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Es por todos reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico en general y en el proceso en particular, al punto que sin ella no es imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho resulta inadmisible que los agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos en favor de los ciudadanos. En otras palabras: la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación o proceso penal de ningún modo deben ser realizadas “a cualquier precio”. Además de ello, para el juzgador siempre representará un problema decidir en el caso concreto la posibilidad de admitir excepciones a la regla que prohibe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. El presente proyecto de tesis, intitulado “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana”, está referido precisamente a la cuestión precedentemente esbozada. En efecto, nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de orden procesal en las que los operadores jurídicos, especialmente quienes tienen la misión constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos fundamentales o hacer prevalecer la vigencia irrestricta de estos últimos expulsando del proceso la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que en el proceso penal están en juego la libertad y la dignidad del ser humano pero también la necesidad de descubrir la verdad para el ejercicio eficaz del ius puniendi. O dicho de otro modo, asistimos al eterno conflicto entre libertad y seguridad que buscará resolverse de acuerdo con el momento histórico y el modelo de proceso derivado de la Constitución Política. / Tesis

El presente trabajo trata de establecer cómo se incorpora y analiza la prueba en los delitos de violación sexual de menores de edad. También se pretende analizar problemas puntuales como por ejemplo si en los supuestos en los que luego de agotarse la actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin transgredir la presunción de inocencia. Es decir se pretende contrastar como se viene aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los referidos delitos. Creemos que al final del análisis de los fallos judiciales se pueda establecer las razones que invocan los jueces en esos casos así como si los mismos carecen de criterios objetivos para resolver o cuentan con algunas reglas que hagan aceptables la solución dada al caso en concreto, como quiera que hay una alta incidencia en la Capital de la República, se analizará tomando como muestra algunas de las sentencias expedidas en las Salas Penales de Lima que vienen resolviendo sobre estos delitos. En ese sentido nuestro trabajo de análisis dogmático crítico se complementará con una investigación de campo, tomando como base los procesos penales sobre la materia correspondiente a los años 2001 y 2002 de las Cortes Superiores del Distrito Judicial de Lima.

Rescata la esencialidad y la importancia que tiene la prueba anticipada en el marco del proceso penal peruano, su evolución, implicancias constitucionales, legales y dogmáticas, requisitos, supuestos de aplicación, procedimiento y efectos. Propone convalidar la declaración de la víctima de abuso sexual como prueba anticipada permitiendo la solución de los delitos contra la libertad sexual cometidos en flagrancia delictiva, sin necesidad de llevarse a cabo una audiencia al haberse practicado con las formalidades de ley. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Busca conocer de qué manera los factores descritos anteriormente influyen en el correcto tratamiento de indicios y evidencias de la escena del crimen hasta su remisión al laboratorio para su respectivo análisis, logrando la optimización del trabajo pericial, lo cual permitirá ofrecer medios de prueba de calidad para una adecuada toma de decisiones de los operadores de justicia en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos propendiendo con ello a mejorar el sistema penal de Perú. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica y argumenta, si es realmente importante mantener la potestad discrecional del juez y de ser así cuales son los criterio que deberá utilizar en el ejercicio de dicha potestad. Realiza un estudio preliminar, avocado a presentarnos conceptos generales referidos a la teoría de la prueba y el sistema procesal penal, antes de entrar en detalle al estudio de la prueba prohibida y sus diversas implicancias. Se desarrolla el concepto de prueba prohibida, a partir de las diversas posiciones sentadas por la doctrina, asumiendo una postura restrictiva de la misma, sosteniendo que estamos frente a prueba prohibida cuando ésta ha sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales y no de otro tipo de garantías ni de normas con rango de ley, delimitándose además la naturaleza jurídica y el fundamento de la prueba prohibida; desarrollándose además, el concepto de derechos fundamentales y del contenido esencial de los mismos, todo esto en el contexto de la prueba prohibida. Se desarrolla la doctrina referida a la prueba prohibida cuando ha sido directamente obtenida de la vulneración de derechos fundamentales y cuando ha sido obtenida por derivación de una prueba prohibida, desarrollándose las consecuencias jurídico-procesales generadas por la prueba prohibida, entre ellas fundamentalmente la exclusión de la prueba y asimismo las excepciones que a dicha exclusión la doctrina reconoce. Se analiza brevemente a la prueba prohibida en el sistema procesal penal peruano, verificando sus implicancias tanto desde la óptica de la Constitución Política de 1993 como de las normas propias del Código Procesal Penal del 2004, vigente en gran número de distritos judiciales del país, asimismo, se analiza el rol que debe cumplir el juez en los supuestos de prueba prohibida, centrándonos en la potestad discrecional que debe mantener dicho operador jurídico, para decidir en su oportunidad sobre la exclusión de prueba prohibida del acervo probatorio, utilizando como criterios delimitadores, el método de ponderación y el principio de proporcionalidad a fin de delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales, se ha desarrollado en forma complementaria un acercamiento a la legislación comparada y casuística referida al tema, en el cual se puede observar los diferentes tratamientos que le ha brindado la doctrina extranjera a la prueba prohibida así como los diversos pronunciamientos que sobre la materia han tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones en la cual se propone de lege ferenda una modificación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal del 2004. / Tesis