Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / La doctrina constitucional contemporánea, así como las decisiones del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar la justicia constitucional (juzgados y salas constitucionales), permiten apreciar en la estructura del proceso justificativo de la decisión jurídica una constante referencia al “neoconstitucionalismo”. Uno de los principales postulados del “neoconstitucionalismo” es la presencia o invasión de la constitución en todo ámbito jurídico, de manera tal que no existe espectro alguno en el cual los principios y reglas que contienen el texto constitucional no resulten aplicables; y ello a partir de la nueva concepción de la constitución según la cual es, ante todo, una norma jurídica, la más alta dentro de la estructura del sistema jurídico y, por ende, de una supremacía irrefutable A partir de la concepción de constitución como norma jurídica y la idea de supremacía constitucional, se configuran tribunales constitucionales en los distintos países de Europa y América Latina, cuyo cometido es el resguardo de la integridad de la constitución y, dentro de ello, la compatibilidad o simetría que debe tener el resto del ordenamiento respecto a sus normas, valores y principios; y para cuyo efecto debe interpretarse la constitución. En consecuencia, a partir de la creación de los tribunales y salas constitucionales, según el país respectivo, la potestad jurisdiccional del estado, para fines didácticos, podría clasificarse en jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional. / Tesis

Analiza y explica cuál es la necesidad de la observancia y acatamiento del sistema constitucional para efectivizar un adecuado control de la normatividad procesal penal frente a la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Se explica que la criminalidad organizada se presenta como fruto de una evolución con respecto a la delincuencia ordinaria, tanto en la cualificación y cuantificación profesional de estos grupos que se asocian para delinquir y que cada vez suponen un mayor perjuicio para la sociedad por ser entramados mucho más hermenéuticos, inflexibles, agresivos, violentos y sofisticados. Es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica - normativa, y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis y el logro de los objetivos. / Tesis

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Ante la ausencia de un texto legal expreso que se pronunciare al respecto, la doctrina y la jurisprudencia, bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal y aplicando una lógica inquisidora, intentaban determinar qué actuaciones procesales tenían la aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Las dudas existentes al respecto parecían disiparse con la regulación efectuada por el Código Procesal Penal. Este cuerpo normativo, de manera expresa, asigna a un determinado hito procesal el efecto suspensivo de la prescripción. A partir de la formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra suspendida. Sin perjuicio del claro tenor literal de la norma, la práctica judicial sigue siendo vacilante, concediendo a actuaciones distintas, los efectos que el legislador ha reservado a la comunicación de cargos que realiza el ente persecutor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión no tan sólo a partir del explícito texto legal, sino que extrayendo consecuencias de los principios orientadores del nuevo proceso penal, los que deben tener un pleno reconocimiento en el actuar de las agencias encargadas de la represión de los delitos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la estricta finalidad de instruir previamente al lector, antes de comenzar a leer esta obra, es necesario advertir que su objetivo consiste en examinar los sistemas de control judicial y administrativo respecto al Principio de Oportunidad, la Facultad de No Iniciar la Investigación y el Archivo Provisional, algunos de los términos facultativos que puede utilizar el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, incluye la definición de cada uno de ellos, como asimismo se destacan sus rasgos esenciales y, asimismo, su similitud con algunas legislaciones extranjeras. Para dichos efectos, se ha dividido esta obra en cuatro partes, cada una de ellas con capítulos y subcapítulos, que tratan por separado cada una de estas instituciones. En cada uno de ellos, se analizó por separado cada característica, a fin de comprender el mecanismo de control judicial y administrativo de cada institución, determinando, en un apartado, las ventajas y dificultades (o desventajas de cada uno de ellos. Asimismo, luego de un extenso examen de bases de datos y textos de consulta, esta obra trae consigo jurisprudencia acerca de dichos temas, un aspecto que se echa de menos en las obras que se han escrito, como asimismo resalta la innovadora perspectiva en la que se aborda dicha temática en esta memoria. Finalmente, a la luz del análisis que se advierte en el cuerpo de esta obra, junto a datos estadísticos utilizados para dichos efectos, se extraen ciertas conclusiones que permiten dar por sentada la existencia efectiva de una dualidad de mecanismos de control que, a la postre, resultan adecuados, no obstante advertir que una reforma legal, a fin de detallar los procedimientos y no dejar así vacíos, se tendría como oportuna y óptima, con la finalidad de evitar contradicciones y vicios en un sistema de frenos y contrapesos necesario para el adecuado ejercicio de esta facultades, no perdiendo de vista, por cierto, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto conocer y entender con toda claridad y precisión las disposiciones de la Nueva Ley N° 19.925, el funcionamiento de ésta, su sentido, alcance y ámbito de aplicación, los procedimientos y sanciones aplicables a sus infractores, así como, su relación con el nuevo proceso penal y con el cumplimiento de la pena, para poder detectar de esta forma posibles defectos que aún pudieran persistir.