Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento. / Currently, it is being observed that, in the field of criminal law, the procedural institution of preventive detention, it is being used and used irrationally, illustrating that they were glaring at the hearings, requesting preventive detention, a scenario of political reproach, inciting different social groups, in order to generate pressure on judicial decisions, damaging the presumption of innocence of the accused, to such a degree that these social and media repercussions end up influencing the decisions of those in charge of administering justice, concretized in the granting of prisons preventive, often separated from motivation. The present article is approached starting from the interference in the personal freedom of an individual that is supposed to maintain the quality of innocent, while his criminal responsibility has not been declared; Its study and analysis is within the scope of the criminal sciences and criminal procedure and Constitutional law, which constitute the raison d'être of its approach. The requirement of preventive detention, through the rogatory principle, that the Public Ministry makes to the Judge of guarantees, all of them mostly have irrational nuances, and the granting of preventive detention with apparent motivations, leads to the violation of the presumption of innocence, which is corroborated with the ruling of the Constitutional Court in Exp. No. 02534-2019-HC / TC, and the ruling of the First Permanent National Criminal Court of Appeals Specialized in Crimes of Corruption of Officials, in Exp. 00029- 2017-33-5005-JR-PE-03. The grants of preventive detention by the administrators of justice, show features of irrationality without due motivation, and the proportionality that justifies its granting.

Para que el juicio oral se desenvuelva demanera eficiente y eficaz, es necesario que la dirección judicial de la audiencia, no sea meramente intuitiva, sino que esté técnicamente orientada. Las técnicas no sólo son habilidades adquiridas en la práctica, sino también reglas aplicativas que deben orientarse hacia la realización de los principios propios del Estado constitucional de Derecho. La ausencia de una labor sistemática de conceptuación, sistematización y desarrollo de las técnicas de dirección judicial (TDJ) priva a los magistrados de una fuente de estudio y reflexión sobre esta importante actividad. El objetivo de la presente investigación es precisar cuál es regulación jurídica de la dirección judicial del juicio y qué técnicas de dirección judicial son posibles en este ámbito, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación subsiguiente, para hacer más eficaz y eficiente la administración de justicia penal. Como hipótesis de investigación se planteó que es posible construir un sistema interpretativo de la regulación jurídica de la dirección judicial del proceso penal, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación del juicio; y que también es posible conceptuar, sistematizar y desarrollar las técnicas aplicativas correspondientes a esta etapa que posibiliten un trabajo judicial eficiente y eficaz. Esta hipótesis ha sido corroborada. En el presente informe se presentan algunas líneas básicas de la dogmática de la dirección judicial del proceso penal en el alegato de apertura y en la planificación del juicio; así como las técnicas correspondientes.

La noción de prueba ilícita refuerza el conflicto de antaño entre el telos del proceso penal que, para la teoría tradicional, radica en la búsqueda de la verdad, y el interés superior de respeto de derechos fundamentales, principio rector básico de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho. Es pues aquí que cobra plena vigencia el adagio jurídico que respecto a la verdad recita “no podrá ser obtenida a cualquier precio, sino dentro de los causes regulares establecidos por ley”. La principal consecuencia de ésta prescripción deviene en el hecho que el órgano persecutor del delito se encuentra impedido de probar sus pretensiones dentro del proceso penal mediante el uso de medios probatorios que atenten contra derechos fundamentales, por existir criterios mínimos legales (también llamados, prohibiciones probatorias) establecidos para la postulación, admisión, actuación y valoración de la prueba; siendo uno de éstos el parámetro de la licitud. La principal consecuencia de ésta prescripción deviene en el hecho que el órgano persecutor del delito se encuentra impedido de probar sus pretensiones dentro del proceso penal mediante el uso de medios probatorios que atenten contra derechos fundamentales, por existir criterios mínimos legales (también llamados, prohibiciones probatorias) establecidos para la postulación, admisión, actuación y valoración de la prueba; siendo uno de éstos el parámetro de la licitud. El valor de la licitud dentro de la concepción principialista de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho es de transcendencia tal que tiene como efecto directo la inadmisibilidad y exclusión de medios probatorios que fueron obtenidos e introducidos al proceso con vulneración de derechos fundamentales de la persona, por considerarse desde ya que son de entera connotación ilícita. Sin perjuicio de lo anterior, es de precisar que al ser el Derecho una ciencia social epistémica, cuyo principal objetivo es la regulación de la conducta humana, sus instituciones no son producto de un conocimiento logrado y final, sino que se encuentran sujetas a constantes cambios. Siendo esto así, resulta válido cuestionar la vigencia de la tradicional regla de exclusión procesal de medios probatorios ilícitos en escenarios criminológicos de alta complejidad y dificultad probatoria y con ello la necesidad de reestructuración de viejos conceptos (categorías jurídicas), que aun cuando resultan ser conciliadores con el orden jurídico formal no logran dar efectiva solución al problema de dificultad probatoria esbozado.Frente a este escenario, cobra especial importancia las teorías forjadas desde la epistemología jurídica, las que, lejos de aplicar conceptos de forma rígida, proponen una nueva forma de alcanzar los fines legítimos del proceso. La epistemología jurídica postula la necesidad de declinación de las teorías de exclusión o inutilización del medio probatorio ilícito, y sitúan su principal objeto en la construcción de una teoría procesal de admisión y valoración del medio probatorio ilícito en el proceso. A modo de resumen, la presente investigación se propone la reestructuración de los conceptos que fundamentan la exclusión del proceso del medio probatorio ilícito, desde los fundamentos de la epistemología jurídica, a efectos de lograr arribar a la concreción de una teoría procesal que atienda a la necesidad, bajo determinados parámetros y en congruencia con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, de admisibilidad del medio probatorio ilícito.

