El presupuesto participativo como mecanismo de participación ciudadana ha sido ampliamente estudiado y teorizado en los últimos años. Sin embargo, el enfoque tradicional ha recaído en qué tanto este arreglo participativo afecta a la participación ciudadana - y, por lo tanto, su relación con la democracia participativa – y no en su fin principal, que es la provisión de servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, esta investigación está justificada por la necesidad de atender al fin primo del mecanismo, en especial, en su incidencia en la provisión de servicios urbanos básicos. En esta linea, concepciones teóricas sobre democracia, espacio público, desigualdades en el espacio público, entre otros, nos llevan a considerar que el Presupuesto Participativo sí tiene una incidencia positiva en la provisión de servicios públicos. El presente trabajo analizará los resultados de este mecanismo sobre la provisión de servicios en el distrito de Villa el Salvador, en Lima, Perú. Para esto, se realizarán una serie de entrevistas a líderes y miembros de organizaciones sociales, así como funcionarios competentes de la municipalidad, además de una revisión y análisis de data disponible.

Las reformas económicas impulsadas desde los años noventa implicaron la constitución del rol regulador del Estado el cual exige ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento. Una de estas condiciones es la autonomía de los organismos reguladores como instituciones eminentemente técnicas, y por ello, separados de las influencias políticas y privadas que pueda haber sobre ellos. Es sobre dicha autonomía que se enfoca la presente investigación. Para ello, se emplea una metodología cualitativa y exploratoria, y comienza con una búsqueda de la literatura a dos niveles. El primer nivel se enfoca en el desarrollo de un marco teórico que fundamente el rol regulador del Estado. Y, en un segundo nivel, en el desarrollo de un marco conceptual para identificar y caracterizar los factores organizacionales que se relacionan con la autonomía de los organismos reguladores. Adicionalmente, se validan los mismos para el contexto peruano mediante entrevistas semiestructuradas a expertos. Luego de ello, en la investigación se plantea analizar cómo se manifiestan los factores más relevantes para un organismo regulador peruano. Por ello, se desarrolla un método de recojo de información basado en un índice de independencia reguladora y adaptado para el caso peruano de acuerdo a los resultados obtenidos con las entrevistas a expertos. Esto permitirá recoger estructuradamente la información referida a los factores organizacionales y analizarlos en un regulador de servicios públicos peruanos. Los aportes de la investigación son dos principalmente. El primero corresponde a la construcción de un marco conceptual para el análisis de factores organizacionales relacionados con la autonomía de los organismos reguladores. Además de ello, se identificó a los más relevantes en el contexto peruano: el mandato independiente, el directorio estable e idóneo, el presupuesto autónomo y las políticas de recursos humanos. El segundo aporte nace de la contrastación del marco conceptual construido y su análisis en OSINERGMIN, cuyos resultados demuestran que a pesar de ser uno de los organismos reguladores que posee mayor reconocimiento internacional y una mayor tradición autónoma, los factores analizados muestran ciertas restricciones que hacen al regulador vulnerable de las influencias, principalmente políticas. Estas restricciones existen a pesar de contar con un marco normativo regulatorio que establece expresamente a OSINERGMIN como entidad autónoma. Cabe resaltar que este análisis se centra en la agencia reguladora estudiada (OSINERGMIN) pero los resultados iniciales aquí encontrados se pueden complementar con una investigación más profunda que, ampliando la muestra, produzca resultados generalizables a la totalidad de organismos reguladores de servicios públicos en el país. / Tesis

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de contar con herramientas o mecanismos que sean efectivas y eficientes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas que perjudican el mercado peruano y por ende a los consumidores ya que pueden generar sobreprecios que oscilan entre el 15% y 25% aproximadamente, teniendo como principal supuesto el de las prácticas colusorias horizontales de prohibición absoluta. En ese sentido, como se abordará el tema, la implementación de las Competition Disqualification Orders y las Disqualification Undertaking podrían ser consideradas medidas idóneas en la lucha de las referidas prácticas ya que cuenta con un efecto disuasivo (deterrence) potente que en el mediano y largo plazo generarían efectos positivos en el mercado peruano. Aunado a ello y para asegurar el cumplimiento del objetivo de la medida sub examine se comenta la importancia que otras políticas públicas tienen, con el fin de asegurar el enforcement en materia de libre competencia. De igual forma, con el fin de ilustrar la conveniencia de esta propuesta es que se recurre a la legislación comparada y la legislación peruana en otras materias para brindar aproximaciones sobre la inhabilitación funcional y compromiso de inhabilitación, las cuales resultan ser medidas más eficientes en el marco de régimen sancionador