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A continuación abordaremos los distintos aspectos relacionados con las medidas cautelares personales, a la luz de lo dispuesto tanto en la nueva legislación como en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que se refieren a esta materia y que se encuentran vigentes en nuestro país. En una primera parte, caracterizaremos a grandes rasgos las medidas cautelares personales, analizando particularmente cuál es su fundamento y los principios que en general las rigen. A continuación abordaremos las diversas disposiciones internacionales que rigen sobre este punto, estableciendo cuales son las exigencias comunes que de ellas se derivan para los Estados Parte. Posteriormente nos referiremos a la discusión que existe en nuestro país respecto al valor de las normas de Derecho Humanos en el ordenamiento interno, especialmente el rango que las disposiciones contenidas en los tratados de Derechos Humanos tienen en Chile, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2º de la Constitución. Finalmente, expondremos cuál es el actual régimen de medidas cautelares personales que contempla nuestro Código, luego de ser reformado e incorporar las exigencias emanadas de los instrumentos internacionales señalados precedentemente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la investigación es evaluar la adecuación de las disposiciones probatorias del juicio ante la Corte Penal Internacional con su entorno institucional. Para esos efectos se desarrolla un marco conceptual que define, en base a aspectos específicos, dos modelos procesales opuestos: el modelo adversarial con tribunal bifurcado y de orientación bipolar, y el modelo no adversarial con tribunal unitario y de orientación unipolar. Estos modelos permiten caracterizar, en abstracto, las repercusiones que el entorno procesal de cada uno tenderá a producir en materia probatoria. Posteriormente, para ilustrar estas relaciones entre entorno procesal y arreglos probatorios, se analizarán en los contextos procesales concretos del sistema penal angloamericano y alemán. Para este análisis se seleccionan tres aspectos concretos de la actividad probatoria: el interrogatorio de testigos, la prueba derivativa y el rol probatorio del acusado. El resultado mostrará que en esos aspectos la actividad probatoria está fuertemente condicionada por la estructura y el ambiente procesal, y, en general, por la cultura jurídica del sistema respectivo. Finalmente, se caracteriza el entorno procesal de la Corte Penal Internacional. Se detecta que corresponde a un sistema que se aproxima a un modelo no adversarial de orientación unipolar. Al abordar el tratamiento de los aspectos específicos de la prueba revisados a propósito de los sistemas nacionales, se advierten incoherencias entre el entorno procesal no adversarial de la Corte y arreglos probatorios durante el juicio que incorporan lógicas adversariales. Se concluye afirmando la insostenibilidad de estos arreglos probatorios adversariales ante el fin expresivo de la justicia penal internacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria estará dividida en dos grandes partes. En la primera parte intentaremos analizar la conformación histórico-jurídica del secreto religioso en nuestra cultura occidental, cuestión para la cual procederemos a seguir su huella desde su nacimiento y configuración en el derecho de la Iglesia católica, hasta su inserción y consolidación en los derechos estatales modernos. Para ello, y en base a una didáctica división en estadios evolutivos de la institución que nos servirá de hilo conductor, analizaremos los deberes de secreto concretos incubados en la figura del sacramento penitencial católico -al cual nos referiremos genéricamente como sigillum confessionis-; la regulación canónica que actualmente presentan; el contexto y las razones que llevaron al reconocimiento del secreto religioso en el los derechos estatales; examinaremos un cierto numero de soluciones comparadas; para terminar construyendo sobre todos los datos aportados la fisonomía contemporánea que presentaría la institución. En la segunda parte, y con la comprensión profunda de la institución lograda, abordaremos ya derechamente las circunstancias particulares que atañen al secreto religioso en nuestro propio derecho. Escudriñaremos en los antecedentes históricos de su figura, partiendo desde el derecho de indias hasta llegar a los proyectos de códigos de procedimiento; analizaremos en profundidad las normativas que alcanzaron vigencia y configuraron la institución en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal; estudiaremos las nuevas luces que inserta la libertad religiosa en su fisonomía; veremos los efectos que surte la Ley 19.638 a su respecto; y terminaremos examinando las profundas dicotomías que el Código Procesal Penal plantea para su perfilamiento autónoma y su protección diferenciada en nuestro derecho. Por último, nos permitiremos coronar esta segunda parte con la revisión de una seguidilla de casos nacionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En nuestro país ha comenzado a funcionar, ya hace algún tiempo, el proceso penal oral, el cual intenta venir a corregir los defectos, ya tan documentados, que tenía el anterior procedimiento penal. El objetivo de esta tesis es poder determinar si, en relación a los delitos tipificados en la ley de Mercado de Valores, es necesaria alguna adaptación especial del sistema procesal para hacer frente a los mismos, poniendo énfasis en su carácter económico y la profunda ingerencia que su comisión pudiere tener en nuestro sistema de libre mercado. La conclusión final del trabajo es que se avanza en el camino correcto al limitar las acciones penales a determinadas conductas y requiriéndose, en ciertos casos, la investigación previa de la Superintendencia de Valores y Seguros, como ente especializado en estas materias, posibilitando siempre salidas alternativas al juicio oral. Por último, adhiriéndome a la tesis que en la determinación de ciertas conductas humanas como delito, existe siempre un bien jurídico protegido, estimo que, en el caso particular de los delitos establecidos en la ley de Mercado de Valores, debe abandonarse definitivamente el concepto de Orden Público Económico, de contenido tan ambiguo, y buscar el fundamento de los delitos estudiados en los conceptos de derechos fundamentales, libertad de contratación y respeto a la propiedad privada.