario repensar la pregunta formulada en el párrafo anterior y optar, esta vez, por afirmar la necesidad de regular la acotada responsabilidad en la legislación nacional, en el cual se incluya un adecuado sistema de imputación penal para los propios entes colectivos en el país. Para lograr dicho propósito he dividido la investigación en tres capítulos. En el primer capítulo realizo un recuento histórico de las medidas penales establecidas para las personas jurídicas en el Perú, desde los inicios de la regulación oficial hasta la actualidad, este acercamiento tiene por finalidad hacer notar al lector que los entes colectivos no son figuras ajenas al ordenamiento jurídico penal, no debiendo existir, por tanto, una reticencia absoluta hacia la idea de su futura inclusión en la legislación nacional. / Tesis
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Factores que limitan el acceso a la justicia de las víctimas en el nuevo proceso penal peruano, en el Distrito Judicial de Huaura, 2012

Soto Guevara, Rosa Elvira January 2015 (has links)
Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Estudio que consiste en el análisis de un conjunto de factores que de alguna manera limitan el acceso a la justicia de las víctimas en el nuevo proceso penal peruano en el Distrito Judicial de Huaura. Obtiene como resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han desplegado para su realización, que el factor predominante que limita el acceso de las víctimas a la justicia es el alto costo de una defensa privada, que la actitud de la Policía Nacional del Perú es inadecuada y que no ofrece las garantías necesarias para la obtención de justicia oportuna por parte de los agraviados. / Tesis
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El rol de la etapa intermedia en el proceso penal común según el CPP de 2004.

Salinas Siccha, Emérito Ramiro January 2014 (has links)
Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca responder a las preguntas ¿qué se pretende con la presente investigación? y ¿qué justifica la realización de la investigación? Para ello determina cuál es el tipo de modelo acusatorio recogido en el Código Procesal Penal de 2004. Realiza un estudio exhaustivo sobre la etapa intermedia en el proceso penal común regulado en el CPP de 2004. Determina cuál es el rol específico asignado por el legislador a la etapa intermedia en el proceso penal común previsto en el CPP de 2004. Determina si el principio de juez imparcial en cuanto al conocimiento previo del caso, es aplicable al juez de la investigación preparatoria. / Tesis
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Limitaciones al ejercicio del derecho de defensa en la etapa de instrucción y el trabajo del defensor de oficio

Villar Ramírez, Manuela Rosana January 2010 (has links)
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