En el presente informe jurídico se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2009-PI/TC que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Señor Gonzalo Tuanamá Tuanamá, en representación de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1079, que establecemedidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Es por ello que se analizará la importancia, creación, zonificación y procedimiento de aprobación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, las competencias del Ministerio del Ambiente, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, para lograr el Estado cumpla con el mandato constitucional de preservación y uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de que, al momento de los hechos del presente caso, el ordenamiento peruano no contaba con la Ley de Consulta Previa, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya había entrado en vigor, por lo cual implicaba una serie de obligaciones para el Estado en la gestión de políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas. En ese contexto, se evaluará como la obligación del Estado en materia ambiental se puede llevar a cabo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentren en dichas áreas protegidas. / This legal report analyzes the Constitutional Tribunal's Decision Nº 0023-2009-PI/TC which corresponds to the Unconstitutionality Action filed by Mr. Gonzalo Tuanamá Tuanamá, on behalf of 5000 citizens against Legislative Decree Nº 1079, which establishes measures to guarantee the patrimony of Natural Protected Areas. Therefore, we will analyze the importance, creation, zoning and approval procedure of the Natural Protected Areas in Peru, the competencies of the Ministry of the Environment, specifically the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP, and the disposition of natural resources to achieve the State's compliance with the constitutional mandate of preservation and sustainable use of natural resources. Despite the fact that, at the time of the facts of this case, the Peruvian legal system did not have the Prior Consultation Law, Convention No. 169 of the International Labor Organization had already entered into force, which implied a series of obligations for the State in the management of public policies involving indigenous peoples. In this context, we will evaluate how the State's obligation in environmental matters can be carried out without affecting the rights of the indigenous peoples located in these protected areas.

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en el Perú no forman parte de una problemática nueva debido a que han sido identificados desde la época colonial. Es por ello que la regulación siempre debe tener en cuenta que muchos de los PAM identificados en la actualidad datan de aquellas épocas. Lo anterior, en definitiva, dificulta la tarea de identificación de los responsables. Por ello, el presente trabajo detalla cuál es la regulación para la identificación e imputación de responsabilidad de los PAM en el Perú. Además, a través de un caso práctico (el caso de la empresa Servicios Corporativos Pacasmayo S.A.C., en adelante “SERCOPA”), analizaremos cuáles fueron los criterios de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo de Minería para imputar responsabilidad a la empresa. Se trata de los PAM de la ex unidad minera “Esquilache”, ubicada en el departamento de Puno. Es así que la finalidad principal del presente trabajo radica en la comprensión del razonamiento utilizado para la imputación de responsabilidad por la generación de PAM. Asimismo, en la identificación de los vacíos legales en la materia con la finalidad de formular propuestas de mejora.

En el presente trabajo se analizará el impacto negativo que generó la entrada en vigor de la Ley 30230 en las funciones de fiscalización y en la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), debido que, la aplicación del artículo 19 de la norma en mención instauró un enfoque preventivo y correctivo de la fiscalización, donde la regla general fue la aplicación de medidas correctivas y, solo de manera excepcional la aplicación de sanciones. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, con el desarrollo de este trabajo se demostrará que este nuevo carácter residual de la aplicación de sanciones, hizo que se pierda el efecto disuasivo de la potestad sancionadora del OEFA, situación que generó que el índice de incumplimientos ambientales por parte de los administrados incremente sustancialmente en todos los sectores que se encontraban bajo competencia del OEFA, lo cual, a su vez, significó el debilitamiento institucional de dicha entidad y, por consecuencia, implico también un menoscabo a la potestad sancionadora que esta entidad ostenta. Al finalizar el desarrollo del presente trabajo se podrá concluir y evidenciar el efecto negativo que la aplicación del articulo 19 de la Ley 30230 generó en las competencias de fiscalización ambiental del OEFA.

El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal.

El presente trabajo académico es relevante debido a que, con la Ley No 29022 – Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y modificatorias, que regula el procedimiento de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil se produce la vulneración de los derechos a la propiedad, al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud; así como, la vulneración de los principios de desarrollo sostenible o sustentable, de prevención y precautorio. Pese a que el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias ha realizado un análisis y determinado que en toda actividad económica que implica un riesgo en perjuicio del medio ambiente, como en el presente caso, se deben cautelar los referidos derechos y principios. En ese sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la norma legal que establece procedimientos de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil desde el principio de buen gobierno hacia una protección eficaz de derechos fundamentales. Concluyendo que, con la incorporación y aplicación de los principios de buen gobierno, en específico de los principios de corrección, participación y transparencia se propone la modificación de la referida Ley, con la finalidad de orientar de manera positiva la actuación de las autoridades públicas, que garantice la protección de los derechos fundamentales y el interés general.

