El presente Informe analiza la resolución N° 015-2021-SUSALUD/TRI-PSE, emitida por el Tribunal de SUSALUD donde se resuelve dar por Infundado en todos sus extremos el recurso de apelación presentado por la IPRESS Hospital Alcides Carrión a la Resolución Final en procedimiento trilateral sancionador de la SAREFIS, bajo Exp. Pas N° 0189-2019, mediante la cual se impone una sanción de 47.68 UIT por haber postergado injustificadamente un tratamiento médico. Mediante este Informe, se analiza los criterios utilizados por la SAREFIS y el Tribunal encontrando problemas de debido procedimiento en relación a la motivación y se cuestiona el método utilizado para determinar el cumplimiento de un hecho imputable. A raíz de ello, además de analizar la infracción cuestionada, se realiza una revisión a cada argumento emitido por el Tribunal aportando al contenido de los principales temas encontrados como la razonabilidad o non bis in idem. Finalmente, concluyo que la Resolución del Tribunal padece de un inadecuado tratamiento de revisión de hechos y aporto recomendaciones sobre cómo aproximarnos al contenido probatorio suficiente para la calificación de la infracción de postergación injustificada al acceso de los usuarios a las prestaciones de salud en el caso puntual de inacción de las IPRESS y confirmación posterior de diagnósticos

El presente artículo busca desarrollar la “caducidad del procedimiento administrativo sancionador” aplicada en la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD, a propósito del último precedente de observancia obligatoria contenida en el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2018, cuyo uno de los criterios comprende la no aplicación de la caducidad en los denominados procedimientos trilaterales sancionadores seguidos ante la entidad. En mérito a ello, se efectúa una descripción jurídica sobre la potestad sancionadora, los procedimientos administrativos sancionadores y, el marco jurídico de la caducidad recaída en tales procedimientos. En ese orden de ideas, el presente trabajo se justifica en el pronunciamiento emitido por la SUSALUD, cuyos criterios ocasionaron un tratamiento jurídico diferenciado a ser aplicado en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el acotado ente público, repercutiendo de ese modo, en la invariabilidad para la aplicación de la caducidad que logró seguirse, pese a las sucesivas modificaciones de la Ley N° 27444