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Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / La doctrina constitucional contemporánea, así como las decisiones del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar la justicia constitucional (juzgados y salas constitucionales), permiten apreciar en la estructura del proceso justificativo de la decisión jurídica una constante referencia al “neoconstitucionalismo”. Uno de los principales postulados del “neoconstitucionalismo” es la presencia o invasión de la constitución en todo ámbito jurídico, de manera tal que no existe espectro alguno en el cual los principios y reglas que contienen el texto constitucional no resulten aplicables; y ello a partir de la nueva concepción de la constitución según la cual es, ante todo, una norma jurídica, la más alta dentro de la estructura del sistema jurídico y, por ende, de una supremacía irrefutable A partir de la concepción de constitución como norma jurídica y la idea de supremacía constitucional, se configuran tribunales constitucionales en los distintos países de Europa y América Latina, cuyo cometido es el resguardo de la integridad de la constitución y, dentro de ello, la compatibilidad o simetría que debe tener el resto del ordenamiento respecto a sus normas, valores y principios; y para cuyo efecto debe interpretarse la constitución. En consecuencia, a partir de la creación de los tribunales y salas constitucionales, según el país respectivo, la potestad jurisdiccional del estado, para fines didácticos, podría clasificarse en jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional. / Tesis

Analiza y explica cuál es la necesidad de la observancia y acatamiento del sistema constitucional para efectivizar un adecuado control de la normatividad procesal penal frente a la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Se explica que la criminalidad organizada se presenta como fruto de una evolución con respecto a la delincuencia ordinaria, tanto en la cualificación y cuantificación profesional de estos grupos que se asocian para delinquir y que cada vez suponen un mayor perjuicio para la sociedad por ser entramados mucho más hermenéuticos, inflexibles, agresivos, violentos y sofisticados. Es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica - normativa, y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis y el logro de los objetivos. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Busca conocer de qué manera los factores descritos anteriormente influyen en el correcto tratamiento de indicios y evidencias de la escena del crimen hasta su remisión al laboratorio para su respectivo análisis, logrando la optimización del trabajo pericial, lo cual permitirá ofrecer medios de prueba de calidad para una adecuada toma de decisiones de los operadores de justicia en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos propendiendo con ello a mejorar el sistema penal de Perú. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica y argumenta, si es realmente importante mantener la potestad discrecional del juez y de ser así cuales son los criterio que deberá utilizar en el ejercicio de dicha potestad. Realiza un estudio preliminar, avocado a presentarnos conceptos generales referidos a la teoría de la prueba y el sistema procesal penal, antes de entrar en detalle al estudio de la prueba prohibida y sus diversas implicancias. Se desarrolla el concepto de prueba prohibida, a partir de las diversas posiciones sentadas por la doctrina, asumiendo una postura restrictiva de la misma, sosteniendo que estamos frente a prueba prohibida cuando ésta ha sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales y no de otro tipo de garantías ni de normas con rango de ley, delimitándose además la naturaleza jurídica y el fundamento de la prueba prohibida; desarrollándose además, el concepto de derechos fundamentales y del contenido esencial de los mismos, todo esto en el contexto de la prueba prohibida. Se desarrolla la doctrina referida a la prueba prohibida cuando ha sido directamente obtenida de la vulneración de derechos fundamentales y cuando ha sido obtenida por derivación de una prueba prohibida, desarrollándose las consecuencias jurídico-procesales generadas por la prueba prohibida, entre ellas fundamentalmente la exclusión de la prueba y asimismo las excepciones que a dicha exclusión la doctrina reconoce. Se analiza brevemente a la prueba prohibida en el sistema procesal penal peruano, verificando sus implicancias tanto desde la óptica de la Constitución Política de 1993 como de las normas propias del Código Procesal Penal del 2004, vigente en gran número de distritos judiciales del país, asimismo, se analiza el rol que debe cumplir el juez en los supuestos de prueba prohibida, centrándonos en la potestad discrecional que debe mantener dicho operador jurídico, para decidir en su oportunidad sobre la exclusión de prueba prohibida del acervo probatorio, utilizando como criterios delimitadores, el método de ponderación y el principio de proporcionalidad a fin de delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales, se ha desarrollado en forma complementaria un acercamiento a la legislación comparada y casuística referida al tema, en el cual se puede observar los diferentes tratamientos que le ha brindado la doctrina extranjera a la prueba prohibida así como los diversos pronunciamientos que sobre la materia han tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones en la cual se propone de lege ferenda una modificación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal del 2004. / Tesis

