El Acceso Universal tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la energía aunque sea de forma limitada y con un calidad inferior. En cambio el Servicio Universal es entendido como una situación bajo la cual los usuarios poseen el servicio de manera personalizada en condiciones de calidad y precio de acuerdo a sus preferencias y está asociada a una etapa de desarrollo maduro de la industria. El Acceso Universal es el derecho al suministro de electricidad que los ciudadanos tienen, el cual puede verse limitada por la falta de recursos disponibles que garanticen su adecuada Sostenibilidad. La eficiencia de este último aspecto permitirá condiciones de calidad, precios acorde a sus preferencias, claramente comparables y transparentes con lo cual se estará en condiciones de brindar un deseado Servicio Universal. El Servicio Público (SP) está destinado a satisfacer una misión específica de interés general. El Estado puede prestar este SP a través de la iniciativa privada, reservándose el retorno del mismo, si no se cumple a satisfacción la misión específica encomendada. Existe una estrecha relación entre pobreza e infraestructura. Los hogares más pobres son los menos dotados con este tipo de activos y en consecuencia tienen menos acceso al SP, sus altos costos que impone tiende a dejarlos sin posibilidad de crecimiento. La energía eléctrica es un insumo de vital importancia para revertir las limitaciones del poblador rural, pues le otorga iluminación, salud, educación, comunicación y confort, sin embargo será necesario añadirle una cuota de participación estatal, mediante subsidios que permitan un Servicio Universal. En el mundo existen 1,300 millones de personas sin acceso a la electricidad, de los cuales el 84% se encuentran en zonas rurales. Es un reto, ampliar sus oportunidades de desarrollo, permitiéndoles el acceso a servicios modernos de energía, para lo cual deberán interrelacionar órganos normativos, reguladores y empresas operadoras, bajo un mismo planeamiento tendientes a optimizar los recursos disponibles. El incremento en el acceso debe ir acompañado de una eficiente planificación y correcta selección de la tecnología, acorde a las condiciones del mercado que se desea intervenir. Para el efecto, el presente estudio ha determinado un grado de prelación entre las tecnologías disponibles a aplicar: 1) ampliación de red, 2) construcción de una mini central hidroeléctrica, 3) construcción de una mini central térmica ó 4) instalación de paneles fotovoltaicos. Se ha tomando como premisa condiciones de número de clientes, consumo promedio y grado de dispersión. Se han desarrollado reformas estructurales en el sector eléctrico, desintegración de las actividades de generación, transmisión y distribución, privatización de empresas y Ley de Electrificación Rural. La corriente actual propone plantear un Libro Blanco para la Electrificación Rural, el cual busca sean incorporadas bajo el alcance regional de las empresas de distribución. / Tesis

La presente tesis identifica que la interconexión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones se encuentra sujeta a la regulación económica, principalmente, por la cualidad de la interconexión de permitir que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones se puedan comunicar entre sí. La regulación de los contratos de interconexión se ha concentrado en establecer el control previo de los mismos antes de que surtan efectos entre las partes y respecto de terceros. Este control previo es un método regulatorio que implica la actuación del Estado, a través de una autoridad administrativa especializada como el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, para aprobar previamente si el contrato de interconexión se adecua al marco legal, a los criterios de costos y no perjudica a terceros operadores o a los usuarios en general. El control previo implica una intervención intensa y por ello, su establecimiento debe estar fundamentado en la protección del interés público, los costos de su aplicación deben ser menores que los beneficios y deben existir criterios objetivos y un ámbito de aplicación claros. El control previo se inició en un escenario de apertura del mercado y se mantiene hasta la fecha, en la que existe un nivel mayor de competencia, apertura y dinamismo en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones en el país. En ese sentido, la presente tesis presenta el marco teórico del control previo y enfatiza en la necesidad de que este control requiere tener mayor claridad en su aplicación y justificación para evitar que los costos de su aplicación sean mayores a los beneficios, y en consecuencia, pueda ser perjudicial a la sociedad. Asimismo, se presenta una evaluación del control previo aplicado a la legislación peruana sobre la materia y se presenta una propuesta de revisión de la problemática. / Tesis