La búsqueda de la verdad por un órgano estatal (Ministerio Público) tiene relación con el principio de oficialidad, pues en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y con las instrucciones generales del Fiscal de la Nacional; puesto que, el Ministerio Publico como órgano autónomo constitucional, tiene el monopolio de la persecución penal, debiendo investigar con fines de averiguación de la verdad, de cuyos elementos de investigación (actos de investigación) podrán solicitar, entre otras cosas, medidas coercitivas para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En tal sentido, surge el problema de las convenciones, mejor llamadas “procesales”, pues conforme se puede advertir de los siguientes artículos: 156.3, 350.2 y 352.6, se pude extraer las siguientes estructuras: A. Las partes acuerdan que determinada circunstancia no necesita ser probada. B. Presentado la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer los hechos que aceptan. C. Presentada la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. De las cuales, las partes podrán convenir sobre hechos y pruebas, omitiendo que la actividad valorativa del juez resulta esencial en este engranaje de justicia penal cuya finalidad es la averiguación de la verdad de los hechos. Por tanto, en esta actividad valorativa tanto en las situaciones “A” y “B”, en el que se tiene como hecho notorio y hecho acreditado, invade la esfera privada del rol del juez y deslegitima su función dentro del proceso, tanto más, si dichos efectos bien puede realizar el juez considerando como hechos no controvertidos, que en materia civil se conocen como fijación de puntos controvertidos y no controvertidos; sin embargo, el legislador ha querido darles etiqueta de “convenciones probatorias”, cuando incluso estos no admiten solución por autocomposición, habida cuenta que, ello supondría que en la decisión de la resolución del conflicto no tendría mayor relevancia la participación de un tercero. Por tanto, la regulación actual de las “convenciones probatorias” en el proceso penal tienen mucho margen de discusión y debate, además de volverlo ineficaz, por cuanto acordar sobre hechos que pertenecen a la actividad valorativa del juez solo le convendría a priori al Ministerio Público quien se vería morigerado en la búsqueda de prueba de cargo y no convendría a los intereses del imputado, o en todo caso, solo sería una herramienta más para que el juez imparcial pueda evitar mayores pronunciamientos, en vista de la celeridad y en contra posición a la decisión en correspondencia a la realidad, al principio de contradicción y favorecer a la mayor posibilidad al error.

El objeto del presente trabajo de investigación es emitir una propuesta de distinta de sistema penal integral, la cual considere que tanto la dogmática sustantiva como el proceso penal, al encontrarse dentro del mismo nivel, han de responder necesariamente a la función asignada al sistema que los engloba. Son los principios y reglas contenidos en el sistema penal quienes finalmente determinarán la función de los subsistemas derivados. Es preciso advertir que el estudio de la función del sistema penal tradicionalmente ha venido siendo abarcado por la dogmática sustantiva en las primeras enseñanzas de la parte general, aunque -como demostraremos- no es propiamente una parte exclusiva de la dogmática sustantiva. Todo lo contrario forma parte de una nueva categoría de estudio: el estudio autorreferencial del sistema penal. Asimismo, el referido sistema no se fundamenta en sí mismo, sino que presupone una fundamentación derivada de la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Política del Esta o, pues no se debe perder de vista que a su vez el sistema penal es un subsistema más del ordenamiento jurídico en general. Por ello, son los postulados que se encuentran en la Ley fundamental quienes le van a dar legitimidad y/o validez tanto al sistema penal como a las instituciones que lo conforman, razón por la cual es preciso partir de ellos para definir los contornos del sistema a estudiar.