El trabajo de investigación versa sobre la evaluación y análisis del marco jurídico para la implementación (construcción) de carreteras de la Red Vial Regional, y su impacto sobre las Áreas Naturales Protegidas en la Región de Madre de Dios; y, un estudio de caso correspondiente a la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado. La investigación comprende dos capítulos: en el Capítulo I, desarrollamos los conceptos principales sobre la ejecución de proyectos viales y áreas naturales protegidas, identificamos a las principales instituciones involucradas en la ejecución de proyectos viales, evaluamos el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, analizamos el procedimiento de certificación ambiental para la ejecución de proyectos del sub sector transporte; y, en el Capítulo II, evaluamos la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado, caso que nos permite identificar las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales. El Registro Nacional de Carreteras - RENAC es un instrumento que nos permite identificar la trayectoria de todas las vías terrestres que recorren el país (construidas o en proyecto), y por ende cuáles de éstas vías afectarán las áreas naturales protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento; dicha información se encuentra al alcance de todas las autoridades públicas para que éstas puedan adoptar las medidas de protección de las áreas naturales protegidas y/o su zona de amortiguamiento que correspondan con la debida anticipación al inicio de la ejecución (construcción) de una carretera.

En marzo del año 2010, cuando comenzamos esta investigación, el diario “El Comercio” informó que pobladores de la provincia de Ica, específicamente del caserío de Comatrana habían bloqueado el acceso al desierto iqueño impidiendo el pase de seis camiones recolectores de basura, los que pretendían descargar su contenido en un botadero improvisado debido a que el botadero de La Huega había colapsado luego de casi 25 años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el diario local “La voz de Ica” que indicaba que la ciudad de Ica se encontraba en emergencia ambiental puesto que había amanecido con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa concesionaria. De acuerdo con el diario, el Alcalde Provincial de Ica Mariano Nacimiento, sería el culpable de dicha situación debido a que las críticas a su gestión lo habrían llevado a ordenar que se detuviera la recolección de residuos sólidos. Para empeorar la situación, las instalaciones de un campo ferial cercano al caserío de Comatrana, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica, habría sido utilizado como botadero informal para descargar estos residuos.

La presente investigación analiza qué factores permiten explicar que una empresa agroindustrial se instale de manera irregular en una localidad de la Amazonía peruana, sin que previamente se haya determinado si los suelos son aptos para la agricultura intensiva y que, tras deforestar más de 2,000 hectáreas de bosques primarios, consiga el respaldo de las autoridades estatales para regularizar su situación. Para explicar qué factores influyen en que el Estado no cumpla con su responsabilidad de proteger los suelos no aptos para actividades agrícolas en la Amazonía, la presente investigación se orienta bajo el concepto de la autonomía relativa, la cual implica una aparente neutralidad en el funcionamiento del Estado, pero tal neutralidad se anula cuando el mismo Estado actúa de forma negligente e indiferente, favoreciendo en última instancia el accionar de una empresa que desde un principio actuó de manera ilegal, sin considerar las características socio ambientales de la región ni las normativas ambientales existentes. En el mediano y largo plazo, tales contradicciones e imprecisiones han terminado favoreciendo a la empresa

Tesis

Con este tema de investigación se busca analizar la categoría jurídica de medida administrativa; específicamente las medidas preventivas, medidas correctivas y medidas cautelares; que impone la administración en el ámbito de su potestad fiscalizadora y sancionadora. En este orden de ideas, se ha elegido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) debido a la importancia que tiene esta entidad en proteger y preservar el bien jurídico medio ambiente de las actividades económicas que desarrollamos continuamente, específicamente en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, se analiza cómo se han definido estas medidas administrativas en el ámbito del OEFA y si estas se aplican de forma apropiada a los administrados; verificando así que se cumplan con el fin proteger y resguardar el medio ambiente, pero sin dejar de lado las garantías que se señalan en el ordenamiento jurídico. En razón de ello, se analiza la doctrina correspondiente que ha abordado el tema, así como, diversos casos en los cuales se ha determinado imponer medidas administrativas. Por consiguiente, se determina que la conceptualización de las medidas administrativas aplicadas por el OEFA no cumple con la descrito en la doctrina; asimismo, se vulnera el ordenamiento jurídico al no aplicar apropiadamente los principios reconocidos en este, lo cual ocasiona que no se tutele correctamente el bien jurídico medio ambiente al momento de asignar una medida administrativa y se genere inseguridad jurídica al administrado.