La presente tesis identifica que la interconexión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones se encuentra sujeta a la regulación económica, principalmente, por la cualidad de la interconexión de permitir que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones se puedan comunicar entre sí. La regulación de los contratos de interconexión se ha concentrado en establecer el control previo de los mismos antes de que surtan efectos entre las partes y respecto de terceros. Este control previo es un método regulatorio que implica la actuación del Estado, a través de una autoridad administrativa especializada como el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, para aprobar previamente si el contrato de interconexión se adecua al marco legal, a los criterios de costos y no perjudica a terceros operadores o a los usuarios en general. El control previo implica una intervención intensa y por ello, su establecimiento debe estar fundamentado en la protección del interés público, los costos de su aplicación deben ser menores que los beneficios y deben existir criterios objetivos y un ámbito de aplicación claros. El control previo se inició en un escenario de apertura del mercado y se mantiene hasta la fecha, en la que existe un nivel mayor de competencia, apertura y dinamismo en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones en el país. En ese sentido, la presente tesis presenta el marco teórico del control previo y enfatiza en la necesidad de que este control requiere tener mayor claridad en su aplicación y justificación para evitar que los costos de su aplicación sean mayores a los beneficios, y en consecuencia, pueda ser perjudicial a la sociedad. Asimismo, se presenta una evaluación del control previo aplicado a la legislación peruana sobre la materia y se presenta una propuesta de revisión de la problemática. / Tesis

El presente trabajo tiene como propósito analizar las herramientas que pueden utilizarse para controlar el cumplimiento de la regulación en los servicios públicos peruanos y en particular, en el mercado de telecomunicaciones. Esta actividad, también denominada enforcement, no solo debe recurrir al castigo sino también a otros mecanismos como la educación, los incentivos y la persuasión, los cuales pueden salvaguardar el cumplimiento de una norma de la misma manera o más eficazmente. Esta posición, es acogida por la teoría de “Responsive Regulation”, cuya aplicación en el país ha sido recomendada por la OCDE. Nuestro sistema de derecho administrativo (que norma la intervención de los reguladores en nuestros servicios públicos) posee principios y herramientas comunes con la Responsive Regulation, entre los que se encuentran el principio de razonabilidad, la actividad de inspección, las medidas de restablecimiento de la legalidad, también llamadas medidas u órdenes administrativas y las sanciones administrativas. Para adaptar una estrategia de enforcement de esta naturaleza en nuestro medio no se necesita alterar las bases ni los principios de nuestro régimen, sino establecer reglas adecuadas para la aplicación y combinación de mecanismos y herramientas jurídicas alternativas a las sanciones administrativas. Esta combinación puede materializar un enforcement flexible y compatible con la Responsive Regulation, donde se busque prevenir incumplimientos a través de supervisiones apropiadas, moldear conductas mediante medidas administrativas y solo al final, cuando todo lo demás no haya dado resultados, sancionar como última ratio. La parte final del trabajo propone reformular la estrategia de enforcement del sector de telecomunicaciones para reorientar la aplicación de las medidas administrativas y las sanciones. Se sugiere también una reforma institucional que involucre el paso de una visión sancionadora a una más proclive a la corrección, la independencia plena del regulador y el otorgamiento de recursos apropiados para acometer las reformas. / Tesis

Durante los años noventa, tuvo lugar en nuestro país un proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios públicos, telefonía y energía en principio, y luego el de transportes; el servicio de agua y alcantarillado o saneamiento básico se conservó a cargo del Estado de manera general, con alguna excepción en manos del sector privado. Este proceso de otorgamiento de la explotación comercial al sector privado, generó la necesidad de implementar mecanismos que lo controle y supervise, de manera de lograr niveles de calidad y protección de los usuarios frente al impacto en la sociedad de estos nuevos monopolios legales; tarea a cargo de los Organismos Reguladores. La presente tesis identifica que este proceso no quedó solo en la transferencia, sino que generó el desafío de construir un marco normativo regulatorio por medio del cual y a través de entidades autónomas, el Estado orientó su esfuerzo a corregir la acción de los mercados al vislumbrar que éstos eran imperfectos, y a la vez tendió a incorporar competencia en sectores monopolísticos a través de diversos mecanismos. La creación de estas nuevas entidades regulatorias, se dio en el marco de una reforma del modelo económico que regía las actividades empresariales del Estado, y dentro de una constitución política que modificó la tarea y el rol de la administración pública. El enfoque de la presente tesis se centra en el análisis teórico y empírico de los diversos acontecimientos que se produjeron alrededor de los organismos reguladores, principalmente de OSINERGMIN, durante el periodo 2010-2012, relacionadas a la gestión y administración de sus recursos económicos y presupuestales, en el marco de una autonomía conferida en las normas que los crearon. En primer lugar se ha realizado el estudio empírico de la autonomía institucional y la actuación objetiva de estos entes reguladores, dada sus funciones fundamentalmente técnicas y su necesaria libertad operacional. Se ha hecho una breve revisión a otras experiencias latinoamericanas y, se determinan algunas diferencias sensibles que en algunos casos demuestran una vinculación muy marcada al poder político y en otras una dependencia directa al sector que corresponde la actividad regulada. En segundo lugar, la tesis analiza los aspectos en los cuales repercuten las decisiones del poder político que deben tenerse en cuenta, como Decretos de Urgencia y Sistemas de Administración y Gestión Pública, para apreciar los efectos en su función regulatoria y fiscalizadora. Finalmente, se han estudiado tres propuestas legislativas; la primera propone la creación de la Superintendencia de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad, con el propósito de ejercer un control real y práctico a cargo del poder político; y las dos siguientes por el contrario, procuran fortalecer a los Organismos Reguladores Sectoriales, blindándolos de la posible intromisión del poder político o de otros grupos de interés. Estas dos últimas propuestas solventan el postulado de la tesis al sustentarse en la necesidad de crearles mecanismos de protección frente a la posible captura o politización, haciendo de estas entidades verdaderas herramientas de una transparente regulación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de redes. / Tesis