La potestad del Estado de sancionar a las personas jurídicas por la comisión de una infracción no es un tema ajeno a la realidad peruana, se encuentra plenamente aceptada y regulada por el derecho administrativo sancionador, a través del cual, los entes colectivos vienen siendo disueltos, clausurados y multados cuando se verifica que son responsables por la comisión de un ilícito administrativo. En la legislación penal, estas mismas sanciones se encuentran reguladas bajo la denominación de “consecuencias accesorias”, habiéndose discutido por largo tiempo en la doctrina peruana cuál es la naturaleza jurídica de las referidas medidas y si estas deben o no tener efectos penales En realidad, los cuestionamientos así formulados respondían a una interrogante de fondo: ¿debe responsabilizarse penalmente a las personas jurídicas por la comisión de un delito? Hace tan sólo cinco años atrás, casi la totalidad de la doctrina nacional se decantaba por afirmar que resultaba imposible introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, debiendo aplicarse esta rama del derecho únicamente a los individuos. Sin embargo, en los últimos años han surgido en nuestra sociedad, nuevos fundamentos normativos y político-criminales que hacen necesario repensar la pregunta formulada en el párrafo anterior y optar, esta vez, por afirmar la necesidad de regular la acotada responsabilidad en la legislación nacional, en el cual se incluya un adecuado sistema de imputación penal para los propios entes colectivos en el país. Para lograr dicho propósito he dividido la investigación en tres capítulos. En el primer capítulo realizo un recuento histórico de las medidas penales establecidas para las personas jurídicas en el Perú, desde los inicios de la regulación oficial hasta la actualidad, este acercamiento tiene por finalidad hacer notar al lector que los entes colectivos no son figuras ajenas al ordenamiento jurídico penal, no debiendo existir, por tanto, una reticencia absoluta hacia la idea de su futura inclusión en la legislación nacional.

La presente investigación trata sobre el conflicto que genera la medida de bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias cuando sus representantes son sometidos a investigación penal. Esta medida produce un conflicto entre diversos derechos amparados por la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia, a la propiedad y la relevancia de la no desaparición de pruebas incriminatorias que coadyuven al esclarecimiento de un presunto hecho delictivo.