El presente caso se basa en la demanda contencioso administrativa presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. contra el entonces Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y la empresa de generación de energía eléctrica Electroperú S.A. En la demanda, Luz del Sur S.A.A. solicita la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERG N° 005-2005-TSC del 22 de abril de 2005, mediante la cual el referido órgano colegiado resuelve que los retiros de energía que exceden los límites pactados en un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica se rigen por la autonomía de las partes y, por tanto, pueden acordarse penalidades que excedan la Tarifa en Barra regulada para el servicio. El objetivo del presente informe es determinar la naturaleza jurídica de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y la libertad o restricciones que tienen las partes que lo suscriben. Así mismo, el presente informe busca determinar qué tarifa debe cobrarse por los retiros de energía en exceso, tomando en consideración la naturaleza y los principios de los servicios públicos y la actuación del Estado para garantizar la continuidad de los mismos. Luego de analizar las normas aplicables al caso, los principios básicos y la doctrina al respecto, llegamos a la conclusión que la única tarifa que puede ser cobrada por una empresa generadora a una distribuidora de energía eléctrica es la regulada por el Estado Peruano, considerando que esta tarifa forma parte de la tarifa final que paga el usuario regulado y, que aun cuando las partes que conforman los contratos analizados son personas jurídicas de derecho privado, deben ceñir su actuación a las normas regulatorias que le sean aplicables, ya que prestan un servicio público.

El presente trabajo de investigación destinado a la obtención del grado académico de Magíster en DERECHO DE LA EMPRESA CON ESPECIALIDAD EN REGULACIÓN DE NEGOCIOS, tiene como justificación determinar si el ordenamiento jurídico ha estipulado de manera clara si los reclamos de los usuarios finales de servicios brindados en condiciones de competencia por las entidades prestadoras que explotan Servicios Públicos e Infraestructura de Transporte de Uso Público deben ser tramitados ante los organismos reguladores (OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI). La investigación parte de la base que la defensa de los usuarios se constituye como una de las principales bases de nuestro régimen constitucional económico, especialmente en los mercados de los servicios públicos, donde existe poder monopólico de las empresas prestadoras. En ese orden de ideas, se ha analizado la teoría económica que justifica la protección de los usuarios dentro de una economía de mercado, así como la teoría de la regulación económica que explica la intervención de los organismos reguladores en los mercados de servicios públicos, la normativa específica en cada uno de los sectores bajo la competencia administrativa de los organismos reguladores, que incluye el estudio de los reglamentos emitidos por cada uno de estos en ejercicio de función normativa, en donde se logra evidenciar la diferente interpretación que ha realizado cada organismo regulador de la función de solución de reclamos establecida en el literal f) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, finalmente, determinando que la solución más eficientes por economías de alcance es la regulada y asumida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (OSITRAN), el cual resuelve los reclamos tanto de los mercados bajo su supervisión en los que aplica regulación económica y social.

La investigación elegida es de suma importancia debido a que en nuestro contexto nacional son muy frecuentes los casos en los que los funcionarios o servidores públicos se coluden con un particular interesado en el marco de las contrataciones y adquisiciones estatales, pretendiendo impunidad de sus delitos al señalar la imposibilidad de comisión de actos colusorios en la fase de ejecución contractual de los mismos. Esta es la razón por la cual amerita ser dilucidado dicho tema, a fin de formarnos un criterio dogmático y jurisprudencial uniforme. Además, de contar con una perspectiva que nos permita establecer claramente la existencia o no de la responsabilidad penal por la comisión del delito de colusión en supuestos posteriores a la elección del postor y otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, el presente artículo tendrá como objetivo analizar el procedimiento de ajuste tarifario de los servicios públicos de telefonía como posible contexto de comisión del delito de colusión. Para ello, examinaremos el Recurso de Nulidad Nº 341-2015, el cual fundamenta como argumento central que el procedimiento de ajuste tarifario se trata de un mero procedimiento administrativo, en el que sería imposible enmarcarse en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas, por lo que debería ser considerada atípica la conducta colusoria de los procesados y declarar su absolución. El marco metodológico del presente trabajo reposa en la importancia de protección de los bienes jurídicos, específicamente el de la imparcialidad de la actuación del Estado en el contexto de las contrataciones y adquisiciones públicas, con el cual demostraremos que es perfectamente posible la comisión

