El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común.

El derecho penal peruano a través de sus diversas modificaciones ha creado el innovador proceso inmediato, cuyo objetivo es lograr la eficacia y celeridad procesal, siendo la flagrancia delictiva uno de los presupuestos para su incoación, específicamente la cuasi flagrancia, que se configura cuando el autor del hecho punible es descubierto, pero huye, logrando la plena identificación del sujeto y su detención policial dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho delictivo. El Tribunal Constitucional peruano ha precisado en el Expediente N° 03691 – 2009 – HC/ TC , que en los delitos permanentes existe un decaimiento de la urgente intervención policial, no obstante la cuasi flagrancia también se encuentra presente en los delitos de comisión instantánea y efectos permanentes, por lo que se deben considerar lícitas la pruebas incautadas en dicha intervención en el caso en concreto, sin existir nulidad procesal, admitiendo un derecho penal del acto con una ponderación de derechos fundamentales basados en la seguridad de la ciudadanía.

Este trabajo de investigación tiene como fin, proponer distintos fundamentos por los cuales creemos que la interpretación de la figura de habitualidad debe ser entendida de manera diferente, sustentado nuestra postura bajo determinados supuestos. Debido a que de la redacción que se tiene tanto en el decreto legislativo N° 1181 que modifica al artículo 46 c de nuestro código Penal como en el acuerdo plenario 1-2008 se entiende a esta figura como aquella que se produce en el caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de cinco años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo, además que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual naturaleza. Razón por la cual tiene aquí fundamento este tema de investigación, ya que no estamos de acuerdo con la interpretación que se le da a esa figura; es por ello que la cuestionaremos, a fin de proponer y sugerir una óptica distinta para su aplicación en un caso en concreto, a fin de obtener de manera proporcional la determinación judicial de la pena. Aspecto que consideramos de gran relevancia, para de esta manera no se vea vulnerado así, uno de sus derechos constitucionales del que está siendo investigado y de este modo protegerlo de toda intromisión ilegítima a su derecho, ya que al ser la figura de la habitualidad una agravante en nuestro Código Penal, deberá tenerse como elemento esencial para su aplicación.

La declaración previa entendida como la expresión de la manifestación de voluntad del investigado frente al representante del Ministerio Público, obtenida en la investigación preliminar o preparatoria; trasgreden los principios de inmediación y contradicción e imposibilitan a la contraparte examinar al órgano de prueba. Todo lo que ocurre fuera del juicio oral, es estrictamente preparatorio; por tanto, los jueces para decidir se basaran en todo lo producido en la audiencia de juicio oral. En tal sentido, y desde una perspectiva del encuadramiento del proceso penal dentro del derecho constitucional, la oralización de las declaraciones previas vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, la oralización de las declaraciones previas no son suficientes para enerva la presunción de inocencia; vulnera la imparcialidad de la que está revestido el juez, en el sentido que produce que este se forme un criterio débil de la culpabilidad del sujeto activo. Además de ello, la oralización de tales declaraciones deviene en una forma tácita de obligar al imputado a declarar, constituyendo una máscara de la vulneración al principio constitucional de no incriminación.

El internamiento preventivo es una medida coercitiva de ultima ratio, que busca prevenir que el menor eluda la justicia u obstaculice la misma, sin embargo en la actualidad ha sido desnaturalizada y utilizada masivamente por parte de los operadores del derecho quienes aplicando sus criterios de interpretación adecuan la solicitud del fiscal y proceden a internar a los menores aun cuando los supuestos no calzan dentro de los parámetros que la norma nos establece, por ello a través de los tres capítulos de la presente investigación abordaremos como se ha ido desarrollando la aplicación del internamiento preventivo, teniendo como referencia el análisis de las resoluciones remitidas por los juzgados de familia de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

La presente investigación tuvo como objetivo principal modificar el artículo 48° inciso 3 del Decreto Supremo Nº 007-2017 JUS, que permita la inclusión de una trascripción coherente de la declaración del aspirante a colaborador eficaz por parte del fiscal. Para ello fue necesario Analizar la problemática de la vulneración del principio de contradicción en la transcripción de la declaración del aspirante a colaborador eficaz en el requerimiento de prisión preventiva y Fundamentar de dicha modificación del Artículo 48° inciso 3 del Decreto Supremo Nº 007-2017 JUS, en virtud que el representante del ministerio público realice una transcripción coherente del relato. Así mismo se ha optado por una metodología que cualitativa, que permita la recopilación de conceptos e información en búsqueda del desarrollo del tema planteado. Todo este proceso ayudó a demostrar la existente vulneración del principio de contradicción en la mala transcripción de la declaración del aspirante a colaborador eficaz realizada por el ministerio público para solicitar el requerimiento de prisión. En ese sentido, se hace necesaria una modificación normativa, que permita salvaguardar los derechos del imputado y con ello lograr un ordenamiento jurídico más equilibrado.

