Como indicó el Dr. Prado Saldarriaga, la Reserva del Fallo Condenatorio fue otra de las innovaciones que en el ámbito de las medidas alternativas introdujo en el derecho peruano, el Código Penal de 1991. Sin embargo, como se ha explicado en esta investigación, su tasa de aplicación en los últimos años ha sido baja; asimismo, en aquellos casos en que se ha invocado, no se ha realizado un seguimiento para verificar el cumplimiento de los fines u objetivos de la reserva del fallo, los cuales, descansan en la prevención especial. Frente a esta situación, el presente estudio gira en torno a analizar el por qué de este panorama y que alternativas de solución se pueden elaborar para corregirlo. Así, la tesis se divide en seis capítulos, complementados con las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos. En el primer capítulo, se desarrolla todo lo referente al marco metodológico, es decir, se plantea el problema de investigación, los objetivos, justificaciones, hipótesis, variables, indicadores, metodología empleada, así como, la descripción de las técnicas e instrumentos usados en el presente estudio. En el segundo capítulo se analiza lo referente al sistema de penas en el Perú, exponiendo lo relevante de la pena privativa de libertad, limitativas de derechos y la pena de multa, así como, se ha estudiado el contenido de la teoría de la determinación judicial de la pena, a través del análisis de los artículos 45 y 46 del Código Penal. Además, se ha hecho referencia a la crisis del sistema de penas en el Perú, sobre la base de carencia de infraestructuras, recursos logísticos, económicos y humanos; el fracaso de la resocialización; el incumplimiento del monto impuesto como pena de multa; la inaplicación de las penas limitativas de derechos, etc. En el tercer capítulo, y luego de haber analizado la actual situación crítica, de la pena en el Perú, se estudió la reserva del fallo condenatorio en el contexto de los mecanismos tanto alternativos como sustitutivos de la pena privativa de libertad; realizándose un estudio exegético y teleológico de esta figura en nuestro país. Además se analiza los diferentes modelos explicativos de esta figura, centrándonos en los modelos español, alemán e inglés, concluyendo su cercanía con el primero de los mencionados. En el cuarto capítulo, se explica lo referente a los requisitos de aplicación, en atención a la jurisprudencia vinculante dictada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú. En el quinto capítulo, se analizan las líneas jurisprudenciales que sobre la reserva del fallo condenatorio se han levantado; así tenemos los casos de Guevara Peña, Sally Bowen, entre otros. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en función a la contrastación y comprobación de la hipótesis de trabajo, planteados en la presente investigación.

licenciado en ciencias jurídicas y sociales / Informar implica comunicación o adquisición de conocimientos que amplían o precisan los que se poseen sobre determinada materia. Informar es determinar la naturaleza y propiedades de la información. Esta ciencia estudia la transmisión de conocimiento, su naturaleza y propiedades, sus soportes y las técnicas para procesado, almacenado, recuperado y difundido, Su problema, el flujo de información es imposible que llegue a manos de una persona sin algún método de almacenamiento difusión. Así, sistema de información es todo conjunto de elementos diseñados para el soporte, administración y de gestión de información. La información proporciona las herramientas para recopilar datos, pudiéndose recuperar lo almacenado en forma inmediata y con precisión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes Boletín de jurisprudencia municipal de Contraloría General de la República, año 1993. Total dictámenes año 1993: 338.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Registro de sentencias laborales, criminales y protección de la Corte Suprema. Sentencias laborales de mayo, junio y julio de 1996 y abril de 1999; sentencias criminales de junio de 1999 y enero de 2001 y sentencias de protección de enero, marzo y mayo de 2001. Total de fallos: 298.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia Municipal de dicho Organismo correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 1998; Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1999 y Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2000. Total de documentos analizados: 356.