Para nadie es un secreto que el territorio del Perú es altamente propenso a situaciones de emergencia, las que pueden ser tanto fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huaycos, etc.), así como desastres causados directamente por la acción del hombre (conflictos sociales, atentados terroristas, etc.). Y, si de situaciones de emergencia estamos hablando, necesariamente debemos referirnos al terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2018, el cual lamentablemente causó graves daños materiales y pérdidas de cientos de vidas humanas. Es así que, luego de tener cierto acercamiento en un trabajo anterior con el tema del terremoto del 15 de agosto, surgieron muchas interrogantes respecto del rol de las telecomunicaciones en las situaciones de emergencia. Como consecuencia de dichas dudas y planteamientos, es que surgió el interés por investigar a más profundidad este tema desde un punto de vista jurídico, considerando también que muy pocos estudios se han realizado desde esa óptica en la doctrina nacional. Es así que, la presente investigación pretende abordar temas referidos a la importancia de los servicios de telecomunicaciones tanto públicos como privados antes, durante y después de un desastre; su regulación actual tanto en el ámbito internacional como nacional; y, sobre todo, plantear los desafíos y metas que significan para el Derecho Administrativo la regulación nacional actual de los servicios de telecomunicaciones en emergencias.

El artículo tiene como eje principal el control de concentraciones en el sector eléctrico y se realizarán apuntes desde el derecho administrativo. Así, el asunto particular a desarrollar en el texto comprenderá una revisión general del procedimiento de autorización (etapas, recursos, infracciones al procedimiento), y se incorporará en dicho análisis resoluciones emitidas por la Comisión y/o Tribunal relevantes en la materia desde el año 1997 hasta la actualidad. La investigación atiende a un tema altamente sensible en el derecho de la competencia, pues en defensa de la libre competencia son dos herramientas las empleadas para promover una eficiente asignación de los recursos en el mercado: el control de conductas y el control de estructuras. A pesar de la importancia y el tiempo que viene empleando la autoridad de competencia ambas herramientas, en Perú no se ha realizado un estudio del procedimiento de autorización de concentraciones en el sector eléctrico. Como aporte académico, considero necesario presentar el detalle del procedimiento de autorización y su reflejo en la casuística desarrollada por Indecopi. Esto nos permitirá ver de forma más clara el real alcance que ha tenido el control previo hasta la actualidad. Para lograr el objetivo propuesto, el artículo comprenderá la base del control de concentraciones y las razones de su implementación. Otorgándole al control previo una base firme, el propósito de la investigación no se centra en criticar su aplicación o debatir sobre su conveniencia, siendo ambos temas ampliamente debatidos desde el año 1997 e incluso hasta la actualidad (2019) a partir de la publicación del Decreto de Urgencia 013-2019, sino que se pretende de forma objetiva presentar la labor realizada por la autoridad de competencia en aplicación de dicho control. Así, el artículo busca a modo de guía, introducir los detalles del procedimiento, como los plazos, recursos y resultados, así como un análisis de los casos que permitan ilustrar de una mejor manera el verdadero aporte de la agencia de competencia en esta área.

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción.

La presente investigación se circunscribe en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando analizar retos regulatorios actuales en ese sector. Se trata de un mercado dinámico que, en las últimas décadas, ha buscado evolucionar a la par de las mejoras tecnológicas y dar políticas que permitan mayor competencia, en favor del usuario. El objetivo fue analizar dos tipos de abordaje que se le puede dar a un nuevo reto, detallando el contexto en el que surgieron, cómo se diseñó la estrategia y cuáles fueron los resultados observables. El primero, sobre Operadores Móviles Virtuales, parte de una política pública nacional, por lo que puede evaluarse los objetivos planificados y cuál es el estado actual. El segundo ejemplo parte de la experiencia comparada para constatar la diferencia de tratamiento de un mismo caso entre Europa y Perú, reflexionando sobre qué modelo sería más adecuado. Respecto al reto de los "Operadores Móviles Virtuales", encuentro que se trató de una propuesta interesante de política pública para incrementar la competencia en el sector sorteando la dificultad de la instalación de grandes infraestructuras. Su formulación tuvo varios elementos adecuados, como la accesibilidad, las provisiones orientadas a una sana competencia y la determinación del mandato de interconexión. Sin embargo, a día de hoy no ha producido los efectos deseados y considero que sería importante modificar algunos aspectos para darle un nuevo impulso. Respecto a los servicios de telecomunicación que he denominado "híbridos", por utilizar redes de internet y de telecomunicaciones, encontré que nuestra regulación no los ha contemplado, a pesar de que funcionan en nuestro país. Al determinar que tienen importantes similitudes con los OMV y que sí implican la prestación de servicios que ya se encuentran regulados, mi propuesta es que se amplíe la primera categoría jurídica para incluirlos, determinando las obligaciones que le son aplicables.