Conforme a las modificatorias introducidas a través del Decreto Legislativo N° 1308, el numeral 1 del artículo 107-A, incorporado al Código de Protección y Defensa del Consumidor, señala que el desistimiento del procedimiento podrá formularse hasta antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa, situación que se encuentra contemplada como una forma de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, bajo este contexto, se puede apreciar que el desistimiento ha sufrido diversas variaciones respecto a sus efectos, en un primer momento se discutía el carácter sancionador del procedimiento administrativo, siendo que bajo este supuesto no era posible el planteamiento del desistimiento por parte del denunciante, no obstante, en otro momento se planteó el carácter mixto de este procedimiento administrativo (sancionador y trilateral), ante este supuesto si era procedente el desistimiento; finalmente ante esta modificatoria normativa, ha prevalecido esta última posición, más aun si tomamos en cuenta que en la redacción del artículo 107 del Código de Protección y defensa del consumidor, a raíz de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1308, suprime en su enunciado la denominación de “Sancionador” al procedimiento administrativo, lo cual refuerza la idea de este procedimiento administrativo mixto; partiendo de esta premisa, el presente trabajo tiene por objeto analizar la pertinencia del desistimiento como una forma de conclusión del procedimiento, introducido a través del Decreto Legislativo N° 1308, y a partir de ello, demostrar que el desistimiento planteado por el denunciante, no puede tener por efecto concluir el procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta que él que lo plantea, no es parte de dicho procedimiento, y a partir de ello, entender que para aplicar adecuadamente estas modificatorias, es necesario apartarse del carácter sancionador del Procedimiento Administrativo, en materia de Protección al Consumidor. / Trabajo académico

El presente artículo tiene como objetivo analizar la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, a propósito de la Resolución N° 006-2016-SUSALUD/TRI-SSE, emitida por el Tribunal de SUSALUD, que versa sobre infracciones presuntamente cometidas por una Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPRESS pública. La justificación de dicha investigación se encuentra en los cambios en la normativa de protección al consumidor en materia de salud, que le otorgó competencia a SUSALUD para conocer las infracciones cometidas por las entidades prestadoras de servicios de salud públicas. Se parte de la hipótesis de que la distribución de la carga de la prueba en la Resolución N° 006-2016-SUSALUD/TRI-SSE es distinta a la que tenía el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, para efectos de las infracciones cometidas por los prestadores de servicios de salud privados. Se concluye enunciando los aciertos y desventajas de la concepción que tiene SUSALUD en la Resolución, desde una óptica de protección de los usuarios de los servicios de salud. / Trabajo académico

A partir de la publicación del Decreto Ley N° 25868, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), entidad encargada de proteger la propiedad intelectual, la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Esto es resultado de la modificación de nuestro marco normativo desde 1990, logrando definir las funciones del sector público y privado, enfocando mayor atención al agente que mueve el mercado: el consumidor. Es a través del Decreto Legislativo N° 716 que se crea un mecanismo efectivo (aunque aún prematuro) de protección al consumidor, reconociéndosele derechos y, por otro lado, estableciendo obligaciones para los proveedores, siendo el actuar de la jurisprudencia del INDECOPI, en base a la experiencia ganada al momento de resolver cada caso, lo que permitió generar el actual marco normativo que tenemos: La Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Codeco). / Tesis

En la actualidad, el Perú carece de una política pública que tenga como finalidad primordial impulsar el comercio electrónico B2C (business-to-consumer), lo cual se refleja en el nivel incipiente de ventas por internet que tiene nuestro país en comparación a otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile o Colombia. El presente trabajo tiene como objetivo identificar una oportunidad de mejora en la legislación, en particular, en la legislación de protección al consumidor, a través de una propuesta normativa que prevea la obligación de los proveedores de revelar información mínima sobre aspectos esenciales de una transacción electrónica, a fin de (i) generar confianza en el consumidor; y, (ii) consolidar el desarrollo del comercio electrónico en el país. Para determinar las principales causas que impiden la consolidación del comercio electrónico B2C en nuestro país y evaluar el impacto que generaría en los consumidores la implementación de una norma que consagre la obligación de brindar información mínima en dicho entorno digital, se efectuó una encuesta no probabilística a internautas y, asimismo, se realizaron entrevistas a especialistas en la materia. Asimismo, el trabajo se basó en el estudio de instrumentos internacionales, legislación comparada, doctrina especializada y experiencias de otros países. Finalmente, si bien el presente trabajo se enfoca en la importancia de la información en el entorno digital, reconoce la importancia de otros mecanismos complementarios que coadyuvarían a generar mayor confianza en el consumidor peruano respecto a la contratación electrónica, como la autorregulación y las campañas educativas. / Nowadays, Peru lacks a public policy on promoting B2C (business-to-consumer) e-commerce, which is reflected in the incipient level of online sales in comparison with the others countries in Latin American, for example, Brasil, Argentina, Chile or Colombia. The objective of this paper is to identify an oportunity to improve the legislation in Peru, specifically in consumer protection laws, through a normative mechanism that consist of providing basic information to consumers regarding essential points of the virtual purchase, in order to: (i) generate confidence in the consumers respect to online transactions, and (ii) consolidate the development of e-commerce in the country. In addition, we have made one no-probabilistic survey to internet users and interviewed to the specialists in this topic, in order to determine the main causes that prevent the consolidation of B2C e-commerce in our country and to evaluate the impact that implementing the duty of provide basic information would generate in consumers. Likewise, this work was based on a study of international treaties, comparative legislation, specialized doctrine and other countries’ experiences about B2C e-commerce. Finally, although this work focuses on the importance of providing basic information in e-commerce, it also recognizes the importance of other complementary mechanisms that would help to generate trust in the Peruvian consumers such as Self regulation and Educational campaigns. / Trabajo de investigación

