La presente investigación se basó en la presunta existencia de un conflicto entre el principio de legalidad y los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad al momento en que estos interactúan cuando se determina la penal, en el proceso especial de terminación anticipada. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria del módulo básico de justicia del distrito de José Leonardo Ortiz, teniendo como referencia el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015. Para esto, se he creído conveniente dividir esta investigación en tres capítulos, el primero de ellos, denominado “los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad en la determinación de la pena”, en el cual se describen cada uno de los principios rectores del derecho penal, haciendo un especial énfasis en la importancia de los principios antes señalados. El segundo capítulo, lleva como nombre “la determinación de la pena en los proceso de terminación anticipada”, en este capítulo se define conceptos tanto de qué se entiende por determinación de la pena, cómo se calcula la misma, en base a lo señalado en el artículo 45- A del Código Penal, así como qué es la terminación anticipada, sus beneficios, procedimiento y audiencia en la que se realiza esta. Finalmente tenemos el “análisis de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad en los procesos de terminación anticipada en el distrito de José Leonardo durante el periodo agosto 2013 a agosto 2015”. En el cual se hace un análisis general, a fin de poder resolver nuestra hipótesis inicial y lograr nuestros objetivos, haciendo uso de diversos gráficos que nos ayudan a apreciar mejor la incidencia de los procesos que culminaron a través del proceso especial de terminación anticipada. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El nuevo Código de Procedimiento Penal recoge la experiencia en el derecho comparado y la doctrina, entregándonos nuevas medidas cautelares como el arresto domiciliario, sujeción a la vigilancia de la autoridad, obligación de presentarse ante la autoridad o el juez, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas, prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia y, en su caso la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel; dichas medidas cautelares, son una arma para el juez quien sopesando las circunstancias de cada caso, tendrá una mayor amplitud de alternativas, abriéndose un abanico de posibilidades, que redundará en una mayor y mejor protección de los derechos de todos los agentes participantes en el juicio y por consiguiente el fin último, la mejor aplicación de justicia.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Público) / Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, de dar respuesta a las interrogantes esbozadas y confirmar las hipótesis de trabajo referidas, la presente investigación se realizó tomando como campo de estudio y muestra la totalidad de las causas ingresadas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la Región Metropolitana -que corresponden al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°- durante el quinquenio comprendido entre el 16 de junio del año 2005 -fecha de inicio de la reforma procesal penal en Santiago- al 16 de junio del año 2010, abarcando las jurisdicciones territoriales de los referidos juzgados, que corresponden a la competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (CAPEL STGO) y de San Miguel (CAPEL SM). Se utilizó para ello, como fuentes de información, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) junto con las Cuentas Anuales (CA) de los TOP indicados, recabando los datos en base a una plantilla tipo, previamente diseñada, en la cual se agruparon los datos a partir de indicadores de base o medición, reuniendo la información por tribunal y por año calendario, para finalmente, proceder a la realización de tablas de datos estadísticos y cuadros comparativos de todos aquellos tópicos reseñados precedentemente, mediante la utilización del programa computacional Excel. Finalmente, se recurrió a una investigación de carácter documental, con fin de comprobar la efectividad de dicha información y complementar ciertos vacíos en los datos entregados previamente por el soporte informático respectivo.

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / La investigación es de tipo aplicativa, de diseño no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo explicativo, de enfoque cualitativo; estudia 80 casos de adolescentes con sentencia de responsabilidad, se recurre a la estadística descriptiva, luego al análisis dogmático y al método deductivo - inductivo. Entre los resultados se tiene que la infracción robo agravado alcanza el 42%, otros delitos contra el patrimonio 23%, hurto 10%, seguido por la infracción de tráfico ilícito de drogas 7%; actos contra el pudor y violación sexual, 5% cada uno, homicidio 4% y lesiones 4%, 5% otras infracciones, contra la tranquilidad pública, contra la fe pública y por tenencia ilegal de armas. Finalmente, se prueba que la valoración de la situación personal, familiar y social de los adolescentes en conflicto con la ley penal es poco trascendente en la motivación de la decisión de las sentencias emitidas por los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en el año 2013; no se aplica el inciso d) del artículo 215° del Código de los Niños y Adolescentes; contraviniendo el derecho a la motivación y al debido proceso; lo que no contribuye a la imposición de una medida socioeducativa personalizada. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo examinaremos en cinco capítulos diversos aspectos relacionados a Carabineros de Chile como auxiliar del Ministerio Público, donde los capítulos III y IV alcanzan el tema central de esta tesis y finaliza con un último capítulo referido a las tareas policiales relacionadas al proceso penal en distintos cuerpos policiales latinoamericanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho, mención derecho penal) / La presente investigación realiza un análisis del rol de la víctima en el proceso penal, centrado en el impulso que ha tenido el reconocimiento de este interviniente en el actual sistema, concretizado en los derechos que dispone como sujeto legitimado para obtener un derecho a un justo y racional procedimiento. De acuerdo a lo anterior, se examinan, en forma crítica, los derechos de la víctima y del querellante en el actual Código Procesal Penal, y asimismo, se revisa la interpretación que ha sostenido el Tribunal Constitucional, con el objeto de potenciar los derechos fundamentales de la víctima, y asimismo, los criterios que han sostenido los tribunales ordinarios de justicia en casos concretos sometidos a su conocimiento. Finalmente, se plantean conclusiones para arribar a una efectiva tutela de los derechos de la víctima como sujeto procesal

