Tesis (magíster en derecho ambiental) / El presente trabajo tiene por objeto determinar el concepto, procedencia, características y elementos propios del denominado “Impacto Ambiental No Previsto" (en adelante, IANP), en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; como asimismo, identificar el procedimiento a adoptar frente a la ocurrencia de éstos, y las potestades regulatorias bajo las cuales puede actuar la Administración del Estado. Diversas son las interrogantes en torno a este concepto, y escasa la regulación expresa en torno a esta materia, y a las limitaciones que pueden imponerse al administrado ante la ocurrencia del IANP, por ello, se revisó la normativa nacional y derecho comparado, especialmente normas reguladoras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y normas reguladoras de las potestades de los órganos de la Administración, que proporcionaron los elementos de juicio necesarios para arribar a una conclusión. El trabajo presente, como principal conclusión, sostiene que el IANP, es una figura de carácter excepcional, que tiene lugar, en aquellos casos en que, por un caso fortuito o de fuerza mayor, las variables ambientales relevantes consideradas para la ejecución de un proyecto, no se han comportado, en la forma que regularmente se comportan, y en consecuencia, se han generado impactos ambientales de relevancia, carentes de medidas en la Resolución de Calificación Ambiental que se hagan cargo de éstos. Existe por tanto una relación de causa y efecto, entre el comportamiento anormal de las variables ambientales y la ocurrencia de los impactos.

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Tesis (magíster en derecho ambiental) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo plantea como objeto principal determinar si existe conflicto normativo entre el estatuto jurídico minero y la Convención de Washington; por ende, si es posible en conformidad a la legislación vigente desarrollar actividades mineras en parques nacionales, considerando lo dispuesto en el Art. 17 N° 2 del Código de Minería y el Art. III de la Convención de Washington que -se ha dicho- prohíbe la explotación de las riquezas con fines comerciales.

Ingeniero Civil Industrial / Este trabajo de título corresponde a un estudio sobre el impacto económico y ambiental que tiene la incorporación de las fuentes eólica y solar a la matriz energética chilena, bajo distintos escenarios, para el periodo comprendido entre los años 2018 a 2026. Para esto se utilizan principalmente modelos de simulación, los cuales estiman el funcionamiento futuro del sistema eléctrico, proyectando la generación por tipo de fuente, entre otros resultados. Además se utiliza información histórica de la generación en el Sistema Interconectado Central a fin de estudiar la interacción entre las fuentes renovables eólicas y solares con el resto de las generadoras. Se ha determinado que con una participación de las fuentes renovables no convencionales del 10%, el sistema eléctrico en su conjunto presenta un costo total de 20 mil millones de dólares, entre los años 2018 y 2026. Al aumentar la participación de estas fuentes en 5%, dicho valor aumenta en 1.100 millones de dólares; luego, para llegar a una participación de 20%, los costos totales aumentan en 2.200 millones de dólares sobre el escenario base; mientras que para llegar al 30%, dicho aumento es de 4.500 millones de dólares. Esto implica que los costos medios de la energía aumentan en $2, $5 y 10 dólares por MWh para los escenarios de 15%, 20% y 30% respectivamente en relación el escenario base. En cuanto a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, se ha estimado que un aumento del 5% en la generación a partir de las fuentes eólica y solar, con respecto al escenario actual, las reduce en 9 millones de toneladas. Al aumentar la participación a 20%, dicha reducción es de 26,3 millones de toneladas; mientras que para el 30%, es de 58,8 millones de toneladas. Esto implica que, con respecto a las emisiones totales del Sistema Interconectado Central para el periodo comprendido entre los años 2018 y 2026, las emisiones de dióxido de carbono se reducen en 3%, 9% y 20% al llegar a las metas de 15%, 20% y 30% de generación a partir de fuentes ERNC respectivamente.

En la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental se utilizan habitualmente metodologías de identificación de impactos específicas según el tipo de proyecto. Actualmente, en Chile no existen metodologías específicas para el caso proyectos de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Cauces Naturales (PCH-CN), correspondientes a centrales de pasada con potencia instalada inferior a 20 MW y en forma gradual hasta los 40MW. Este tipo de centrales han aumentado su importancia en el país en los últimos años debido a sus ventajas como Energía Renovable No Convencional (ERNC) en el marco de diversificar y mejorar un mercado energético en explosiva expansión y con un alto aporte energético de combustibles fósiles. En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es proponer un aporte tanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como a las empresas proyectistas, consistente en un instrumento de apoyo para la identificación de los impactos ambientales y la proposición de medidas de mitigación en la implementación de las PCH-C aportando a la aceleración, objetivación y transparencia del proceso. Siendo las PCH-CN el objeto central del análisis, se realiza en primer lugar una descripción general de ellas destacando sus ventajas como ERNC. Luego se profundiza en torno a impactos ambientales y sus métodos de identificación, analizando también el sistema y la institucionalidad ambiental del país, en especial en lo relativo a las ventajas y debilidades de la Ley Nº 20417 promulgada el año 2010. Finalmente se plantea una lista de verificación de impactos ambientales específica para PCH-CN, planteando también posibles medidas de mitigación. El trabajo demuestra las ventajas de las listas de verificación frente a otros instrumentos como una metodología de identificación de impactos ambientales, fundamentándose en que su aplicación simple y ordenada contribuye a no omitir factores esenciales y a comparar diversas alternativas y medidas de mitigación eficientes. El análisis centrado sólo en la identificación cualitativa de los impactos ambientales, se aplica en este trabajo a la Central Hidroeléctrica Guayacán con el objetivo de demostrar su validez teórico-práctica.

El proyecto Puntilla del Viento consiste en la construcción de un embalse de regulación que contaría con una capacidad de 85 millones de m3 de capacidad útil y 450 hectáreas aproximadamente de superficie inundada, con una vida útil de 50 años, una inversión de 115 millones de dólares y una mano de obra de 900 personas durante el período de máxima demanda durante su construcción. Su objetivo es favorecer productivamente la Primera y Segunda Sección de riego del río Aconcagua, que incluyen las comunas de Catemu, Panquehue, San Felipe, Santa María, San Esteban, Rinconada, Los Andes y Calle Larga. Este embalse de cabecera se encuentra en etapa de pre-estudio y su construcción significaría la relocalización de entre 300 a 500 familias de las comunas de Los Andes y San Esteban, vecinas a la carretera Camino Internacional. Durante el proceso de pre-estudio las comunidades que se verían afectadas por la construcción del embalse, se han opuesto a que se lleve adelante el proyecto, lo cual generó la preocupación de todos los sectores involucrados. Las comunidades a través de las jornadas de participación ciudadana alegan que “el embalse es inseguro, inundará nuestras casas, y terminará con lugares de valor arqueológico e histórico – patrimonial”. La construcción de un embalse siempre generará necesariamente un impacto sobre el medio ambiente, al desaparecer de forma irreversible bajo sus aguas una porción de territorio, en la mayor parte de los casos bastante extensa. Este impacto será mayor o menor, dependiendo de las áreas que van a ser cubiertas, restos de interés histórico-arqueológico, bosques, suelos de interés agrícola, asentamientos humanos, etcétera. Por otra parte, no cabe duda de que los embalses son necesarios en muchos aspectos para que se pueda llevar a cabo la actividad humana. Este trabajo consiste en un análisis predictivo del impacto sobre el territorio que generaría la construcción e instalación del embalse Puntilla del Viento.

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Ingeniero Civil Industrial / En el marco de la nueva política Energía 2050 se propuso como meta que las energías renovables deben representar el 60% de la matriz al año 2030 y al menos un 70% de la generación para el 2050. La región de Antofagasta posee uno de los mayores potenciales de energía solar en el mundo, esto ha permitido paulatinamente la entrada de generación fotovoltaica, y los escenarios prospectivos aquí presentados estiman que su presencia representará entre un 11,3% y un 19,6% del total de la matriz de generación eléctrica regional al 2030. Además, otras tecnologías como eólica, concentración solar y geotermia ingresarán a la región en diferentes magnitudes. Los gases de efecto invernadero han sido el principal foco de los estudios internacionales y nacionales en materia de impacto ambiental, sin embargo sorprende la ausencia de otras categorías de estudio en los planes futuros a nivel país. ¿No se estará acaso incurriendo en otros daños negativos al ecosistema al enfatizar únicamente en combatir el cambio climático? Así, se traza como objetivo plantear una metodología basada en la herramienta de análisis de ciclo de vida para comparar impactos ambientales entre las diversas tecnologías de generación de energía eléctrica en un contexto regional, en particular a la II Región de Antofagasta. Para ello se analizarán impactos unitarios, del escenario actual y se compararán escenarios proyectados. Se obtiene que la mayoría de los impactos provienen de la generación térmica, siendo éstos principalmente locales, originados en su mayoría de la quema de combustibles fósiles para generar energía en la fase de operación. No obstante, el crecimiento de la producción energética fotovoltaica y eólica traerán consigo un aumento en ciertos impactos que previo al estudio no eran esperados. Por ejemplo, para la energía solar se observan impactos considerables en el uso de aguas, incluso mayores que la generación en base a carbón. Según los escenarios estudiados, la generación fotovoltaica representará entre un 28,46 y un 43,73% del impacto total. Por su parte, la toxicidad terrestre aumenta ostensiblemente con el aumento de la participación de generación eólica, y eso debe ser comprendido por los stakeholders involucrados, en particular si hay comunidades cercanas que podrían verse afectadas. También el uso de suelos es una categoría donde las energías renovables aumentan sus impactos progresivamente. La concentración solar y geotermia, también tendrán impactos unitarios importantes en la generación de smog fotoquímico, daño a la capa de ozono, eutrofización y acidificación, entre otros. Se concluye que en la actualidad, el parque de generación eléctrica de Antofagasta está alejado de las metas impuestas por el país según la política Energía 2050. La alta dependencia en combustibles fósiles (95,6% del total) está generando importantes impactos medioambientales. El conocimiento de estos impactos debe estar disponible, y una perspectiva de análisis de ciclo de vida será útil para impedir el desplazamiento de problemas de un proceso a otro, o bien entre áreas geográficas.

El objetivo general de este trabajo es sistematizar, a partir de la información pública disponible, los grados de avance de proyectos de generación y transmisión en un sistema eléctrico, de manera de poder establecer un juicio sobre la fecha de puesta en servicio de dichas obras. Esto con el fin de que exista una herramienta que permita clasificar a los proyectos en base a modelos matemáticos. Dada la naturaleza de la información disponible se utiliza la metodología de KKD para obtener conocimiento a través de la información disponible, lo que permite estimar la probabilidad de que una determinada variable nominal pertenezca a cada una de las categorías que puede tomar la variable en cuestión. Para determinar esta probabilidad primero se seleccionan los atributos que permitan explicar la variable en estudio, para luego determinar los coeficientes que acompañan a cada una de las categorías de los atributos seleccionados. Para la construcción de los modelos se utiliza la información pública disponible, por lo que en caso de disponer de mayor información, los resultados del modelo pueden cambiar y mejorar. De los resultados obtenidos se concluye que el acierto de los modelos obtenidos aplicados a los datos históricos supera el 70% en ambos caso. Además de entregar una predicción de la clase en estudio, se debe entregar la probabilidad que tiene la variable en estudio de pertenecer a cada categoría, ya que en los casos en que el modelo no entregó una predicción correcta fue debido a que la probabilidad que tenía esa categoría no era muy alta o era muy parecida a otra. Pese a que modelos de redes neuronales o árboles de decisión no entregan probabilidad, se utilizaron para comparar los resultados obtenidos, entregando estos dos último modelos mejores resultados en el caso que se estudia la materialización de los proyectos (cerca de un 10% de más aciertos). Finalmente se desarrolla un conjunto de herramientas gráficas que permiten visualizar los resultados obtenidos, además de observar los estadísticos más comunes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo dilucidar si en nuestro país existe efectivamente en la actualidad, una judicialización de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que a priori creemos que es correcto. Para comprobar nuestra hipótesis, hicimos una revisión de las distintas instituciones que participan en la evaluación ambiental, directa o indirectamente, dividiendo el trabajo en 4 grandes capítulos. En primer lugar revisamos someramente la historia de la legislación ambiental en nuestro país, ahondando específicamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En segundo lugar, tratamos de la acción de protección en términos generales, y específicamente la garantía constitucional del artículo 19 nº 8 de la Constitución Política de la República. En tercer lugar, nos referimos al Tribunal Ambiental, repasando el proyecto de ley presentado, la discusión parlamentaria para llegar a la dictación de la Ley N° 20.600, y revisamos cada una de las competencias contenciosas administrativas respecto a los actos emanados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregadas al Tribunal Ambiental. Finalmente, realizamos un análisis 9 comparativo entre la acción de protección y las acciones propuestas en la Ley N° 20.600. Concluimos que no nos parece hablar de una judicialización de proyectos de manera negativa, ya que ésta no ha aumentado de manera considerable. Por otro lado, sí se hace necesario contar con mecanismos de solución de controversias claros, determinados, y que les den garantías a todos los actores