La presente investigación trata sobre el conflicto que genera la medida de bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias cuando sus representantes son sometidos a investigación penal. Esta medida produce un conflicto entre diversos derechos amparados por la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia, a la propiedad y la relevancia de la no desaparición de pruebas incriminatorias que coadyuven al esclarecimiento de un presunto hecho delictivo.

Los efectivos policiales no pueden realizar análisis ni conclusiones en el actual modelo de Informe Policial, por lo cual no pueden concluir con su ciclo metodológico de investigación; esta situación ha propiciado una serie de discrepancias funcionales con los fiscales, sobre todo en lo relacionado con la interoperatividad funcional, por cuanto los fiscales prescinden en muchos del personal policial en la labor de investigación criminal; contexto que se ha agudizado aún más por la deficiente capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en la investigación preliminar. Se presenta como problema de investigación: “La deficiente capacitación del personal policial, en torno al rol que le corresponde en la Investigación Preliminar, menoscaba la Metodología de Investigación Policial, en el contexto del nuevo proceso penal”. Una eficiente y adecuada capacitación del personal policial en torno al rol que le corresponde en esta etapa, afianzará la función constitucional de investigar y la capacidad operativa de la PNP, generando un impacto positivo en la lucha contra la criminalidad. Se han considerado cuatro dimensiones en la arquitectura del problema: sobre la labor policial; sobre el proceso de capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar; sobre la metodología de investigación policial en el marco de la investigación preliminar y; sobre la interoperatividad entre fiscales y policías en la investigación preliminar. De igual forma, se establecieron tres causas principales sobre el problema de investigación: la abstención de la PNP, en el nuevo Código Procesal Penal, para calificar jurídicamente los hechos que investiga; las incapacidades técnicas del recurso humano policial para el ejercicio de su rol en la investigación preliminar; la inadecuada interoperatividad funcional entre la PNP y el Ministerio Público en torno a la investigación preliminar. El problema de investigación fue reformulado en el siguiente contexto: “Los efectivos policiales requieren mejorar sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, porque actualmente tienen problemas en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal”; asimismo, al reflexionar sobre el problema reformulado se estableció el siguiente desafío de innovación: ¿Cómo podemos mejorar las capacidades técnicas del iii personal policial en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, para fortalecer la metodología de investigación policial, en el contexto del nuevo proceso penal, a través de un proceso tecnológico, educativo, inteligente y dinámico? Se indagó sobre tres experiencias internacionales relacionadas que permitieron concentrar ideas de cómo dar viabilidad al proyecto innovador, con miras a mejorar la capacitación del personal policial en cuanto a sus capacidades técnicas en el ejercicio de su rol en la investigación preliminar, con la finalidad de fortalecer la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal. El prototipo innovador fue testeado, culminándose la versión final en alta resolución. Este prototipo será desplegado en la nube de Amazon, usando AWS, a través de una multiplataforma adaptable a cualquier dispositivo móvil y un acceso URL. El personal podrá aprovechar las bondades de este prototipo con un simple acceso desde su celular, tablet, laptop o cualquier otro dispositivo móvil de comunicación. Este nuevo proceso educativo también permitirá elevar la imagen y prestigio de la PNP, y recuperar la confianza de la población. Como conclusión, se establecerá que el presente proyecto de innovación contribuirá en la mejora del desempeño del personal policial en la investigación preliminar y en el contexto de la lucha contra la criminalidad, en torno a sus capacidades, habilidades y conocimientos especializados. Por último, se anexa al presente trabajo de investigación el “Manual para capacitación del personal policial en torno a su rol en la investigación preliminar, en el contexto del nuevo proceso penal”, como un aporte y contribución personal a la institución policial, en aras de superar los problemas suscitados en la aplicación de la metodología de investigación policial, en el marco del nuevo modelo procesal penal, y poder brindar a los efectivos policiales un instrumento formal que les sirva para el debido cumplimiento de su misión. / Police officers can’t provide analyzes or conclusions in the current Police Report model, for which they cannot conclude with their methodological cycle of investigation; this situation has led to a series of functional discrepancies with prosecutors, especially in relation to functional interoperability, since prosecutors dispense with many of the police personnel in criminal investigation work; context that has been further exacerbated by the poor training of police personnel regarding the role that corresponds to them in the preliminary investigation. It is presented as a research problem: "The poor training of police personnel, regarding the role that corresponds to them in the Preliminary Investigation, undermines the Police Investigation Methodology, within the framework of the new criminal procedure model." Efficient and adequate training of police personnel regarding the role that corresponds to them in this stage will strengthen the constitutional function of investigating and the operational capacity of the PNP, showing a positive impact in the fight against crime. Four dimensions have been considered in the architecture of the problem: on police work; about the training process for police personnel regarding their role in the preliminary investigation; on the methodology of police investigation in the framework of the preliminary investigation and; on the interoperability between prosecutors and police in the preliminary investigation. In the same way, three main causes were established on the investigation problem: the abstention of the PNP, in the new Code of Criminal Procedure, to legally qualify the facts that it investigates; the technical incapacities of the police human resources for the exercise of their role in the preliminary investigation and; the inadequate functional interoperability between the PNP and the Public Ministry regarding the preliminary investigation. The research problem was reformulated: "Police officers need to improve their technical skills in the exercise of their role in the preliminary investigation, which they can do in the application of the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model"; likewise, when reflecting on the reformulated problem, the following innovation challenge was established: How can we improve the technical skills of police personnel in the exercise of their role in the v preliminary investigation, to strengthen the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model, through a technological, educational, intelligent and dynamic process? Three related international experiences were investigated that allowed concentrating ideas on how to make the innovative project viable, looking forward to improve the technical skills of police personnel in the exercise of their role in the preliminary investigation, in order to strengthen the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model. The innovative prototype was tested, culminating in the final version in high resolution. This prototype will be deployed in the Amazon cloud, using AWS (Amazon Web Services), exposed through a multiplatform, adaptable to any mobile device and the access is through a URL. The police personnel will be able to take advantage of the benefits of this prototype with simple access from their cell phone, tablet, laptop or any other mobile communication device. This new educational process will also allow raising the image and institutional prestige, and recover the confidence of the population in its Police. In conclusion, it is established that this innovation project will contribute to improving the skills, abilities and specialized knowledge of police personnel, in the field of Police Investigation Methodology and in the context of the fight against common and organized crime. Finally, the "Manual for training police personnel regarding their role in the preliminary investigation, within the framework of the new Criminal Procedure Code" is attached to this research work, as a personal contribution to the police institution, in order to overcome the problems raised in the application of the police investigation methodology, within the framework of the new criminal procedure model, and to be able to provide police officers with a formal instrument that will serve them for the due fulfillment of their mission.