El principio de oportunidad, es una institución jurídica procesal, como excepción al principio de legalidad procesal, que consiste en la facultad del Fiscal Provincial, bajo determinadas condiciones establecidas en la ley, de abstenerse ejercitar la acción penal pública, cuando ha comprobado la existencia de elementos de convicción de la realidad del delito y se encuentre acreditada la vinculación del imputado en su comisión; debiendo además contar con la aceptación de éste último, para su aplicación. El fundamento de su aplicación reside en la escasa relevancia de la infracción penal, la pronta reparación civil a la víctima sin mayores dilaciones, evita los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, permite dirigir los escasos recursos del Estado al control sobre el tipo de criminalidad que mayor costo social genera y más dificultad manifiesta en la intervención. En ese sentido, esta investigación tiene por objeto identificar los factores que influyen en la deficiente aplicación del principio de oportunidad, en la investigación preliminar y en la formalización de la investigación preparatoria del proceso penal, durante el período abril de 2008 a diciembre de 2012, en el distrito judicial de Tacna. Tiene un enfoque cuantitativo, pues en base a la recolección de datos se probará la hipótesis; y según su alcance es investigación no experimental, en su modalidad de diseño transeccional correlacional causal. Proporciona evidencia empírica de los factores que influyen en la deficiente aplicación del principio de oportunidad, en la investigación preliminar y en la formalización de la investigación preparatoria del proceso penal, durante el período abril de 2008 a diciembre de 2012, en el distrito judicial de Tacna. / Tesis

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad tratar el problema de la dilación en los procesos penales causada por diversos factores como por ejemplo el excesivo formalismo o ritualismo, la falta de unificación de la normativa procesal penal y la inconstitucionalidad del proceso sumario, y cómo ello se puede solucionar con la aplicación de los mecanismos de celeridad procesal, especialmente el de terminación anticipada que sumado al principio de oportunidad hemos denominado mecanismos de celeridad procesal en tanto coadyuvan a la celeridad del proceso penal resolviendo rápidamente los procesos menos complejos para otorgarle mayor tiempo a los procesos de mayor complejidad. / Tesis

peruano. Toma en cuenta la problemática actual en torno a la nulidad declarada de oficio en segunda instancia y cómo estas decisiones pueden vulnerar los derechos de los sujetos procesales, así como crear distorsiones en el sistema de justicia. En ese sentido, con el fin de plantear presupuestos básicos para garantizar una adecuada protección de derechos fundamentales a los justiciables, pasamos a revisar doctrina que desarrolle dicha institución, destacando los presupuestos conceptuales de la nulidad y una definición adecuada para el proceso penal atendiendo a los fines del proceso en un estado constitucional de derecho. También, realizamos un recuento de las principales decisiones de la Corte Suprema y Salas Penales del país, evidenciando una ausencia en el desarrollo de la nulidad de oficio, sus presupuestos y límites. Con el fin de aportar al debate en cuestión, planteamos presupuestos para el análisis y, eventual, de una nulidad decretada de oficio en segunda instancia.

La presente ponencia tiene como propósito presentar algunas reflexiones sobre la recuperación de activos en el Perú, específicamente a los relacionados con los delitos de corrupción. De esta manera, se busca demostrar la importancia que tiene la recuperación de activos en la lucha contra la corrupción, sobre todo, en la actualidad en donde se puede apreciar que en algunas oportunidades los operadores de justicia pierden de vista la necesidad de recuperar los efectos del delito, un claro ejemplo es el reciente decomiso de la cuenta bancaria a nombre de la empresa offshore Southland Securities Inc1 . que se encontraba incautada en Luxemburgo, pues en ese caso se priorizó la persecución de los autores del delito, dejando de lado la restitución de las ganancias ilícitas. Ante tal situación, la recuperación de activos de origen ilícito debería ser una prioridad en la política criminal moderna, tal y como ha quedado reflejado en los diversos instrumentos normativos internacionales que se han aprobado en materia de lucha contra la corrupción, en ese sentido, y con la finalidad de fortalecer a nuestras instituciones y a los operadores de justicia, es que recomendamos la creación e implementación de una oficina especializada en esta materia, es decir, una Oficina de Recuperación de Activos que tenga como finalidad reforzar los métodos y técnicas de identificación, rastreo y ubicación de los efectos del delito, además, de asistir en la conducción del proceso de recuperación de estos.