El documento digital no refiere asesor / Determina cuáles son las modificaciones necesarias para que el actual sistema de control de constitucionalidad de normas y Tratados existente en el Perú, sea acorde con los objetivos de dicho sistema y con el derecho internacional. La presente investigación constituye un aporte para mejorar el Sistema de Control Constitucional en el Perú, a efectos de cubrir determinados vacios que presenta el mencionado sistema, los cuales afectan los derechos de la Sociedad Civil; y a su vez, pueden generar Responsabilidad Internacional al Estado peruano y un daño en la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Asimismo, dicho Sistema no permite que el Tribunal Constitucional ejerza un control eficaz del cumplimiento de sus criterios, respecto al control difuso ejercido por los órganos jurisdiccionales ordinarios. / Tesis

En el presente estudio analizaremos como el Tribunal Constitucional pretende extender los alcances del control difuso jurisdiccional a algunos órganos administrativos, otorgándoles mayores atribuciones que los que posee el Poder Judicial, ya que los órganos administrativos a quienes se ha reconocido esta atribución podrán ejercerlas sin el control de órgano superior alguno, lo que genera la posibilidad de diversas interpretaciones de una misma Ley con la situación de caos y desconfianza que ello significa. Pues, en la medida que no exista dentro del Poder Ejecutivo una única entidad capaz de someter jerárquicamente a todos los Órganos Colegiados y Tribunales Administrativos - que pudiera jugar un rol de la Corte Suprema en el caso de la inaplicación de leyes inconstitucionales – se estaría creando un caudillismo jurídico, donde todos creerían tener la razón respecto a la interpretación de una norma Constitucional, poniendo en riesgo la Seguridad Jurídica del administrado y sus consecuencia en el ámbito económico, pues bien es sabido donde no hay seguridad jurídica, no hay inversión privada.

Manifiesta como el control de constitucionalidad difuso, poder y deber de los órganos jurisdiccionales del Estado ha sido desnaturalizado por el intérprete supremo de la Constitución peruana al menos en dos aspectos que son objeto de este trabajo cuando decidió que dicha potestad es extensiva a órganos y tribunales de la Administración Pública adscritos al Poder Ejecutivo y cuando fijó que su ejercicio debe estar condicionado a la acreditación de perjuicio y a la invocación de parte. Desarrollamos el carácter de poder-deber y la naturaleza eminentemente jurisdiccional del control de constitucionalidad difuso, a partir de comprender sus principales fundamentos históricos y jurídicos que dieron origen a esta institución del derecho constitucional, desde su adopción en Inglaterra hasta su desarrollo brillante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los cuales nos permiten confrontar las decisiones emitidas por nuestro Tribunal Constitucional así como de autores y académicos, en relación a los aspectos cuestionados. A partir de una interpretación válida de la Constitución y sus disposiciones respectivas, sustentamos el control de constitucionalidad difuso como poder-deber y su naturaleza eminentemente jurisdiccional, resultando impropio que la misma sea reconocida como atributo de otros poderes públicos y órganos distintos a los que integran el poder jurisdiccional del Estado. / Tesis

Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. / The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity by up to one third.