The starting point of the article is the idea that the original model of state of emergency government established to save the Constitution can be found in the Classical Roman Republic. It makes the characteristics of this institution to be analyzed. Institution that has founded an intellectual ‘tradition’ in the political and legal Western thought. The study also comments the characteristics that distinguish the “Roman dictatorship” as a concept that lightens the theoretical options of people who worry about the constitutional emergencies and the powers to set against. / El artículo toma como punto de partida la idea de que es en la República romana clásica donde ha de encontrarse el modelo original del gobierno de excepción instaurado para salvar la Constitución. A partir de ello, se analizan las características de esta institución, que ha fundado una«tradición» intelectual en el pensamiento político y jurídico de Occidente. El estudio también comenta los rasgos que distinguen a la «dictadura romana» como concepción que ilumina las opciones teóricas de quienes se preocupan por las emergencias constitucionales y los poderes para hacerles frente.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el ente encargado de supervisar las empresas del sistema financiero, cuyo objetivo es proteger la salud de dicho sistema y los intereses de los ahorristas, sin embargo esto último no se verifica necesariamente cuando una entidad del sistema financiero entra en proceso liquidatorio. El proceso de crisis bancaria tiene dos etapas, en la cual la medida de intervención es bastante fuerte. El autor explica y muestra mediante casos, el resultado de los procesos liquidatorios mediante la aplicación del esquema tradicional o “Liquidación lisa y llana”.

States of emergency haven’t been unconnected to Peruvian history. When the first Constitution was proclaimed, a regime of suspension of constitutional order was declared.  Today,  the normalization of this reality continues being firmly present in the institutional life of the country.In this paper, the author analyzes the paradox that this notion entrails. With this purpose, he goes back to the evolution that this concept has suffered in doctrine. Also, he presents an historical approach to the presence of the institution in our country. / Los estados de excepción no han sido ajenos a la historia peruana. Ni bien se proclamó la primeraConstitución, también se declaró un régimen desuspensión del orden constitucional. Hoy, la normalización de esta realidad integra la vida institu-cional del país.En el presente artículo, el autor analiza la paradoja que entraña esta noción. Con tal propósito, examina la evolución que se ha dado en la doctrina respecto del concepto. Además, nos plantea una aproximación histórica a la presencia de la institución en nuestro país.

This paper examines the anti-terrorist strategy developed by Peru from the paradigm of the constitutional rule of law. One expression of this counter-insurgency fight was the nearly permanent establishment of states of emergency and the adoption of criminal emergency laws, which are critically analyzed, because they led to serious results on fundamental rights. In that sense, it is shown, with severe concern, the establishment by the Peruvian Government of legal “black holes” and “gray holes” at the expense of victims of enforced disappearance. The author concludes by assessing the position of the courts and the challenge they have in elaborating a democratic and constitutional model for combating terrorism. / El presente trabajo examina, desde el paradigma del Estado constitucional de derecho, la estrategia antiterrorista que desarrolló el Perú. Una de las expresiones de esta lucha antisubversiva fue la instauración casi permanente de los regímenes de excepción y la aprobación de las leyes penales de emergencia, las cuales son analizadas críticamente, pues propiciaron graves afectaciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, se muestra, con  grave  preocupación,  la  creación por  parte  del  Estado  peruano  de«agujeros negros» y «agujeros grises» legales en desmedro de las víctimas de desaparición forzada. Finaliza el autor haciendo un balance de la postura de los órganos jurisdiccionales y el reto que tienen en la construcción del modelo democrático y constitucional de lucha contra el terrorismo.