Tesis

En el presente artículo, el reconocido especialista en Derecho de Protección al Consumidor Julio Baltazar Durand Carrión, desde su experiencia hace un recuento del proceso seguido en los últimos años por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, antes llamada Sala de Defensa de la Competencia N° 2.El Derecho del Consumidor, como disciplina jurídica autónoma, se encuentra en una etapa de construcción, adoptando sus propias categorías conceptuales, principios, normas, reglas, etc. En un esfuerzo por parte de la Sala, desde esta rama del Derecho, ha iniciado una reingeniería para resolver los conflictos de consumo; conforme a ello el autor enumera los más importantes criterios expedidos en materia de Protección al Consumidor.

El género humano inventó una variedad de ingeniosos castigos para aplicarlos a los delincuentes sentenciados. Muerte, tortura, estigmas, multas, encarcelamiento, destierro, restricciones a la libertad de movimiento u ocupación y pérdida de la ciudadanía son tan sólo los más comunes.

El presente trabajo constituye una contribución al análisis del fenómeno de la discriminación en nuestra sociedad, pero manifestado a través de la negativa al acceso de bienes y servicios a los consumidores que cuenten con ciertas características físicas vinculadas a sus rasgos raciales. En particular nos hemos centrado en el análisis de la discriminación racial en establecimientos de esparcimiento abiertos al público al ser éstos específicos lugares (como las discotecas) en los que se ha manifestado, y aún se manifiesta, el rechazo a ciertos grupos de personas debido a sus rasgos físicos, impidiéndose con ello su ingreso en base a falsas justificaciones (realización de fiestas privadas o exclusivas para socios, la limitada capacidad del local o la reserva del derecho de admisión, entre otros). Ante ello, con el presente trabajo se busca evaluar la funcionalidad y efectividad de los procedimientos administrativos instaurados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de oficio o a pedido de parte, como medio para solucionar este tipo de prácticas. Para tales fines, se ha evaluado la jurisprudencia de dicho órgano administrativo, comparándola con los conceptos desarrollados por el legislador y por la doctrina, sin dejar de repasar otros modelos o sistemas normativos. En base a lo anterior, se entrega una propuesta o avance con el objetivo final mejorar las relaciones entre las personas, en particular entre consumidores y proveedores, a fin que sea utilizado como elemento de estudio para el perfeccionamiento de las vigentes soluciones legislativas a nivel procedimental y, sobre todo, como medio para reprimir conductas reprochables por el ordenamiento jurídico. / Tesis

El 13 de octubre de 2013, a las 19:30 horas, el menor de iniciales A.G.C.D. acudió, acompañado de sus dos hermanas, y del señor Miguel Ángel Huamán Zevallos (amigo de su hermana mayor; en adelante, el señor Huamán), al establecimiento comercial Plaza Vea, del Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo, con la finalidad de comprar unas golosinas. Luego de haber cancelado el precio de los productos y cuando se disponían a retirarse del local, se activó el sensor de la alarma de la salida del establecimiento, lo que motivó la intervención de un agente de seguridad; quién registró al menor de edad en medio del público, no encontrándole ningún producto. Después comunicó a otro agente la situación, quién dispuso que el menor fuera conducido al baño para hacerle una nueva revisión donde le despojaron de sus prendas de vestir hasta quedar en ropa interior, también se registró su boca y cuerpo y se le realizó preguntas impertinentes. Posterior a la revisión, y al no encontrarle ningún objeto, el personal de seguridad pidió al menor que se vistiera y se retire. En dicho momento, la señorita Cornejo reclamó al personal por el maltrato recibido ; pese a ello, la denunciada se negó / Trabajo académico

El presente trabajo analiza el criterio del INDECOPI respecto a la responsabilidad de las aerolíneas por las interrupciones de itinerario generadas por los eventos técnicos ajenos a los programas de mantenimiento. Así, se parte de la hipótesis que las aerolíneas no pueden prever dichos eventos y es por este motivo que la Decisión 619 los contempla como exoneración de responsabilidad (circunstancia imprevista). Esta tema reviste de una particular importancia en el sector aéreo, pues actualmente INDECOPI investiga de Oficio el incumplimiento de itinerario de más de cinco mil vuelos, siendo que la gran mayoría de éstos son generados por eventos técnicos de mantenimiento que para la autoridad de consumo no son eximentes de responsabilidad. Se concluye que el razonamiento del INDECOPI es circular y cerrado, pues no distingue los distintos tipos de fallas que se pueden presentar en el transporte aéreo lo cual podría acarrear consecuencias negativas para el Estado peruano por contradecir un tratado internacional. / Trabajo académico