El objeto del presente trabajo de investigación es responder a la pregunta; <cómo ha de considerarse desde el Derecho penal las conductas de las sociedades étnico-culturalmente diferentes, que son conforme a sus culturas, pero calificadas como punibles por la ley penal oficial>; en otras palabras: ¿Se deben considerar como “delictivas” o como indicios de un “delito” las conductas de un nativo (u otra persona perteneciente a una sociedad étnico-culturalmente minoritaria) que en su contexto social no generan ninguna reprochabilidad, pero son punibles según la ley penal?

El origen de la presente tesis tiene como base el análisis de la cruenta realidad de los centros penitenciarios en el Perú, pero al profundizar en la investigación resultó ser sólo era la punta del iceberg; la crisis del sistema de justicia en el Perú y en el caso concreto de Lima metropolitana encierra un sin fin de problemas y consecuencias sociales. Se comprueba a diario que en los procesos penales de Lima metropolitana se omiten los derechos que se deberían defender; nos encontramos pues ante un proceso penal deshumanizado que ve al inculpado como un objeto, un expediente, y no el ser social, integrante de una familia; El aparato judicial peruano, como otros sistemas latinoamericanos, recoge en su código penal y procesal penal doctrinas de altas cunas jurídicas, donde la aplicación de las leyes penales se inician y concluyen con la prisión. Para agravar más la situación, los centros penitenciarios en el Perú no constan con una política de rehabilitación y reinserción social, por lo contrario, dichos establecimientos son el núcleo de las más terribles violaciones de los derechos fundamentales de la persona, incluidos en estos la propagación de enfermedades venéreas e infecto contagiosas entre los detenidos, lo cual se ve incrementado debido a la sobrepoblación existente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La evolución de la posición de la víctima en nuestro derecho procesal penal evidencia una tendencia privatizadora desarrollada al alero del discurso securitario. La atención prioritaria a las demandas de las víctimas en la política criminal, y la colocación de éstas en una posición preeminente en el sistema penal, conducen a la configuración de un ordenamiento jurídico que se contrapone a los principios de un derecho penal entendido como consenso ciudadano para la protección de intereses públicos en el contexto de una sociedad democrática.

La procedencia de la acción de garantía constitucional, hoy calificada de proceso constitucional de hábeas corpus, constituye un tema clave del Derecho contemporáneo. Sin embargo, el hábeas corpus durante la fase de la investigación preliminar del proceso penal peruano es uno de los problemas más acuciantes en la práctica constitucional penal de nuestros días. La procedencia o improcedencia del hábeas corpus contra actos de investigación preliminar es una cuestión no sólo importante para los derechos subjetivos de las personas sino también para el propio sistema jurídico. Esto por cuanto que, al afirmar derechos objetivos y valores, se apuesta por la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. Actualmente asistimos a la vigencia de dos sistemas procesales penales. El nuevo sistema procesal penal, de corte acusatorio, se sustenta en la clara diferenciación de los roles de las partes y del juzgador. El Fiscal acusará, la defensa rechazará dicha acusación, y el Juez actuará en calidad de tercero o árbitro del conflicto penal. El antiguo sistema procesal penal, sobre la base del Código de Procedimientos Penales de 1940 –de clara inspiración inquisitiva–, y normas modificatorias de corte acusatorio, han generado un sistema procesal penal mixto. La etapa de la investigación preliminar en este sistema mixto está a cargo del Fiscal, según el diseño constitucional de la Carta Política de 1993. El Juez carece de control jurisdiccional de los actos de investigación directos, mas interviene cuando se trata de actos de investigación indirectos, a petición del fiscal. En buena cuenta, en la investigación preliminar del antiguo sistema procesal penal, no se configura control jurisdiccional de todos los actos de investigación preliminar, sino de actuaciones en estricto excepcionales. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca establecer en qué medida la incorporación al ordenamiento jurídico procesal penal de alguna causal que pueda sustentar una acción de revisión contra una sentencia absolutoria o de un auto de sobreseimiento firme con valor de cosa juzgada, podría significar la vulneración del principio del non bis in ídem. La presente investigación tiene la factibilidad en su realización y en su concretización, debiendo tenerse en consideración los siguientes medios son materia de utilización: el análisis de las diversas Sentencias de Fondo expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la disponibilidad del análisis de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, la disponibilidad del análisis de la sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana, bibliografía nacional y extranjera, e identifica diversas páginas web jurídicas, las mismas que sirven como ciberbibliotecas. / Tesis

Indica que la biprotrusión dentoalveolar se caracteriza por la proinclinación de los dientes anteriores, la incompetencia labial y el perfil convexo del paciente. Es comúnmente observada en las poblaciones afroamericanas y asiáticas, aunque se puede ver en casi todos los grupos étnicos. Ya que la protrusión dental y labial en la mayoría de las culturas es de percepción negativa, muchos pacientes con esta afección buscan tratamiento ortodóncico u ortopédico para disminuir la misma. El tratamiento ortodóncico de este tipo de maloclusión, está directamente relacionado con la severidad del caso, existiendo diferentes modalidades de tratamiento tales como la ortodoncia, la cirugía o una combinación de ambas; siendo la corrección quirúrgica generalmente limitada a casos extremadamente severos y raros. Un diagnóstico adecuado nos llevará al tratamiento específico para el paciente pudiendo ser la distalización o la extracción de los 4 primeros premolares superiores e inferiores, seguida de la retracción del segmento anterior con el objetivo de disminuir la biprotrusión dentoalveolar y mejorar así la estética facial del paciente. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda principalmente la problemática de la ejecución e implementación de sentencias de la Corte IDH, en el ordenamiento jurídico peruano, así como los límites convencionales de este tribunal regional, en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sus sentencias. Para tal efecto, se analiza los mecanismos internacionales de supervisión de sentencias internacionales sobre derechos humanos a nivel regional, así como los mecanismos internos de monitoreo, control y supervisión de sentencias internacionales. En ese sentido, utiliza como escenario de análisis o muestra, el marco normativo e institucional internacional y nacional, así como las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias expedidas hasta la fecha respecto a los siguientes casos: (i) Barrios Altos, (ii) Cinco Pensionistas, (iii) Tribunal Constitucional, (iv) Baruch Ivcher, (v) Hermanos Gómez Paquiyauri, (vi) De La Cruz Flores, (vii) Lori Berenson Mejía, (viii) Huilca Tecse, (ix) García Asto y Ramírez Rojas, (x) Gómez Palomino, (xi) Cesti Hurtado, (xii) Durand y Ugarte y xiii) Cantoral Benavides. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

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Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis