Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es determinar el estándar de control de legalidad que pueden aplicar los tribunales ambientales al conocer y fallar las reclamaciones en contra de actos administrativos. Para ello, se analiza la Ley N° 20.600, con su correspondiente Historia de la Ley, la doctrina nacional y comparada respecto del contencioso administrativo y el control de legalidad en las acciones de nulidad, para finalmente analizar el estándar de control efectivamente aplicado por el Tribunal Ambiental de Santiago, desde su instalación hasta el año 2015.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analizan las reformas introducidas por la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, y su aporte como vehículo de acceso a la justicia ambiental, en comparación con los organismos que con anterioridad dirimían materias ambientales. Tomando en cuenta este objetivo, se estudian tanto las instituciones previas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que resolvían los casos atingentes y el modo por el cual impartían la justicia ambiental, como las instituciones que actualmente tienen competencia en la resolución de los conflictos ambientales. Posteriormente, se describen los elementos más relevantes de los Tribunales Ambientales: su composición, competencia y procedimientos. Una vez hecho lo anterior, se detallará si la introducción de los Tribunales Ambientales ha sido un aporte en el acceso a la justicia ambiental y si responde a las necesidades ciudadanas. Finalmente, se examinan otros modelos de solución de controversias ambientales a nivel de derecho comparado, sistematizando los mecanismos que eventualmente podrían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto exponer la discusión que se ha suscitado en torno a la acción contenida en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, tanto en la doctrina como en los tribunales de justicia, haciendo un énfasis especial en lo resuelto por la Corte Suprema. Previo al inicio del análisis pormenorizado de las características de esta acción, se considera necesario detallar el contexto en el cual se encuentra inserta la invalidación ambiental. Con dicho propósito, se procederá a desarrollar las distintas modificaciones que ha sufrido la institucionalidad ambiental en Chile, desde el año 1994 con la Ley N° 19.300 hasta la Ley N° 20.600 que crea los tribunales ambientales. Posteriormente, se expondrá la historia y características de la invalidación en el país, la doctrina existente sobre la misma y los límites que se le han reconocido. El trabajo culminará con un análisis del desarrollo jurisprudencial de la invalidación ambiental, acción que ha ido mutando con el tiempo a la luz de los distintos criterios sostenidos tanto en su fase administrativa, como judicial. Se expondrá cuál es la situación en que se encuentra actualmente y las soluciones que se vislumbran a futuro. / 12/12/2019

Tesis (Magíster en Derecho Ambiental) / Actividad formativa equivalente a tesis (AFET) / La presente actividad formativa equivalente a tesis (AFET) tiene por objeto el análisis de la jurisprudencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago -incluyendo los fallos de casación de la Corte Suprema cuando corresponda- en relación a la competencia del Artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, cuerpo legal que crea los Tribunales Ambientales, pieza y engranaje fundamental de la nueva institucionalidad ambiental que nuestro país establece a partir del año 2012. La competencia que se analizará, dice relación con la resolución de la Administración frente a la solicitud de invalidación de actos administrativos de carácter ambiental. A lo largo de la investigación, se relevan los principios, criterios e interpretaciones que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, ha establecido para este nuevo contencioso administrativo. Para lo anterior, primeramente, se revisa la institución de la invalidación consagrada en la Ley N° 19.880; para luego analizarla desde la óptica de los actos administrativos de carácter ambiental. Los fallos analizados, fueron seleccionados tomando en cuenta que fueron los primeros que al Segundo Tribunal le correspondió resolver y, por tanto, a través de los mismos, se establecen las bases de esta nueva competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo dilucidar si en nuestro país existe efectivamente en la actualidad, una judicialización de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que a priori creemos que es correcto. Para comprobar nuestra hipótesis, hicimos una revisión de las distintas instituciones que participan en la evaluación ambiental, directa o indirectamente, dividiendo el trabajo en 4 grandes capítulos. En primer lugar revisamos someramente la historia de la legislación ambiental en nuestro país, ahondando específicamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En segundo lugar, tratamos de la acción de protección en términos generales, y específicamente la garantía constitucional del artículo 19 nº 8 de la Constitución Política de la República. En tercer lugar, nos referimos al Tribunal Ambiental, repasando el proyecto de ley presentado, la discusión parlamentaria para llegar a la dictación de la Ley N° 20.600, y revisamos cada una de las competencias contenciosas administrativas respecto a los actos emanados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregadas al Tribunal Ambiental. Finalmente, realizamos un análisis 9 comparativo entre la acción de protección y las acciones propuestas en la Ley N° 20.600. Concluimos que no nos parece hablar de una judicialización de proyectos de manera negativa, ya que ésta no ha aumentado de manera considerable. Por otro lado, sí se hace necesario contar con mecanismos de solución de controversias claros, determinados, y que les den garantías a todos los actores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria aborda un breve análisis de los Tribunales Ambientales en cuanto a su naturaleza jurídica, las razones del legislador para crearlos, su proceso de implementación en nuestro sistema jurídico-legal considerando su naturaleza de Tribunales Especializados de lo Contencioso Administrativo, y las críticas que han surgido respecto de estas nuevas instituciones. Se estudia, en particular, el recurso de casación contemplado en la Ley Nº 20.600 para las sentencias definitivas dictadas por estos nuevos Tribunales y para ello se enfatizarán dos aristas; primero, si el recurso contemplado de casación tanto en la forma y en el fondo cumple con los estándares y finalidades de una casación en su sentido tradicional, es decir, como un recurso de nulidad y no de mera enmienda como el de apelación. Para ello, se estudian los recursos en general desde una perspectiva procesal y dogmática, con especial énfasis en la casación. En segundo término, se investiga si la casación del artículo 26 como actualmente está planteada y su conocimiento en la práctica por la Corte Suprema, permite cumplir los objetivos que la ley se propone acorde con la nueva institucionalidad ambiental, conteniendo entre otros aspectos, un cierto grado de deferencia, respetando prima facie la especialidad técnica de los jueces ambientales. Se efectúa a su vez un análisis de la legislación positiva de la Ley Nº 20.600 utilizando para ello sus fuentes históricas, principalmente las discusiones durante su elaboración, para de esta manera esbozar el espíritu que persiguió plasmar el legislador y determinar si se discutieron adecuadamente los aspectos y consecuencias jurídicas del régimen recursivo establecido. Finalmente, se estudia la experiencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia en cuanto al conocimiento de su recurso de reclamación por parte de la Corte Suprema. Por tanto, la investigación en una primera fase es normativa en cuanto se examina la Ley N° 20.600, dogmática en cuanto a la naturaleza de los recursos procesales, y por último, jurisprudencial en tanto se revisan los fallos que hasta mayo del año 2015 ha emitido la Corte Suprema conociendo de la casación del artículo 26

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objetivo principal entregar un estudio pormenorizado de la evolución de la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las posibilidades de reclamar judicialmente la privación o vulneración de este derecho en nuestro país. Este examen parte por determinar el concepto y elementos del acceso a la justicia en materia ambiental, primero en el contexto del Derecho Internacional, a través de los diversos tratados internacionales referidos a esta materia, para luego comprobar la aplicación de los principios consagrados en dichos instrumentos en nuestra legislación nacional a través de la historia. El análisis cronológico del acceso a la justicia en nuestro país se encuentra dividido en antigua y nueva institucionalidad ambiental, en razón de las modificaciones legales que se han realizado en esta materia, y comprende tanto las instancias administrativas como judiciales para el ejercicio de los derechos de acceso que lo componen. Nuestra presentación argumenta finalmente que, a pesar de los esfuerzos y la clara intención del legislador por equiparar la regulación ambiental chilena a los estándares internacionales, específicamente en lo que dice relación con mejorar el derecho de acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones medio ambientales y la reclamación judicial de su vulneración, la implementación de las reformas llevadas a cabo no han logrado dicho objetivo