El Estado Peruano es el principal promotor de la protección de la seguridad social y que esta abarca la atención en salud, beneficios y pensiones; y estas se deben aplicar acorde al Derecho a la igualdad; sin embargo, en la actualidad no existe el acceso equitativo a los servicios de salud. El presente trabajo tiene como objetivo encontrar la injustificada conculcación al derecho de la igualdad y no discriminación del recién nacido, al que se le suprime el subsidio por lactancia en el sistema de seguridad social de SALUDPOL, no ocurriendo lo mismo en el sistema de seguridad social de ESSALUD. Asimismo, se presenta una propuesta de universalización para el otorgamiento del subsidio por lactancia a todos sus ciudadanos que cuenten o no con un seguro, que se ha puesto en práctica en el vecino país de Bolivia. Finalmente, se concluye que entre los recién nacidos no debe existir ninguna desigualdad ni discriminación, por ser seres vulnerables, y que el Estado Peruano lucha constantemente contra la mortalidad infantil y la anemia que afectan gravemente en la salud del recién nacido impidiendo su normal desarrollo, el cual influye en su etapa de niño, niña y adolescente; por lo que resulta necesario y fundamental la universalización en el otorgamiento del subsidio por lactancia al recién nacido a fin de contribuir con la erradicación de dicha problemática que persisten en pleno siglo XXI.

El objetivo del presente trabajo ha consistido en determinar los alcances del concepto de remuneración para efectos de la determinación de la base imponible de las aportaciones a la seguridad social en el Perú, las mismas que se encuentran comprendidas dentro del sistema tributario peruano al calificar como contribuciones. En particular, el análisis se ha enfocado en las participaciones en utilidades que son entregadas de manera voluntaria por el empleador y que podrían tener naturaleza remunerativa en la medida que se demuestre que estos conceptos han tenido por finalidad la retribución de los servicios prestados por el empleador. Para estos efectos, se ha efectuado un análisis de la normativa tributaria y laboral, así como de resoluciones del Tribunal Fiscal, jurisprudencia y doctrina especializada, a fin de poder identificar la naturaleza de las instituciones jurídicas objeto de análisis. Como resultado de este trabajo, se concluye que la norma que considera a las participaciones en utilidades como conceptos no remunerativos debe ser interpretada bajo el entendido de que dicha calificación se refiere únicamente a las participaciones en utilidades obligatorias, en tanto se trata de un beneficio social. No obstante, las participaciones en utilidades voluntarias merecen un tratamiento distinto al no ser una obligación del empleador, pudiendo tener naturaleza contraprestativa y calificar como remuneración siempre que se cumplan los presupuestos esenciales establecidos por las normas laborales para calificar como tal. Por tanto, en este último supuesto, corresponderá que estos conceptos formen parte de la base imponible de las aportaciones a ESSALUD

El derecho a la protección judicial, permite que los participantes de un proceso judicial, puedan mantener la vigencia de los derechos que se reclaman en el ámbito jurisdiccional. Tal es así, que la vigencia implicará eficacia y goce de los derechos en dichos conflictos. El derecho a la ejecución sentencias judiciales, forma parte del derecho a la protección judicial, por el cual se adquiere un rol protagónico y trascendental, porque permitirá la satisfacción y materialización de los derechos declarados por los órganos jurisdiccionales; por lo que, la ejecución requiere ser rápida, sencilla y eficaz. Sin embargo, asumiremos que en dicha etapa los órganos jurisdiccionales vienen aplicando normas de forma plural, vulnerando de forma directa al derecho fundamental de pensión y al principio de sostenibilidad financiera. Pero a su vez, tendremos que los plazos de cumplimiento de sentencias con contenido económico, no se plasman de forma expresa en los códigos procesales constitucionales, generando que los órganos judiciales se remitan sin razón objetiva a otras normas adjetivas, a pesar de que el fenómeno de la supletoriedad, es excepcional. Por ello, nos planteamos la siguiente interrogante, ¿Cómo proteger el derecho a la pensión en la ejecución de las sentencias que ordenan el pago mensual de pensiones de jubilación y de cesantía, más los devengados e intereses legales en el proceso constitucional de amparo, teniendo en consideración de que los órganos jurisdiccionales aplican sin criterio uniforme diversas normas jurídicas adjetivas para un procedimiento sobre el particular? / The right to judicial protection permits to the participants in a judicial process to maintain the rights that are claimed in the area of jurisdiction. This is so, that the validity will imply effectiveness and enjoyment of rights in such conflicts. The right to the execution of judicial decisions forms part of the right to judicial protection, which takes on a leading and far-reaching role because it will enable the rights declared by the courts to be fulfilled and implemented; Therefore, the execution needs to be fast, simple and effective. However, we will assume that at that stage the jurisdictional authority courts have applied rules in a pluralistic manner, in direct violation of the fundamental right to a pension and the principle of financial sustainability. At the same time, however, we will have to ensure that the time limits for the enforcement of judgements with economic content are not expressly reflected in the constitutional procedural codes, and that judicial bodies refer without objective reason to other adjective rules, despite the fact that the phenomenon of supplementary law is exceptional. Therefore, we ask ourselves the following question: How to protect the right to a pension in the execution of the judgments that order the monthly payment of retirement and severance pensions, plus the accruals and legal interest in the constitutional process of amparo, having regard to the fact that the courts apply, without a uniform criterion, ¿various adjective legal rules for a proceeding in this area?

La seguridad social es un derecho humano y fundamental, reconocido no sólo a nivel interno en la Constitución Política del Perú, sino también en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Estos instrumentos, de carácter vinculante y de rango constitucional, generan una serie de obligaciones que el Estado peruano debe cumplir, y que por tanto resultan exigibles. Sin embargo, el panorama actual de la protección social en el Perú genera incertidumbre sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en materia de seguridad social. Por ello, es necesario conocer el contenido de las obligaciones vinculadas al derecho a la seguridad social a fin de determinar si: i) el Estado peruano está cumpliendo con aquello a lo que se ha obligado cuando ratificó estos instrumentos o si se encuentra en situación de incumplimiento y ii) en el segundo caso, cuáles son los parámetros que debe seguir el Estado a fin de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social. De este modo, en el presente trabajo haremos un recuento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a fin de identificar las acciones que el Estado peruano debe asumir para la protección de este derecho en el marco de las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

En la presente investigación se analizarán los alcances y límites de la protección otorgada por la normativa laboral frente a los accidentes ocurridos en el trayecto al centro de labores. El análisis se ha realizado tomando como punto de partida la distinción entre la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que tiene por finalidad la prevención de los riesgos; y, la normativa que otorga cobertura a los trabajadores frente a siniestros laborales, esto es, el sistema de aseguramiento del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Posteriormente, se realiza un estudio de las definiciones de accidente in itinere a partir de su reconocimiento en la legislación comparada, para después contrastar la misma con la tutela que se otorga en la normativa peruana. Por último, se elaboran reflexiones respecto a la validez de la limitada protección que se otorga frente a este tipo de contingencias laborales, así se presenta una propuesta para tutelar estos eventos a través de los mecanismos de la seguridad social. / In this paper, will be analyzed the scope and limits of the protection granted by labor regulations about accidents occurred on the way to the workplace. The analysis has been carried out taking as a starting point the distinction between occupational health and safety regulations, which are intended to prevent risks; and, the regulations that provide coverage to workers against occupational accidents, that is, the insurance system for labor events. Subsequently, a study of the definitions of accidents occurred on the way to the workplace is carried out from its recognition in the comparative legislation, to later contrast it with the protection granted in the Peruvian regulations. Finally, reflections are made regarding the validity of the limited protection granted against this type of labor contingencies, thus presenting a proposal to protect these events through social security mechanisms.