La Descarga Procesal Civil en el sistema de la administración de justicia en el Distrito Judicial de La Libertad, es uno de los grandes problemas que afronta el Poder Judicial después de Lima desde hace muchos años; razón por la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por Resolución Administrativa N° 099- 2007-CE-PJ, el 16 de Mayo del 2007 aprueban el Plan Nacional de Descarga Procesal. El 28 de Marzo del 2008, el Consejo Ejecutivo Distrital de La Libertad por Resolución Administrativa N° 197-2008-P-CSJLL-PJ, implementa la Comisión de Descarga y a la vez implementa a los 7 Juzgados Transitorios Civiles y las 3 Salas Civiles, iniciando con la repartición aleatoria de los expedientes de los Juzgados Permanentes, cuya carga procesal del año judicial del 2007 a las Salas Civiles habían dejado 3130 expedientes no resueltos y de los Juzgados Civiles la carga ascendía a 21516. Esta mora procesal sumada a los que ingresaron en el 2008 de 12,821 hace un total de 15,951 y habiendo resuelto las tres Salas Civiles 11820, nuevamente queda una carga procesal para el año 2009 de 4131 expedientes. En el 2008, en los Juzgados ingresaron 7826 expedientes que sumados a los 21516, asciende a un total de 29,342, ese año resolvieron 7947, quedando nuevamente una carga de 21395 expedientes. Los 7 Juzgados y las 3 Salas resultaron insuficientes para resolver el problema de descarga que tiene un promedio del 56.358% mayor que de los expedientes resueltos que es 43.624%. Este problema se observa durante los años 2009 y 2010; por lo que es urgente la creación de cuatro Juzgados Especializados en lo Civil y una Sala Civil para revertir la excesiva carga procesal en este Distrito Judicial durante el año del 2011, asimismo el Estado debe dotar al poder judicial de un presupuesto del 3%. / Tesis

El presente trabajo, parte de un hecho histórico registrado entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006, época en que el ex presidente Alberto Fujimori aún permanecía prófugo de la justicia y el Estado peruano tenía legítimo interés por lograr su extradición. Más allá del significado político del hecho y de sus implicancias jurídicas, lo cierto es que el tema representaba un problema para el Perú, y el gobierno de turno debía resolverlo. En ese contexto, es que identificado el hecho político a partir de algunas circunstancias que exigieron su inmediata atención, el gobierno adoptó una política específica con la finalidad de dotar de mayor eficacia los esfuerzos por lograr la efectiva extradición del entonces prófugo. El gobierno dispuso entonces la creación de una plataforma de coordinación interinstitucional, como instrumento operativo para cumplir su objetivo. Es entonces la política de extradición aprobada en aquella época y su implementación a través del instrumento creado para tal fin, el estudio de caso que importa al presente trabajo. Para ello se plantea como objetivo principal determinar si la política aplicada en aquel entonces, independientemente de su éxito o fracaso, logró constituirse como un modelo o únicamente representó una experiencia excepcional. Asimismo, destacar las innovaciones que introdujo al procedimiento formal de extradición, a nivel institucional y operativo, a fin de determinar si tales elementos lograron aportarle mayor utilidad y eficacia. Desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas, el presente trabajo busca describir partes del ciclo de una política pública específica, centrando su análisis en la fase implementación, rescatando de ella modos de trabajo coordinado entre distintos niveles del gobierno, siendo el común denominador de dicha dinámica, la priorización de los aspectos técnicos aplicados al caso, entendidos desde el plano político, como el principal medio para alcanzar el objetivo de gobierno trazado. / Tesis

