Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad fecuentemente clama por un eficiente funcionamiento de todos los poderes del Estado, sin embargo, cuando la opinión se dirige al Poder Judicial, el clamor popular se torna extremadamente exigente. Se le exige al Estado que a través de sus Tribunales investigue los delitos, que castigue al culpable y que toda la labor jurisdiccional sea realizada en el menor tiempo posible. A su vez se le exige que en el desarrollo de todo procedimiento se respete a las partes que no se sanciones jamás al inocente y que en general la buena fe y el respeto por las garantías fundamentales lideren su actuar.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio. Desde ya debemos señalar que en el nuevo sistema, aparece más apropiado llamar a los informes periciales prueba pericial, pues los informes no son prueba por regla general, aunque dicha terminología la usa el código procesal penal, en nuestra opinión de manera inapropiada. Esta materia, ha tenido una creciente aplicación en Chile y, en la medida que los juicios se vuelven más complejos, este tipo de prueba aparece cada vez más relevante y su importancia no deja de ser menor, pues un perito en alguna materia de alta complejidad puede llegar hacer decisivo en la resolución jurisdiccional y, por tanto, ello demanda a los intervinientes una preparación mas acuciosa y a los tribunales un conocimiento acabado sobre la procedencia de las pericias y su valoración y, por otro lado, un uso excesivo de pericias genera costos del juicio a veces innecesarios y dilaciones del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El penúltimo inciso del literal n) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211 establece la llamada regla de exclusión en materia de libre competencia, al disponer que los resultados de las facultades investigativas duras de la Fiscalía Nacional Económica no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando ella haya incurrido en ciertas causales de ilicitud. Considerando los escasos años que lleva vigente la norma y lo poco que se ha abordado este tema en la doctrina, el presente trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis procesal sobre la configuración de la prueba ilícita en el Decreto Ley N° 211, poniendo especial énfasis en aquélla obtenida como consecuencia del ejercicio de las diligencias intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica. Con tal propósito, desarrollaremos una serie de instituciones relativas a la orgánica de la Fiscalía, la aplicación de las medidas intrusivas en esta sede y la teoría de la prueba ilícita en general, las cuales nos permitirán conocer la forma en que nuestra legislación reconoce y acoge la regla de exclusión del material probatorio producido con infracción de garantías fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Para los efectos del presente trabajo, se partirá de la base de la legitimidad política de ius puniendi, siendo uno de los propósitos de éste, determinar el origen de la legitimidad constitucional del mismo, tema que trataremos en el Capítulo I. Una vez dilucidado este punto, nos abocaremos a establecer cuál es el concepto de derecho fundamental a que adscribimos, para luego dedicarnos, en el Capítulo II, a dilucidar qué habremos de entender por prueba ilícita y cuál ha sido su tratamiento normativo y dogmático. Para tratar el tema de la prueba ilícita, partiremos de la base del cambio que ha sufrido, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, la forma en que originalmente fueron entendidos los derechos fundamentales, pues en sus orígenes ilustrados, éstos fueron concebidos como posiciones de los individuos solamente exigibles frente al Estado y por tanto, se entendió como único sujeto activo de las vulneraciones al aparato estatal. No obstante, con la evolución de las sociedades y la pérdida de poder por parte de los Estados frente a grupos de particulares, se ha dado cabida a la posibilidad de que los particulares también sean idóneos para afectar derechos fundamentales. Es en razón de ello, que cobra importancia analizar la prueba ilícita aportada por el querellante particular y sus consecuencias, cuestión que trataremos en el Capítulo IV y también la prueba ilícita aportada por la defensa y el imputado en sus diferentes aspectos, tema de que nos ocuparemos en el capítulo V.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por finalidad analizar, dentro de la causal genérica del recurso de casación en el fondo, la infracción de las normas reguladoras de la prueba. Para ello, es necesario determinar específicamente en qué consiste dicha causal, para luego conceptualizar qué normas constituyen ese conjunto heterogéneo de normas que tradicionalmente la doctrina ha denominado “reglas reguladoras de la prueba”; y de qué manera estas normas imponen efectivamente obligaciones a los sentenciadores, a tal punto que su infracción tiene como consecuencia la declaración de nulidad de la sentencia definitiva en la que se ha incurrido en dicho vicio. Así, se intentará establecer los casos en que dichas normas formulan un mandato que tiene como destinatario al Juez, el que verá, en consecuencia, limitadas sus facultades para