Durante los años noventa, tuvo lugar en nuestro país un proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios públicos, telefonía y energía en principio, y luego el de transportes; el servicio de agua y alcantarillado o saneamiento básico se conservó a cargo del Estado de manera general, con alguna excepción en manos del sector privado. Este proceso de otorgamiento de la explotación comercial al sector privado, generó la necesidad de implementar mecanismos que lo controle y supervise, de manera de lograr niveles de calidad y protección de los usuarios frente al impacto en la sociedad de estos nuevos monopolios legales; tarea a cargo de los Organismos Reguladores. La presente tesis identifica que este proceso no quedó solo en la transferencia, sino que generó el desafío de construir un marco normativo regulatorio por medio del cual y a través de entidades autónomas, el Estado orientó su esfuerzo a corregir la acción de los mercados al vislumbrar que éstos eran imperfectos, y a la vez tendió a incorporar competencia en sectores monopolísticos a través de diversos mecanismos. La creación de estas nuevas entidades regulatorias, se dio en el marco de una reforma del modelo económico que regía las actividades empresariales del Estado, y dentro de una constitución política que modificó la tarea y el rol de la administración pública. El enfoque de la presente tesis se centra en el análisis teórico y empírico de los diversos acontecimientos que se produjeron alrededor de los organismos reguladores, principalmente de OSINERGMIN, durante el periodo 2010-2012, relacionadas a la gestión y administración de sus recursos económicos y presupuestales, en el marco de una autonomía conferida en las normas que los crearon. En primer lugar se ha realizado el estudio empírico de la autonomía institucional y la actuación objetiva de estos entes reguladores, dada sus funciones fundamentalmente técnicas y su necesaria libertad operacional. Se ha hecho una breve revisión a otras experiencias latinoamericanas y, se determinan algunas diferencias sensibles que en algunos casos demuestran una vinculación muy marcada al poder político y en otras una dependencia directa al sector que corresponde la actividad regulada. En segundo lugar, la tesis analiza los aspectos en los cuales repercuten las decisiones del poder político que deben tenerse en cuenta, como Decretos de Urgencia y Sistemas de Administración y Gestión Pública, para apreciar los efectos en su función regulatoria y fiscalizadora. Finalmente, se han estudiado tres propuestas legislativas; la primera propone la creación de la Superintendencia de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad, con el propósito de ejercer un control real y práctico a cargo del poder político; y las dos siguientes por el contrario, procuran fortalecer a los Organismos Reguladores Sectoriales, blindándolos de la posible intromisión del poder político o de otros grupos de interés. Estas dos últimas propuestas solventan el postulado de la tesis al sustentarse en la necesidad de crearles mecanismos de protección frente a la posible captura o politización, haciendo de estas entidades verdaderas herramientas de una transparente regulación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de redes. / Tesis

El servicio de Alumbrado Público de vías, parques y plazas es brindado en el Perú, simultáneamente con el servicio domiciliario de electricidad, por empresas concesionarias de distribución. Debido a las “fallas de mercado” que caracteriza a la prestación de este servicio, el estado peruano a través del OSINERGMIN, regula esta actividad estableciendo las tarifas y llevando a cabo las acciones de supervisión necesarias para que dicho servicio se brinde de acuerdo a determinados estándares de calidad pre-establecidos. / Tesis