Según una reciente encuesta elaborada por CPI, que evalúa la aprobación de diversas instituciones públicas en el Perú, el Poder Judicial ocupa el puesto número dos dentro de las instituciones públicas con mayor desaprobación, superada únicamente por el Congreso de la República.1 En nuestro país, es posible que estos resultados ya no causen una gran sorpresa, puesto que el desprestigio actual de esta institución es ampliamente conocido. Al igual que ésta, existen numerosas encuestas anteriores que arrojan los mismos resultados y, muy probablemente, existirán otras en el futuro cuyas conclusiones serán las mismas. No obstante, lo que realmente vale la pena preguntarse, una vez más, es: ¿A qué se deben estos resultados? Para establecer una breve comparación, en el caso del Congreso Nacional de la República, la desaprobación se debe principalmente al desprestigio que existe, particularmente, hacia los congresistas. En el caso del Poder Judicial, se podría decir válidamente que la desaprobación se debe también al desprestigio de los jueces. Sin embargo, se debe notar que en el caso del Poder Judicial, la gran diferencia es que existe, de manera muy marcada, un servicio de por medio: el servicio de justicia. Al hablar de un servicio se debe hablar también de productores y consumidores. Aunque en este caso particular, de un solo productor: el Poder Judicial. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde hace casi medio siglo resulta habitual en doctrina encontrar voces que afirman que el sistema jurídico-penal formal, en su conjunto, se encuentra en crisis , siendo una de sus manifestaciones la creciente expansión que el sistema punitivo tiene hacia sectores cada vez más amplios del acontecer social. Pareciera que ante cierto tipo de problemas, la única respuesta posible es un aumento de la criminalización, endureciendo un modelo que privilegia como medio para enfrentar a quienes cometen delitos, la pena de privación de libertad. Es un tema que se encuentra vigente en el debate actual. Ante este panorama, surgen voces que sostienen la necesidad de reducir el sistema represivo a sus justos límites, frenando las tendencias autoritarias mediante la búsqueda de mecanismos alternativos, no necesariamente punitivos, que cumplan los fines que el sistema penal formal no está satisfaciendo. Una de estas propuestas va dirigida hacia la reducción del sistema penal mediante la descriminalización de facto producida a través de formas alternativas de resolución de los conflictos generados por la actividad delictiva, que incluya directamente a las partes involucradas en él, centrándose más en la reparación del daño y la reconstrucción de los vínculos de convivencia pacífica, que en el castigo del infractor. Dentro de este marco es que se ha desarrollado la teoría y práctica de lo que se conoce como Justicia Restaurativa, entendiendo por ésta a una respuesta sistemática frente al delito en donde se habilita a la víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad, para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, con mecanismos legales adecuados a un sistema que apunta a la responsabilización del infractor, la reparación a la victima, y la total participación de esta, el infractor y la comunidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio busca evaluar el sistema judicial chileno en cuanto a la implementación de herramientas que le permitan desenvolver sus funciones con eficiencia. En el capítulo primero se muestran las herramientas que se recogen en la literatura y los sistemas judiciales de otros países, proponiendo un marco de caracterización de su implementación. En el segundo capítulo se describe el sistema judicial chileno en relación con dichas herramientas. En el tercer capítulo se evalúa el grado de implementación en el sistema judicial chileno , concluyéndose que este se encuentra mas bien en un nivel intermedio que incipiente, pero en todo caso aún no consolidado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo expondrá los principales fundamentos observados para el desarrollo de una aplicación móvil en el área de la Justicia Electrónica; con el objeto de facilitar el acceso a la justicia en Chile mediante el uso de la tecnología actualmente disponible. En este ejercicio, presentaremos un concepto de acceso a la justicia entendido como igualdad de oportunidades de participación en la comunidad jurídica; antes que una mera disposición formal de acciones y derechos dirigidos a aquellos que dominan el lenguaje legal. El desconocimiento no sólo de las normas jurídicas a las que estamos sujetos, sino, además, de las posibilidades de acción y las instituciones intervinientes en el sistema de justicia, lo tomaremos como punto de partida para la solución tecnológica propuesta; aprovechando la masividad que ha alcanzado en nuestro país el uso de dispositivos móviles.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto establecer la necesidad, viabilidad y las implicancias de incluir en nuestra legislación una figura del Common Law, el certiorari, como mecanismo de selección discrecional de los recursos que se interpongan ante la Corte Suprema. Para los efectos antes señalados, se analiza en el Capítulo I el paradigma en la materia: el certiorari de EEUU. Esencialmente en este capítulo se precisa el concepto de certiorari y se aborda su evolución histórica así como su funcionamiento en la Corte Suprema de EEUU. En el Capítulo II se desarrolla en forma general los criterios que gobiernan la selección discrecional de recursos, teniendo como principal referente los criterios que utiliza la Corte Suprema de EEUU para seleccionar los recursos que decidirá. En los Capítulos III y IV se realiza una amplia descripción y evaluación de la adaptación del certiorari en dos países de la tradición europea-continental: Argentina y Alemania. Por último, en el Capítulo V se aborda la necesidad de conferir a nuestra Corte Suprema facultades de certiorari. Para ello, se analiza por separado, las funciones que cumple el certiorari como mecanismo para garantizar la eficiencia del tribunal y como método de uniformación de jurisprudencia. Junto con lo anterior, se establecen las implicancias de su adopción en el rol de la Corte Suprema, especialmente en el contexto de un procedimiento civil oral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente el tratamiento que se ha dado en nuestro país a la justicia de base, a través de una revisión del desarrollo histórico de ésta, de sus principios fundamentales, de la percepción de la población en cuanto al acceso a la justicia, presentando además una mirada general y panorámica de los modelos comparados sobre justicia de pequeñas causas, para así determinar, luego de analizar pormenorizadamente el Programa de Justicia Vecinal implementado por el actual Gobierno, si es que éste ha podido dar respuesta a la falta de acceso a la justicia, y en definitiva, determinar si resulta o no viable su implementación a nivel nacional.

La presente investigación surge atendiendo a nuestra preocupación por el rol del Estado como garante de derechos fundamentales, para lo cual, cuenta con instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Defensa Pública, entre otras, que viabilizan la tutela de dichos derechos. De otro lado, los derechos fundamentales, en su condición de máximas de optimización orientadas a su máximo desarrollo y ejercicio, deben estar garantizados por mecanismos idóneos y eficaces que permitan su protección en caso de vulneración o amenaza. En tal sentido, los Procesos Constitucionales, constituyen los mecanismos específicos que buscan la protección de los citados derechos. Sin embargo, estos, no garantizan per se la protección de los citados derechos, pues previamente debe existir la posibilidad real de acceder a un tribunal, supuesto que ha sido recogido dentro del derecho a la Tutela Procesal Efectiva. Uno de los componentes esenciales de la Tutela Procesal Efectiva, es el acceso a la justicia, como derecho que posibilita a toda persona poder ejercer su derecho de acción ante los tribunales de justicia, cuando considere que se ha vulnerado o restringido alguno de sus derechos fundamentales. Para la concreción de dicho derecho, es necesario asegurar la inexistencia de barreras que puedan dificultar o imposibilitar el acceso a los citados tribunales o que dentro de ellos, existan situaciones que pudieran limitar el actuar de quien requiere tutela. / Tesis

El presente trabajo es un estudio de comprensión de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y tiene el propósito de contribuir a su mayor concreción y desarrollo en la actividad jurisdiccional. Particularmente la imparcialidad en la teoría de la filosofía política contemporánea, propia de una circunstancia global, secularizada y democrática se encuentra en el fundamento de todo poder y de manera especial en los actos de poder emanados en el ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial. / Tesis