decidir, en virtud de sus propias convicciones, el asunto controvertido. El análisis propuesto busca, en primer, lugar deslindar el concepto de casación en el fondo, y luego examinar en particular las normas reguladoras de la prueba para establecer las circunstancias específicas que constituyen una infracción que hará procedente el recurso de casación. Intencionalmente se analizará con mayor profundidad el ámbito civil, ya que, luego de un examen bibliográfico, se ha llegado a la conclusión de que es en esta área donde existe menor desarrollo por parte de la doctrina y jurisprudencia; remitiéndose, en general en el ámbito penal, a realizar un análisis de la infracciones a las normas reguladoras de prueba en el nuevo Proceso Penal, el que aún no está vigente en la Región Metropolitana.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / De antemano quiero expresar, que la presente memoria en ningún caso, quiere erigirse en la respuesta definitiva a la pregunta sobre la admisibilidad de dicho medio de prueba, sino por el contrario, persigue aportar una visión particular al mismo, enriqueciéndolo en lo que sea posible. Antes de iniciar el estudio de la interrogante planteada, quiero dejar en claro, que toda exposición doctrinaria en cuanto a la teoría general de la prueba, ha sido omitida de la presente investigación, pues excedería el carácter específico de ésta, así como también, por considerar que dicho tema se encuentra lo suficientemente tratado en obras de relevancia doctrinaria, con suficiente pormenorización. Por lo anterior, iniciaré la presente memoria, refiriéndome a los antecedentes históricos, marco conceptual, posiciones doctrinarias, exclusiones probatorias, y demás temas que digan relación con el ámbito propio de la Prueba Ilícita

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 11 N° 6 del Código Penal establece la atenuante de la irreprochable conducta anterior del imputado, circunstancia ajena al hecho punible cuya concurrencia debiera probarse exclusivamente en la oportunidad contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal; ello, con el fin de que los jueces que conozcan de la prueba incorporada a juicio no sean contaminados con elementos externos, ajenos a la solución del caso concreto. Éste es un tema que se encuentra prácticamente zanjado en el quehacer jurídico, cosa que no ocurre respecto a si es posible establecer como objeto de prueba en el juicio los antecedentes pasados del imputado , ya no como una circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, sino que como una relacionada con los elementos constitutivos del delito, como lo son la culpabilidad y la antijuricidad, buscando con ellos acreditar –o desacreditar- el hecho punible objeto de la acusación y la participación culpable del acusado. Es sobre este punto que versa la hipótesis de nuestro trabajo: Dirigiremos nuestra investigación a evidenciar si el sistema procesal penal chileno permite o no probar ese tipo de circunstancias y en qué casos ello ocurre, para lo que desarrollaremos aspectos tan relevantes como la prueba y su valoración, entre tantos otros. Todo esto nos permitirá responder a interrogantes como las siguientes: ¿Involucrará su valoración un prejuzgamiento que vulnere el principio de inocencia? ¿Es posible entender que se está contaminando al juez de instancia con circunstancias irrelevantes para la resolución del caso concreto o que, por el contrario, ellas pueden volverse trascendentales para ello? Si es que en virtud de los artículos 295 y 276 del CPP podemos establecer que es apta para ingresar al juicio oral toda prueba que sea “pertinente”, ¿podríamos determinar que ésta sí lo es?

El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se abordará el problema de la prueba del dolo en el proceso penal, teniendo como objetivo responder a la pregunta sobre cómo se puede acreditar en juicio el dolo del autor de un delito, todo lo cual se ejemplificará en un caso de responsabilidad penal del fabricante, específicamente en el llamado “caso de la colza”. En el primer capítulo nos referiremos al concepto de dolo, sus categorías y delimitación entre la culpa consciente y el dolo eventual. Además abordaremos los fundamentos para una mayor punibilidad de la conducta dolosa sobre la culposa. En el segundo capítulo, nos referiremos a la prueba en el proceso penal y a sus particularidades; para luego abordar las propuestas dogmáticas que se han formulado para acreditar el dolo del autor, sus problemas teóricos y críticas. En el capítulo tercero, en primer lugar, expondremos el caso de la colza, que corresponde a un caso de envenenamiento masivo de la población en España por consumo de un aceite contaminado con anilina, producto de lo cuál se produjeron muertes y lesiones; en segundo lugar, haremos una aplicación del análisis de la prueba del dolo a este caso. En el capítulo final, se enumeran las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo y la opinión de los autores, referida a la posibilidad de probar el dolo mediante prueba indiciaria o en virtud de una atribución de conocimientos - aplicando la teoría normativa de Ragués -, siempre que todo ello sea explicitado en la fundamentación de la sentencia.