Los efectivos policiales no pueden realizar análisis ni conclusiones en el actual modelo de Informe Policial, por lo cual no pueden concluir con su ciclo metodológico de investigación; esta situación ha propiciado una serie de discrepancias funcionales con los fiscales, sobre todo en lo relacionado con la interoperatividad funcional, por cuanto los fiscales prescinden en muchos del personal policial en la labor de investigación criminal; contexto que se ha agudizado aún más por la deficiente capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en la investigación preliminar. Se presenta como problema de investigación: “La deficiente capacitación del personal policial, en torno al rol que le corresponde en la Investigación Preliminar, menoscaba la Metodología de Investigación Policial, en el contexto del nuevo proceso penal”. Una eficiente y adecuada capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en esta etapa, afianzará la función constitucional de investigar y la capacidad operativa de la PNP, generando un impacto positivo en la lucha contra la criminalidad. Se han considerado cuatro dimensiones en la arquitectura del problema: sobre la labor policial; sobre el proceso de capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar; sobre la metodología de investigación policial en el marco de la investigación preliminar y; sobre la interoperatividad entre fiscales y policías en la investigación preliminar. De igual forma, se establecieron tres causas principales sobre el problema de investigación: la abstención de la PNP, en el nuevo Código Procesal Penal, para calificar jurídicamente los hechos que investiga; las incapacidades técnicas del recurso humano policial para el ejercicio de su rol en la investigación preliminar; la inadecuada interoperatividad funcional entre la PNP y el Ministerio Público en torno a la investigación preliminar. El problema de investigación fue reformulado en el siguiente contexto: “Los efectivos policiales requieren mejorar sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, porque actualmente tienen problemas en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal”; asimismo, al reflexionar sobre el problema reformulado se estableció el siguiente desafío de innovación: ¿Cómo podemos mejorar las capacidades técnicas del iii personal policial en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, para fortalecer la metodología de investigación policial, en el contexto del nuevo proceso penal, a través de un proceso tecnológico, educativo, inteligente y dinámico? Se indagó sobre tres experiencias internacionales relacionadas que permitieron concentrar ideas de cómo dar viabilidad al proyecto innovador, con miras a mejorar la capacitación del personal policial en cuanto a sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, con la finalidad de fortalecer la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal. El prototipo innovador fue testeado, culminándose la versión final en alta resolución. Este prototipo será desplegado en la nube de Amazon, usando AWS, a través de una multiplataforma adaptable a cualquier dispositivo móvil y un acceso URL. El personal podrá aprovechar las bondades de este prototipo con un simple acceso desde su celular, tablet, laptop o cualquier otro dispositivo móvil de comunicación. Este nuevo proceso educativo también permitirá elevar la imagen y prestigio de la PNP, y recuperar la confianza de la población. Como conclusión, se establecerá que el presente proyecto de innovación contribuirá en la mejora del desempeño del personal policial en la investigación preliminar y en el contexto de la lucha contra la criminalidad, en torno a sus capacidades, habilidades y conocimientos especializados. Por último, se anexa al presente trabajo de investigación el “Manual para capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar, en el contexto del nuevo proceso penal”, como un aporte y contribución personal a la institución policial, en aras de superar los problemas suscitados en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal, y poder brindar a los efectivos policiales un instrumento formal que les sirva para el debido cumplimiento de su misión. / Police officers can’t provide analyzes or conclusions in the current Police Report model, for which they cannot conclude with their methodological cycle of investigation; this situation has led to a series of functional discrepancies with prosecutors, especially in relation to functional interoperability, since prosecutors dispense with many of the police personnel in criminal investigation work; context that has been further exacerbated by the poor training of police personnel regarding the role that corresponds to them in the preliminary investigation. It is presented as a research problem: "The poor training of police personnel, regarding the role that corresponds to them in the Preliminary Investigation, undermines the Police Investigation Methodology, within the framework of the new criminal procedure model." Efficient and adequate training of police personnel regarding the role that corresponds to them in this stage will strengthen the constitutional function of investigating and the operational capacity of the PNP, showing a positive impact in the fight against crime. Four dimensions have been considered in the architecture of the problem: on police work; about the training process for police personnel regarding their role in the preliminary investigation; on the methodology of police investigation in the framework of the preliminary investigation and; on the interoperability between prosecutors and police in the preliminary investigation. In the same way, three main causes were established on the investigation problem: the abstention of the PNP, in the new Code of Criminal Procedure, to legally qualify the facts that it investigates; the technical incapacities of the police human resources for the exercise of their role in the preliminary investigation and; the inadequate functional interoperability between the PNP and the Public Ministry regarding the preliminary investigation. The research problem was reformulated: "Police officers need to improve their technical skills in the exercise of their role in the preliminary investigation, which they can do in the application of the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model"; likewise, when reflecting on the reformulated problem, the following innovation challenge was established: How can we improve the technical skills of police personnel in the exercise of their role in the v preliminary investigation, to strengthen the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model, through a technological, educational, intelligent and dynamic process? Three related international experiences were investigated that allowed concentrating ideas on how to make the innovative project viable, looking forward to improve the technical skills of police personnel in the exercise of their role in the preliminary investigation, in order to strengthen the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model. The innovative prototype was tested, culminating in the final version in high resolution. This prototype will be deployed in the Amazon cloud, using AWS (Amazon Web Services), exposed through a multiplatform, adaptable to any mobile device and the access is through a URL. The police personnel will be able to take advantage of the benefits of this prototype with simple access from their cell phone, tablet, laptop or any other mobile communication device. This new educational process will also allow raising the image and institutional prestige, and recover the confidence of the population in its Police. In conclusion, it is established that this innovation project will contribute to improving the skills, abilities and specialized knowledge of police personnel, in the field of Police Investigation Methodology and in the context of the fight against common and organized crime. Finally, the "Manual for training police personnel regarding their role in the preliminary investigation, within the framework of the new Criminal Procedure Code" is attached to this research work, as a personal contribution to the police institution, in order to overcome the problems raised in the application of the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model, and to be able to provide police officers with a formal instrument that will serve them for the due fulfillment of their mission.

La demanda de justicia, sobre todo por parte de los sectores populares y, con mayor intensidad, en determinadas figuras jurídicas, no parece estar siendo adecuadamente atendida, como si lo impidiera un muro infranqueable, símbolo de un sistema jurídico formal deficiente. En el caso, por ejemplo, de las faltas, en vista de que la respuesta del sistema legal es casi nula frente a la ocurrencia de una infracción, podríamos muy bien afirmar, ciertamente desde una perspectiva algo extrema, que la eliminación, del sistema jurídico, de todo rezago del aparato normativo e institucional vinculado a las faltas, no generaría un impacto significativo sobre la realidad presente. La desatención del ciudadano, con o sin presencia del sistema legal, es prácticamente la misma. Precisamente por ello proponemos reflexionar sobre el cumplimiento de las funciones estatales, desde el enfoque de las políticas públicas, tomando en consideración que nuestro tema, el proceso de faltas, forma parte de la política jurisdiccional del Estado. En realidad, la acción estatal se desarrolla simultáneamente en diversas áreas o temas, por lo que limitarla a una sola resulta un tanto artificial, aunque, desde luego, puede ser útil para conocer a dónde se apunta con mayor énfasis.

El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución.