Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio denominado "Marco de relaciones entre la policía y el Ministerio Público durante la implementación de la Reforma Procesal" dará cuenta de los resultados de nuestra investigación sobre esta materia, incluyendo un análisis teórico, normativo y empírico del objeto de nuestro estudio. Para estos fines utilizamos un enfoque estructurado fundamentalmente desde la perspectiva empírica, que nos resulta la más adecuada, para lograr una aproximación al problema que nos ocupa, el cual no es otro que el funcionamiento práctico del subsistema formado por la policía y el Ministerio Público, en la implementación de la reforma procesal penal en las dos regiones pilotos.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El desarrollo de este trabajo ha permitido detenerse en una institución a la cual se recurre habitualmente en los Tribunales de Garantía – la praxis judicial - y que forma parte de un nuevo concepto que adoptó el legislador e incorporó a nuestro recién instalado modelo de enjuiciamiento criminal, con la finalidad de descomprimir el gran volumen de causas y particularmente de denuncias por diversos hechos constitutivos de delitos, que ha impedido históricamente llevar a efecto una justicia penal de manera exitosa. Por ende las salidas alternativas y particularmente los acuerdos reparatorios, constituye esencialmente un reconocimiento de esa realidad en concurrencia con la consagración legislativa de forma novedosa de resolución de conflictos judiciales

Demuestra y establece explicativamente, la existencia de una determinación inadecuada de la pena por el órgano jurisdiccional, dentro del proceso penal peruano, en la mayoría de las sentencias condenatorias analizadas. Donde se observó penas desproporcionadas, sea por ínfimas o excesivas, con relación a la gravedad del hecho cometido y a la culpabilidad por el acto. El resultado del análisis de tres delitos graves debe ser extendible a cualquier delito regulado en el Código Penal o en alguna ley penal especial. Establece cuál es la consecuencia de la ausencia de motivación adecuada de sentencias penales condenatorias, en el extremo de la determinación judicial de la pena sobre los mismos delitos mencionados; ya que existen sentencias penales condenatorias con motivación aparente, insuficiente o incoherente y falto de corrección lógica, que deben ser declaradas nulas por el órgano jurisdiccional correspondiente en los casos concretos, y que incide en la irracionalidad de la pena (privativa de libertad). Establece ciertas reglas y criterios jurídicos básicos, de política criminal o de otra índole, para una adecuada determinación y graduación de la pena por parte del juez penal, de tal manera que sea, una pena justa de acuerdo a criterios generales, útil y proporcional al hecho cometido y a la culpabilidad por el acto o al grado de injusto penal. / Tesis

La presente investigación versa sobre la institución denominada Individualización judicial de la pena, partiendo básicamente de la forma cómo las Salas Penales con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima vienen fijando las penas en los casos de sentencias condenatorias. La individualización judicial de la pena constituye un elemento fundamental en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, pues a través de ella se determinará la pena concreta a imponerse al agente delictivo.