El autor tiene como objetivo proporcionar criterios que deberían seguir tanto el legislador como el juez para regular y aplicar, respectivamente, la prisión civil de forma garantista y racional. Para dicho propósito, el autor, valiéndose de un análisis dogmático del derecho positivo tanto nacional como extranjero, y de la doctrina procesal que ha escrito sobre el tema, elabora una serie de criterios que tienen la finalidad de restringir el poder discrecional del juez al momento de decretar esta medida coercitiva (dentro de la propuesta destaca la exigencia de que la prisión civil se sujete al principio de tipicidad). / The author aims to provide criteria that should be followed by both the legislator and the judge to regulate and apply, respectively, imprisonment in a guaranteeing and rational manner. For this purpose, the author, making use of a dogmatic analysis of both national and foreign positive law, and of the procedural doctrine that he has written on the subject, elaborates a series of criteria that have the purpose of restricting the discretionary power of the Judge when that coercive measure is imposed (within the proposal, the requirement that civil prison be subject to the principle of typicity).

La demanda de justicia, sobre todo por parte de los sectores populares y, con mayor intensidad, en determinadas figuras jurídicas, no parece estar siendo adecuadamente atendida, como si lo impidiera un muro infranqueable, símbolo de un sistema jurídico formal deficiente. En el caso, por ejemplo, de las faltas, en vista de que la respuesta del sistema legal es casi nula frente a la ocurrencia de una infracción, podríamos muy bien afirmar, ciertamente desde una perspectiva algo extrema, que la eliminación, del sistema jurídico, de todo rezago del aparato normativo e institucional vinculado a las faltas, no generaría un impacto significativo sobre la realidad presente. La desatención del ciudadano, con o sin presencia del sistema legal, es prácticamente la misma. Precisamente por ello proponemos reflexionar sobre el cumplimiento de las funciones estatales, desde el enfoque de las políticas públicas, tomando en consideración que nuestro tema, el proceso de faltas, forma parte de la política jurisdiccional del Estado. En realidad, la acción estatal se desarrolla simultáneamente en diversas áreas o temas, por lo que limitarla a una sola resulta un tanto artificial, aunque, desde luego, puede ser útil para conocer a dónde se apunta con mayor énfasis.