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción. / Tesis

El presente trabajo tiene como propósito analizar las herramientas que pueden utilizarse para controlar el cumplimiento de la regulación en los servicios públicos peruanos y en particular, en el mercado de telecomunicaciones. Esta actividad, también denominada enforcement, no solo debe recurrir al castigo sino también a otros mecanismos como la educación, los incentivos y la persuasión, los cuales pueden salvaguardar el cumplimiento de una norma de la misma manera o más eficazmente. Esta posición, es acogida por la teoría de “Responsive Regulation”, cuya aplicación en el país ha sido recomendada por la OCDE. Nuestro sistema de derecho administrativo (que norma la intervención de los reguladores en nuestros servicios públicos) posee principios y herramientas comunes con la Responsive Regulation, entre los que se encuentran el principio de razonabilidad, la actividad de inspección, las medidas de restablecimiento de la legalidad, también llamadas medidas u órdenes administrativas y las sanciones administrativas. Para adaptar una estrategia de enforcement de esta naturaleza en nuestro medio no se necesita alterar las bases ni los principios de nuestro régimen, sino establecer reglas adecuadas para la aplicación y combinación de mecanismos y herramientas jurídicas alternativas a las sanciones administrativas. Esta combinación puede materializar un enforcement flexible y compatible con la Responsive Regulation, donde se busque prevenir incumplimientos a través de supervisiones apropiadas, moldear conductas mediante medidas administrativas y solo al final, cuando todo lo demás no haya dado resultados, sancionar como última ratio. La parte final del trabajo propone reformular la estrategia de enforcement del sector de telecomunicaciones para reorientar la aplicación de las medidas administrativas y las sanciones. Se sugiere también una reforma institucional que involucre el paso de una visión sancionadora a una más proclive a la corrección, la independencia plena del regulador y el otorgamiento de recursos apropiados para acometer las reformas.

El Acceso Universal tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la energía aunque sea de forma limitada y con un calidad inferior. En cambio el Servicio Universal es entendido como una situación bajo la cual los usuarios poseen el servicio de manera personalizada en condiciones de calidad y precio de acuerdo a sus preferencias y está asociada a una etapa de desarrollo maduro de la industria. El Acceso Universal es el derecho al suministro de electricidad que los ciudadanos tienen, el cual puede verse limitada por la falta de recursos disponibles que garanticen su adecuada Sostenibilidad. La eficiencia de este último aspecto permitirá condiciones de calidad, precios acorde a sus preferencias, claramente comparables y transparentes con lo cual se estará en condiciones de brindar un deseado Servicio Universal. El Servicio Público (SP) está destinado a satisfacer una misión específica de interés general. El Estado puede prestar este SP a través de la iniciativa privada, reservándose el retorno del mismo, si no se cumple a satisfacción la misión específica encomendada. Existe una estrecha relación entre pobreza e infraestructura. Los hogares más pobres son los menos dotados con este tipo de activos y en consecuencia tienen menos acceso al SP, sus altos costos que impone tiende a dejarlos sin posibilidad de crecimiento. La energía eléctrica es un insumo de vital importancia para revertir las limitaciones del poblador rural, pues le otorga iluminación, salud, educación, comunicación y confort, sin embargo será necesario añadirle una cuota de participación estatal, mediante subsidios que permitan un Servicio Universal. En el mundo existen 1,300 millones de personas sin acceso a la electricidad, de los cuales el 84% se encuentran en zonas rurales. Es un reto, ampliar sus oportunidades de desarrollo, permitiéndoles el acceso a servicios modernos de energía, para lo cual deberán interrelacionar órganos normativos, reguladores y empresas operadoras, bajo un mismo planeamiento tendientes a optimizar los recursos disponibles. El incremento en el acceso debe ir acompañado de una eficiente planificación y correcta selección de la tecnología, acorde a las condiciones del mercado que se desea intervenir. Para el efecto, el presente estudio ha determinado un grado de prelación entre las tecnologías disponibles a aplicar: 1) ampliación de red, 2) construcción de una mini central hidroeléctrica, 3) construcción de una mini central térmica ó 4) instalación de paneles fotovoltaicos. Se ha tomando como premisa condiciones de número de clientes, consumo promedio y grado de dispersión. Se han desarrollado reformas estructurales en el sector eléctrico, desintegración de las actividades de generación, transmisión y distribución, privatización de empresas y Ley de Electrificación Rural. La corriente actual propone plantear un Libro Blanco para la Electrificación Rural, el cual busca sean incorporadas bajo el alcance regional de las empresas de distribución. / Tesis