Esta investigación cuestiona el proceso inmediato en caso de flagrancia, situándose en el marco del derecho a la defensa que tiene el procesado, siendo uno de los principales problemas el derecho al plazo razonable del procesado para el ejercicio de la defensa –material y técnica. Asimismo se analizan los alcances de la justificación del proceso inmediato en caso de flagrancia, vista desde la ratio legis y su aceptabilidad jurídica de dicha institución, en un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se analiza el proceso inmediato en caso de flagrancia y se busca determinar si se observa el debido cumplimiento del principio acusatorio con el objeto de garantizar el derecho a la defensa del procesado. También, se analiza si se cumple con la observancia del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado, en tal sentido, en el desarrollo de la investigación se ha aplicado las diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, con la finalidad de contrastar y analizar la información, en aplicación de un conglomerado de métodos. De lo cual se ha concluido que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto y no es razonable el plazo en la que se le sentencia, lo cual limita que el procesado prepare y ejerza una defensa adecuada. Asimismo se ha determinado que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene su justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, pero éste no justifica la vulneración de los derechos del procesado. Finalmente, se ha determinado que en este proceso no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal no cumple con todos los caracteres de una acusación, y no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa, con lo cual se afecta el ejercicio del derecho a la defensa del procesado. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La revisión de los Proyectos tanto de Enjuiciamiento Civil como Criminal del siglo pasado, núcleo central de este memoria, realmente fue larga, debido a que con sorpresa tomé conocimiento de que no existe una colección completa de los libros (Proyectos de Código de Procedimiento Civil y Penal) en una biblioteca pública, debiendo recorrer diversas bibliotecas ya mencionadas anteriormente, con el fin principal de revisar dichas obras. Sin olvidar el estudio de las partidas, los artículos de diversos autores publicadas en revistas de derecho histórico, la jurisprudencia y aquellos libros procesales de comienzos de siglo con las primeras opiniones y acotaciones de los profesores de derecho y abogados en relación a estos nuevos códigos de procedimiento, que de nuevos no tenían mucho, ya que fueron más bien una recopilación de las mismas leyes españolas que nos rigieron hasta incluso después de la independencia. En este trabajo se trató de destacar principalmente aquellos artículos de efectos religiosos que incidieron en nuestros Códigos de Procedimiento, su historia, evolución y texto definitivo. Es decir donde figuran frases o palabras relacionadas con un principio canónico. Así a modo de ejemplo nos encontramos con artículos o incisos de un artículo que en su redacción prescribe “No están obligados a declarar ... el arzobispo y los obispos; los vicarios generales y los vicarios capitulares”, Art. 191 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, entre otros. Ahora en lo que se refiere a la conformación del mismo trabajo en sí, dividí esta memoria en cuatro capítulos; el primero basado en un estudio histórico procesal de la organización de los tribunales anterior a nuestra independencia y posterior a ella. El segundo capítulo se aboca exclusivamente a lo que fue el período de la codificación procesal en Chile y los primeros trabajos. En el tercer capítulo se realizó una suerte de enumeración de todos los Proyectos de Código de Enjuiciamiento o Procedimiento Civil y Criminal realizados el siglo XIX, por distintos y distinguidos hombres de leyes de nuestro país, transcribiendo a la vez en cada uno de ellos los artículos de efectos religiosos, correspondientes al tema que me llevó a realizar este trabajo. Finalmente el capítulo cuarto hace un análisis detallado de lo que fue la formación de nuestro actual Código de Procedimiento Civil de 1902 y Penal de 1906, la historia de los artículos de influencia religiosa, sus modificaciones, la opinión de la doctrina y jurisprudencia de tribunales. Finalmente tengo la certidumbre que algún error u errores pueden existir en esta obra, pero a la vez tengo la seguridad de que el trabajo y esfuerzo realizado durante meses de trabajo darán la necesaria motivación para leer este trabajo, esperando sea un aporte para el Derecho y aún más para el estudio de profesores y alumnos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde sus inicios nuestro sistema procesal penal fue concebido de corte inquisitivo, caracterizado por la investigación secreta, juicios eternos, poca transparencia, delegación habitual por parte de los jueces de sus funciones en empleados de los tribunales, la obligación del juez de investigar todo hecho que revistiera caracteres de delito sin importar el monto ni los antecedentes que al respecto se manejaran, y con esto en muchos casos se ponía en movimiento todo el aparato judicial sin llegar a ningún resultado, ocasionando un gran costo en recursos humanos y económicos En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la noción de reparación. En palabras de Roxin es tratada como la “tercera vía”. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo desde los fines y funciones de la pena. Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito mas justa, humanitaria y eficiente, que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que por un método más pacífico, creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen

Tesis (magíster en derecho penal) / El objeto del presente estudio es efectuar un análisis de la figura que en la práctica judicial se denominada reformalización de la investigación que, en ausencia de reglamentación legal, merece ser considerada desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial para decidir categóricamente acerca de su procedencia en el sistema procesal penal y de los efectos que produce, principalmente, considerando el marco legal de actuación fiscal y los derechos del imputado. En la discusión del tema entran el juego varios asuntos: garantía del derecho de defensa del imputado, congruencia procesal, estructura orgánica del Código Procesal Penal, objeto de la reformalización, libertad y eficacia de la investigación por el Ministerio Público, entre otros. Lo que se busca es, junto con conocer el estado actual de la cuestión, aportar fundamentos para una mejor claridad y comprensión del tema