El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución.

El presente trabajo analiza el escaso tratamiento otorgado a la figura del Tercero Civil Responsable en el Ordenamiento procesal penal peruano y brinda una propuesta en torno a la definición que se debería otorgar a dicho sujeto procesal, así como a los fundamentos que legitiman su inclusión del proceso penal. Para arribar a dicho aporte académico, mi investigación se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo realizo una revisión histórica sobre el proceso penal peruano, evidenciando con ello la ausencia de interés del legislador para regular aspectos relacionados con el Tercero Civil Responsable. En el segundo capítulo analizo cuál es el tratamiento normativo que actualmente le otorga el Ordenamiento procesal penal peruano al Tercero Civil Responsable, identificando con ello las principales problemáticas que se evidencian a partir de su escasa regulación, como es la inexistente definición de su condición procesal, la falta de claridad en torno al momento de su incorporación en el proceso penal y la nula regulación de las facultades que le corresponde ejercer a efectos de resguardar adecuadamente su derecho de defensa.

La presente Tesis titulada “El Principio de Imprescriptibilidad en los Delitos Contra la Humanidad en el proceso de Judicialización Peruano”, forma parte de una investigación desarrollada por varios años en que hemos estado inmersos en el proceso de judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado interno que atravesó el Perú (1980-2000). A través de esta investigación presentamos y analizamos diversas corrientes y posturas que han sido adoptadas por la comunidad internacional en el tratamiento de estos crímenes. Además de presentar alternativas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos a fin de contribuir principalmente a erradicar los mecanismos de impunidad, a la integración del derecho nacional a los estándares internacionales en materia de derecho humanos, y a consolidar una formación de jurisprudencia sobre la materia. La investigación y procesamiento de crímenes contra los derechos humanos perpetrados en el periodo de violencia (1980-2000), se encuentran en estrecha relación con limitaciones de la acción penal: (i) la excepción de prescripción; (ii) la violación al principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal. La aplicación de las reglas de prescripción reguladas en el ordenamiento legal peruano no permite el procesamiento y condena de hechos que constituyen delitos contra la humanidad por lo que el simple paso del tiempo podría generar la impunidad de los crímenes más atroces y horrendos cometidos durante el proceso de violencia que vivió el Perú. Asimismo el procesamiento de estos crímenes como delitos comunes en aras de no violar el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal limitaría el acceso a la justicia de cientos de victimas. En ese sentido, una solución, solo desde la perspectiva de la legislación nacional, sería la aplicación de otros tipos delictivos concretos de la Parte Especial del Código Penal (Ej. se puede recurrir al tipo de lesiones graves en vez del tipo penal de tortura). Sin embargo, esta solución no presenta la magnitud del hecho en tanto crimen contra los derechos humanos, y de otro lado, una de las consecuencias más graves es la aplicación de las reglas de prescripción correspondientes a estos tipos delictivos, que mayoritariamente tienen términos cortos para su prescripción, generando la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. En ese sentido, la presente Tesis postula que en el análisis del procesamiento de crímenes contra los derechos humanos se debe atender a interpretaciones que integren el derecho nacional con el derecho internacional. Con ello no se pretende dejar de lado a la legislación nacional, todo lo contrario, se busca presentar respuestas concretas e integradas que argumenten en contra de la impunidad de estos actos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El nuevo sistema de justicia penal introdujo vías alternativas de solución a los conflictos penales. En este sentido, las salidas alternativas son herramientas que tiene el Estado para suspender la función persecutora, renunciando al juicio penal respectivo. La acogida de estas salidas por parte de los Tribunales se ha evidenciado en la aplicación de estos mecanismos en un sinnúmero de casos de diversa naturaleza, tales como aquellos que dicen relación con delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, en causas relacionadas con delitos económicos y de corrupción, entre otros. Así las cosas, las salidas alternativas se constituyen como una solución rápida y eficaz del conflicto penal. En general, la aplicación de las salidas