El propósito del proceso fue en sus orígenes y es en la actualidad, en esencia, generar orden y justicia en la sociedad. Para contrarrestar la naturaleza competitiva del hombre, su ingenio conservativo de sí mismo y su condicionante indispensable para su existencia que es la sociedad, lo llevó a despojar del uso de la fuerza personal al individuo y concentrarlo en una entidad organizadora, administradora y distribuidora. Con el nacimiento del Estado nace la necesidad de parametrar la interacción entre los sujetos para viabilizar, hacer oportuna y no contraproducente la cooperación humana. Esta idea resume con gran injusticia el gran acontecimiento que fue el nacimiento de la jurisdicción. En la necesidad de resolver los conflictos entre los individuos y de resolver las incertidumbres jurídicamente relevantes, debe aparecer entre las partes un tercero legitimado y desinteresado en la causa a resolver. Es así que la jurisdicción surge como actividad de impartir justicia concentrada de forma unitaria, por evolución histórica, en el Poder Judicial del Estado. Función que deviene en un deber del funcionario estatal y del Poder, pues será su decisión, su concepto de lo justo jurídicamente sustentado, el que prevalezca sobre la sociedad y tenga observación forzosa. El ejercicio de la jurisdicción aparece ante el requerimiento de partes que discuten por un interés social con relevancia jurídica en el que el Estado interviene como tercero imparcial que emplea la ley dictada por la voluntad de la nación representada para determinar la resolución del caso. Dentro de este concepto se encierran diversos conceptos ligados íntimamente: la decisión, ejecución, coerción y documentación. / Tesis

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El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Demuestra el acontecer en la justicia constitucional; cómo es que razonan los jueces y en el marco de qué conceptos legitiman su labor frente a las partes y ante la sociedad; que si bien es verdad que la impartición de justicia no es una labor estrictamente deductiva, sino también valorativa, ella acontece bajo ciertos parámetros, una teoría de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la interpretación constitucional que legitiman su actuación al mismo tiempo que son un límite al ejercicio más o menos libre de juzgar. Se trata en primer lugar de demostrar que la labor de los jueces es creativa del derecho y no puramente aplicativa de la ley y, en segundo lugar, que su legitimidad se sostiene en una teoría de la interpretación constitucional. EL problema que planteamos, de crucial importancia en la filosofía del derecho, pues tiene que ver con la validez del orden jurídico, toma particular importancia práctica en nuestro sistema porque desde la vigencia de la Constitución de 1979, el Perú vive una etapa de auge y florecimiento del derecho constitucional; y como se trata de un hecho nuevo, a pesar de los años transcurridos, su funcionamiento produce confusiones, perplejidades, indignaciones, muchas veces por desconocimiento y otras veces por desbordes de la justicia constitucional que produce tensiones con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a text completo / Vivimos en una sociedad en donde impera la información, nuestro mundo ha variado desde una sociedad industrializada en donde eran las fábricas el motor del desarrollo económico hacia el estado actual en donde el foco está puesto en la información y aquellos que la producen, la dan a conocer, la almacenan, distribuyen. Son quienes influyen en mayor medida en el rumbo que toma la economía de un país, continente y del mundo entero. Es así como autores han señalado “se supone que en las sociedades modernas, la mayor parte de los empleos ya no estarán asociados a las fábricas de productos tangibles, sino a la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), desempeñan un papel particularmente importante dentro de este esquema.” La sociedad de la información ha sido definida como “un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución de conocimiento a información constituye la fuente fundamental de productividad, bienestar y poder” . Se trata entonces de un cambio radical que nos involucra a todos. Sin embargo hay quienes se preocupan de que esots cambios se produzcan en una forma tal que el acceso a la información sea igualitario, y que exista libertad en todos los aspectos del proceso de creación y distribución de la información. Es así como en la Cumbre de la Sociedad de la Información que se realizó en Ginebra (Suiza) en el año 2003, se determinó que “la Sociedad de la Información debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Debido al auge de proyectos de inversión de tamaños nunca antes vistos en el país, los que amenazan con afectar dos garantías fundamentales que se alzan como las más importantes, tales como el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Por estas razones es que hemos abordado el tema investigando respecto de las decisiones tomadas por la jurisprudencia nacional en orden a decretar la protección de estas garantías. En este trabajo el lector podrá encontrar el análisis de más de 10 años de jurisprudencia, desde 1995 hasta 2006, el que se ha realizado a través de la confección de fichas y resúmenes de los fallos de recursos de protección en materias relacionadas con el artículo 19 nºs 1 y 8 de la Constitución Política de la República de Chile dictados en los últimos 10 años. Para facilitar la lectura hemos seleccionado los 100 fallos más emblemáticos publicados por las publicaciones más prestigiosas del país, tales como la Revista de derecho y Jurisprudencia, la Gaceta Jurídica y la revista Fallos del Mes. Adicionalmente se incluyen capítulos referidos al recurso de protección, el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, para finalizar con un capítulo destinado a las conclusiones derivadas del análisis de los fallos tratados, las que apuntan a determinar la utilidad de la acción de protección en la defensa de estas importantes garantías.