La presente investigación doctoral fue elaborada en el año 2006 y reformulada en diciembre de 2010, elegí el tema “LA INFRACCION DEL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS POR TERRORISMO” porque durante siete años [1998 a 2004] trabajé en la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo donde tuve la oportunidad de presenciar el juzgamiento de procesados por este delito, como el caso Lori Berenson Mejía en el nuevo juzgamiento llevado a cabo por los Jueces del Poder Judicial, así como viajar a diversos Establecimientos penales país, entre ellos, a Challapalca, Yanamayo, Quencoro, Cachiche, para llevar a cabo juicio orales por delito de terrorismo, así también desempeñar el cargo de Coordinadora a Nivel Nacional a raíz de la promulgación de los Decretos Legislativos 922 y 926 que declaró la nulidad de los procesos por delito de traición a la patria llevados a cabo por el fuero militar, el primero, y la nulidad de los juzgamientos llevados a cabo por los jueces sin rostro del Poder Judicial, el segundo, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal Constitucional, por lo que se me encargó primero conocer todos los casos que se tramitaron en el fuero privativo militar por delito de traición a la patria, siendo un total de 306 expedientes, para luego se proceda a declarar la nulidad del proceso y dictar un nuevo auto de inicio del mismo, asimismo conocer todos los procesos que a nivel nacional habían sido sentenciados por delito de terrorismo por jueces sin rostro del Poder Judicial para iniciar un nuevo juzgamiento respetando las reglas del debido proceso tal como lo dispusieron tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las diversas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano. Este tema lo considero de mucha importancia porque es a partir de los casos por delito de terrorismo que los operadores jurídicos le dan una real dimensión a la aplicación de las reglas del debido proceso en un procedimiento penal, ya que antes de ello por ejemplo la motivación de resoluciones judiciales era nula o escasa, como en el caso, de las Ejecutorias de la Corte Suprema en la que la fundamentación se reducía a mostrarse conforme con lo opinado por el fiscal supremo en un no haber nulidad, sin explicar las razones de su decisión, así ocurrió también al momento de fundamentar un mandato de detención, no se explicaba las presencia de los tres presupuestos concurrentes para dictar detención, no se tomaba en cuenta que la detención era la excepción y la libertad la regla, tampoco se aplicaba el principio procesal del Non Bis In Idem el mismo que solo se aplicaba o conocía en su vertiente material y no procesal, desconociendo que con su aplicación se podía evitar la doble persecución múltiple o sucesiva de un proceso penal en trámite, tampoco se respetaba el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones, de esta manera considero que conocer los principios procesales del debido proceso, nos permite administrar una justicia constitucionalizada, aún cuando contemos con normas inconstitucionales, como en el caso de los procesos sumarios. En este orden de ideas, debo señalar que el manejo de estos principios procesales, me han servido de guía para resolver casos penales cuando se presentaban vacíos legales en la aplicación de las normas procesales, en mi condición de Juez Especializado en lo Penal Titular de la Corte Superior de Justicia de Loreto .

En la presente investigación se ha empleado la metodología jurídicosocial, sobre todo la metodología del análisis y síntesis; habiéndose recurrido también a la metodología aplicada en la estadística, ya que además del estudio teórico y del trabajo experimental o de campo, se ha realizado un estudio a través de encuestas y de la revisión de las sentencias condenatorias de los procesos penales sumarios y ordinarios. Luego de la obtención del resultado de las encuestas y del análisis de las sentencias condenatorias, y con la debida contrastación con las hipótesis, en gran medida se ha llegado a establecer que no existe una debida motivación en la fijación de las penas y que los jueces