alternativas resulta pertinente e idónea en un gran número de casos, sin embargo ha sido ampliamente discutido su uso en cierto tipo de delitos en atención a la gravedad y trascendencia de los hechos y personas involucradas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en el ámbito de los delitos de corrupción; este tipo de ilícitos ha adquirido gran relevancia en los últimos años por la cantidad, complejidad y exposición pública que traen aparejados los mismos, además, por sus características particulares, y a pesar de no ser un fenómeno exclusivo del sector público, estos hechos no sólo menoscaban las bases del sistema político imperante, sino que también producen un gran impacto en la sociedad y socavan las instituciones que sustentan el régimen democrático. El objetivo por tanto de este trabajo es analizar la utilización de cada salida alternativa en los distintos tipos de delitos relacionados a la corrupción y el rol que cumplen en su aplicación ciertos intervinientes procesales, desde una perspectiva crítica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se presenta un estudio acucioso acerca de la víctima como sujeto pasivo del delito y las distintas particularidades que presenta en el proceso penal. Para ello, se comienza realizando un análisis descriptivo del proceso penal, de sus fines más importantes, desembocando en la idea fundamental de que no es posible concebir ni entender a las normas procesal penales si no son capaces, en un Estado de Derecho, de restaurar la paz social quebrantada por el delito, y entregarle a la víctima un papel digno, propio del rol subsidiario que le compete al Estado, incluso por mandato constitucional. Posterior a ello, se estudia la normativa internacional y nacional en torno a las víctimas, con las diferencias que presenta entre los distintos Estados la visión del ofendido y de su participación en el proceso penal. Como corolario de ello, se dedican páginas al análisis de acerca de si la participación de la víctima ha sido beneficiosa o no para lograr procesos penales más justos y certeros en cuanto a la represión del delito y el restablecimiento de la norma. Finalmente, se analiza la reparación, como un elemento hermano de la pena, que intenta devolver a las víctimas a la situación anterior. Se concluye con un estudio a la institucionalidad de los “Acuerdos Reparatorios”, que el legislador de 2000 incluye en el Código del ramo. Sin lugar a dudas la participación activa de la víctima en el proceso penal genera beneficios, ya que esta no puede ser tomada como mero objetivo de prueba. Su papel, como preocupación del Estado, debe estar siempre orientado en torno a la idea de la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos humanos, vulnerados por el delito cometido. “Pensamos en la Inquisición evocando grilletes, hierros candentes, mazmorras y alaridos de dolor. Pero la esencia de la Inquisición no yace en esta idea del sufrimiento. La Inquisición consiste en perseguir almas descarriadas y el papel de los jueces consiste en descubrirlas para lograr la expiación del pecado. El derecho inquisitorio confunde al delito con el pecado y el proceso penal está teñido por esta falta de diferenciación. Hay dos maneras en que, por perseguir el pecado, el Derecho penal afecta seriamente nuestra dignidad; una es de fondo y la otra de forma. La persecución del pecado es esencialmente perfeccionista: lo perseguible criminalmente no consiste esencialmente en dañar a otro; la función de la coerción estatal debe dirigirse a castigar a aquellos que se apartan de ciertos ideales de excelencia. No castigamos el consumo de drogas, el menosprecio a los símbolos patrios o las exhibiciones obscenas porque ocasionen daños. Perseguimos estas acciones porque constituyen síntomas de espíritus aviesos, de actitudes pecaminosas. La condena no recae sobre el acto, recae sobre la persona desobediente. De esta premisa se sigue que la víctima carece de importancia; el delincuente no actúa contra sus congéneres, sino que desobedece a Dios. Este olvido del que sufre el daño priva al derecho de la misión de dignificar a la víctima a través de la condena del transgresor. Si el Derecho penal sirve para algo en una sociedad secular, este algo consiste en prevenir daños y, al suceder los daños, en devolverle a las personas el respeto requerido para ser sujetos morales plenos. El chantajeado, el violado y la persona transformada en cosa por la violencia merecen un remedio institucional redignificante. Este remedio es la condena penal lograda mediante la participación del ofendido en el proceso. Llamo a esta versión del derecho, ‘derecho protector’. En cambio, el ‘derecho perfeccionista’ no cumple esta misión” Jaime Malamud Goti

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas