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The present paper pretends to open the debate about the limits of responsibility of State suppliers on the presentation of false or inexact documentation on the selection procedures as a participator on the frame of the public procurement law, considering that the burden of proof has been translated to the governed, punishing in a more severe way the infringement to the due of veracity on the documentation that is provided by suppliers to public entities. / El presente trabajo pretende plantear el debate respecto de los límites de la responsabilidad de los proveedores del Estado en la presentación de documentación falsa o inexacta en los procedimientos de selección en los que participen en el marco del régimen de contratación estatal, habida cuenta que en el mismo se ha trasladado el peso de la verificación documentaria al administrado, sancionándose cada vez de manera más drástica la infracción al deber de veracidad de la documentación que presenten los proveedores ante las Entidad Públicas.

En el presente trabajo de suficiencia profesional se han analizado dos expedientes: uno de naturaleza de derecho público el cual es sobre protección al consumidor; en el que se tuvo como controversia la imputación de cargos referida a que supuestamente el personal de dicha proveedora habría maltratado y discriminado a la denunciante durante una revisión antes de salir de su establecimiento comercial, calificándola como una presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del Código de Protección y defensa del consumidor. Sobre el cual, la Sala Especializada en Protección al Consumidor declaró revocar en un extremo la resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor y reformándola declaró fundada la denuncia, al haberse verificado que la proveedora denunciada detuvo injustificadamente a la denunciante en su establecimiento comercial. Así se ha analizado, sobre todo por las contradicciones que tiene, las resoluciones finales emitidas en la vía administrativa. De otro lado, se tiene el expediente privado el cual se tiene como controversia a la declaración del divorcio por separación de hecho, sobre el que se ha verificado que el demandante no ha acreditado que los cónyuges se encontrarían separados de hecho, no cumpliendo principalmente con los elementos materiales y temporales. Así se ha analizado las dos primeras sentencias de mérito, sobre los que se tienen pronunciamientos contradictorios, optándose finalmente por dar la razón a la segunda instancia al constatarse una mejor valoración de los medios probatorios (de forma conjunta y razonada) conforme lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil. / Trabajo de suficiencia profesional