La presente tesis denominada “Criterios para la correcta aplicación de la Prueba Trasladada en el Ordenamiento Procesal Penal”, tiene como fundamento establecer los criterios pertinentes para la correcta aplicación de la prueba trasladada en el ordenamiento procesal penal. Por ello se ha creído conveniente estructurar la investigación en tres capítulos, en cuanto al primero, se encuentran todos los alcances referentes a la prueba, teniendo como objetivo explicar la importancia de la prueba en el ordenamiento penal peruano; en el segundo capítulo, se analiza completamente la prueba trasladada, dónde nace esta figura, la actual regulación que tenemos sobre ella, jurisprudencia comparada y se tiene como objetivo explicar la deficiente regulación de la prueba trasladada en el ámbito procesal penal; finalmente, el último capítulo de la presente investigación tiene como objetivo fijar los criterios de aplicación de la prueba trasladada en los procesos penales. Fijar criterios de aplicación contribuirá al correcto y eficaz uso de esta figura procesal en los procesos penales peruanos.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y determinar si se configura una lesión al derecho de libertad procesal de un imputado, cuando se exceda el plazo razonable de la detención judicial durante un proceso penal, a la luz de lo decidido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de expediente N° 3771-2004-HC/TC. Para ello, se ha establecido un primer capítulo que indica de manera general las cuestiones fácticas acontecidas en la sentencia mencionada. Asimismo, el capítulo dos incluye el despliegue conceptual de todas las instituciones jurídicas vinculadas con el objetivo de análisis y finalmente el capítulo tres desarrolla de manera concreta el análisis crítico fruto de lo expuesto en los dos epígrafes anteriores. Para esta investigación, se ha empleado jurisprudencia nacional así como doctrina y legislación nacional e internacional, medios que han sido indispensables para postular una propuesta de mejora en relación a la aplicación de medidas coercitivas en pro del respeto del plazo razonable, los derechos de un imputado y la ejecución constitucional del proceso penal peruano.

peruano. Toma en cuenta la problemática actual en torno a la nulidad declarada de oficio en segunda instancia y cómo estas decisiones pueden vulnerar los derechos de los sujetos procesales, así como crear distorsiones en el sistema de justicia. En ese sentido, con el fin de plantear presupuestos básicos para garantizar una adecuada protección de derechos fundamentales a los justiciables, pasamos a revisar doctrina que desarrolle dicha institución, destacando los presupuestos conceptuales de la nulidad y una definición adecuada para el proceso penal atendiendo a los fines del proceso en un estado constitucional de derecho. También, realizamos un recuento de las principales decisiones de la Corte Suprema y Salas Penales del país, evidenciando una ausencia en el desarrollo de la nulidad de oficio, sus presupuestos y límites. Con el fin de aportar al debate en cuestión, planteamos presupuestos para el análisis y, eventual, de una nulidad decretada de oficio en segunda instancia.

La presente ponencia tiene como propósito presentar algunas reflexiones sobre la recuperación de activos en el Perú, específicamente a los relacionados con los delitos de corrupción. De esta manera, se busca demostrar la importancia que tiene la recuperación de activos en la lucha contra la corrupción, sobre todo, en la actualidad en donde se puede apreciar que en algunas oportunidades los operadores de justicia pierden de vista la necesidad de recuperar los efectos del delito, un claro ejemplo es el reciente decomiso de la cuenta bancaria a nombre de la empresa offshore Southland Securities Inc1 . que se encontraba incautada en Luxemburgo, pues en ese caso se priorizó la persecución de los autores del delito, dejando de lado la restitución de las ganancias ilícitas. Ante tal situación, la recuperación de activos de origen ilícito debería ser una prioridad en la política criminal moderna, tal y como ha quedado reflejado en los diversos instrumentos normativos internacionales que se han aprobado en materia de lucha contra la corrupción, en ese sentido, y con la finalidad de fortalecer a nuestras instituciones y a los operadores de justicia, es que recomendamos la creación e implementación de una oficina especializada en esta materia, es decir, una Oficina de Recuperación de Activos que tenga como finalidad reforzar los métodos y técnicas de identificación, rastreo y ubicación de los efectos del delito, además, de asistir en la conducción del proceso de recuperación de estos.