Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para desarrollar la tesis de esta memoria y arribar a las conclusiones que se consignan al final, dividiremos la materia en tres partes: Una primera en la que propondremos un concepto de Recurso de Protección, nos referiremos a la historia fidedigna de su establecimiento y a su naturaleza jurídica, dejando sentada nuestra posición sobre el particular. Una segunda dedicada al análisis de las normas de procedimiento del Auto Acordado que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección. Y una tercera en la que, sobre la base de todo lo anterior, estableceremos quiénes son a nuestro juicio partes y quiénes pueden, en consecuencia, ser terceros en el procedimiento de protección. Esta tercera parte terminará con un acápite dedicado a la sentencia de protección y los terceros, tema que también presenta particularidades si es que se acepta lo que se dirá respecto de la naturaleza del Recurso de Protección y de quiénes son terceros en el procedimiento en que se tramita.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Lo que pretende esta memoria es establecer un marco conceptual para la discusión, a partir de la teoría liberal tradicional de la libertad de expresión, aquella construcción filosófica tributaria del concepto de libertad que estableciera hace ya siglos el filosofo inglés John Stuart Mill y dar cuenta del debate de los argumentos esgrimidos en tribunales y de los expuestos ante la opinión pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el primer capítulo haremos un recuento de las posiciones doctrinarias existentes acerca de los temas más discutidos en relación a esta clase de derechos, tales como su fundamento, estructura jurídica, y justiciabilidad. Además se realizará una descripción la evolución de los derechos humanos y se analizará la normativa existente en el Derecho Internacional y en nuestro ordenamiento interno. En el capítulo segundo, veremos los procesos de negociación que existieron en los tratados comerciales que celebraron Chile con Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos, los cuales serán el objeto de nuestro estudio. Posteriormente, haremos una mención a los fundamentos que presentó el gobierno chileno para alcanzar estos acuerdos y a las principales críticas formuladas a los mismos, para luego examinar en profundidad los efectos que los tratados de libre comercio han producido o pudieran en el futuro llegar a producir, en los derechos económicos, sociales y culturales. Esto último, que se introducirá en la parte final del capítulo segundo, se desarrollara en los capítulos tercero y cuarto. En el capítulo tercero, se hará una revisión de las normas que regulan derechos económicos, sociales y culturales contenidos en los tratados de libre comercio mencionados con anterioridad. La parte principal de este capítulo consistirá en un análisis de las normas laborales y medio ambientales, ya que en los acuerdos comerciales objeto de nuestro estudio las principales normas acerca de DESC recaen sobre estas materias, como consecuencia de la finalidad de evitar los denominados dumping social y ambiental. En seguida, en el capítulo cuarto, nos abocaremos a examinar otros efectos indirectos de los instrumentos en cuestión que repercuten en los derechos económicos, sociales y culturales. Esta parte del trabajo se desarrollará revisando en particular la incidencia de las normas referentes a la inversión extranjera y su relación con las normas que consagran DESC, teniendo especialmente en consideración el principio de progresividad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Por último, analizaremos los mecanismos de solución de conflictos existentes en los tratados, ya que ellos constituyen una novedad importante en acuerdos comerciales celebrados por Chile y pueden llegar a tener efectos de relevancia para los derechos económicos, sociales y culturales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Mediante la investigación se intentará un análisis de la Acción de Protección y su legitimación como modo de justificar la ocurrencia a la jurisdicción y la consecuente obtención de tutela judicial en defensa de los derechos fundamentales. Todo ello, basado en la historia de su establecimiento, la posición doctrinaria en la materia y un repaso jurisprudencial crítico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, entiende que proceso y procedimiento son dos conceptos diferentes. Y nos aventuramos en señalar que el proceso será entendido de forma general, como un conjunto de actos que se desenvuelven en el tiempo de forma progresiva para obtener como resultado, la sentencia definitiva que resuelve un conflicto. Mientras que el segundo es el conjunto de actos ordenados que conforman al proceso. Por lo que el primero siempre es una garantía y el segundo es una formalidad aplicada a dicha garantía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación intenta formular un concepto de amenaza, en el contexto del derecho procesal constitucional chileno, como causal de interposición de la “acción de protección” de derechos constitucionales. Para el logro de ello, se realizó un examen del tratamiento judicial del antecedente procesal durante las últimas 3 décadas. Igualmente, se revisó la doctrina que diversos autores formularon al respecto. De ese modo, fue posible extraer antecedentes suficientes que permitieron la aproximación a un concepto analítico de la amenaza como presupuesto procesal de la “acción de protección”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo investigativo tiene por objeto indagar sobre el control jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia a los actos de la Administración del Estado enmarcados en el procedimiento disciplinario de sumario administrativo, por medio del estudio de los fallos de recursos de protección pronunciados por la Corte Suprema de Justicia durante el quinquenio 2010 – 2015, y de esta manera, determinar la eficacia de la acción constitucional como mecanismo de control del procedimiento administrativo. En el primer capítulo nos referiremos al marco teórico de la investigación, revisando de manera somera los tópicos fundamentales tanto de la acción de protección como del sumario administrativo, y como estas instituciones se relacionan en el marco del control jurisdiccional de los actos de la Administración. En el segundo capítulo presentaremos los antecedentes, el desarrollo y los resultados de la investigación, en donde se recopilaron, clasificaron y tabularon 258 fallos de apelaciones de recursos de protección conocidos por la Corte Suprema. En el tercer capítulo, representaremos el análisis de cada fallo estudiado a través de fichas resúmenes individuales que dan cuenta de los fundamentos de la decisión en cada caso. Para finalizar, presentaremos algunas consideraciones a modo de conclusión, a la luz de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Por medio de la reforma constitucional del 2005, la acción de inaplicabilidad se trasladó desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Con todo, la situación anterior no implicó el desarraigo absoluto de la judicatura ordinaria. La razón es que, si bien la declaración de inaplicabilidad pasó a ser competencia del Tribunal Constitucional, la eficacia del precepto declarado inconstitucional para el caso concreto dependerá finalmente de la aplicación que realice el juez del fondo. De esta forma, la relación entre magistraturas es manifiesta y requiere ser complementaria. Esta relación es más significativa en el ámbito de la protección de derechos fundamentales, donde ambas magistraturas –en diferentes niveles de competencia– participan tanto de la identificación del objeto tutelado, como en la definición de la norma que resulta aplicable. Lo cierto es que ésta relación no ha sido profusamente analizada por la doctrina, ni existe una definición inequívoca en jurisprudencia. En este sentido, esta investigación se propone desentrañar los diversos elementos normativos que inciden en la relación entre estas magistraturas, especialmente cuando la gestión pendiente versa sobre un recurso de protección. Para este propósito nos dispusimos a analizar tanto las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional entre los años 2005 y 2015, como las resoluciones del juez del fondo en las causas respectivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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